Santiago Maldonado: entre la montaña de mentiras y la larga marcha hacia la verdad en la Argentina
Llamamos posverdad a la montaña de mentiras que tejen los medios dominantes para escamotear la realidad, trucándola por una ficción alternativa a la misma, que se adapta, cumple y legitima la agenda oculta de la élite global.
Armak de Odelot
Procuradora de Argentina renuncia tras persecución de Macri
TeleSUR - La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, presentó este lunes su renuncia al cargo, en medio de persecuciones judiciales y políticas por parte del Gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri.
Mediante una carta dirigida a Macri, Gils Carbó presentó su renuncia que se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre, para según evitar que el Gobierno argentino modifique el Ministerio Público Fiscal. "Lo hago para disuadir reformas", aseguró.
"A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal", acotó.
La procuradora argentina, quien laboró durante 20 años en la institución y más de 30 en el servicio de administración de justicia, subrayó que trabajó "incansablemente" para consolidar el mandato de los constituyentes "al jerarquizar esta institución como una autoridad de la Nación independiente y autónoma".
"Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal", concluyó la Procuradora.
Gils Carbó venía afrontando numerosos pedidos de renuncia por parte de la Administración de Macri, quienes aseguraban que su salida daría "más garantías constitucionales" a la investigación en la que está involucrada por supuestas irregularidades en compra de edificio para el organismo.
Argentina, bajo el signo del poder de policía
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- octubre 29º, 2017
E. Raúl Zaffaroni|
Nuestra idea de “dictadura” suele evocar la última y, para los más memoriosos, la de 1955 o incluso la de 1930, sin contar con otros periodos más discutibles. Preocupa que con ese concepto difuso a veces se hable hoy de una “dictadura”, porque confunde la naturaleza del actual momento político y equivoca la crítica. Decididamente, (en Argentina) no vivimos bajo una dictadura, porque ese modelo está pasado de moda: corresponde a una etapa anterior del colonialismo, que si bien continúa con su estrategia de profundizar nuestra condición periférica, lo hace ahora con tácticas diferentes a las dictatoriales.
Después de la implosión del totalitarismo del llamado “socialismo real”, el capitalismo hizo un giro hacia el totalitarismo que acabó con su variable keynesiana, instalando en el poder a los tecnócratas que manejan corporaciones transnacionales en detrimento de la política, que lo va perdiendo en beneficio de estos chiefs executive officers, que son la nueva oligarquía planetaria, que ya concentra en el 1% de la humanidad el equivalente a lo que recibe el 57% más pobre de ella.
Esto no es el producto de la concentración de capital que vaticinaba la Suprema Corte norteamericana a fines del siglo XIX, imaginando que un día los monopolios debían “derramar” alguna riqueza para crear mercado de consumo, o el que preveía Lenin con un final completamente diferente.
Las cosas no fueron por ninguno de esos caminos, porque hace cien años no se podía calcular que un día irrumpirían masas de dinero de propietarios ignotos, manejadas por tecnócratas, que buscasen sólo concentrar más dinero en el menor tiempo a costa de cometer “macrodelitos”, cuyo crecimiento superase con creces al de la producción y que ese afán plutocrático ni siquiera se detuviese ante el deterioro acelerado de las condiciones de vida humana en el planeta.
Para colmo, el dinero que se concentra no existe, ni siquiera en los billetes verdes en que todos confiamos, porque aunque parezca mentira sólo una mínima parte de todos los billetes que se contabilizan y circulan por computadora existe en la realidad. ¿Cómo es esto posible?
Muy sencillo: el dinero que depositamos en los bancos se presta y vuelve a los bancos que lo vuelven a prestar y, al final, los billetes que quedan en el banco son apenas una séptima parte de los que entregamos al depositar, de modo que si todos retirásemos nuestros depósitos, los bancos no podrían devolverlos, quebrarían porque no los tienen.
El llamado “neoliberalismo” (con perdón de los viejos liberales, que con todos sus defectos nunca pensaron semejantes incoherencias) defiende la “libertad” de esas ficciones que son las corporaciones, pero no de los seres humanos de carne y hueso y, además la teoriza, adueñado de las universidades, del Premio Nobel de Economía y de los monopolios de medios.
