El juez Pedraz investiga la supuesta concesión irregular de subvenciones a Ausbanc por al menos 700.000 euros
El magistrado reclama a tres consejerías de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad que informen sobre las subvenciones concedidas entre 2004 y la actualidad a la asociación del líder de la organización criminal, a pesar de que fue expulsada del registro de asociaciones en 2005.
Ana Mato volvió a incluir a Ausbanc en el registro de asociaciones en 2012. Al juez le constan subvenciones por 700.000 euros
En una providencia, el juez ha pedido este viernes al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Economía, Empleo y Sanidad de la Comunidad de Madrid que faciliten a la Policía Nacional toda la documentación que tengan sobre subvenciones concedidas a Ausbancentre 2004 y la actualidad.
El juez considera que la trama de Pineda no podía acceder a subvenciones dado que fue expulsada del registro de asociaciones en 2005 y ni cumplía el requisito del número de socios necesario, ya que sus 10.000 autoproclamados asociados, según Pineda, eran tan solo adheridos.
Al menos 700.000 euros en subvenciones
Según las investigaciones, la Consejería de Empleo y la Mujer en Madrid concedió a Ausbanc un total de 309.774 euros en 2004, mientras que la Consejería de Economía le otorgó 164.009 euros en los años 2010, 2011 y 2012. Por su parte, el Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato concedió subvenciones a Ausbanc por un montante total de 220.730 euros en 2012 y 2013. El Ministerio de Sanidad expulsó a Ausbanc del registro de asociaciones en 2005, y volvió a incluirla en el año 2012, con Mato al frente de esta cartera. Sanidad ha manifestado que reclamó parte de las ayudas concedidas porque no estaban justificadas y quevolvió a expulsar a Ausbanc dos años después.
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, era el supuesto líder de una organización criminal dedicada sobre todo a la extorsión de entidades bancarias. Exigía dinero para la trama a cambio de obtener un buen trato en los medios de comunicación que dirigía en la asociación y no interponer acciones judiciales contra los chantajeados.
Según han declarado varios testigos ante el juez Pedraz, Pineda se jactaba de su poder y contactos con miembros de distintos gobiernos del Partido Popular para intimidarles y que cedieran a las amenazas.
Según han declarado varios testigos ante el juez Pedraz, Pineda se jactaba de su poder y contactos con miembros de distintos gobiernos del Partido Popular para intimidarles y que cedieran a las amenazas.
http://cadenaser.com/ser/2016/06/17/tribunales/1466162626_941789.html
Un comisionista cobró 2 millones “de manera irregular" en la venta de vivienda social en la etapa de Botella
Sánchez Mato se queda sin preguntar a Botella quién dio la orden de vender las promociones de la EMVS
Un comisionista cobró 2 millones “de manera irregular" en la venta de vivienda social en la etapa de Botella
La UTE Ítaca cobró en la operación de venta en la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo una cantidad que no pasó por el consejo de administración pero de la que sí hay factura, que consta en la información pública de la comisión municipal de
EUROPA PRESS
MADRID.- Un comisionista, la UTE Ítaca, cobró hasta 2 millones de euros "de manera irregular" en la operación de venta en la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), una cantidad que no pasó por el consejo de administración pero de la que sí hay factura, que consta en la información pública y abierta de la comisión municipal de investigación.
La Empresa Municipal de Vivienda y el Suelo ha sido el tema central de la primera sesión de comisión municipal de investigación que ha arrancado oficialmente a las 9.07 horas bajo la presidencia de la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y a la que no se ha presentado ningún compareciente del PP.
La Empresa Municipal de Vivienda y el Suelo ha sido el tema central de la primera sesión de comisión municipal de investigación que ha arrancado oficialmente a las 9.07 horas bajo la presidencia de la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y a la que no se ha presentado ningún compareciente del PP.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha hecho especial hincapié en la aparición de un comisionista, al que la EMVS "pagó diligentemente 2 millones de euros" aunque "no hay constancia en el expediente de una mediación efectiva en la operación pero sí la hay de una factura y del pago. Tampoco pasó por el consejo de administración. Se pagaron de manera irregular, lo dice el anteproyecto de la Cámara de Cuentas".
