Vincent KesslerReuters
Nueva filtración de WikiLeaks permite acceder a las entrañas del pacto TISA
Publicado: 15 sep 2016
Una nueva filtración de WikiLeaks a la que el diario español Público ha accedido en exclusiva revela que el 'TTIP de los servicios' permitirá imponer sanciones económicas a los países que no cumplan sus exigencias.
Una nueva filtración de WikiLeaks a la que el diario español Público ha accedido en exclusiva revela que el acuerdo internacional sobre comercio de servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) –conocido como el 'TTIP de los servicios'– permitirá imponer sanciones económicas a los países que no cumplan sus exigencias.
Según el diario, los documentos filtrados demuestran que el TiSA daría un enorme poder sobre los Estados firmantes a los paneles de arbitraje, de manera que incluso podrían "decidir de facto si los gobernantes deben cambiar sus leyes".
En concreto, estos paneles podrían dictaminar resoluciones vinculantes sobre las disputas entre los Estados firmantes relacionadas con uno de los aspectos de la "interpretación y la aplicación" del pacto, y obligar a un país a compensar a otro económicamente.
Según detalla Jane Kelsey, experta en este tipo de acuerdos comerciales, "estos paneles pueden decidir de facto que los gobernantes deben cambiar sus leyes, políticas o decisiones en relación con un enorme rango de servicios e imponer penalizaciones económicas hasta que lo hagan".
Las propuestas para el mecanismo de resolución de disputas se recogen en el documento titulado 'Institutional and Dispute Settlement Provisions (non papers)', redactado por la Comisión Europea y fechado el 4 de julio de 2016. Este documento de 30 páginas contiene 37 artículos que pretenden servir "como base para la discusión" de este mecanismo, que no podrá ser "bloqueado" por los Estados firmantes.
¿Qué es el Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA)?
El acuerdo internacional sobre el comercio de servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) está siendo elaborado entre medio centenar de países. Según reveló Wikileaks en 2015, este tratado secreto "impondrá a todos los firmantes cláusulas que benefician a las grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la soberanía y de los intereses públicos de cada país".
El TiSA pretende regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones y transporte, entre otros.
Además, exige que haya "transparencia", lo que, en realidad, se traduce en la obligación de los países de presentar proyectos de ley internos antes de que sean aprobados para determinar su viabilidad. EE.UU. y la UE son los principales impulsores de este pacto que afecta a 50 países y a un 68,2% del comercio mundial de servicios.
Las 10 amenazas del tratado secreto de servicios TISA que fraguan 50 paísesReuters / Gary Hershorn
Las 10 amenazas del tratado secreto de servicios TISA que fraguan 50 países
El acuerdo internacional sobre el comercio de servicios (TISA, por sus siglas en inglés), que se está 'cocinando' entre medio centenar de países, ha quedado en evidencia gracias a WikiLeaks como un arma de las multinacionales para retomar el control financiero a nivel global, como hasta 2007, antes de la crisis mundial que sigue afectando a la economía.
Estas son las 10 principales amenazas que el TISA plantea para el sistema actual.
El investigador Ben Beachy, que trabaja para el observatorio ciudadano sobre la globalización del comercio internacional 'Public Citizen Global Trade Watch', con sede en Washington, ha elaborado un completo informe,publicado por WikiLeaks, en el que pasa revista a las diez mayores amenazas que representa el TISA:
1. Restringir las medidas equitativas para minimizar riesgos financieros
Las reglas de "total acceso al mercado" que impone el TISA se contraponen a todas las regulaciones financieras de sentido común que se aplican de manera simétrica a empresas nacionales y extranjeras.
Una de esas reglas deja a los gobiernos vulnerables ante demandas de las corporaciones ante tribunales de arbitraje extrajudiciales, simplemente por intentar limitar los arriesgadísimos derivados que, precisamente, generaron la anterior crisis global.
