El portavoz del grupo del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Ciurana, ha pedido a la alcaldesa Ada Colau que exija al Gobierno de Rajoy explicaciones sobre la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, líder de la célula que atentó en Barcelona.
Ciurana anunció ayer en rueda de prensa que el PDeCAT presentará formalmente una proposición en este sentido en el pleno del próximo viernes en la que piden reiterar el agradecimiento de la ciudad al exconseller de Interior Joquin Forn y al mayor de los Mossos d'Esquadra cesado José Luis Trapero.
Ambos, según el portavoz del PDeCAT, fueron cesados por el Gobierno del PP y hoy se encuentran "en situación indigna", el primero en prisión y el segundo, relegado a tareas administrativas.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exige explicaciones al Gobierno de la conexión entre el CNI y el imán de Ripoll: "Urge una explicación exhaustiva, transparente y pública del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, como confidente policial”.
El PDeCAT ve "con perplejidad como hay un reconocimiento de que el impulsor e ideólogo de los atentados fue confidente de los servicios de información españoles" y ha argumentado que el Ayuntamiento "no sólo tiene legitimidad moral" para exigir explicaciones, sino "obligación en defensa del interés público".
Pedir concretamente que se informe a la ciudadanía sobre qué relaciones había tenido y tenía esta persona con los servicios de información españoles, durante qué periodo de tiempo, a qué mandos o responsables reportaba y también "saber desde qué momento el Gobierno español fue conocedor de la existencia de este vínculo y porque ha sido ocultado hasta ahora".
El PDeCAT ve "con perplejidad como hay un reconocimiento de que el impulsor e ideólogo de los atentados fue confidente de los servicios de información españoles" y ha argumentado que el Ayuntamiento "no sólo tiene legitimidad moral" para exigir explicaciones, sino "obligación en defensa del interés público".
Para Ciurana, "ante el dolor y la consternación" de los atentados creen que "hay que llegar hasta las últimas consecuencias.
Se lo debemos a la memoria de las víctimas, a la ciudadanía. Y desde la transparencia más absoluta", ha añadido.
La proposición que defenderá el mismo Jaume Ciurana en el pleno acuerda exigir, de forma inmediata, a los responsables del Gobierno, especialmente la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría, las explicaciones pertinentes para que dé a conocer todas y cada una de las circunstancias que rodean la relación admitida por fuentes oficiales entre Abdelbaki Es Satty y el CNI.
También propone "exigir las responsabilidades políticas pertinentes ante el escándalo y la incapacidad manifiesta del Gobierno para evitar los atentados del día 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils".
Un portavoz de los servicios secretos apuntó que ellos no fueron los únicos que tantearon al terrorista, “también lo hicieron el resto de fuerzas de seguridad del Estado”, en relación a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
En cualquier caso, los responsables de los servicios de inteligencia insistieron que no tienen nada que esconder en relación con sus contactos con Abdelbaki es Satty, que se realizaron en el marco de la lucha antiterrorista, y si algún estamento judicial les pide que detallen esa relación, lo harán.
O acudirán a la comisión de Secretos Oficiales del Congreso, si se lo piden.
Así, sumando a lo sabido lo ya destapado sobre las cloacas del Estado, los manejos de Fernández Díaz y su guerra sucia contra Catalunya y el soberanismo-pujolismo, con tipos como el corrupto comisario Villarejo por medio, el caso apesta hasta extremos espeluznantes.
Han pasado tres meses de aquellos atentados, pero ya en las primeras semanas, incluso en las primeras horas, aparecieron voces oficiales que cuestionaban cómo era posible que un grupo de adolescentes de Ripoll hubieran preparado unos atentados sin que los servicios de información de los Mossos los hubieran detectado.
Durante esos días, complicados, la policía de la Generalitat se defendió públicamente de las acusaciones más graves.
Negaron que el imán hubiera sido confidente de los Mossos, como también se insinuó, insistieron que desconocían sus antecedentes por tráfico de drogas o que hubiera estado investigado en una causa por terrorismo.
También negaron que la CIA, de manera oficial, les hubiera advertido meses antes de lo que iba a pasar el 17 de agosto en la Rambla.
Nació en el Rif, intentó introducir en España 121 kilos de hachís, su nombre apareció en la agenda de teléfonos de uno de los detenidos por los atentados del 11-M, se le pinchó el teléfono en la operación Chacal por terrorismo, y cuando se ofreció como imán en Bélgica, en el 2015, un policía sospechó y preguntó a un mosso si sabía algo del religioso.
El mosso respondió la verdad, que no les constaba nada.