Este poder totalitario avanza por el mundo a propulsión delitos de dimensiones astronómicas: estafas, coacciones, administraciones fraudulentas, cohechos, trabajo esclavo a distancia, y un enorme aparato de encubrimiento por receptación, que es el servicio de reciclaje de dinero del hemisferio norte, que legaliza el producto de toda la criminalidad organizada y de la evasión fiscal de todo el mundo.
El totalitarismo corporativo lucha contra la política debilitando su instrumento, o sea, el Estado.
En los países sede de las corporaciones sus líderes políticos son agentes de las corporaciones, al menos desde la traición mundial a la política protagonizada por Reagan y Tatcher. Nuestra región no escapa a la regla: debilitan nuestros Estados.
Por supuesto que la columna vertebral o instrumento central indispensable a esta faena destructora son los monopolios de medios de comunicación, que también son corporaciones y que crean una realidad virtual que hoy se llama “posverdad”, pero que no es nada nuevo ni muy diferente a Göbbels ni a la fábula de los “Protocolos de los sabios de Sión”, salvo en que hoy está más desarrollada la tecnología del “marketing”.
Este poder totalitario colonialista y delincuencial no instala una “dictadura”, sino que deteriora y degrada al Estado de Derecho (que somete a todos por igual a la ley), que nunca en el mundo real llega a ser como su modelo ideal. El Estado de Derecho es una cápsula que contiene a su contrario, que es el Estado de policía (que somete a todos a la voluntad arbitraria de los que mandan), que tampoco nunca es como su modelo ideal.
Los Estados reales oscilan entre los dos modelos ideales en una continua tensión de pulsiones entre la cápsula que trata de contener las del Estado de policía, y éste que trata de perforarla y hacerla estallar.
Lo que vivimos es producto de las perforaciones que logra el Estado de policía en la cápsula del Estado de Derecho, es decir, el debilitamiento programado de este último.
Estamos viviendo en un Estado de Derecho deteriorado, degradado, debilitado, con deterioro de la política y de las instituciones democráticas, con pérdida de seguridad jurídica, carente de una justicia imparcial, con un Ejecutivo unipersonal que manipula al Legislativo y al Judicial, con un monopolio mediático que crea realidad a gusto, es decir, un Estado que pierde soberanía y con ella independencia, como lo quiere esta etapa del colonialismo, inherente a la condición periférica del totalitarismo corporativo.
No es una “dictadura”, sino una crisis del Estado de Derecho, su debilitamiento conforme al actual momento regional de etapa avanzada del colonialismo impuesta por el totalitarismo corporativo que pulsiona avanzando por el mundo.
Pero no hay poder macizo, sin contradicciones, orificios de fuga ni fisuras; si alguna vez lo hubiese habido ni el lector leería esto ni yo podría escribirlo.
Sabemos que este sistema no se sostiene (“Laudato si”). La humanidad no se suicidará, la historia está en nuestras manos y la lucha por el derecho continúa y continuará, pero no contra una dictadura, sino contra las pulsiones de un totalitarismo corporativo y plutocrático que degrada al Estado de Derecho, debilitándolo para someternos más y mejor.
- Jurista. Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires. Fuente: Tecla Eñe
Santiago Maldonado: entre la montaña de mentiras y la larga marcha hacia la verdad en la Argentina
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- septiembre 4º, 2017
Es muy doloroso no poder hacer un duelo porque la muerte de un ser querido tuvo lugar en condiciones traumáticas, y no se sabe todavía cómo murió, ni cuándo, ni dónde.
Sin embargo, consideramos que es imprescindible tomarnos unos minutos para analizar lo que acontece a nivel país a partir de la lamentable desaparición y muerte de Santiago, mientras se hallaba manifestando junto a los peñi de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen sobre la ruta 40 reclamando la liberación de su lonko: Facundo Jones Huala.
Sin pretender faltarle el respeto a nadie, mucho menos a la familia, proponemos hacer un análisis que, por momentos, puede ser demasiado crudo para quienes tenemos el dolor a flor de piel.
Algunas de las afirmaciones y de las hipótesis que presentaremos a continuación pueden ser prematuras; no dudaremos en retractarnos si se las refutara convincentemente.
Los más de 50 expertos que han peritado el cuerpo no podrán hacer declaraciones públicas hasta que se entregue el informe definitivo.
