Brasil ya no será igual
- by Publicado Por Marco Antonio Moreno
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Emir Sader, Alainet
Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo.
Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo.
La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, propagó la falta de creencia en el Sistema Judicial e hizo que el pueblo sepa que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato presidencial sea respetado.
En resumen, lo que se creía que el país tenía como República, se terminó. Lo que se difundía que era un sistema político democrático, ya no sobrevivirá.
O bien Brasil construye una democracia sólida – para lo cual el Congreso actual, esta Justicia, este monopolio de los medios de comunicación no podrán seguir existiendo como ahora – o el país deja realmente de vivir en democracia.
La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).
La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).
Se valía de la pérdida de popularidad del gobierno Dilma, así como del Congreso más conservador y descalificado que el país ha tenido, como también del rol escandaloso y ya sin ningún pundonor de los viejos medios de comunicación, para destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno antidemocrático, antipopular y antinacional.
Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo fracasado en los años 1990 con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario, contra el pueblo, contra la democracia y contra el país.
¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier tema, si ha callado frente al golpe, puesto en práctica bajo sus narices, presidido en el Senado por su Presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades que se practican?
¿De qué sirve una Justicia, un STF, que no está para impedir que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso?
Lo que hay es un silencio cómplice, mezclado con un vergonzoso aumento del 41% de sus salarios, concedido públicamente – con fotos en los periódicos -, por Eduardo Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad solo se da por la complicidad de los que deberían punir, así como a tantos otros miembros del gobierno, incluso el presidente interino.
Ya no habrá democracia en Brasil sin un Sistema Judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos limitados y poderes circunscritos.
No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el poder del dinero.
No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el poder del dinero.
Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto condicionado, por el cual los electores controlen aquellos en quienes han votado y que se comprometan con un programa y con un partido determinado.
En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, la opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas.
En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, la opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas.
Nadie debe perder el derecho a hablar, pero todos deben tener el derecho a expresarse, sino, no se trata de una democracia, sino de la dictadura de una minoría oligárquica.
En una democracia un impostor no podría haber asumido la presidencia, aunque interina, por un golpe e imponer el programa económico derrotado cuatro veces sucesivamente, incluso en dos veces en que ese golpista estuvo en la lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al vencedor.
Si ello ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría fue desconocida.
Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando.
Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando.
Que sus proyectos fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad. Que se ocupe y se resista en todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y antinacional.
Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquiera acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular, apuntan.
Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquiera acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular, apuntan.
Esta será la señal de que sobreviven espacios democráticos o no.
Si logran blindar de tal forma su gobierno y constitucionalizar el neoliberalismo, habrán enterrado definitivamente cualquier señal de democracia en Brasil.
En ese caso ellos tendrán el mismo destino de sus antecesores: serán tumbados, derrotados, execrados y un nuevo tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crimen en contra de la democracia.
Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, que construirán una democracia de verdad en Brasil.
Un juez brasileño:
"Sí, estamos ante un golpe de Estado"
SAO PAULO.- El presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil, André Augusto Bezerra, explica aPúblico cómo la presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a un juicio político “no por un crimen de responsabilidad” y sí por la pérdida de apoyo parlamentario, un motivo insuficiente para derribar a un mandatario en un sistema presidencialista.¿Se puede decir que el 'impeachment' al que se enfrenta Dilma Rousseff es un golpe de Estado?
Si entendemos que un golpe de Estado supone una toma del poder ilegítima, fomentada por agentes del Estado y en torno a un proyecto político-económico, sí que podemos decir que estamos ante un golpe.
No hay ningún crimen de responsabilidad que se le pueda atribuir a la presidenta Dilma, lo que hay es un pretexto jurídico para derribarla, que ha sido planeado por grupos de la oposición desde que ganó las elecciones de 2014. Por lo tanto la toma de poder capitaneada por el vicepresidente de la República y la oposición, con apoyo del Parlamento es ilegítima y organizada por agentes del Estado.
Con Dilma fuera del Gobierno se pretenden aplicar una serie de reformas neoliberales, anti sociales, que difícilmente habrían salido adelante con un presidente elegido por el voto popular. Por lo tanto alrededor del golpe hay un proyecto político y económico.
Algunos juristas se niegan a hablar de golpe porque dicen que con crimen de responsabilidad el 'impeachment' sería un instrumento jurídico contemplado en la Constitución.
El impeachment está previsto en la Constitución, como también lo están otras medidas excepcionales como el estado de sitio.
El que esté contemplado no quiere decir que sea apto para hacer efectiva la aplicación de la medida. La Constitución exige que haya un crimen de responsabilidad para hacer el impeachment y no hay nada definido en la ley como crimen que se le pueda atribuir a la presidenta.