2. Permitir el tráfico de datos sensibles de los consumidores
Aunque los gobiernos se preocupan cada vez más por la sustracción y el mal uso de datos personales, como en el caso de los escándalos del espionaje político e industrial de comunicaciones por parte de la NSA estadounidense, el TISA permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos personales de los consumidores más allá de sus países, dándoles la opción de almacenarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones tributarias o situarlos en países donde no se respeta la confidencialidad ni la protección de datos.
Estas cláusulas del TISA estarían también violando y contraviniendo las actuales leyes de protección de datos de la Unión Europea y de muchos otros países firmantes del tratado, como recuerda el diario Público.es.
3. Forzar a los gobiernos a anticipar todas sus futuras regulaciones
El TISA incluso prohíbe las reglamentaciones equitativas si "inadvertidamente modifican las condiciones de competencia" en detrimento de los intereses de las grandes multinacionales, y obliga a los gobiernos a cumplir la casi imposible tarea de predecir todas las posibles regulaciones financieras.
4. Prohibir indefinidamente cualquier nueva regulación financiera
Los gobiernos firmantes se comprometen a no aplicar nuevas medidas de política financiera que, de alguna forma, limiten la desregulación absoluta establecida por el TISA.
Todas las excepciones contempladas en el acuerdo afectan exclusivamente a las normas que ya están en vigor, de forma que se crea un efecto llamado de 'trinquete' ('ratchet', en inglés) por el que ya no se puede dar marcha atrás a la liberalización de productos financieros.
5. Prohibir los controles de capital dirigidos a paliar la crisis
Tras el colapso de 2008 surgió un consenso internacional entre los economistas acerca de la necesidad de mitigar la crisis con controles de capital, que no son otra cosa que regulaciones para limitar los flujos masivos de dinero especulativo de alto flujo hacia o desde un país, a fin de impedir la especulación a gran escala.
Hasta el FMI, que en los años 90 instaba a todos los gobiernos a eliminar los controles de capital, reconoció en 2012 que la Recesión Global había demostrado que son necesarios para evitar las crisis financieras mundiales.
6. Exigir la implementación de productos financieros aun no existentes
Los estados suscritos al TISA sólo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros, como los CDS o CDO, cuya falta de regulación hasta 2008 hizo estallar la crisis en EE.UU., si demuestran previamente su peligrosidad, algo prácticamente imposible.
Todos esos inventos financieros, desarrollados para maximizar y acelerar los beneficios especulativos, solo demuestran ser dañinos cuando ya han estado operando sin control y han generado graves pérdidas públicas y privadas.
7. Aceptar las reglas financieras vigentes en otros países
El TISA pretende que las multinacionales financieras queden exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen (por ejemplo, EE.UU.), un proceso conocido como 'recognition' o reconocimiento.
8. Permitir a las corporaciones el bloqueo de nuevas regulaciones
El Anexo de Servicios Financieros del TISA contiene una cláusula que prevé que los gobiernos publiquen de antemano los borradores de las normativas o reglamentos, obligándolos a aceptar un debate legal previo a su entrada en vigor, dando pie a las multinacionales a desplegar su arsenal de lobbies y burós de abogados para evitar su aplicación.
9. Prohibir las preferencias bancarias nacionales para los contribuyentes
Los gobiernos firmantes no podrán establecer preferencias para instituciones bancarias o compañías de sus propios países, ni siquiera con la intención de garantizar los fondos de pensiones o de estabilidad de sus contribuyentes, para asegurar su disponibilidad y rentabilidad.
10. Dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones
El lenguaje adoptado por el TISA en cuanto a las "medidas prudenciales" adoptadas por los gobiernos para proteger la estabilidad financiera de sus mercados reproduce casi palabra por palabra el empleado en el acuerdo GATS, a pesar de que los juristas llevan años denunciando que deja a las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus regulaciones.
En resumidas cuentas, estas cláusulas harían que los Estados queden desarmados e impotentes frente al poder ilimitado de las compañías financieras internacionales.
