Rori Donaghy
Un informe parlamentario británico publicado a mediados de julio concluye que existen “pruebas históricas” que demuestran que el grupo Califato Islámico ha recibido fondos procedentes de los Estados árabes del Golfo.
El ministerio de Defensa ha presentado esas pruebas al Comité Especial de Asuntos Exteriores declarando lo siguiente: “Existen pruebas históricas de entregas de dinero al Califato Islámico procedente de los Estados del Golfo. Además, se rumorea que se hacen al Califato Islámico entregas familiares mediante sistemas alternativos de transferencias de fondos no reglamentados”.
Entre estos sistemas alternativos figuran métodos de transferencia de dinero a escala mundial que solo contienen unas informaciones muy escasas sobre las personas implicadas en la transacción; por ejemplo, la divisa manejada a través de internet, el bitcoin.
El Ministerio de Defensa británico menciona como prueba un incidente sucedido en septiembre de 2004, cuando un responsable del Califato Islámico fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras haber recibido una entrega de dos millones de dólares “procedentes del Golfo”.
Igualmente, ese Ministerio ha declarado que las donaciones privadas al Califato Islámico son “mínimas” en relación a sus otras fuentes de ingresos, entre las cuales se encuentran el petróleo y los impuestos.
En una evaluación de las finanzas del Califato Islámico, el comité ha estimado que Gran Bretaña debiera estar en disposición de “hacer preguntas difíciles a amigos cercanos”, cuando se trata de discutir la manera en que esas entregas llegan al grupo militante con base en Siria e Irak.
El informe concluye que el Califato Islámico ha estado sometido a una fuerte presión financiera tras una campaña internacional continuada que ha obligado al grupo a emplear el “gangsterismo y el chantaje de protección” para obtener dinero.
El informe considera que la caída de los precios del petróleo y los ataques aéreos en Siria e Irak han reducido la capacidad operativa del grupo.
Sin embargo, la parte más controvertida es sin ninguna duda la sección relativa a las donaciones al Califato Islámico.
Mientras que el gobierno ha indicado al comité que no había ninguna prueba de ningún país hubiera dado fondos al Califato Islámico como parte de una “política”, se han despertado preocupaciones respecto a cómo han reaccionado los Estados del Golfo al impulso inicial del grupo, antes y durante la toma de la ciudad irakí de Mosul en junio de 2014.
Según el Ministerio de Defensa, Turquía, Arabia saudí, Kuwait y Qatar han jugado un“papel importante” en la coalición contra el Califato Islámico, pero los responsables de Asuntos Exteriores han precisado que “algunos gobiernos de la región no han podido impedir que transferencias de sus ciudadanos hayan llegado al Califato Islámico”.
El ministro encargado del Medio Oriente, Tobias Ellwood, ha indicado al comité que, tras“atraerse inicialmente la atención internacional”, el grupo “puede haber sido contemplado como un defensor de los musulmanes sunitas en las guerras de Irak y Siria”.
El antiguo primer ministro irakí Nuri Al-Maliki, que ejerció entre 2006 y 2014, fue acusado en numerosas ocasiones de favorecer a su confesión chiíta y oprimir a los musulmanes sunitas irakíes.
En Siria, donde tiene lugar una guerra civil brutal desde el año 2011, el presidente Bashar Al-Assad ha sido acusado de tomar como blanco a los musulmanes sunitas que desean su derrocamiento.
Ellwood ha declarado que el período durante el que el Califato Islámico era considerado como un defensor de los sunitas se remontaba a “antes de 2014”.
Dan Chugg, jefe del grupo de trabajo de Asuntos Exteriores dedicado al Califato Islámico, ha declarado al comité que“hace unos dos años”, el Califato Islámico “tal vez consiguió atraer donaciones de sunitas favorables, los Estados más ricos de la región, las monarquías sunitas del Golfo, produciendo una especial inquietud”.
“Esto ha constituido un problema en los primeros momentos de la organización Califato Islámico, ya proviniera el dinero de los países del Golfo o de otros lugares”, declara Chugg.
