El Congreso insta a Hacienda a inspeccionar a los 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal
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- noviembre 29º, 2016
Bien pasadas las once de la noche, el Congreso votó en Pleno instar al Gobierno a incluir a los beneficiados por la amnistía –alrededor de 31.000 contribuyentes– en un plan especial de inspección tributaria.
La idea original de Ciudadanos, y que había pactado con el Partido Popular dentro del acuerdo de investidura, era la de reclamar a los amnistiados el diferencial entre el tipo del 10% que contemplaba la ley, y lo que finalmente pagaron (menos del 3%) por una laxa interpretación de la normativa.
El 30 de noviembre transcurren cuatro años desde que acabó el plazo para acogerse a la amnistía fiscal, y Ciudadanos entendía que esto suponía el inicio de la prescripción de la medida. Habida cuenta de que ya no queda margen de maniobra, el grupo, liderado en este caso por el portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre, ha optado por pedir que se inicien acciones inspectoras extraordinarias a estos contribuyentes que, entienden, son más proclives a defraudar ya que antes de la amnistía tenían dinero opaco.
Si el Gobierno obedece al mandato parlamentario, que ha salido adelante con los votos de la mayoría de los partidos, y la abstención del PP, ya no se trataría de recuperar lo no cobrado por los bienes aflorados en la amnistía fiscal, sino de inspeccionar las declaraciones de los contribuyentes en estos años no prescritos, esto es, de 2012 a 2015.
Ciudadanos pide que esto se incorpore al plan antifraude de la Agencia Tributaria.
Un pacto en cuestión
La formación de Albert Rivera había pedido al Gobierno que cumpliera su promesa de “realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”.
Esta propuesta estaba recogida en el punto 6 del acuerdo con “150 compromisos para mejorar España” suscrito entre PP y Ciudadanos en agosto para apoyar la investidura de Mariano Rajoy, y con ella se recaudarían 2.800 millones, según la formación naranja.
Hacienda despachó el asunto enviando cartas a todos los amnistiados para avisarles de que las investigaciones tributarias sobre este proceso no prescriben.
Algunos asesores fiscales creen que, con su aviso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se refiere a la existencia de bienes o derechos en el extranjero que no hubieran sido aflorados en la amnistía y que, de ser detectados ahora, darían lugar a una ganancia patrimonial en 2016 y, por tanto, no estarían sometidos a prescripción.
El periodo para acogerse la amnistía, bautizada con el eufemismo de Declaración Tributaria Especial (DTE), abarcaba hasta el 30 de noviembre de 2012, por lo que el plazo de prescripción de cuatro años que estipula el artículo 66 de la Ley General Tributaria para lo regularizado entonces se cumpliría precisamente este miércoles.
No obstante, algunos expertos creen que ya no hay nada que hacer. Hace unas semanas, el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Colegio de Economistas de España advirtió de que ya no es posible “regularizar la situación tributaria de un contribuyente por los ejercicios que pudo sanear a través de la DTE, ya que estos son 2008, 2009 y 2010 y están, en general, prescritos, dado que dicha declaración no interrumpió la prescripción de los mismos”.
El Congreso aprueba que se puedan conocer los secretos del 23F y la Transición
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- noviembre 29º, 2016
El Congreso aprueba que se puedan conocer los secretos del 23F y la Transición, e incluso de la Guerra Civil.
La Cámara Baja ha dado este martes el visto bueno a la toma en consideración de una proposición de reforma de la ley de secretos oficiales presentada por el PNV.
La proposición ha sido aprobada este martes por 169 votos a favor, tres en contra y 162 abstenciones.
"Con la actual ley el Gobierno de turno puede hacer lo que quiera respecto a la desclasificación de documentos", ha destacado el ponente del PNV, Mikel Legarda:
"Se trata de incrementar la salud democrática, de impedir las llaves del eterno secreto".
La iniciativa ha sido respaldada por el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Juan Manuel del Olmo:
"La memoria de nuestro pueblo merece justicia. No podremos ser un país democrático hasta que la reparación de las víctimas de la dictadura no consigan un abrumador consenso en esta Cámara".
El socialista Artemi Rallo ha calificado la actual ley de "preconstitucional y antigua", durante su muestra de apoyo a la proposición del PNV: "Ampara mantener el secreto de miles de secretos que alcanzan hasta la guerra civil".
