Aumenta la criminalización contra defensores y defensoras
La persecución y criminalización contra las defensoras y defensores en el país va en aumento.
El 05 de septiembre, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), llegaron hasta las oficinas de Organización Fraternal Negra De Honduras (OFRANEH), ubicadas en la comunidad de Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida, llevando una citatoria judicial en contra de Miriam Miranda coordinadora de la organización.
Miranda denuncia que en el último mes el hostigamiento de las autoridades ha incrementado.
Además, señaló que la noche del martes 05 de septiembre, llegó otro vehículo del Ministerio Público portando una supuesta orden de captura contra Nahúm Lalin, miembro de OFRANEH.
“Hay un centenar de garífunas criminalizados por defender los territorios que ancestralmente nos pertenecen”, expresó la lideresa.
También las radios comunitarias de la OFRANEH están bajo amenaza. La radio Waruguma (Estrella), en Trujillo, Colón, tiene amenaza de cierre por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
En Colón, la radio garífuna Lumalali Giriga (La voz de Santa Fe), dejó de transmitir por amenazas a su personal.
Siempre en Colón, el miércoles 06 de septiembre apresaron a 12 campesinos y campesinas de la comunidad Guadalupe Carney, acusándolas del delito de hurto de semilla de palma africana.
“En el Aguán hay más de cien campesinos que enfrentan procesos de criminalización”, afirma el abogado Allan Alvarenga de la Fundación San Alonso Rodríguez.
El abogado agrega que los campesinos apresados se encuentran en un proceso de recuperación de tierras y que las acusaciones vienen de los grandes terratenientes que en complicidad con las autoridades hondureñas mantienen acaparadas las mejores tierras de la zona.
Estos datos son una pequeña radiografía de lo que ha pasado con algunos defensores y defensoras en esta primera semana del mes de la “Independencia Soberana”. Además, que esta realidad contada en tres párrafos solo muestra lo que está pasando en uno de los 18 departamentos de Honduras.
Durante la primera semana de septiembre los habitantes de la Azacualpa, La Unión, Copán, al occidente de Honduras, han sido criminalizados por oponerse a la explotación del cerro del cementerio, comenzaron a vivir la peor pesadilla de sus vidas.
La población ha tenido que observar como la empresa minera Minerales de Occidente, saca a sus seres queridos del cementerio para extraer oro.
A pesar de las denuncias interpuestas por la población y del valor sentimental que le dan al campo santo, las autoridades del gobierno se han pronunciado a favor de la empresa de origen canadiense según el Comité Ambientalista.
“Es grave lo que pasa en Honduras”, dice Dunia Pérez del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, en el marco del encuentro de defensores y defensoras que se desarrolló en Tela, Atlántida.
Pérez asegura que las comunidades se encuentran en un momento histórico para unir fuerzas contra la dictadura impuesta por el presidente Juan Orlando Hernández.
La Fundación San Alonzo Rodríguez, El Centro de Derechos de Mujeres y el Equipo de Reflexión de Investigación y Comunicación, Eric, en el marco de la campaña “Defender Sin Miedo”, realizaron un encuentro en Tela, Atlántida, para compartir estrategias y experiencias de luchas entre los defensores y defensoras hondureñas.
La presencia del actual modelo de extracción mantiene a cientos de mujeres y hombres defendiendo los bienes naturales y territorios, una lucha que en muchas ocasiones acaba con su vida, como ocurrió con Berta Cáceres, líder indígena de las comunidades Lencas.
“Esta campaña nace como una necesidad para visibilizar las luchas que hombres y mujeres hacen en defensa de los bienes naturales y los territorios”, agrega Pérez.
“Esta campaña nace como una necesidad para visibilizar las luchas que hombres y mujeres hacen en defensa de los bienes naturales y los territorios”, agrega Pérez.
“Ni los muertos se salvan del extractivismo”
“En qué clase de país vivimos” expresa el líder Tolupán José María Pineda, asegurando que el gobierno de Juan Orlando Hernández ni los muertos respeta, pues en los últimos cuatro años ha otorgado concesiones en los cementerios o campos santos de las comunidades.
Por más de 200 años, los habitantes de Azacualpa en La Unión, Copán han tenido la costumbre de enterrar a sus muertos en el cementerio de la comunidad, ubicado en la parte alta de la montaña, donde jamás pensaron que llegaría la maquinaria de la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), para despojar a sus muertos.
Minosa, filial de la canadiense Aura Minerals, explota una mina a cielo abierto, una práctica catalogada como la más agresiva para la madre tierra según organizaciones ambientalistas. La empresa minera extrae oro, plata y bronce, y ha desaparecido tres comunidades y ahora está desapareciendo hasta los muertos del cementerio de Azacualpa.