El comité ha solicitado la opinión de Ellwood sobre los informes que especulan que las transferencias podrían haber sido enviadas al Califato Islámico por individuos cercanos a las familias reales del Golfo.
La respuesta de Ellwood es que “tenemos que reconocer que es muy opaco. Que alguien cercano a los miembros principales de una familia real sea un rico donante y decida financiar es algo muy probable”.
Sobre la misma cuestión de una implicación de las familias reales, de forma directa o indirecta, en la financiación del Califato Islámico, Chugg ha declarado al comité:
“Con algunos de estos países es difícil saber exactamente lo que financia el gobierno y lo que no, cuando se trata de familias reales, ricos príncipes y cosas similares. Nuestra estrategia es no intentar determinar de quién es el problema, sino poner fin a la financiación del Califato Islámico. Eso es lo importante. Ver sobre qué debemos concentrar nuestros esfuerzos”.
Los Estados del Golfo y Turquía han negado siempre las acusaciones de financiación del Califato Islámico, y han defendido sus acciones destacando su papel en la coalición internacional que intenta vencer al grupo.
Sin embargo Chugg ha explicado que aunque él “no esté al tanto de pruebas tangibles que demuestren que estos países financiaban al Califato Islámico” hace dos años, “existían numerosas especulaciones indicando que estos países no desempeñaban un papel nada útil” en la ofensiva contra el grupo.
El informe pone a las claras que los Estados de la zona han puesto en marcha, posteriormente, infraestructuras jurídicas e institucionales para poner fin a la capacidad del Califato Islámico de recoger fondos; pero añade que algunos Estados han sido “lentos” a la hora de establecer estas medidas.
Por ejemplo, Arabia saudí declaró ilegal la financiación del Califato Islámico por parte de sus ciudadanos en marzo de 2015, mientras que Gran Bretaña había clasificado el grupo como “terrorista” en junio de 2014.
El informe termina su sección sobre las transferencias al Califato Islámico apelando a que Gran Bretaña trabaje con sus aliados regionales “para vigilar que tengan la capacidad y la voluntad de hacer respetar rigurosamente las leyes locales, para impedir la financiación del Califato Islámico, de manera que el grupo no pueda beneficiarse en el futuro de donaciones”.
El ministerio de Defensa ha presentado esas pruebas al Comité Especial de Asuntos Exteriores declarando lo siguiente: “Existen pruebas históricas de entregas de dinero al Califato Islámico procedente de los Estados del Golfo. Además, se rumorea que se hacen al Califato Islámico entregas familiares mediante sistemas alternativos de transferencias de fondos no reglamentados”.
Entre estos sistemas alternativos figuran métodos de transferencia de dinero a escala mundial que solo contienen unas informaciones muy escasas sobre las personas implicadas en la transacción; por ejemplo, la divisa manejada a través de internet, el bitcoin.
El Ministerio de Defensa británico menciona como prueba un incidente sucedido en septiembre de 2004, cuando un responsable del Califato Islámico fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras haber recibido una entrega de dos millones de dólares “procedentes del Golfo”.
Igualmente, ese Ministerio ha declarado que las donaciones privadas al Califato Islámico son “mínimas” en relación a sus otras fuentes de ingresos, entre las cuales se encuentran el petróleo y los impuestos.
En una evaluación de las finanzas del Califato Islámico, el comité ha estimado que Gran Bretaña debiera estar en disposición de “hacer preguntas difíciles a amigos cercanos”, cuando se trata de discutir la manera en que esas entregas llegan al grupo militante con base en Siria e Irak.
El informe concluye que el Califato Islámico ha estado sometido a una fuerte presión financiera tras una campaña internacional continuada que ha obligado al grupo a emplear el “gangsterismo y el chantaje de protección” para obtener dinero.
El informe considera que la caída de los precios del petróleo y los ataques aéreos en Siria e Irak han reducido la capacidad operativa del grupo.
Sin embargo, la parte más controvertida es sin ninguna duda la sección relativa a las donaciones al Califato Islámico.