RT
El TTIP tal vez esté muerto, pero nos espera algo peor
Por George Monbiot
Los gobiernos y los lobistas de las grandes corporaciones buscan nuevas formas de blindar la privatización y esquivar el proceso democrático.
¿Estamos ante su muerte? ¿Será cierto? Si lo es, se trata de una gran victoria para una campaña que parecía no tener ninguna posibilidad y que se enfrentaba a un impenetrable muro construido por la élite política, económica y burocrática.
Todo parece indicar que el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership o TTIP) ha muerto.
El ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, ha indicado que las negociaciones con Estados Unidos han fracasado. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha anunciado su “interrupción”. Los ministros belgas y austriacos se han manifestado en el mismo sentido. La ciudadanía ha ganado. Al menos, de momento.
El ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, ha indicado que las negociaciones con Estados Unidos han fracasado. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha anunciado su “interrupción”. Los ministros belgas y austriacos se han manifestado en el mismo sentido. La ciudadanía ha ganado. Al menos, de momento.
Sin embargo, los lobistas que reclamaban un tratado que blindara los derechos de las grandes corporaciones no se rendirán tan fácilmente.
En realidad,
este acuerdo ha sido expulsado del escenario por otro que
tendrá el mismo impacto y que se esconde detrás del telón.
De hecho, se trata de una versión mejorada y solo le falta la aprobación final. Si se aprueba antes de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, nos atará de pies y manos durante 20 años.
El Acuerdo integral de Economía y Comercio (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá.
Probablemente se pregunten cómo nos podría perjudicar Canadá.
En la práctica, permite que cualquier empresa que tenga operaciones en ese país, aunque no tenga su sede allí, pueda demandar a un gobierno ante un tribunal internacional especialmente creado para este fin. Este acuerdo quiere terminar con todas las leyes que nos protegen de los abusos de las multinacionales y evitar que los parlamentos de ambos lados del Atlántico puedan aprobar legislación que nos ampare.
Afirmar que los gobiernos no tienen el mandato de la ciudadanía para cerrar este tipo de acuerdos sería quedarse corto: los ciudadanos les pidieron que hicieran todo lo contrario.
Cuando a regañadientes la Unión Europea hizo una consulta en torno a la propuesta del TTIP relativa a otorgar nuevos derechos a las empresas, recibió 150.000 respuestas; el 97% estaba en contra. Lo que ocurre es que cuando compramos mantequilla podemos elegir, pero cuando se tienen que tomar grandes decisiones no nos tienen en cuenta.
No está claro que los parlamentos nacionales puedan vetar este acuerdo.
El Comisario Europeo de Comercio ha indicado que no será necesario: el texto puede presentarse ante el Parlamento Europeo sin necesidad de pasar por los parlamentos nacionales. E incluso si los parlamentos nacionales pudieran debatir la necesidad de este acuerdo, solo podrían aprobarlo o rechazarlo.
El contenido ya está cerrado.
La Comisión Europea no ha publicado el texto del acuerdo hasta que las autoridades europeas y canadienses no han dado la negociación por cerrada y el contenido del acuerdo se ha filtrado.
Tiene 1.600 páginas y carece de una lista de contenidos o de un texto explicativo.
Desde un punto de vista de transparencia, paridad y de inteligibilidad, se asemeja a los tratados sobre posesión de tierra que los líderes tribales africanos tuvieron que firmar en el siglo XIX. Es difícil entender cómo los parlamentarios podrían tomar una decisión fundamentada.
Si quieren comprar un coche de segunda mano, tal vez el vendedor del concesionario intente engatusarlos para llevarlos a su terreno, pero las leyes de la UE de protección del consumidor lo obligan a explicar los riesgos de la operación.
Si quieren conocer las ventajas y los inconvenientes de “comprar” este nuevo acuerdo, no quedan amparados por leyes similares. La página web de la Unión Europea afirma que se trata de un vehículo maravilloso pero no advierte de los riesgos que conlleva conducirlo.