Faltan muchos días para ello. Entre tanto, lo que a todas luces es un crimen de Estado, cometido por un Estado que ha intentado por todos los medios ocultar el hecho, rehuir de sus responsabilidades e incluso inculpar a la(s) víctimas(s), ya se lo intenta presentar como un posible “accidente”: Santiago murió ahogado; no fue asesinado por Gendarmería.
Todo hace pensar que el esclarecimiento de la muerte de Santiago dependerá tanto de la pericia de los forenses, como de la presión social y las movilizaciones callejeras.
Y en tal sentido, hay que adelantarse a las operaciones de prensa que, si nuestra interpretación es medianamente acertada, arreciarán próximamente a una escala aún mayor (1).
Duele escribir y las lágrimas se deslizan por el teclado.
Pero acompañando a sus seres más allegados, creemos que es necesario despejar mentiras e hipótesis infundadas o escasas de fundamento, a fin de poder esclarecer lo que pasó, pronto, y castigar a los culpables para de una vez por todas poder despedirnos dignamente de Santiago.
Este artículo es en su memoria y honor.
***
En brevísimas declaraciones a la salida del peritaje, el juez Lleral reconoció lo que casi todo el mundo suponía: el cadáver hallado en el río Chubut es Santiago Maldonado.
Agregó que los peritos pudieron constatar que no presentaba señales de violencia exterior (2); lo cual habilitó (cierto que con algo de manipulación por parte de la prensa) que se comenzara a poner en duda la hipótesis que más evidencias tiene: el estado es el responsable de la desaparición y la muerte de Santiago.
Para ello se utiliza una de las herramientas de coacción más peligrosas y más poderosas: los medios de comunicación. En esta línea, Clarín y otros voceros del Gobierno afirmaron que a partir de las declaraciones de Lleral se habría demostrado que Santiago no fue asesinado ni estuvo desaparecido (3).
El mejor escenario posible a un día de las elecciones (4).
Las declaraciones de Lleral no faltaron a la verdad, pero sólo hicieron alusión a una parte muy pequeña de ella (5). Una parte, además, que puede dar lugar a visiones que se acercan a la falsedad lisa y llana.
Lo cierto, lo que se ventilará en los próximos días, es algo muy diferente. Lamentablemente en esta parte debemos hacer alusión al análisis del cuerpo de Santiago.
No es grato, pero es la única forma de buscar la verdad.
En estos días se han viralizado las fotografías tomadas al cuerpo de Santiago.
Esas imágenes, cuya circulación la familia de Santiago repudió, pero cuya autenticidad no negó, muestran una realidad aterradora.
El respetado perito en criminalística Enrique Prueger ha brindado análisis de las fotos e información técnica de enorme importancia, en diferentes entrevistas a medios del interior, silenciadas unánimemente por los grandes medios de Buenos Aires (6).
Otros expertos comparten en buena medida sus apreciaciones.
Y no es Prueger un improvisado. Se trata de un perito con casi cuarenta años de experiencia, en cuyo currículum acredita el esclarecimiento de un caso de los años ´90 de semejante complejidad y repercusión política y social:
el caso Carrasco, asesinado en 1994 mientras cumplía con el servicio militar, y cuyo cuerpo estuvo desaparecido un mes, y cuya muerte se intentó endilgar a una supuesta “patota”.
Más recientemente, peritó el cuerpo del Fiscal Nisman.
Aunque la palabra definitiva la tendrá el informe oficial, creemos que ante un caso como el de Maldonado (un crimen de Estado plagado de maniobras de encubrimiento), no se puede permitir que los medios hegemónicos y las autoridades estatales instalen la hipótesis de un “accidente”; cuando todas las evidencias hablan en contrario.
Un resumen de los elementos de análisis más importantes proporcionados por Prueger es el siguiente:
1) Un cadáver sumergido en el agua pierde los pelos en un lapso de entre 30 y 40 horas. Las uñas se desprenden en torno a las 50 horas.
2) Según reconoció el Juez Lleral, a Santiago se le pudieron tomar las huellas digitales.
Según Prueger, citando bibliografía especializada, un cadáver no puede conservar tales huellas más de 20 días (salvo condiciones especiales de conservación).