El PP, por parte de Francisco Vázquez, ha defendido: "Ni el PP se resigna ni plantea resistencia numantina, este es un debate necesario, la ley tiene aspectos susceptibles de mejora, pero estamos ante una materia compleja.
Valoramos que pueda forjarse un nuevo consenso sobre la regulación de los secretos oficiales, pero no podemos admitir que se haga de una forma parcial; apostamos por una reforma integral".
Ley preconstitucional
La vigente ley, modificada en octubre de 1978, dos meses antes de aprobarse la Constitución, prevé que "la cancelación" de la calificación de secreto "será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración", sin fijar límites temporales.
¿Y quién tiene competencias para decidir qué es o no secreto? "La calificación a que se refiere el artículo anterior corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor".
El texto del PNV pretende establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 25 años –10 años para materias reservadas–, "salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años", lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición y de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.
Además, el texto de reforma que propone el PNV contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación.
Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos de la propusieron.
La opacidad no sólo depende de lo calificado como "secreto oficial". La Ley de Patrimonio Histórico establece:
"Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos".
Incógnitas
¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisión un día después del 23F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en marcha?
¿Felipe González estaba al tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de un general? ¿Algún servicio secreto extranjero conocía los planes de ETA para atentar contra la mano derecha de Franco, Luis Carrero Blanco?
Éstos, y otros muchos secretos, podrán empezar a conocerse.
En marzo de 2014, la periodista y escritora Pilar Urbano publicó La gran desmemoria (Planeta), en el que afirmaba:
"El rey Juan Carlos creía que podía hacer lo que quería, los mimaba, los comprendía, pero con eso se alentaba un estado de runrún de golpe. Felipe González iba de vicepresidente de Armada, también estaban cinco de los siete ponentes constitucionales, incluido [Jordi] Solé Tura [entonces en el PCE]".
El 23F, según Urbano: "Sale de Zarzuela y sigue en Zarzuela desde julio del 80 hasta la segunda semana de febrero de 1981. Yo dejo al rey fuera del golpe del 23-F [...].
El rey también decía en la primera edición [de la biografía autorizada escrita por José Luis de Vilallonga], la francesa, que él habló con Armada varias veces esa noche. En fin, hay un momento en el que Sabino me dice que, en el supuesto de que, tomado el Congreso, Armada hubiera conseguido proponer su Gobierno de concentración, y hubiese sido necesaria la presencia de una autoridad superior al nuevo presidente del Gobierno y que ratificara moralmente su elección, en ese caso... el Elefante Blanco sólo podía ser el rey".
"Y es cierto que el Rey dio su venia al cambio de la dictadura a la democracia", reconoce Urbano:
"Él tenía todos los poderes heredados de Franco, y no había Constitución que le constriñese: podía haber dicho que no. Ahora bien, en importantes momentos más que motorizar metió el freno [...].
Sobre esto del medallero no siempre meritado, me rechina escuchar y leer el tópico de que 'el rey nos salvó del golpe'.
El rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha, no queriendo que fuera un golpe, queriendo una solución fraguada en el Parlamento; pero Suárez le advertía: "¡Esto es un golpe!".
El Congreso aprueba la derogación de la Ley Mordaza del PP
A la moción presentada por el PSOE para derogar la Ley Mordaza, tan sólo se ha opuesto el Partido Popular, mientras que Ciudadanos se ha abstenido.
La propuesta ha sido aprobada con 167 votos a favor, 133 'noes' y 32 abstenciones.
Los partidos nacionalistas, Unidos Podemos y la mayor parte de los que conforman el Grupo Mixto han mantenido la postura que ya manifestaron cuando se aprobó la conocida "Ley Mordaza" y han apostado por una nueva normativa.
De esta forma, la nueva mayoría que conforman PSOE, Podemos, PNV y los independentistas han vuelto a tumbar a la alianza formada por PP y Ciudadanos.
De esta forma, la nueva mayoría que conforman PSOE, Podemos, PNV y los independentistas han vuelto a tumbar a la alianza formada por PP y Ciudadanos.
La semana pasada le tocó a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), en ambas el PP votó en contra.
La aprobación de la moción no tiene efectos sobre la Ley, pero abre un camino, todavía no acordado por la oposición, para su reforma.
La aprobación de la moción no tiene efectos sobre la Ley, pero abre un camino, todavía no acordado por la oposición, para su reforma.
Revirtiendo las peores políticas del PP:
Aprobada la derogación de la #LeyMordaza
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