El concepto que aparece en la factura es el de "honorarios de asesoramiento e intermediación inmobiliaria en la venta de un portfolio de 18 promociones residenciales de la EMVS a las mercantiles Fidere Gestión de Vivienda y Fidere Vivienda". El sello del registro municipal tiene fecha de febrero de 2014. También se adjunta un contrato firmado entre la UTE y el entonces responsable de la EMVS Pablo Olangua.
El concepto que aparece en la factura es el de "honorarios de asesoramiento e intermediación inmobiliaria en la venta de un portfolio de 18 promociones residenciales de la EMVS a las mercantiles Fidere Gestión de Vivienda y Fidere Vivienda". El sello del registro municipal tiene fecha de febrero de 2014. También se adjunta un contrato firmado entre la UTE y el entonces responsable de la EMVS Pablo Olangua.
Sánchez Mato se ha quedado sin poder preguntar a la exalcaldesa, Ana Botella, que confirmó ayer que no acudiría a la sesión, cuestiones como si conocía a la empresa Ítaca-Creaziona y por qué se le abonaron 2,3 millones de euros, los motivos por los que no se cumplieron las instrucciones internas de contratación en lo relativo al expediente, por qué se omitieron el pliego de condiciones de venta, estudio, memoria o informes de viabilidad técnica y cómo valoraría el anteproyecto del informe de la Cámara de Cuentas.
Otras de sus dudas pasan por saber por qué se vendieron pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo si su objeto social era el alquiler y quién dio la orden de vender las promociones.
También le habría preguntado quién le informaba de la marcha de la empresa, qué justificó la venta de gran patrimonio de la sociedad, por qué se optó por enajenar por lotes, que hubiera facilitado una mayor concurrencia o las razones por las que no hubo informe de tasación para fijar un precio objetivo.
Otras de sus dudas pasan por saber por qué se vendieron pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo si su objeto social era el alquiler y quién dio la orden de vender las promociones.
También le habría preguntado quién le informaba de la marcha de la empresa, qué justificó la venta de gran patrimonio de la sociedad, por qué se optó por enajenar por lotes, que hubiera facilitado una mayor concurrencia o las razones por las que no hubo informe de tasación para fijar un precio objetivo.
PUBLICO.ES
Más de 200 llamadas acreditan la relación entre la cúpula policial y los periodistas anti-Podemos
Por Patricia López
Los experiodistas de El Mundo, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta obtuvieron la grabación ilegal hecha a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a tres de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía a través del comisario José Manuel Villarejo Pérez, hombre de confianza del número dos de la Policía, Eugenio Pino. […]
Los experiodistas de El Mundo, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta obtuvieron la grabación ilegal hecha a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a tres de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía a través del comisario José Manuel Villarejo Pérez, hombre de confianza del número dos de la Policía, Eugenio Pino.
Y se la entregaron al pequeño Nicolás para que intentara con ella archivar la causa contra él, en la entrevista que le hicieron el 18 de noviembre de 2014 en la casa de Inda. Así consta en el sumario que instruye el juzgado de instrucción número 2 de Madrid y que acaba de hacerse público esta semana.
De todos los movimientos estaban informados diferentes mandos policiales adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirige el citado comisario Pino.
En concreto entre el 20 de octubre y el 23 de diciembre de 2014 el tráfico de llamadas entre Inda y Urreiztieta acreditan más de 200 comunicaciones con la cúpula policial: 68 con el jefe de gabinete de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago; 78 con el comisario José Manuel Villarejo Pérez y 105 con el comisario Enrique García Castaño.
Además, existieron al menos tres reuniones en el despacho del número dos de la Policía a las que asistió el periodista Eduardo Inda y en las que el comisario Eugenio Pino obligó al exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y al inspector Rubén López a hablar con el periodista para facilitarle información relevante de una investigación que estaba bajo secreto de sumario.
