El independentismo planea defender físicamente puntos clave tras la declaración de independencia
Lo que Puigdemont aprendió de Sharp: las técnicas para destrozar al Estado español
La CUP y el Gobierno catalán han copiado los dictados del estadounidense Gene Sharp para diseñar su estrategia de ‘guerra abierta’ contra el Estado español en los últimos dos años. Sharp es un escritor, filósofo y politólogo estadounidense abanderado de la lucha no violenta contra el poder y teórico de las estrategias que preconizan que si los ciudadanos no obedecen las órdenes de los líderes de las estructuras del Estado, estos se quedan sin poder.
Siguiendo esa consigna, tanto la Generalitat de Cataluña como los partidos que la apoyan, y especialmente la CUP, iniciaron hace tiempo una estrategia para poner en marcha sus recomendaciones y hacer tambalearse al Estado español creando la tormenta perfecta de la que surgiese la república catalana independiente.
El ‘president’ Carles Puigdemont tomó prestado del norteamericano la aplicación de uno de sus puntos cruciales: “Establecer la doble soberanía y gobiernos paralelos”.
Así, desde la Generalitat y los partidos que la gobiernan, se ha insistido machaconamente en que hay “dos legitimidades”: la de las leyes vigentes y la de las leyes suspendidas por el TC, cuando jurídicamente esa es una dicotomía falaz.
Entre los puntos de Sharp y sus teorías, figuran también “buscar encarcelamientos para sobrecargar las cárceles por solidaridad” (la CUP y los alcaldes de la Asociación de Municipios de Cataluña acudieron en masa a autoinculparse ante los tribunales para desbordar los juzgados) o la presión psicológica al adversario, llegando al punto de “realizar juicios al revés: acusando al acusador”.
El manual de Sharp dedica un capítulo a los métodos de no cooperación política
El manual de Sharp dedica un capítulo a los métodos de no cooperación política. “Para expresar una protesta, para lograr la desintegración, para que deje de funcionar un Gobierno”, propone diversas acciones.
La primera, es el “rechazo a la autoridad”.
Este rechazo se promueve desde tres ángulos: “Suspensión o retirada de la obediencia; rechazo de apoyo público, y escritos y discursos promoviendo la resistencia”.
A partir de ahí, se abre el abanico de medidas concretas: desde el boicot de empleos y cargos gubernamentales (o sea, no asistir a reuniones oficiales, como la ausencia de Puigdemont en la conferencia de presidentes) hasta negar la aceptación de funcionarios designados (es lo que la Generalitat hizo con la designación del coronel Diego Pérez de los Cobos como mando único de las investigaciones en los temas del referéndum), pasando por el boicot de los cuerpos legislativos, el negar la aceptación de funcionarios designados o “negarse a disolver instituciones independientes existentes”.
En este sentido, Puigdemont aceptó disolver la Sindicatura Electoral del referéndum solo para que las sanciones del TC no afectasen a los patrimonios personales de sus componentes.
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Beatriz Parera
Desobedecer las leyes ‘ilegítimas’
El texto recomienda como alternativas a la desobediencia el “cumplimiento lento y renuente” de las órdenes, la no obediencia, pero “sin escándalo, sin publicidad, con discreción”, la “desobediencia enmascarada: parece que se obedeció” (como la actuación de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O y la víspera), el rechazo a dispersar una reunión o concentración, las sentadas o la “desobediencia civil a leyes ‘ilegítimas” (justamente las consignas que promueven el Gobierno catalán y los partidos independentistas).
Los Mossos d'Esquadra se presentan en un instituto de Barcelona.Foto por: EFE
En el futuro, se recrudecerán los mecanismos que Sharp recomienda, como el “boicot social hacia grupos sociales para inducirlos a que se unan a la resistencia”, el “boicot selectivo a colaboradores voluntarios, soldados o policías”, la suspensión de actividades sociales o deportivas (lo que no se logró con el partido del Barça este fin de semana), las huelgas estudiantiles (el sector estudiantil está controlado por los independentistas a través del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans) o el refugio en lugares ‘inviolables’, como templos o embajadas (en el caso de Barcelona, son consulados).
En una tercera fase, entrarán en escena los boicots de los consumidores a determinados productos o determinados comercios, boicot a los productores, a los distribuidores, la elaboración de “listas negras de comerciantes”, el cierre de negocios al “no permitir la entrada a trabajadores” (curiosamente, lo que hizo en la jornada de este martes la propia Administración de la Generalitat con los edificios oficiales) o la retirada de depósitos bancarios.
En la estrategia de Sharp se cuentan también otras acciones, que van desde cartas de apoyo a declaraciones de organizaciones, formalización de grupos de presión, ostentación de banderas y símbolos, “ruidos simbólicos con silbatos, matracas, campanas o sirenas”, “recuperaciones simbólicas para visualizar que se retoman terrenos o edificios”, repudio verbal a disidentes (como se hizo en el caso de Joan Manuel Serrat, que se posicionó contra el referéndum), realizar vigilias (“generalmente de noche, con guardias constantes, largas y prolongadas”), marchas a sitios significativos, desfiles, caravanas automovilísticas (como las tractoradas realizadas durante la última semana), asambleas de protesta o de apoyo y un gesto que durante esta huelga se hizo muy patente: “Volver la espalda” —se realizó en las sentadas ante comisarías o cuarteles de la Guardia Civil—.