3) Claramente se observa un deterioro mucho mayor en la cara que en las manos, cuando lo usual es que la piel de las manos se degrade más que la de la cara. Eso indicaría que la cara de Santiago estuvo expuesta al agua más tiempo que sus manos (¿fue para ocultar señas de violencia en su rostro?).
4) Sobre un cuerpo de 78 días muerto, en el agua o al aire libre, no hubiera sido posible tomar huellas digitales ni reconocer tatuajes: no quedaría mucho más que los huesos.
5) Las frías aguas de los ríos cordilleranos no conservan los cuerpos, y sólo retrasan unas horas el proceso de putrefacción.
De lo expuesto se extraen varias conclusiones.
La primera es que el cuerpo observable en las fotografías no tiene más que unas pocas horas en el agua.
La segunda es que si murió el 1 de agosto, fue mantenido en algún lugar refrigerado artificialmente.
La tercera es que el cuerpo que se observa en las fotografías no pudo haber estado 78 días en el agua, ni tampoco a la intemperie; lo cual abre la posibilidad de que muriera varios días después de 1 de agosto.
La cuarta es que el cuerpo fue “plantado” en el lugar donde se lo halló, o arrojado poco antes aguas arriba, hasta que las ramas lo detuvieron (El lugar en el que se halló el cuerpo ya había sido rastrillado).
¿Pudo haber muerto de hipotermia en la costa del río, para ser alcanzado y quizás desplazado por las aguas acrecentadas por el deshielo? No.
Las aguas crecieron dos semanas antes de que el cuerpo fuera hallado. Pero aunque hubieran crecido la noche anterior, subsiste el hecho de que tirado en el campo el cuerpo hubiera sido devorado por zorros, armadillos, hormigas, gusanos y otros animales carroñeros.
La hipótesis que ya están difundiendo los medios hegemónicos y las autoridades nacionales, es que Santiago se ahogó y que no se ejerció violencia observable en su contra.
(Lo cual podría ser cierto, pero ello no quita que si se ahogó lo hizo forzado por circunstancias que violaban la ley, y que su cuerpo fue retenido por 78 días).
Cuando la verdad salga a la luz presenciaremos un escándalo nacional. Y no es difícil saber qué nueva hipótesis intentará montar el gobierno: lo tenían los mapuche (7).
Por ello, y anticipándonos, es necesario proporcionar argumentos para mostrar por qué la hipótesis largamente más probable apunta a la responsabilidad de gendarmería, y por qué es virtualmente absurdo acusar a los mapuche.
¿Por qué Gendarmería?
En primer lugar, porque hay al menos dos testigos que aseguran haber visto a los gendarmes capturando y golpeando a Santiago.
Las operaciones de prensa destinadas a desacreditar a dichos testigos (bajo el prejuicioso presupuesto de que un mapuche seguramente mentirá, mientras que un funcionario seguro dice la verdad) se iniciaron al instante, arreciaron con el supuesto arrepentimiento del Testigo “E” (tema al que trataremos luego), y podemos prever que se acrecentarán hasta lo indecible en los días venideros. Pero prejuicios y operaciones al margen: lo que corresponde judicialmente es dar credibilidad a los testigos.
Incluso en el caso de que Santiago hubiera muerto ahogado, lo hizo en circunstancias tales que hacen responsable a Gendarmería.
Santiago ingresó al río huyendo de los balazos que le disparaban en un ingreso ilegal a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Por lo demás,
existe un largo historial de desapariciones forzadas, asesinatos y asesinatos seguidos de encubrimiento que involucran a las fuerzas de seguridad (8).
Se cuentan por miles durante la dictadura, pero se cuentan por docenas durante la democracia.
La Gendarmería dispone indudablemente de aparato logístico como para trasladar y mantener a resguardo a un detenido o un cadáver.
Como ya está acreditado, Noceti (9)(el segundo de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich) en una reunión de fuerzas de seguridad instó a emplear como excusa la “flagrancia” para ingresar en la comunidad mapuche, lo cual motivó el retiro de las fuerzas policiales de Chubut y de Río Negro, que no quisieron involucrarse en una acción ilegal (10).
Aquí resulta insoslayable recordar las circunstancias en las que fuera asesinado el docente Carlos Fuentealba.