Los investigadores del caso, que desde 2015 dependen del juzgado de instrucción número 2 de Madrid y no de la Policía, aseguran en su investigación que hay una “acreditada coordinación entre estos periodistas y los mandos de confianza del director Adjunto Operativo de la Policía Nacional”, con el fin de obstaculizar el procedimiento judicial y desprestigiar a los agentes tanto de Asuntos Internos como del CNI.
Por eso, a pesar de la relevancia informativa, los investigadores del caso aseguran en su informe que la intención de Inda y Urreiztieta era “mercadear” con una grabación ilegal, no “informar”.
En esa premisa se basan lo investigadores del caso del pequeño Nicolás, dirigidos por el juez Arturo Zamarriego, para solicitar el registro de los domicilios de los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta y la incautación de sus dispositivos móviles.
Grabación y distribución
Hay varias fechas claves que ejemplifican esta presunta colaboración entre la cúpula policial y algunos periodistas para manipular informaciones. Según los propios expertos policiales, la grabación ilegal hecha al CNI y a Asuntos Internos la realizó un periodista del medio de comunicación de la mujer del comisario Villarejo.
Presuntamente, en el teléfono del comisario Marcelino Martín Blas se instaló una aplicación que controló de forma remota el móvil y que se activó mediante una llamada entrante al ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos mientras se mantenía la reunión.
El comisario niega haber hablado con el periodista o conocerlo y dio su teléfono para que fuera volcado y analizado. Asegura Martín Blas además en el informe al juzgado que cuando le devolvió la llamada al día siguiente, el reportero de Información Sensible ya no mostró interés en hablar con él y no se lo cogió. Después el audio fue entregado a la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, por su trabajador.
Otra fecha clave sería el 17 de noviembre, según el escrito de la comisión judicial, cuando los periodistas se reúnen en el parque del Canal de Isabel II con el pequeño Nicolás y le dejan oír un extracto de la grabación que le entregarán al día siguiente durante la entrevista en casa de Inda.
Esa mañana, “Eduardo Inda es posicionado por su teléfono móvil desde las 11.05 hasta las 12.48 horas en la zona de la Dirección Adjunta Operativa, (coincidiendo con Fuentes Gago y supuestamente con el DAO al estar ahí su despacho)”. Seguidamente, se le posiciona en Torre Picasso, donde el comisario Villarejo y su mujer tienen sus negocios privados. Allí también están posicionados a la misma hora los móviles del matrimonio.
Es en esa reunión “donde supuestamente se hace entrega de la grabación ilegal a los periodistas”. Durante esa reunión “existe un continuado y secuencial contacto telefónico entre el comisario Villarejo, García Castaño, Fuentes Gago y al finalizar la reunión entre García Castaño con el DAO, con Esteban Urreiztieta y Villarejo”.
Los investigadores tienen acreditado que Urreiztieta tenía en su poder la grabación el día de la reunión con el pequeño Nicolás porque en el mes de diciembre, una vez hecho público a través del medio de comunicación del comisario Villarejo la existencia de la misma, el periodista Eduardo Inda reenvía la grabación al inspector de Asuntos Internos mediante un email en el que queda reflejado que el mensaje original proviene de Urreiztieta y tiene fecha de 17 de noviembre.
Antecedentes
No sería la primera vez que ambos periodistas tienen acceso a información obtenida por la Policía de forma cuestionable o que directamente no se ha llegado a demostrar finalmente. En 2012, con motivo del informe Pujol y otros encargados por Interior para frenar el independentismo, está también acreditada la relación entre el comisario Villarejo y ambos periodistas.
Urreiztieta fue además el beneficiado de la grabación que Villarejo hizo al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a su compañero el comisario Enrique García Castaño.
Las últimas demostraciones de esta estrecha vinculación, reconocida incluso por el número dos de la Policía en su declaración ante el juzgado del caso del pequeño Nicolás, se centran en la difusión del falso informe de la UDEF sobre Podemos. Según desvelóPúblico, Eduardo Inda se reunió con el comisario Eugenio Pino y con su mano derecha, el inspector José Ángel fuentes Gago, durante sus exclusivas no acreditadas acerca de la formación morada.
