Rajoy anuncia un antes y un después
en la Administración
para reformar la Administración
Día 19/06/2013 - 14.59h
Día 19/06/2013 - 14.59h
La reforma de las Administraciones Públicas, la madre de todas las reformas de esta legislatura, ya ha echado a andar.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado este miércoles, con toda la solemnidad posible, el informe que el Consejo de Ministros encargó a una Comisión el pasado mes de octubre, y que se compone de dos mil folios.«Marca un antes y un después en la buena dirección», aseguró Rajoy.
Estas son las claves de las 217 propuestas:
1.— La caída brutal de los ingresos públicos obliga a reformar la Administración, para hacer más con menos, sin renunciar a la calidad.
En 2012, España fue el país de la zona euro con menos ingresos por PIB, sólo superada por Irlanda y Eslovaquia. En la zona euro fue del 46,2 por ciento, y en España, del 36,4 por ciento.
2.— El Gobierno encargó en octubre un informe a la Comisión que se creó para reformar las Administraciones. Tenía de plazo hasta el 30 de junio. El informe, de 2.000 páginas, ya está terminado. Tiene 217 propuestas y recomendaciones concretas, muchas de ellas para eliminar duplicidades.
3.— Es un punto de partido para modernizar las administraciones y para que sean más austeras, más útiles y más eficaces, con menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas.
4.— El Gobierno empezará a aprobar este mismo viernes las propuestas que le incumben.
Se empezará por la reforma del procedimiento administrativo, la ley de subvenciones públicas, la facturación electrónica y el problema de la morosidad en las administraciones públicas.
5.— Las comunidades recibirán recomendaciones, que luego podrán aceptar o no.
En algunos casos se podría precisar reformas de estatutos.
El Gobierno ha pedido generosidad y altura de miras.
6.— Entre las medidas concretas, se cambiará la formar de hacer presupuestos en los ministerios, para asignar mejor los recursos.
Por ejemplo, para presupuestar el gasto de luz y teléfono, no se partirá del gasto del año anterior, sino que se analizarán las necesidades concretas y la posibilidad de ahorro, y se partirá así de un presupuesto de base cero.
Se espera así un ahorro sustantivo del gasto público.
7.— Habrá una gestión común de la tesorería de la administración general del estado. Ahora mismo hay 4.800 cuentas bancarias abiertas.
8.— Se evitará hacer contratos por separado. Hacerlos juntos da un resultado mejor y más barato.
9.— Se acabará con las duplicidades. Hay 120 propuestas en ese línea.
El principio es una administración, una competencia.
Hay casos como las agencias de meteorología y las agencias de energía que podrían suprimirse. El Estado prestaría el mismo servicio a todos, igual o mejor.
10.— Otras medidas: Habrá más rigor a la hora de abrir nuevas empresas públicas.
Una ventanilla única para el comercio exterior, se implantará totalmente la administración electrónica, habrá un historial clínico digital para todos los pacientes, que pueda consultarse en toda España. Otro objetivo es acabar con la morosidad a los proveedores.
No con mis datos
Con la reforma, los registradores podrán controlar todo tipo de información íntima
El presidente del Gobierno es registrador de la propiedad y titular del Registro de Santa Pola.
El ministro de Justicia es suegro de una registradora de la propiedad y cuñado de un registrador de la propiedad, el director general de los Registros y del Notariado es registrador mercantil, el subdirector general de Notariado y Registros es registrador de la propiedad.
Estos son los responsables políticos y administrativos que han tomado la iniciativa de encargar la redacción de un anteproyecto de ley cuyo objeto es la “reforma integral de los Registros”.
Una conspiración florentina en toda regla.
De este documento ya se ha hecho eco la prensa, pues el nuevo proceso legislativo comienza en los medios de comunicación, antes que en el sosegado estudio y debate interno entre las diversas unidades técnicas especializadas de los ministerios, que por lo que se sabe, han tenido conocimiento del mismo “por la prensa”, antes que en una comunicación leal entre departamentos.