El pasado 31 de agosto la empresa mandó una circular a la comunidad donde detalla la cantidad de médicos forenses y antropólogos que realizarán la exhumación de más de 250 osamenta. Actualmente la empresa está realizando trabajos de limpieza y la zona ha sido resguardada por la policía militar.
La población de Azacualpa teme que luego de la exhumación de cadáveres comience la persecución de quienes se oponen a la explotación de la comunidad.
En el sur, la comunidad Playa Blanca en la Península de Zacate Grande, Amapala, Valle, denuncia al diputado Liberal José Alfredo Saveedra, de querer apropiarse de una pequeña isla, que desde hace más de cien años es utilizada como cementerio municipal.
Los vecinos y vecinas de Playa Blanca se dieron cuenta de las intenciones del diputado, cuando trabajadores de éste votaron las cruces de los muertos al océano, argumentando que la isla es propiedad del congresista.
El presidente del patronato de la comunidad, Santos Isabel Cabrera, asegura que ni el alcalde, ni el diputado han dado explicaciones a la población sobre la situación del cementerio. Además, que la comunidad está fuertemente amenazada por los empresarios Fredy Naser y Henry Arévalo, quienes quieren apropiarse de otras islas que tiene la comunidad de Playa Blanca.
Betty Vásquez del Movimiento Ambientalista Santa Barbarense, dice que los cementerios son parte esencial en la vida de los pueblos, y que, a falta de un Estado de derecho, ni las personas que ya fallecieron tienen derecho a descansar en paz.
Betty señala que, en Chinda, Santa Bárbara, donde la población es indígena Lenca, el cementerio está en riesgo de inundarse producto de la instalación de la segunda represa hidroeléctrica más grande del país.
“El gobierno le otorgó a la familia Larach la instalación de una mega represa sobre el río Ulúa”, finaliza Vásquez
Cientos de policías reprimieron con bombas lacrimógenas a miles de hondureños de la oposición que marcharon este viernes 15 de septiembre de 2017 para conmemorar el 196 aniversario de la independencia centroamericana de España, mientras el gobierno llevaba a cabo su propia celebración con un desfile cívico.
Los opositores convocados por la "Convergencia contra el Continuismo" del presidente Juan Orlando Hernández iniciaron la marcha acompañados de bandas de guerra, por el bulevar Morazán hacia el parque central.
Intempestivamente llegaron unos 400 policías antimotines y lanzaron una lluvia de bombas de gases lacrimógenos en medio de las más de 5.000 personas, según estimaciones de la prensa.
Los manifestantes huyeron despavoridos en medio de una densa capa de humo, pero algunos cayeron al suelo intoxicados.
"Lo que estamos haciendo es protegiendo la propiedad privada" porque los manifestantes "quiebran vidrios, rótulos, manchas paredes", justificó un agente policial a periodistas.
Los manifestantes, que llevaban una manta blanco y negro desplegada a lo ancho de la calle con la leyenda: "NO al continuismo. La reelección es un fraude", se reagruparon y continuaron su marcha.
"Policías infiltrados"
Los policías "metieron infiltrados en la manifestación con gente con piedras para después justificar y gasearlos", denunció el derrocado expresidente Manuel Zelaya.
La Convergencia contra el Continuismo está integrada por organizaciones populares y la Alianza de Oposición contra la Dictadura, impulsada por el expresidente Zelaya.
La movilización estuvo encabezada por el candidato presidencial de la Alianza para las elecciones del 26 de noviembre, Salvador Nasralla, un periodista deportivo y de farándula. Lo acompañó su esposa embarazada, Iroshka Elvir.
Hernández buscará la reelección por el Partido Nacional (PN, derecha). Aunque la Constitución prohíbe al presidente lanzar una nueva candidatura, el gobernante logró que la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la prohibición.
Por su lado, el gobierno promovió un desfile de un kilómetro con estudiantes con bandas de guerra de 73 colegios y militares al Estadio Nacional, donde se reunieron más de 20.000 personas, incluidos Hernández y sus ministros.
"El pueblo no puede tropezarse dos veces con la misma piedra", subrayó el presidente --en una ceremonia previa--, en alusión al golpe de Estado de junio del 2009 que derrocó a Zelaya.
AFP
OFRANEH *
Como era de esperar, en un país donde impera la democracia zombi, el Congreso Nacional con su abrumadora mayoría “nacionalista”, aprobó la Ley de Fomento al Turismo (LFT), elaborada por la Consultora Mckinsey.
Sin mayores cambios el anteproyecto presentado en el hemiciclo por el actual mandatario Juan Orlando Hernández, será publicado el día de hoy en la Gaceta Nacional.
El actual gobierno demuestra una vez más su tendencia a subastar el país, como ya intentaron con las fracasadas ciudades modelo, las que tratan de resucitar a través del Programa Honduras 2020.