Ahora es su ex compañero de El Mundo quien ha retomado la senda contra Podemos, tras publicar esta semana que la Policía tenía acreditada que las farmacéuticas financiaban a este partido político a través de la empresa de televisión 360 Global Media.
Un informe policial acusa a la cúpula de Fernández Díaz de un complot para sabotear el caso del Pequeño Nicolás
Atribuye varios delitos al número dos del Cuerpo y al comisario Villarejo por la grabación ilegal de una conversación entre policías y agentes del CNI
Los investigadores concluyen que los mandos policiales hicieron llegar la cinta a Nicolás a través de dos periodistas de El Mundo
El fiscal cree que son conjeturas y rechaza la petición de los investigadores para detener a Villarejo e imputar a varios altos mandos de la Policía
Un informe policial de 1.830 páginas sacude el epílogo de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. En él, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía apunta a la presunta implicación del número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, en un complot para sabotear la investigación al Pequeño Nicolás, a través de una grabación ilegal a los investigadores de la Policía, subordinados suyos, y a dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia. El objetivo: evitar que la presunta relación entre el joven acusado de estafa y el comisario José Manuel Villarejo, hombre clave en las investigaciones a la oposición política, causara problemas al policía.
El autor del informe firma como miembro de la “comisión judicial” que actúa a las órdenes directas del juez, Arturo Zamarriego. El magistrado adoptó esta decisión habida cuenta de que esos policías iban a investigar a otros policías. Y no a cualquiera. En las conclusiones, los investigadores proponen al juez detener al comisario José Manuel Villarejo, a su compañera sentimental Gemma Alcalá, y a un periodista que trabajaba en el medio de la pareja,informacionsensible.com, por ser el supuesto autor material de la grabación.
También proponen imputar a Pino, el comisario que eligió el Partido Popular para dirigir la Policía y desde cuya Dirección Adjunta Operativa han salido losinformes “fantasma” contra políticos favorables al proceso independentista en Cataluña y, más recientemente, sobre una supuesta financiación irregular de Podemos. Junto a él, los investigadores creen que deben declarar ante el juez como investigados el que fuera su mano derecha, inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, y el mando de la lucha antiterrorista Enrique García Castaño.
Por el momento, el juez solo ha aceptado la declaración como investigado del periodista Carlos Mier, presunto autor de la grabación, de entre las 13 imputaciones solicitadas. El grupo de acusados se reparte entre policías y periodistas, entre ellos Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, a los que habría que practicar registros y requisar teléfonos y otro tipo de material. Pero Zamarriego se ha encontrado con un informe del fiscal Alfonso San Román, de 13 páginas, que concluye que los investigadores no han alcanzado “certezas”, al tiempo que desliza que las pesquisas se han dirigido contra Villarejo “desde un primer momento”.
En la sede camuflada de Asuntos Internos
La escena que centra el caso se desarrolla la tarde del 14 de octubre de 2014 en un despacho de la sede camuflada que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) tiene en el barrio madrileño de Ríos Rosas. La opinión pública aún no sabe quién es Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que fue detenido al día siguiente. En ese despacho, el jefe de la UAI, el comisario Martín Blas-Aranda y dos de sus colaboradores se reúnen con un hombre y una mujer, ambos agentes del CNI, durante más de una hora.
Un fragmento de esa conversación, de poco más de seis minutos, fue difundida a finales de diciembre por Infolibre. Otros medios publicaron el contenido de la conversación.
Algunas de las informaciones que adjuntaron la grabación interpretaban de su contenido que los agentes revelan que mantienen intervenido el teléfono del Pequeño Nicolás de forma ilegal. Fuentes policiales defienden que se referían a la necesidad de trasladar la autorización judicial que había otorgado el juez del Tribunal Supremo, que se encarga en exclusiva de las peticiones del CNI, a un juzgado ordinario, responsable de la investigación que acabaría con el arresto del joven.
Durante una parte de la reunión, el teléfono del jefe de Asuntos Internos se convirtió en un micrófono que captó la conversación, según el informe policial.