Para ello recurriremos al historiador de la Universidad Nacional del Comahue e investigador del CONICET, Fernando Lizárraga, quien argumentó sólidamente que se trató de un asesinato “autorizado” por el Gobernador Sobisch.
Siguiendo la teoría del estado de excepción elaborada por Giorgio Agamben, el autor sostiene que Sobisch, al obrar sin orden judicial, liberó la zona del alcance del derecho, dejando sólo la decisión como fundamento de la acción represiva.
Así, como ocurría en la antigua Roma, ante un tumulto se dictaba el iustitium, lo cual significaba que cualquier persona tenía permiso para matar al tumultuario y restaurar el orden y la norma.
Del algún modo, al anular la intervención del juez, Noceti ordenó reprimir y autorizó –en el sentido de algo permitido aunque no explícitamente mandado- el asesinato y desaparición del cuerpo de cualquiera de los tumulturarios que protestaban sobre la Ruta 40.
Al autorizar, Noceti se convirtió en autor de los hechos, porque precisamente la autoridad (autorictas) tiene la función no sólo de permitir sino de completar, eso es, dar validez a un acto (11).
Los discursos y declaraciones de Noceti en los días previos nos permiten suponer verosímilmente, pues, que dicho funcionario “autorizó” una acción de extrema violencia y carácter ilegal.
No hay que olvidar que, como recuerda la Revista Digital ZOOM, Noceti desarrolló su visión del mundo en las filas de la Corporación de Abogados Católicos, caracterizada por defender el terrorismo de Estado, y que influenciado por la organización ultraderechista La Cité Catholique (cuyo imaginario versaba sobre lindezas como la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, el método de la tortura y su fundamento dogmático tomista) Noceti redondeó su reivindicación teórica de la desaparición forzada de opositores con una escalofriante economía de palabras: “Un enemigo no convencional exige protocolos atípicos” (12).
Gendarmería mintió reiteradamente, lo cual se corresponde perfectamente con quien tiene algo que ocultar.
Puso en duda que Santiago hubiera estado presente (13): no hay dudas de su presencia. Negó haber ingresado a la comunidad: las fotos y videos muestran lo contrario. Afirmó que ningún gendarme llegó hasta el río (14): las pruebas demuestran que llegaron hasta la ribera y en sus inmediaciones el Gendarme Echazú presenta un fuerte golpe en su rostro.
Sostuvo que por falta de medios técnicos no se filmó el operativo (como indica la ley): pero se demostró que hay filmaciones de esa fuerza; filmaciones que fueron aparentemente adulteradas, lo cual agrava el punto.
Los móviles presuntos de Gendarmería para ocultar un cuerpo son varios y todos muy verosímiles.
La voluntad de detener un mapuche fue proclamada por el mismísimo Noceti en declaraciones radiales el día anterior (15). Además debemos tener en cuenta el contexto en el cuál se realiza este procedimiento.
Las sociedades rurales de Rio Negro, Neuquén y Chubut, junto a algunos gobernadores como Das Neves defienden los intereses de las grandes corporaciones dueñas ilegítimamente de gran parte de tierras dentro de estas provincias.
En el último tiempo su discurso iba en el sentido de plantear la “amenaza” al estado argentino por parte de las comunidades mapuce, acusadas de terroristas y subversivas (16).
Es así que llegamos al día de la represión. Teniendo esto como trasfondo podemos recorrer algunas hipótesis de lo sucedido.
Gendarmería pudo haber detenido a Santiago, y luego lo mataron, deliberada o accidentalmente, o “se les murió” (no se puede descartar que la causa de la muerte haya sido hipotermia: si Santiago ingresó al agua y luego salió, como afirman los testigos, es altamente probable que con las bajas temperaturas, si no se le proporcionó ropa seca, falleciera).
Ocultar el cuerpo era la manera de ocultar el crimen (o la muerte dolosa en caso de que se hubiera ahogado o muerto de hipotermia en un calabozo).
Por otra parte, en los primeros momentos los gendarmes pudieron haber pensado que se trataba de un mapuche: ¿hubiera tenido tanta repercusión el caso si Santiago hubiera sido mapuche?
No resultaba inverosímil pensar, finalmente, que los jefes estimaran que el impacto social del caso habría ido disminuyendo con el transcurso de los días hasta casi desaparecer: el caso de Daniel Solano, por poner tan sólo un ejemplo, desaparecido en circunstancias que incriminan claramente a la Policía de Río Negro, es prácticamente desconocido en el resto del país (17).