El resto, en estos tres meses, oficialmente no han reconocido nunca que lo conocían. Hasta ahora el CNI, informan La Vanguardia y Kaos en la Red.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se suma a las voces que piden al Estado más transparencia en torno a la conexión que tuvieron el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll, el considerado cerebro de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, admitida por la propia inteligencia española.
En rueda de prensa hoy en Barcelona para presentar el informe sobre Prevención de la radicalización y el terrorismo en Catalunya, Ribó ha reclamado que se informe a la ciudadanía del paso por prisión de Abdelbaki Es Satty, el rechazo de una orden de expulsión contra el imán, y de por qué no se trasladó toda esta información a los Mossos d’Esquadra.
"Urge una explicación exhaustiva, transparente y pública del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, como confidente policial”.
Para el Síndic, estas explicaciones urgen ser hechas de forma “transparente, exhaustiva y pública”.
Precisamente el director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha pedido comparecer recientemente ante el Congreso para explicar los contactos con Es Satty.
No han acabado ahí las críticas de Ribó en materia de terrorismo. El Síndic ha criticado la política informativa y de coordinación de las fuerzas del Estado respecto a los Mossos.
Ha lanzado duras críticas contra el Gobierno porque la Junta de Seguridad de Catalunya no se haya reunido entre 2009 y 2017 pese a tener estos últimos años un nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que ha considerado de “una gravedad extrema”, y también ha censurado severamente que el Gobierno vete sistemáticamente la entrada de los Mossos en la Europol.
Ribó no descarta la posibilidad de que el Estado tenga responsabilidades jurídicas.
El Síndic cree que todo ello demuestra que el Gobierno no respeta la competencias de la policía catalana en materia de terrorismo, y ha denunciado en este sentido el agravio comparativo entre Mossos y Ertzaintza, a la que sí se permite participar en instancias internacional por los acuerdos políticos del Gobierno con el PNV. Para Ribo, resulta “inadmisible” que la seguridad sea una “moneda de cambio” en un acuerdo partidista, ha denunciado.
"Es inadmisible que la seguridad sea una moneda de cambio y que un acuerdo partidista entre PPP y PNV para aprobar los presupuestos incluya la participación de la Ertzaintza cuando se la niegan a otras policías del Estado”.
Volviendo al ataque terrorista en Catalunya del pasado agosto, Ribó ha insistido en que es necesaria una reflexión de los poderes públicos respecto a cómo se encaró este caso.
Por ello, mantiene que tanto el Parlament de Catalunya como el Congreso deben celebrar un pleno monográfico que aborde el asunto.
El informe del Síndic también profundiza en materia de prevención de los procesos de radicalización.
Considera que las administración deberían fomentar un discurso de integración y que previniera las conductas racistas y de odio, y recuerda ser especialmente sensible durante la adolescencia, periodo en el que los inmigrantes están en un proceso de búsqueda de su identidad.
Para Ribó, hay que intensificar los recursos en educación para prevenir este tipo de conductas.
Rajoy insiste en ocultar datos de la operación del 1-O por seguridad de Estado
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ve lógico no aportar los datos de la Operación Copérnico –que implicó las cargas policiales del 1-O– que le ha solicitado el Congreso y se ha vuelto a amparar en un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 para hacerlo porque “si la información que se pide es reservada, lo normal es que no se facilite” al poder “poner en riesgo la unidad y la defensa del Estado”.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ve lógico no aportar los datos de la Operación Copérnico –que implicó las cargas policiales del 1-O– que le ha solicitado el Congreso y se ha vuelto a amparar en un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 para hacerlo porque “si la información que se pide es reservada, lo normal es que no se facilite” al poder “poner en riesgo la unidad y la defensa del Estado”.
Rajoy ha argumentado además que lo han hecho otros gobiernos antes que el suyo por las mismas razones.
Así ha respondido Rajoy a una pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que se ha quejado de que el Congreso tenga desde hace un año en el ‘congelador’ una reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
De hecho, Esteban ha reprochado a Rajoy que el PP haya pedido ya 28 prórrogas del plazo de presentación de enmiendas para esta reforma.
El presidente del Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a “hablar” de una posible reforma de la legislación en materia de secretos oficiales, pero ha reclamado “sensatez y sentido común” pues se trata de asuntos que afectan a la seguridad de las personas.
Aitor Esteban ha denunciado que el Gobierno ha basado su negativa en un acuerdo de 1986, en tiempos de Felipe González y en un contexto de “gran actividad” terrorista. A su juicio, ese acuerdo está “trufado de referencias militares” y se basa en la ley franquista de 1968, y hoy resulta “absolutamente abusivo”.