De él nos hemos ocupado con anterioridad.
Ahora, una vez se ha filtrado el primer borrador y tras las primeras reacciones se conciertan reuniones y se comienzan los debates, que han fructificado en un segundo borrado, más cínico que el primero.
Este borrador de ley se presenta como un intento de modernización del tratamiento de la información que afecta a los ciudadanos.
Un salto tecnológico, se dirá, ¡de una magnitud… sideral!
Este es el calificativo con el que los promotores del proyecto enfatizan su bondad.
Además, se encargaran de decir que la modernidad del proyecto será atacada por los funcionarios apegados a sus procedimientos ancestrales, cuya conducta no hace más que detener la locomotora de las nuevas tecnologías a fin de conservar sus privilegios.
También subrayarán el arrojo del ministro, que volverá a decir que no esperaba aplausos de quienes ven reducidos sus privilegios por su acción. ¡Qué fortuna!
La miopía del ciudadano está suplida por la clarividencia de su líder, a quien ha de respetarse y no contradecir, pues lo hace por el bien de sus incapaces gobernados.
La realidad del proyecto es otra.
No implica evolución, sino todo lo contrario: involución.
Permite la descarada patrimonialización de la Administración por los registradores de la propiedad. Y eso no es modernidad.
Francisco de Vitoria en 1552 escribía que la venta de oficios introducía una seria perturbación en la dispensación de la justicia distributiva propia del oficio real, privando a las personas virtuosas y hábiles de lo que por merced les correspondía (Tomás y Valiente, F., Opiniones de algunos juristas clásicos españoles sobre la venta de oficios públicos, en Filosofía y Derecho. Estudi).
La venta de cargos y oficios públicos es un fenómeno que, como subrayaDomínguez Ortiz, se dio en todos los países europeos en la época en que se consolida el Estado moderno, por razones económicas y políticas.
Se trata de un fenómeno que revela un concepto de dominación que está lejos del Estado racional weberiano.
Así pues, la venta de oficios, ya fue protagonista de la historia, como mecanismo aglutinador de poder y de creación de oligarquías.
A ese modelo responde el borrador, que fija negro sobre blanco la máxima aspiración de un cuerpo de funcionarios de estatuto especial de la Administración: ser independientes, y hacerse con el control de una importantísima parcela de poder real sobre los ciudadanos.
Mientras las mayorías políticas en el Congreso y los Gobiernos pasen, los registradores permanecerán y lo harán controlando la información más sensible de los ciudadanos, sin ser controlados por nadie, pues los interinos y advenedizos del poder nada tienen que hacer frente a su posición ininmutable.
Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, parejas de hecho, testamentos, domicilio a efecto de notificaciones, seguros de vida y de fallecimiento (y la información relativa a quien sea beneficiario del mismo), si somos socios de una asociación, o de una sociedad mercantil y quienes nos acompañan en la aventura, o si somos fundadores de una fundación o patronos de la misma, y con quien compartimos la tarea...
En fin, todos los datos de nuestra vida, los más íntimos, los vinculados no solo al ejercicio de nuestros derechos fundamentales, sino también de nuestros derechos constitucionales, en las manos de un cuerpo de funcionarios que, además, se cuida de evitar cualquier control directo por el Poder Legislativo, pero también del Ejecutivo: el borrador desmantela la Dirección General de la que, hasta ahora, dependen.
Un cuerpo de funcionarios que lo es, como ahora, cuando le interesa vestir este traje, pero que se desprende de él cuando esta condición no le interesa, por ejemplo, en la gestión de los aranceles que cobran por prestar su función.
El borrador de proyecto pretende que los registradores presten su potente sistema informático para realizar una gestión eficiente de los datos del Registro Civil y del resto de la información.
Este sistema informático no es público.
Aunque se ha creado por las aportaciones de los registradores, aportaciones que son el resultado de lo obtenido por la aplicación del arancel.