A esto se agrega que la represión de enero -en la que no hubo un muerto por poco: un mapuche recibió un impacto de bala que le destrozó la mandíbula- prácticamente no fue noticia (18).
Sin embargo, lo que a priori no era la hipótesis más probable sucedió, el caso cobró una repercusión que las autoridades nacionales difícilmente hubieran previsto y que en modo alguno deseaban.
¿Por qué aparecería el cuerpo poco antes de las elecciones?
La aparición del cuerpo con toda probabilidad está íntimamente relacionada con el impacto social del caso y el convencimiento de que Gendarmería era responsable.
Pudo haber sido una decisión tomada en altas esferas, con la expectativa de instalar la idea de una muerte accidental o, de ser esto imposible -como pensamos- responsabilizar a los mapuce.
De hecho la sensación más general luego de la aparición del cuerpo fue que podría tratarse de un accidente, cuando hasta ese momento, la mayor parte de la población pensaba que se trataba de una desaparición forzada y sospechaba de la responsabilidad de gendarmería.
Pudo también haber sido un acto de sectores subalternos (los que tenían el cuerpo), ante el temor de que, pasadas las elecciones, se los entregara como chivos expiatorios.
Finalmente, pudo haber sido un mensaje mafioso, alguna “interna” de las fuerzas de seguridad, siempre tan oscuras, pero de cuya existencia nadie duda.
¿Los mapuche?
Cuando quede definitivamente establecido, como prevemos que sucederá, que la data de la muerte de Santiago no corresponde a una persona con 78 días de fallecida; cuando la hipótesis de un accidente se desmorone; cuando sea claro que alguien retuvo a Santiago vivo o muerto por varios días, Gendarmería y el gobierno intentarán responsabilizar a los mapuce y a la RAM.
Por absurda que sea la cosa, no se puede ignorar la capacidad de manipulación mediática.
Por eso nos parece importante difundir argumentos contrarios. Anticiparnos a las operaciones de prensa.
Lo primero que hay que señalar es que ni en Argentina ni en Chile existe ninguna organización mapuche que haya recurrido a atentados terroristas o contra la vida de las personas. Existe una sola y controvertida excepción: la muerte, en Chile, del matrimonio Luchsinger-Mackay (19).
De hecho, acaban de ser absueltos todos los imputados (20).
No existe, pues, ninguna organización mapuche de la que con un mínimo de razonabilidad se pueda pensar que podría matar a uno de los suyos con fines políticos (ni siquiera han matado nunca a un huinca), o que pudiera trasladar y conservar un cadáver por semanas. Los mapuche han sido y siguen siendo víctimas de asesinatos, no perpetradores (21).
Resulta inverosímil que hayan podido sacar a Santiago, vivo o muerto, cuando la denuncia de su desaparición se hizo el mismo 1 de agosto, y la zona estaba virtualmente en estado de sitio, con gendarmes y policías controlando todos los accesos.
Más inverosímil es que lo hayan sacado por caminos interiores: la Pu Lof está enclavada en las tierras de Benetton, cuidadosamente custodiadas por guardias armados. En la Pu Lof, además, no había vehículos (ni hay electricidad).
Palabra aparte merece la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La Pu Lof no pertenecen a la RAM.
La RAM misma -cuya existencia real actual muchos militantes de la zona ponen en duda- no ha reivindicado más que media docena de acciones (como el incendio de un camión), y se le han atribuido un puñado más de acciones de semejante índole.
En ningún caso hubo ni muertos ni heridos. Esto es todo lo que hay de cierto respecto al supuesto “terrorismo mapuche”.
Las fantasías sobre una organización equiparable a las FARC serían risibles, si no formaran parte de una clara estrategia de demonización del pueblo mapuche.
Asumamos sin embargo que la RAM existe, que tiene la capacidad operativa para ocultar un cadáver y colocarlo donde quiera, y que sus miembros estarían dispuestos a realizar tan macabra tarea.
¿Qué sentido tendría hacerlo aparecer antes de las elecciones? Inculpar al gobierno y favorecer al kirchnerismo, podría pensarse.