Las "pedaladas fiscales" (uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del Gobierno) no son un crimen, incluso son una práctica frecuente en los gobiernos de diversos estados del país, y ninguno de ellos ha sufrido ni una sola sanción por ello.
¿Salir de la presidencia del Gobierno por las 'pedaladas fiscales' sería un castigo desproporcional?
Sin ninguna duda. Se están confundiendo actos reprobables o actos ilegales con actos criminales. Pero el pretexto de la "pedalada fiscal" demuestra mucho más. Lo que dice es que hoy en día la cuestión presupuestaria aparece como la principal preocupación de los Estados.
Los derechos humanos y la participación popular en la gestión pública se encuentran en un segundo plano. Éste no es un problema exclusivamente brasileño, sino de la mayoría de las democracias representativas y que está generando una gran desconfianza en el sistema, como lo vemos hoy en países de todo el mundo.
El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, dijo que este 'impeachment' sería un acto de “venganza”. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
No sé si es un acto de venganza, no sé si la política brasileña trabaja con este concepto. Lo único que está muy claro es que se trata de una toma del poder desprovista de amparo jurídico.
¿Cuánto pesa lo político en relación a la formalidad jurídica del proceso?
En el derecho brasileño el impeachment es un juicio mixto: político y jurídico. Debe seguir los requisitos jurídicos que piden que haya una existencia concreta de crimen de responsabilidad y el procedimiento debe seguir los respectivos procesos legales.
A su vez el juicio se produce en el Senado, que sería la parte política. De este modo el peso político debería equilibrarse con el peso jurídico.
Pero en el caso de la presidenta Dilma Rousseff esto no ocurre. Lo que vemos es que prevalece de manera desproporcional el aspecto político.
Al final de cuentas están haciendo de la pérdida de apoyo parlamentario, algo que es un hecho habitual en los sistemas presidencialistas y que debería resolverse a través del diálogo entre poderes, el principal motivo de pérdida del mandato de una presidenta elegida democráticamente por el pueblo.
¿Se están cumpliendo adecuadamente los ritos del proceso?
No. No hay un crimen imputado a la presidenta de la República, por lo tanto no se están cumpliendo adecuadamente.
Las conversaciones telefónicas que salieron a la luz en mayo entre el expresidente de Transpetro, Sergio Machado, y el exministro de Temer, Romero Jucá, decían que el Tribunal Supremo “ya estaba al tanto de todo” y que estaría “de acuerdo con el 'impeachment'”. ¿El Tribunal Supremo en Brasil es independiente?
En teoría el Tribunal Supremo Federal es independiente.
Hasta ahora la nominación de sus respectivos miembros la realiza el Ejecutivo y es aprobada por el Senado. Los criterios de elección de sus jueces no suele ser claro; en realidad no hay mucha transparencia en ese proceso. Creo que la sociedad civil debería tener una participación más activa en la selección de sus miembros.
En estas mismas conversaciones se hablaba como si se tratara de un complot para acabar con Dilma y evitar las investigaciones de Lava Jato. Jucá decía que había que “sacar a Dilma para evitar la sangría de las investigaciones”. ¿Estas declaraciones no serían un argumento para frenar el proceso contra la presidenta que aparece como algo orquestado?
Sí, deberían ser un freno.
Hay indicios de que hay un desvío de finalidad en el proceso. En otras palabras, se utilizaría esta medida contemplada en la Constituución, pero no con los fines previstos en la Constitución. Cuáles serían esos fines, todavía no está claro, la Historia lo esclarecerá.
Por ahora lo único seguro es que todo lo que está sucediendo viene de la mera falta de apoyo parlamentario, lo que en un régimen presidencialista no permite la salida de un jefe del ejecutivo.
¿Qué legitimidad tienen los senadores que van a juzgar a la presidenta cuando un 40% de ellos está acusado de escándalos de corrupción?
El hecho de que senadores acusados de corrupción sean los que juzguen a una presidenta que no está formalmente acusada de corrupción, mancha todavía más la legitimidad del proceso.
Hay que recordar que la denuncia del impeachment la hizo el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien está apartado de sus funciones por serias denuncias de corrupción que pesan contra su persona.
¿Qué tipo de precedentes puede sentar este 'impeachment' para el país? ¿A partir de ahora será más fácil sacar a un presidente del poder?
El precedente de que la mera pérdida de apoyo parlamentario pueda derribar presidentes democráticamente elegidos. En Brasil ya no hay ninguna seguridad jurídica para salvaguardar el voto popular, éste será siempre rehén de la conveniencia parlamentaria.
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