Las milicias incontroladas
En esta operación, tienen una vital importancia los comités de defensa del referéndum (CDR), una especie de milicias urbanas (y similares en su composición a los comités de defensa de la revolución de Cuba) que, bajo el visto bueno del Gobierno catalán, son utilizadas como tropas de choque ‘populares’. “Los CDR son la estructura de autodefensa de la CUP, formados por diversos movimientos alternativos y sociales para vigilar el desarrollo de la hoja de ruta hacia la independencia. En ellas se han integrado muchas organizaciones alternativas, anarquistas, de Corriente Roja y de jóvenes”, admite un miembro de estos colectivos a El Confidencial.
Huelga de estudiantes en Barcelona.Foto por: Reuters
La versatilidad de estas milicias les ha permitido, por ejemplo,convertirse, por un día, en los comités de huelga durante la jornada de este martes. La misma fuente explica que si bien en muchos barrios simplemente se les cambió el nombre “momentáneamente” a causa de la huelga general, en otros se amplió su composición a algunos sindicatos, partidos como ERC o entidades como la ANC y Òmnium Cultural.
Los CDR llevan tres meses entrenándose (“el tiempo que hemos estado negociando con grupos anarquistas y movimientos alternativos su integración en la estructura”, dicen las fuentes) y ahora se han convertido en los comandos que toman la iniciativa en cualquier situación, desde las concentraciones ante cuarteles o comisarías (de momento) hasta manifestaciones en diferentes lugares. ¿Y hasta cuándo estarán operativos los CDR? “No se sabe, porque sobre ellos no hay ningún documento escrito. En principio, debería ser hasta la proclamación de la independencia, pero es posible que sigan operativos durante el periodo constituyente que se abra tras la misma”.
Los CDR llevan tres meses entrenándose y ahora se han convertido en los comandos que toman la iniciativa en cualquier situación
Los CDR son los encargados, en estos momentos, de dirigir la agitación ‘ciudadana’, aprovechándose del descontento popular tras las actuaciones policiales del 1 de octubre. “No dependen de nadie, solo de la CUP”, admiten las fuentes consultadas. Desde fuentes cercanas a los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se ve esta situación como muy preocupante. “No estamos seguros de que el Gobierno catalán pueda controlar en estos momentos estas estructuras. Es más, hay indicios de que a Puigdemont se le ha ido de las manos la situación y, en estos momentos, la calle es de los radicales de la CUP, jaleados incluso por miembros del Gobierno catalán o por altos cargos”.
Según estas fuentes, la tensión irá en aumento los próximos días. “La CUP necesita tensionar la calle, y hasta la declaración de independenciamantendrá las movilizaciones e incluso se espera que intensifique su dureza”. Ante ello, el Gobierno catalán ha dado por bueno hasta ahora que la ley de la calle la impongan los radicales, pero esa es un arma de doble filo, que puede volvérsele en contra en cualquier momento.
El independentismo planea defender físicamente puntos clave tras la declaración de independencia
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- septiembre 10º, 2017
Faltan menos de 24 horas. El Parlament de Catalunya proclamará con toda seguridad la república catalana este martes. Una proclamación que podría formalizarse incluso sin votación del pleno. Y a la que seguirá, también con toda seguridad, la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno central -sea mediante el artículo 155 o por otras vías-.
Las incógnitas aun por resolver son los matices de esta declaración de independencia, la respuesta concreta del Estado y la reacción posterior del independentismo.
Pero sí se puede adelantar que hay planes concretos y en marcha para proteger las infraestructuras e instituciones clave mediante la resistencia pacífica.
Se espera que el Parlament proclame la independencia de Catalunya en algún momento del martes a partir de las 18h, durante una pleno ordinario que tiene como único orden del día la intervención del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para "informar sobre la situación política actual".
Si bien en las últimas horas diversas voces soberanistas -especialmente, del PDECAT, como el conseller de Empresa, Santi Vila-, han abogado por una declaración 'simbólica' o en diferido, todo indica que es mas probable una proclamación formal con todas las consecuencias.
Así lo creen fuentes parlamentarias independentistas, que afirman que lo contrario sería toda una sorpresa, y que las posiciones que piden dar una cierta marcha atrás de tipo táctico son minoritarias dentro de JxSí, e inexistentes en la CUP.
Puigdemont pidió comparecer a petición propia después de que el Tribunal Constitucional anulara el pleno inicialmente previsto para hoy lunes, en el que se preveía valorar "los efectos" del referéndum del 1-O. La ley catalana del Referéndum -también suspendida por el TC- reza que, en caso de victoria del 'sí', el Parlament proclamará la independencia en un lapso de 48 horas desde la publicación de los resultados definitivos. Estos resultados se hicieron públicos el viernes.