Sin embargo, la aparición del cuerpo fue justamente lo que permitió hacer plausible (al menos temporalmente) la hipótesis de un accidente.
Podría haberles salido el tiro por la culata, ¿cómo no?
Pero pensar esto implica desconocer por completo los parámetros ideológicos de los sectores más radicales de la militancia mapuce (de los que formaría parte la RAM, de existir).
Para ellos nos hay mucha diferencia entre macrismo y kirchnerismo, ni se les conoce hasta el momento ninguna acción que haya tenido alguna intencionalidad electoral, ni directa ni indirecta.
Más aún, el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP) (22) -que es la organización que integra la Pu Lof en Resistencia de Cushamen- es muy crítico del kirchnerismo y de las organizaciones mapuches cercanas al mismo.
La idea de que al cadáver lo tuvieran los mapuches es absurda de toda absurdidad. Lo cual no impedirá a Clarín y Cía. esgrimirla en los días venideros.
El accionar de gendarmería fue encubierto por el Estado
No podemos obviar del análisis precedente la responsabilidad política que tiene el estado. Veremos las diferentes medidas que ha tomado y que llevan a sospechar de un encubrimiento ante el delito cometido por gendarmería.
Lo primero a recordar es el discurso de Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cámara de senadores hablando del caso.
La misma fue cómplice de sostener lo que al día de hoy podemos comprobar que son mentiras de gendarmería. De su discurso tomaremos algunos puntos.
1- Afirmó que no iba a inculpar a gendarmería (textualmente dijo que no iba a tirar un gendarme por la ventana);
2- Puso en duda la presencia de Santiago en el lugar de los hecho;
3- Puso en duda la violencia ejercida por gendarmería en el procedimiento;
4- Negó que se hayan cometido acciones ilegales por parte de gendarmería (23).
Todo falso. Gendarmería entra ilegalmente (sin orden de allanamiento) a la Pu Lof, quema las propiedades de los mapuche, oculta el material de grabación de la totalidad del procedimiento, modifica las actas del mismo o las redacta días después de los hechos (esto se sabe a partir de los audios que se filtraron en diferentes medios) (24); roba pertenencias secuestradas (los binoculares).
Si no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. No es el caso.
Lo segundo que atañe al encubrimiento del gobierno, es la campaña mediática que lanzó, a través de sus voceros oficiales (medios de comunicación además de senadores y diputados).
No sólo negaban la responsabilidad de gendarmería, sino que a partir de datos falsos intentaron desviar el tema y acallarlo.
Recordemos algunos puntos:
1- Siempre se puso en cuestionamiento la presencia de Santiago en el lugar de los hechos, para ellos se utilizaron estrategias tragicómicas: había sido visto en diferentes partes del país, consiguiendo personas que afirmaban haberlo visto o haberlo llevado a algún lugar.
La evidencia demuestra la falsedad de estas hipótesis.
2- La prohibición de hablar del tema en las escuelas, poniendo la línea telefónica del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires a disposición para recibir denuncias de docentes que hablaran de la desaparición de Santiago, además de la correspondiente campaña mediática en este sentido.
La existencia de esta línea fue promocionada por el mismo Clarín. Esto viola el derecho constitucional y la obligación docente legal de abordar los temas de violación de derechos humanos, que es contenido de los programas de educación en todo el país.
Una vez más, el gobierno prefiere callar a la fuerza antes de investigar qué pasó.
La última opereta mediática, cuyo ariete ha sido el ¿periodista? de Clarín Claudio Andrade, en torno a un supuesto “aviso” del lugar en el que se hallaba el cuerpo por parte de un mapuce “arrepentido” -el supuesto testigo “E”- que habría modificado su declaración (25).
El Juez Lleral ya ha desmentido pública y contundentemente que hubiera habido un “aviso” previo, tanto como negado la existencia en los expedientes judiciales de ningún testigo “E” (26).
La situación real del testigo “E”, ha sido aclarada en un comunicado de prensa por el abogado de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Carlos González Quintana.
El llamado testigo “E” sólo declaró ante el CIDH (el cual no es ninguna instancia judicial).
No declaró ante ningún juez argentino (por lo que mal hubiera podido modificar su declaración).