En consecuencia, la gestión de los datos más íntimos de los ciudadanos españoles ––y sus interrelaciones– se realizará por empresas, y por sus empleados, todos eventuales tras la nueva regulación de las relaciones laborales, no sujetos al estatuto y disciplina funcionarial.
¿Consentiríamos que los archivos de la policía y Guardia Civil fueran elaborados, tratados y gestionados por particulares?
¿Consentiríamos que nuestros datos fiscales y las bases de datos públicas no fueran tratados por inspectores y subinspectores y funcionarios públicos sino que se incorporasen a bases de datos de propiedad privada y fueran gestionadas por personal contratado y eventual?
¿Consentiríamos que los datos relativos a la Seguridad Social fuesen incorporados a bases de datos de titularidad privada y gestionados por personal contratado eventual?
Sin duda alguna, la respuesta es no.
Nuestro derecho fundamental a la privacidad está por encima de un anhelo gremial.
No se olvide: los derechos fundamentales lo son frente a los poderes del Estado.
No nos dejemos embaucar por cantos de sirena o reclamos de modernidad…corporativista.
No se ha avanzado en la defensa de la privacidad hasta alcanzar las altas cotas que ofrece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal para que el sueño de una noche de verano de un registrador de la propiedad y mercantil la destrocen.
Desde luego este sueño no puede ser realidad y si lo fuera desde ahora ha de avanzarse el grito: ¡no con mis datos!
Pilar Blanco-Morales Limones es catedrática de Derecho Internacional Privado.
http://elpais.com/elpais/2013/03/20/opinion/1363775489_429186.html
La reforma de las Administraciones Públicas, en 10 tuits de @marianorajoy
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy el esperado informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas, aunque tan solo ha sido un esbozo sin apenas medidas concretas.
El jefe del Ejecutivo expuso que el informe realizado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas realiza 217 propuestas, de las que 120 son propuestas para eliminar duplicidades de organismos como las Agencias de Metereología de las CCAA, de Energía o de la Competencia.
Mientras realizaba la presentación oficial en el Palacio de la Moncloa, desde su cuenta de Twitter, su equipo de comunicación ha resumido las medidas en 10 tuits, además de unos breves comentarios replicando las palabras de Rajoy.
En TWITTER es TREDING TOPIC #ReformaAAPP
Durante la presentación del Informe de la #ReformaAAPP en La Moncloa
¿Eficiente es vender 15.000 inmuebles del Estado en las circunstancias económicas actuales? No, es regalar bienes públicos. #ReformaAAPP
4 motivos por los que hacer públicas las propuestas para la reforma de las Administraciones Públicas
El buzón abierto por el Gobierno para recibir propuestas sobre la mejora de las administraciones públicas (CORA) no permite en estos momentos conocer las iniciativas que están proponiendo los ciudadanos, ni hay expresada intención de hacerlo posteriormente. Este buzón debería ser un verdadero buzón abierto y de acceso libre a su contenido.
Estos son los motivos:
Motivo 1: para poder usar las propuestas, con cualquier propósito.
Motivo 2: para estudiarlas, modificarlas adaptándolas a las necesidades de cualquier administración.
Motivo 3: para distribuirlas, darlas a conocer, con lo cual poder ayudar a más administraciones.
Motivo 4: para mejorar dichas propuestas, y hacer públicas esas mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie.Porque una administración debería ser libre para copiar las ideas y servicios de otras administraciones, porque una administración debería ser libre para realizar copias mejoradas, debería ser libre para desarrollar servicios inspirados en los nuestros, o en nuestras ideas, introduciendo cambios para adaptarlas a su realidad, estudiando nuestra metodología, modificándola, mejorándola. Una administración debería ser libre para redistribuir esos servicios mejorados.
Una administración debería estar obligada a compartir. Todos, como ciudadanos, saldríamos beneficiados.
P:D.: Como muchos ya habréis adivinado estas son las cuatro libertades del software libre. Copiadas y modificadas.
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