"El resultado del referéndum es vinculante y tomará forma mañana", ha afirmado este lunes el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, en esta misma línea. Los republicanos no han querido concretar el método concreto que usaran los partidos independentistas para proclamar la independencia.
Este podría ser mediante una votación del pleno. Pero no es en absoluto descartable -y de hecho es una opción que ha ganado peso en las últimas horas- que sea Puigdemont quien declare la república catalana en su intervención, sin votación, y que los diputados de JxSí y la CUP fiormen posteriormente el acuerdo.
Parte del independentismo considera esta vía no solo perfectamente legítima, sino incluso preferible.
Su argumento es que los catalanas ya votaron independencia el 1-O, y el Parlament no debe por tanto volver a pronunciarse, sino que simplemente debe aplicar la decisión de las urnas.
Los partidos independentistas no han querido concretar cual será el método finalmente empleado.
Pero si apuestan porque sea breve y conciso, dejando el menor terreno posible a la oposición unionista para que obstaculice la proclamación mediante "filibusterismo".
Resistencia pacífica
Si se concreta la declaración de independencia, se da por hecho que el Gobierno central responderá de forma contundente.
Quizás con la aplicación del artículo 155 de la Constitución -como hoy mismo ha vuelto a pedir Ciudadanos-, pero tampoco se puede descartar que recurra a la Ley de Seguridad Ciudadana para poner bajo mando estatal a los Mossos d'Esquadra, o incluso que decrete el estado de excepción.
Sea cual sea la respuesta, el soberanismo tiene planes concretos en marcha para proteger físicamente las infraestructuras e instituciones clave -incluyendo el Parlament- de una posible intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, según han explicado fuentes parlamentarias independentistas. Esta defensa se basaría en la desobediencia pacífica, siguiendo los postulados gandhianos, según estas mismas fuentes.
Hoy mismo, de hecho, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha comunicado a sus decenas de miles de socios que "en pocas horas" la entidad convocará a los catalanes a defender la declaración de independencia.
El independentismo aspira a que el edificio del Parlament siga en funcionamiento. En caso contrario, los diputados se establecerían en otro lugar, según sus planes.
Rivera quiere el 155 para convocar nuevas elecciones
Los partidos unionistas, no obstante, tienen sus propios planes.
Muy claros son los de Ciudadanos, que hace meses que piden nuevas elecciones en Catalunya, donde son la primera fuerza no independentista.
El líder del partido, Albert Rivera, ha insistido este mismo lunes, cuando ha pedido al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que "aplique el famoso 155" para "convocar elecciones autonómicas desde el Gobierno de España".
Rivera ha pedido igualmente que el estado se haga con el mando de los Mossos de forma inmediata, para que estos estén este mismo martes "al servicio de la legalidad".
Rivera ha aludido, de hecho, a los planes de movilización popular del independentismo, cuando ha dicho que "la ANC, la CUP y compañía" pretenden "bloquear infraestructuras" tras la declaración de independencia.
Si el Ejecutivo escuchara la petición de C's de convocar nuevas elecciones en Catalunya, hay una alta probabilidad de que el partido 'naranja' se hiciera con la victoria.
Y es que los partidos independentistas contemplan boicotear estos eventuales comicios, al no reconocer la autoridad del Estado para convocarlos, según fuentes soberanistas.
En este supuesto, se abriría un complejo escenario en Catalunya, con dos legalidades paralelas reconocidas solo por parte de los actores.
Puigdemont, como Companys
El Gobierno del PP no ha concretado cuál va a ser su respuesta concreta, ni si va a optar por el 155. Pero si ha dejado claro que tomará "todas las medidas que sean necesarias" si el Parlament proclama la independencia, en palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
Más duro, si cabe, ha sido el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado.
En rueda de prensa, ha recordado el reciente aniversario de los hechos del 6 de octubre de 1934, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó "el Estado catalán de la República Federal Espanyola".
Casado ha advertido a Puigdemont que no proclame la independencia, porque "a lo mejor quien la declare acaba como el que la declaró hace 83 años".
Companys fue inmediatamente detenido tras su proclamación, junto con el resto de su gobierno, y condenado a prisión.
La Generalitat fue igualmente intervenida, y no recuperó sus competencias hasta las elecciones de 1936. Volvió a ser president hasta 1940 y se exilió en Francia tras la Guerra Civil.
Ese último año fue capturado en Francia por la Gestapo, a petición de la policía franquista,4 y trasladado a España, donde fue torturado, sometido a un consejo de guerra y finalmente fusilado en el castillo de Montjuic el 15 de octubre de 1940.
También los socialistas catalanes han pedido a Puigdemont que no proclame la independencia.
El líder del PSC, Miquel Iceta, le ha pedido que renuncie a su plan por "patriotismo", y "en defensa del interés de todos los catalanes y del autogobierno de Catalunya".
Iceta ha adelantado que, en caso de que el pleno del Parlament sometiera a votación la declaración de independencia, su formación no participaría en esa votación. Se da por hecho que los grupos de C's y PP actuarían de la misma forma.
Los diputados de las tres formaciones ya se retiraron del hemiciclo durante la votación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad.
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