Los investigadores llegan a esa conclusión porque el rastro del teléfono del periodista de informacionsensible.com y el del propio comisario registran una llamada de 13 minutos, a pesar de que el comisario niega haber hablado con el informador en su vida.
Su tesis es que Villarejo, especialista en grabaciones, logró instalar una aplicación que dirigía de forma remota el móvil del jefe de Asuntos Internos, pudiendo hacer una llamada en silencio y descolgar sin que él se diera cuenta.
Un informe del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, avala la “vulnerabilidad” del iPhone 4 de Martín Blas y establece la posibilidad de que fuera intervenido. También asegura que la tecnología en el mercado permite que se haya realizado el sabotaje del teléfono sin dejar rastro. En eso, la simple posibilidad, se apoya el fiscal para atacar el informe, rechazar las imputaciones y hablar de falta de “certezas”.
¿Cuál es la participación del número dos de la Policía en toda la trama? Según el informe policial, él sabía de la reunión entre Asuntos Internos y el CNI porque Martín Blas le había informado de ella. De esta forma, podría haber advertido a Villarejo de cuándo había que activar el móvil como un micrófono. Los informes periciales también dicen que para instalar esa tecnología espía debe haber contacto “físico” con el teléfono. Martín Blas había entregado dos semanas antes a la Dirección General su terminal para que le realizaran unas actualizaciones, según apunta su subordinado en la comisión judicial.
Los delitos que atribuyen los investigadores al número dos de la Policía y otras doce personas son “blanqueo de capitales, manipulación y alteración de pruebas judiciales, acusación y denuncia falsa, actividades prohibidas a funcionarios públicos y otras filtraciones policiales”, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso eldiario.es.
La intervención de los periodistas
Hasta aquí el capítulo de la grabación. Es entonces cuando emergen varios periodistas en la trama. El instructor de las diligencias relata cómo el Pequeño Nicolás se acerca a él una mañana en el juzgado y, de forma voluntaria, le confiesa que fue el entonces jefe de investigación de El Mundo, Eduardo Inda, quien le había entregado la grabación que él podría utilizar para tumbar la causa. Según el informe policial, Inda lo habría hecho a cambio de una entrevista exclusiva con el joven, que era entonces el personaje mediático más perseguido.
A través de decenas de páginas, los investigadores hacen un seguimiento de las llamadas y posicionamientos de los teléfonos de los policías señalados y los periodistas. De ahí la petición de imputación de Fuentes Gago y García Castaño, por aparecer en horas y lugares en torno a la supuesta filtración de la grabación a Inda y a su compañero de entonces en El Mundo, Esteban Urreiztieta.
Ante todo ello, el fiscal concluye: “La investigación de los hechos objeto de esta pieza no ha conseguido descubrir cómo se produjo la grabación, por lo que recibir declaración como investigados al resto de las personas que se proponen no es procedente. Téngase en cuenta que varios de los propuestos son periodistas o trabajan en los medios de comunicación, por lo que su actuación se podría haber visto amparada por el derecho a la información”. El representante del Ministerio Público dice que habría que estudiar “caso a caso, pues la difusión de una grabación ilícita sobre una reunión oficial secreta puede constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos”.
eldiario.es publicó en marzo de 2014 que la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino albergaba un grupo secreto de policías implicados en investigaciones sobre corrupción a políticos seleccionados por apoyar el proceso soberanista en Cataluña. A ese grupo contribuía la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de Martín Blas-Aranda, el responsable último de la investigación al Pequeño Nicolás y también del informe policial que denuncia el complot. Por su parte, Villarejo fue condecorado por Fernández Díaz en reconocimiento de su implicación en las maniobras policiales contra el proceso soberanista.
Pero la relación entre ambos comisarios se fue deteriorando a raíz de las investigaciones de Asuntos Internos en el caso de la Operación Emperador, donde un grupo de policías apareció vinculado a la mafia china. El enfrentamiento acabó con el cese de Martín Blas de Asuntos Internos. Por ello, el juez se vio obligado a formar una comisión judicial y recuperarlo para la pieza separada de la Operación Nicolay.
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