El portavoz nacionalista ha pedido a Rajoy que derogue ese acuerdo de 1986 y que permita que la reforma de la ley de secretos de 1968, impulsada por el PNV y tomada en consideración por el Pleno del Congreso hace un año, pueda continuar su tramitación sin más prórrogas.
El presidente ha justificado la utilización de esa legislación y ha recordado que no es la primera vez que un Gobierno recurre a ella porque la difusión de determinados planes y acciones puede poner en riesgo la seguridad de las personas. ”La ley le atribuye al gobierno esa competencia, algo que me parece razonable.
Es una normativa que está ahí y que han aplicado todos los gobiernos”, ha reseñado. Rajoy acepta “hablar” de modificar esa legislación, pero ha advertido al PNV de que debe hacerse “con sensatez y sentido común porque es un tema importante que afecta a la seguridad de las personas”.
Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll que fue el líder de la célula que perpretó los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado agosto, era un conocido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La organización ha confirmado que lo tanteó para convertirlo en confidente durante su estancia en la cárcel de Castellón, donde ingresó preso por narcotráfico.
Sin sonrojarse siquiera, el millonario policía José Manuel Villarejo corrigió la declaración de su antiguo jefe, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y reconoció en sede judicial que había pedido al exnúmero dos de la Policía 50.000 euros de los fondos reservados por una información relacionada con la familia Pujol Ferrusola y que guardaban detectives de la agencia Método 3.
El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil será el encargado de rastrear el origen del 'pendrive' entregado por la Policía Nacional el pasado febrero en plena instrucción del caso Pujol en la Audiencia Nacional después de que uno de los funcionarios responsables de la investigación lo encontrara en su despacho tras ordenar "cajones y armarios".
El juez de Madrid Juan Javier Pérez ha dado un nuevo empujón a la causa por la que se investiga al ex director adjunto operativo (dao) de la Policía, Eugenio Pino, es decir, quien fué número 2 de la Policía política del ministro del Opus Dei y del PP Fernández Díaz, por haber facilitado información a la UDEF sobre el hijo mayor del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola -ahora encarcelado-, de origen desconocido y cuyo uso ha podido anular toda la investigación a la familia Pujol seguida en la Audiencia Nacional.
El imán de Ripoll, presunto cerebro de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils y muerto en la explosión accidental de la vivienda de Alcanar (Tarragona), fue investigado en el año 2005 por su vinculación al grupo terrorista Al Qaida.
El ex-secretario general del Sindicato Unificado de Policía (de la Policía Nacional) hizo un tuit que insinúa conexiones entre el imán y el CNI o la policía. "El imán huele a confidente policial o del CNI que apesta", comentando una noticia que explicaba que el imán no fue expulsado de España a pesar de tener una orden de expulsión.
Jaume Matas (PP) deposita en un documento de 96 folios sus esperanzas de que el Tribunal Supremo anule la sentencia del llamado caso Nóos, en la que se le condenó a una pena de tres años y ocho meses de prisión, por los delitos de malversación, prevaricación y fraude.
El cuñado del monarca, Iñaki Urdangarín, ha impugnado el recurso interpuesto por la Fiscalía al Tribunal Supremo que solicitó incrementar la pena de seis años y tres meses hasta diez años. En su escrito, pide la absolución y en su defensa alega que “no se puede demandar al olmo por no dar peras”.
Terrorismo o pelea de bar. El caso de la pelea con dos guardias civiles en Alsasua sigue coleando un año después, un tema tan polémico como vergonzoso y muestra del franquismo racista y represor contra los vascos de la monarquía y sus lacayos que, desde la madrugada misma de los hechos, el 15 de octubre de 2016, abrió un amplio debate jurídico-político sobre su tratamiento y la posterior consideración de las penas.
Algo así no se había visto en Alemania: el electorado votó, pero no se logra formar Gobierno. Ahora hay varias posibilidades y muchas dependen del presidente federal Frank-Walter Steinmeier. El presidente federal tiene normalmente solo funciones representativas.
La Subdelegación del Gobierno del PP en Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena, gobernado por el PSOE, han autorizado este martes un acto de homenaje franquista en el cementerio del municipio cordobés, a pocos metros de los trabajos de exhumación de una fosa común donde fueron enterradas 123 víctimas de la represión fascista (la mayoría vecinos del pueblo), según datos de los historiadores.
Marine Le Pen, líder del fascista Front National de Francia, ha afirmado que ella y su partido son víctimas de una "fatwa bancaria" después de que HSBC cerrara una cuenta bancaria que tenía desde hace 25 años.
El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals Calleja pidió dos años de prisión y una multa diaria de 10 euros durante 16 meses contra el abogado Arkaitz Terrón Vives por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales.
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