La LFT incluye además de los incentivos fiscales, y la subasta de los territorios indígenas, la entrega entre otros de las áreas protegidas, parques nacionales, refugios de vida silvestre, parques arqueológicos, en las cuales empresarios del rubro podrán efectuar “inversiones puntuales”.
Según lo manifestado por los diputados, las leyes nacionales contemplan la Expropiación Forzosa, lo cual indica que las obras de “utilidad y necesidad pública” puedan dar lugar a expropiaciones, tal como lo señala el artículo 2 de la Ley Expropiación Forzosa (1913).
La comunidad Garífuna de Río Negro, Trujillo, fue demolida entre el 2009 al 2010, amenazando a la población de utilizar la vetusta ley, para que el Rey del Porno canadiense, construyera un centro de recepción de un muelle de Cruceros, bautizado como el Banana Coast.
Con la aprobación del LFT pretenden solidificar la nueva estrategia de la actual administración Honduras 2020, la que aparentemente cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y promueve entre otras la supuesta creación de más de medio millón de puestos de trabajo, en un país con una tasa de desempleo según del FOSDEH del 49 % y una decrépita inversión extranjera directa que ha decaído estrepitosamente después del golpe de estado.
Organismo financieros y la disolución de la propiedad comunitaria
Desde el año 2004, cuando fue emitida la Ley de propiedad auspiciada por el Banco Mundial, las lumbreras encargadas de elaborar la ley, convenientemente redactaron el artículo100 del Capitulo III, con el cual se da inicio al proceso de diluir la propiedad comunitaria, la que ha permitido resguardar los exiguos territorios de las comunidades Garífunas.
El Banco Mundial (BM) de la misma manera que el BID han promovido la disolución de la propiedad comunitaria en todo el orbe, a través de los programas de administración de tierras, que han tenido un severo impacto sobre todo en Africa, situación que ha dado lugar a millones de indígenas desplazados como resultados de las políticas del BM.
Con el advenimiento de la dictadura en el 2009, las agresiones contra los territorios de las comunidades Garífunas se intensificaron, hasta el punto que entre el 20090 al 2010, la comunidad de Río Negro fue demolida.
Los habitantes de Río Negro -uno de los primeros asentamientos garifuna en Honduras- fueron amenazados de expropiación forzosa, y ante el enrarecido ambiente que prevaleció en Honduras como resultado del golpe, además de la ausencia de un estado de ley en el país, muchos de los presionados procedieron a vender sus casas a precio de gallo muerto.
El efecto dominó de la demolición de Río Negro, se expandió por toda la Bahía de Trujillo, a pesar que se habían presentado las denuncias pertinentes al Ministerio Público, los proyectos inmobiliarios propiedad de extranjeros se apoderaron de buena parte de la bahía, hasta el punto que hoy se le conoce como “Little Canada”.
Existen casos probados de desmembramientos de las comunidades a través de patronatos falsos o impuestos por las municipalidades, tal como el caso de Laguna Negra en Triunfo de la Cruz y las usurpación es ilegales de tierras en la bahía de Trujillo.
Estado y Crimen Organizado
La costa norte de Honduras es parte esencial del Honduras 2020, especialmente las comunidades Garífunas, que desde hace más de dos décadas, son objetivo de especulación inmobiliaria por parte de empresarios nacionales y extranjeros, además del crimen organizado el que viene controlando vastos sectores del país y maneja hasta la fecha municipalidades y juzgados.
La Consultora Mckinsey parece ser que en sus análisis ha descartado el trasfondo del fracaso del turismo en Honduras, rubro que crece en un porcentaje mucho menor al de los países vecinos, los que a pesar de presentar características similares en cuanto a pobreza y violencia, han tenido un crecimiento sostenido del rubro.
La clave radica en que la putrefacción estatal no llega al nivel de Honduras. donde parte de la élite política del país es reclamada por la Fiscalía de Nueva York como cómplices en el narcotráfico.
El informe de la Carnegie Endowment for International Peace intitulado “Cuando la corrupción es el sistema operativo: el caso de Honduras”, saca a flote una de las razones primordiales del escaso crecimiento económico del país.
Las medidas recomendadas por la cuestionada Consultora Mckiney, afectarán enormemente a los pueblos indígenas que habitamos en Honduras, los que nos veremos expuestos a una intensificación de lo despojos, persecución y encarcelamiento de líderes opositores a los planes de “desarrollo”.
La bahía de Trujillo y los despojos cometidos en contra de la población Garífuna han sido apadrinados por un serie de personajes macabros asociados a los partidos políticos en el país.
Sí bien han sido mencionados en las audiencias efectuadas en los juzgados de Nueva York, el Ministerio Público en Honduras aparentemente descarta emprender acción alguna en contra de los caciques que han dominado la bahía de Trujillo.