El hecho de que su declaración haya sido “filtrada” y puesta en conocimiento de un supuesto periodista constituye un hecho de gran gravedad, dado el carácter encubierto y protegido de los testimonios brindados ante la CIDH, por el hecho de estar implicado, como acusado, el Estado argentino.
Como explica Quintana, los testimonios incorporados en el marco de la denuncia contra el Estado Argentino ante la CIDH se “toman preservando la identidad de los deponentes, sin especificación de día, hora y lugar del acto.
Tampoco se consigna la identidad del que recepta el testimonio”.
El contenido de los informes es de estricto carácter confidencial y sólo reservado a la parte denunciada, o sea el Estado Argentino, a través de su Ministerio de Seguridad.
Como concluye el abogado Quintana, “es grave que un medio como Clarín acceda de manera 'filtrada' a una información que no es pública”. Quintana ha denunciado penalmente a Claudio Andrade, de Clarín, por amenazas recibidas de su parte.
La denuncia ha quedado radicada en la Fiscalía del Distrito I, 3er Turno, de los Tribunales Penales de Córdoba, a cargo del Dr. Gustavo Dalma (27).
El papel del poder judicial ha dejado que desear. Otranto fue recusado con sobradas razones. La tarea de Lleral parece mejor, pero es obvio que es objeto de presiones, directas o indirectas.
Sus declaraciones a la salida del peritaje parecen hablar en este sentido: evitar comprometer al gobierno.
Sigue siendo un misterio por qué no se llamó a declara a Noceti ni se peritó su celular.
No hay explicación convincente para que no se halla peritado la activación por 22 segundos del celular de Santiago, como solicitara el experto de la Universidad Tecnológica Nacional Ariel Garbarz: nada menos que el perito que ayudó a esclarecer el asesinato de Mariano Ferreyra.
Este peritaje permitirá saber qué otros celulares estaban en las cercanías, y a quiénes pertenecen. Hasta ahora se han allanado comunidades mapuches en tres provincias, pero casi ningún edificio de Gendarmería (28).
Este es el panorama. Los peritos de la familia y de las querellas, junto al con plena justicia reputado Equipo Argentino de Antropología Forense, nos hacen ser optimistas respecto a la corrección y la veracidad de las pericias.
Pero el descubrimiento de la verdad sobre Santiago y (de tratarse de un asesinato) el juicio y castigo a los culpables, dependerá tanto de los peritos como de la movilización popular que garantice que la investigación no sea cajoneada, y contrarreste las escandalosas operaciones de prensa que tendrán lugar, si Gendarmería es efectivamente responsable (como cualquier hipótesis razonable invita a pensar).
La justicia y los peritos tienen ahora la palabra. Pero nosotros tenemos, como sociedad, la responsabilidad de que se llegue hasta las últimas consecuencias. No podemos dejar que este caso quede sin respuestas lo más certeras posibles.
Por nosotros, por nuestros hermanos mapuce y por nuestro compañero desaparecido y asesinado; por nuestro futuro.
Hay que seguir informándonos, no permitamos que el caso vaya decayendo, debemos seguir en las calles pidiendo justicia.
No nos van a amedrentar, no nos tienen que callar, no tenemos miedo.
Que se escuche al viento nuestra voz: “Vamos a luchar y vencer en tu nombre, ¡Santiago!”
Notas:
[1] A quienes estén busquen información veraz les recomendamos visitar la página http://www.santiagomaldonado.com/
[11] Ver, Lizárraga, Fernando, “Sobisch, la neuquinidad y la construcción del enemigo absoluto”, en Favaro, Orietta y Iuorno, Graciela. (comps.) El ‘arcón’ de la Historia Reciente en la Norpatagonia argentina: Articulaciones de poder, actores y espacios de conflicto, 1983-2003 (Buenos Aires: Editorial Biblos), 2010, pp. 48-50. Disponible en:
[15] Ya citadas.-
[21] Para información sobre asesinatos y torturas de mapuches en Chile, puede consultarse la página de la “Comisión Ética contra la Tortura”.http://www.contralatortura.cl/
es autor, entre otros libros, de Docentes y piqueteros y El marxismo en la encrucijada.
es profesora de historia y activista social en la Patagonia.
http://www.sinpermiso.info/textos/santiago-maldonado-entre-la-montana-de-mentiras-y-la-larga-marcha-hacia-la-verdad-en-la-argentina
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