Mientras que el gobierno ha indicado al comité que no había ninguna prueba de ningún país hubiera dado fondos al Califato Islámico como parte de una “política”, se han despertado preocupaciones respecto a cómo han reaccionado los Estados del Golfo al impulso inicial del grupo, antes y durante la toma de la ciudad irakí de Mosul en junio de 2014.
Según el Ministerio de Defensa, Turquía, Arabia saudí, Kuwait y Qatar han jugado un“papel importante” en la coalición contra el Califato Islámico, pero los responsables de Asuntos Exteriores han precisado que “algunos gobiernos de la región no han podido impedir que transferencias de sus ciudadanos hayan llegado al Califato Islámico”.
El ministro encargado del Medio Oriente, Tobias Ellwood, ha indicado al comité que, tras“atraerse inicialmente la atención internacional”, el grupo “puede haber sido contemplado como un defensor de los musulmanes sunitas en las guerras de Irak y Siria”.
El antiguo primer ministro irakí Nuri Al-Maliki, que ejerció entre 2006 y 2014, fue acusado en numerosas ocasiones de favorecer a su confesión chiíta y oprimir a los musulmanes sunitas irakíes.
En Siria, donde tiene lugar una guerra civil brutal desde el año 2011, el presidente Bashar Al-Assad ha sido acusado de tomar como blanco a los musulmanes sunitas que desean su derrocamiento.
Ellwood ha declarado que el período durante el que el Califato Islámico era considerado como un defensor de los sunitas se remontaba a “antes de 2014”.
Dan Chugg, jefe del grupo de trabajo de Asuntos Exteriores dedicado al Califato Islámico, ha declarado al comité que“hace unos dos años”, el Califato Islámico “tal vez consiguió atraer donaciones de sunitas favorables, los Estados más ricos de la región, las monarquías sunitas del Golfo, produciendo una especial inquietud”.
“Esto ha constituido un problema en los primeros momentos de la organización Califato Islámico, ya proviniera el dinero de los países del Golfo o de otros lugares”, declara Chugg.
El comité ha solicitado la opinión de Ellwood sobre los informes que especulan que las transferencias podrían haber sido enviadas al Califato Islámico por individuos cercanos a las familias reales del Golfo.
La respuesta de Ellwood es que “tenemos que reconocer que es muy opaco. Que alguien cercano a los miembros principales de una familia real sea un rico donante y decida financiar es algo muy probable”.
Sobre la misma cuestión de una implicación de las familias reales, de forma directa o indirecta, en la financiación del Califato Islámico, Chugg ha declarado al comité:
“Con algunos de estos países es difícil saber exactamente lo que financia el gobierno y lo que no, cuando se trata de familias reales, ricos príncipes y cosas similares. Nuestra estrategia es no intentar determinar de quién es el problema, sino poner fin a la financiación del Califato Islámico. Eso es lo importante. Ver sobre qué debemos concentrar nuestros esfuerzos”.
Los Estados del Golfo y Turquía han negado siempre las acusaciones de financiación del Califato Islámico, y han defendido sus acciones destacando su papel en la coalición internacional que intenta vencer al grupo.
Sin embargo Chugg ha explicado que aunque él “no esté al tanto de pruebas tangibles que demuestren que estos países financiaban al Califato Islámico” hace dos años, “existían numerosas especulaciones indicando que estos países no desempeñaban un papel nada útil” en la ofensiva contra el grupo.
El informe pone a las claras que los Estados de la zona han puesto en marcha, posteriormente, infraestructuras jurídicas e institucionales para poner fin a la capacidad del Califato Islámico de recoger fondos; pero añade que algunos Estados han sido “lentos” a la hora de establecer estas medidas.
Por ejemplo, Arabia saudí declaró ilegal la financiación del Califato Islámico por parte de sus ciudadanos en marzo de 2015, mientras que Gran Bretaña había clasificado el grupo como “terrorista” en junio de 2014.
El informe termina su sección sobre las transferencias al Califato Islámico apelando a que Gran Bretaña trabaje con sus aliados regionales “para vigilar que tengan la capacidad y la voluntad de hacer respetar rigurosamente las leyes locales, para impedir la financiación del Califato Islámico, de manera que el grupo no pueda beneficiarse en el futuro de donaciones”.
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