El TTIP pierde su valioso halo de discreción
Ramón Plaza Yelo.
De vez en cuando, es recomendable recordar las aportaciones de Naomi Klein en su obra La doctrina de shock, en la que especificaba un método de manipulación política que se resume en la disposición o el uso oportunista de numerosas situaciones de emergencia social para aturdir el criterio de la población y facilitar su adhesión al discurso y el sistema imperante.
En este marco de prácticas de orientación de las actitudes colectivas, confluyen acontecimientos históricos como el establecimiento de dictaduras, la sucesión de guerras o la propia crisis económica que estamos viviendo.
Con la misma lógica, la del bombardeo, se cierne sobre los pueblos la amenaza de los Tratados de Libre Comercio (TLCs), que llegan con múltiples formas a implementar un modelo al servicio de los intereses de las grandes corporaciones.
Es el caso de acuerdos impulsados por Estados Unidos como el TTIP, el CETA y el TISA, que son negociados por la Comisión Europea (CE) a espaldas de la ciudadanía y en los que está involucrado el destino de la Unión Europea.
Pero esta vez, es posible que esta técnica de parálisis general no haya sido tan efectiva.
Gracias a la labor de miles de activistas y al esfuerzo de 500 colectivos organizados en contra de este avance neoliberal, un foco de luz se ha posado sobre el TTIP y las argucias de los grandes lobbies de presión, así como la complicidad de muchos gobernantes y representantes que deberían defender el interés popular.
El pasado miércoles, 7 de octubre, se organizó una acción europea y descentralizada, con sede en Bruselas, contra el acuerdo transatlántico en la que se presentaron más de 3.200.000 de firmas determinadas a frenar la imposición del TTIP, el CETA y el TISA, “suficientes para unir Gibraltar y Tallín con una cadena humana”.
Así, con todo tipo de representaciones creativas de la protesta y una conciencia en expasión, se inauguró la Semana Internacional de Acción contra los TLCs, que ha cristalizado en numerosas movilizaciones por todo el territorio europeo, desde grandes capitales a pueblos con miles de habitantes (en Berlín, 250.000 ciudadanas salieron a la calle a protestar).
Sin embargo, la entrega de firmas fue simbólica ya que la CE rechazó la posibilidad de estudiar esta iniciativa ciudadana, pese a que el monto de rúbricas recogidas ha superado la cuota requerida en 23 países y ha triplicado el número estipulado para el trámite de la demanda.
La alianza de organizaciones opuestas a la implantación de los TLCs es variopinta: organismos sindicales, sociedades de consumidores, luchas campesinas, colectivos de pequeños comerciantes, grupos ecologistas y animalistas, partidos políticos y toda clase de asociaciones civiles en defensa de los servicios públicos y los derechos socioeconómicos. Sus causas están en peligro, y por ellas se movilizan.
El TTIP, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre EEUU y UE, y sus hermanos persiguen el único objetivo de evaporar las normativas reguladoras que supongan una merma en los beneficios potenciales de las compañías multinacionales o en sus posibilidades futuribles o presentes de negocio.
La fatalidad, y no es casual, reside en que las normativas que se pretenden debilitar o erradicar son aquellas dedicadas a la protección social, laboral, medioambiental, alimentaria y sanitaria de la población.
El propósito de armonizar los marcos legislativos de ambas potencias a la baja, según el referente más laxo en estándares de regulación, y de imponer a los sectores comerciales la competencia directa y sin ambages con las grandes empresas conllevaría la degradación del tejido económico, la calidad de vida y los principios democráticos que existen y que intentamos construir en suelo europeo.
Suponemos que, precisamente por ello, la CE ha intentado llevar con absoluta discreción el desarrollo de las negociaciones del tratado, hasta los eurodiputados tienen un acceso restringido a una pequeña parte de los textos y convenios finalizados en las reuniones.
Asimismo, mientras que los encuentros formales entre las partes comenzaron en junio de 2013, no fue hasta enero de 2015 que se inició la desclasificación de un mínimo de documentos relativos a los contenidos que se están pactando para la elaboración del TTIP.
Pero cada vez son más los sectores sociales que se unen a la protesta y desenmascaran el órdago lanzado por las principales corporaciones empresariales de ambos lados del Atlántico. Cabe destacar que la agrupación austriaca de Pequeñas y Medianas Empresas, que ostenta una larga y fructífera trayectoria, hizo el mes pasado una llamada de resistencia frente al TTIP, conscientes de que no podrán aguantar el embate de la desigual competencia con las multinacionales.
También tienen en cuenta, como no podía ser de otra manera, su importancia en la reproducción del tejido productivo y la creación de puestos de trabajo. De la misma forma, puede llegar a ser sorprendente que el Colegio de Médicos, una institución de tradición conservadora, haya expresado su inquietud ante estos tratados respecto al mantenimiento del carácter público de la sanidad y otros servicios.
En España, 59 municipios se han declarado ‘localidades libres del TTIP’, entre las que, recientemente, podemos contar la ciudad de Barcelona. Además, dos comunidades autónomas, Andalucía y Asturias, han expresado su rechazo más o menos absoluto al contenido regresivo de estos acuerdos comerciales mediante mociones insitucionales.
En Reino Unido, son 20 las iniciativas municipales aprobadas, y en otro países como Francia, Alemania o Austria se cuentan por cientos de ellas.
Es posible que por esta razón, nos lleguen noticias de que las negociaciones del tratado se encuentran en una relativa situación de impasse, con algunos flecos problemáticos, debido a los recelos expresados por algunos gobernantes europeos en torno a la desarticulación de los controles fitosanitarios (con el consecuente aumento de la inseguridad alimentaria), la desaparación del valor añadido otorgado por las denominaciones de origen o la escabrosa instauración del mecanismo ISDS.
Este último apartado recoge la maquiavélica creación de un tribunal de arbitraje al que los grandes inversores pueden acudir a defender sus intereses por encima del control democrático y jurídico de los estados soberanos y de la propia UE.
Así es como las grandes corporaciones pretenden garantizar la obtención de pingües beneficios a través de las demandas que presentarían contra los gobiernos que, consideren, hayan legislado en contra de sus proyecciones de ganancias, aunque dicha medida, con toda su legitimidad, persiga mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Pero incluso en este caso, se dieron un tiro en el pie. La CE elaboró una consulta de carácter estadístico (con un alcance de 150.000 personas) sobre la claúsula ISDS del TTIP y la respuesta debió dejarlos planchados: el 97% por ciento de los encuestados manifestaron su oposición al mecanismo.
Como podemos ver, la conciencia sobre el peligro que esconden los TLCs está creciendo a un ritmo inesperado para los grandes poderes transatlánticos, las calles se llenan de activistas y los gobiernos titubean ante el tumulto popular.
Pero no debemos cejar en nuestro empeño, a pesar de su poca visibilidad, el CETA (acuerdo con las autoridades canadienses) y el TISA (que involucra la liberalización y venta de los servicios públicos) son tan peligrosos como el TTIP. Toda persona que se sienta comprometida con la sociedad y la biodiversidad en su conjunto está invitada a dar un paso adelante y participar en la lucha contra los Tratados de Libre Comercio.
Origen: Insurgente
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