Aquí tienen la respuesta a la pregunta de si las negociaciones del CETA se hicieron en secreto: “en absoluto, durante los cinco años de negociaciones, la comisión organizó varios encuentros con representantes de la sociedad civil”.
Proporciona un enlace que a su vez informa de los cuatro encuentros que se organizaron, todos en Bruselas y todos controlados por asociaciones comerciales que, en cualquier caso, probablemente están a favor de este tratado. ¿Cómo se anunciaron estos actos? ¿Qué esfuerzos hicieron para intentar generar un debate en otros países? ¿por qué no se organizaron más debates para que la sociedad pudiera dar su opinión, ya no digamos dar su aprobación? Si esto es transparencia, no quiero ni imaginarme qué consideran secretismo.
Tras intentar durante horas comprender el acuerdo, acepté que era imposible entender las implicaciones que puede tener. Tuve que fiarme de las opiniones de los expertos que trabajan para grupos como Attac, en Alemania, y el Centro Canadiense para Políticas Alternativas.
Al igual que el TTIP, el CETA quiere blindar la privatización e imposibilitar cualquier intento de renacionalización (por ejemplo, de la red de ferrocarriles del Reino Unido) o de volver a asumir unos servicios que están mal gestionados (como hizo Joseph Chamberlain en la ciudad de Birmingham en el siglo XIX, lo que permitió levantar los fundamentos de las prestaciones sociales que tenemos en la actualidad).
Al igual que el TTIP, tiene una definición muy amplia de los términos “inversión” y “expropiación” para que las empresas puedan demandar a los gobiernos si creen que una nueva ley amenaza sus beneficios futuros.
Como el TTIP, limita las formas que tiene el gobierno para proteger a la ciudadanía.
Por ejemplo, prohíbe la normativa que evitaría que los bancos crecieran en exceso.
El acuerdo también parece ser una amenaza para nuestras leyes de ordenación y otras protecciones del más elemental sentido común.
El acuerdo cubre todo lo que no está expresamente exento. En otras palabras, si los gobiernos no prevén un posible riesgo, luego estarán atados de pies y manos. A título de ejemplo, la Unión Europea parece haber renunciado a la posibilidad de que la banca comercial y la de inversión sean dos entidades que funcionen por separado.
La CETA se autodefine como un tratado comercial pero lo cierto es que muchas de sus cláusulas no tienen nada que ver con el comercio. Más bien quieren someter la democracia al imperio del poder empresarial. Millones de personas en Europa y en Canadá quieren dejar atrás la era neoliberal. Este tipo de tratados no harán más que impedirlo y permitirán que los políticos que no hemos querido en el gobierno ahora nos gobiernen eternamente.
Si los parlamentos rechazan este acuerdo, redactarán otro, como por ejemplo, el Acuerdo sobre servicios comerciales que la UE está negociando simultáneamente con Estados Unidos y otros 21 países. El gobierno de Theresa May ha mostrado su entusiasmo: “el Reino Unido mantiene su compromiso con este acuerdo”. Se nota que están intentando recuperar el control sobre el país tras el Brexit.
Los lobistas que trabajan para las empresas y sus gobiernos rehenes han intentado imponer este tipo de tratados durante más de 20 años, empezando con el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (como el TTIP, las protestas ciudadanas masivas consiguieron pararlo en 1998).
Trabajando en secreto, sin haber alcanzado previamente un consenso democrático, siguieron insistiendo, con la esperanza de derribar los muros de resistencia.
Cuando nos dicen que el precio que tenemos que pagar por la libertad es tener que permanecer constantemente atentos se refieren precisamente a situaciones como esta. Será una vigilancia perpetua; una lucha que tendremos que librar el resto de nuestras vidas. Tenemos que ganar cada vez que lo intenten porque, de lo contrario, con una sola victoria ellos habrán conseguido lo que se proponen. Nunca bajen la guardia. Nunca les dejen ganar.
Traducción de Emma Reverter
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