Áreas protegidas en subasta
El artículo 3 de la LFT es muy preciso en indicar que las 91 áreas protegidas que existen en Honduras, pueden ser objeto de intervenciones promovidas por la industria turística.
Por supuesto que los proyectos serán disfrazados como turismo sostenible.
Buena parte de las áreas protegidas existentes se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas, a los que no se nos ha reconocido la tenencia de dichos territorios justificándose el estado la inacción en nombre de la conservación.
De las 47 comunidades Garífunas que existen en honduras 28 de ellas encuentran dentro de las zonas núcleos o de amortiguamiento de las áreas protegidas.
Tenemos presente como se han dado desplazamientos silentes de comunidades ante la implementación de planes de manejo inconsultos.
Basta recordar el caso de las comunidades Garífunas de Cuero y Salado, expulsadas de su hábitat a inicios de la década de los años 90.
Situación que trataron de replica en el año 1994, cuando el Instituto Smithsiniano firmó un contrato para el manejo del Parque Nacional Cayos Cochinos, donde el magnate de los asbestos y director de la supuesta fundación ecológica AVINA, el Sr. Stephan Schmidheiny había adquirido una serie de islotes.
En el caso de cayos Cochinos – el que se encuentra a punto de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos- se puede vislumbrar lo que sucederá con las poblaciones indígenas que se encuentran dentro de las áreas protegidas a subastar.
Desde hace más de una década se viene dando una oleada de turismo en el archipiélago donde encuentran ubicadas tres comunidades Garífunas.
Los constantes tours, ademas de los realities shows televisivos, poco o nada aportan económicamente a las comunidades garífunas.
El Honduras 2020 además de no haber sido consultado con los pueblos indígenas y exponer nuestro territorios a ser expropiados, nos están convirtiendo en mercancía bajo el rótulo de culturas vivas.
La capacidad de distorsión de la actual administración ha llegado al extremo que el Sr Emilio Silvestri, Director del Instituto Hondureño de Turismo aseveró en una entrevista que “la ley no solo es de incentivos fiscales, sino que viene a configurar varios elementos necesarios para impulsar la industria, como la protección de los diferentes grupos étnicos del país”.
Silvestri asegura que las culturas de los pueblos indígenas, a las que denomina cultura vivas – probablemente en contraposición con la cultura dominante, la que se encuentra muerta- forma parte de las mercancías que ofrecerá el país en su acelerada subasta a los empresarios el turismo.
Con la aprobación de la LFT, el Estado violó no solamente el Convenio 169 de la OIT, en relación a no haber efectuado consulta previa alguna; además de transgredir el Convenio de Diversidad Biológica, al colocar las áreas protegidas como lugares disponibles a la inversión turística.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Tráfico de armas de fuego en Honduras: Introducción y hallazgos principales
Por Steven Dudley - ASJ
Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, y cerca del 75 por ciento de esos homicidios son perpetrados con armas de fuego —el promedio mundial se acerca más al 50 por ciento—.
Honduras no es el único país de la región en esta situación. Poco más del 60 por ciento de los homicidios en El Salvador y el 81 por ciento en Guatemala —vecinos de Honduras en el Triángulo Norte— involucran armas de fuego.
La circulación de armas no conlleva necesariamente un mayor número de homicidios en todos los casos.
Nicaragua tiene una abundancia de armas en circulación, pero su tasa de homicidios es una sexta parte de la de Honduras.
Sin embargo, en un país en el que el crimen organizado y las pandillas están fuera de control, y las fuerzas de seguridad afrontan acusaciones de corrupción de manera regular, la disponibilidad de armas es, sin duda, un facilitador de la violencia.
Por InSight Crime y la Asociación para una Sociedad Más Justa
Este estudio intenta rastrear los orígenes de las armas que están detrás de esos homicidios y que han hecho de los grupos del crimen organizado y las pandillas fuerzas tan formidables en Honduras.
Esto se logra usando diversos métodos.
En primer lugar, se basa en la mejor información disponible sobre incautaciones de armas en el país.
Esto nos da una idea de qué tipos de armas hay en circulación en el mercado negro, de dónde vienen y quién las pone en circulación.
En segundo lugar, InSight Crime y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con quienes realizamos este proyecto, visitaron y entrevistaron a representantes de los organismos hondureños responsables de la compra y venta de armas al público, y de la gestión del registro de porte y tenencia de armas entre la población civil.
Esto nos permitió analizar el sistema regulatorio y su capacidad de monitoreo de la dinámica del mercado negro.
En tercer lugar, InSight Crime y ASJ entrevistaron a varias personas que han participado en el movimiento ilegal de armas y municiones.
Los casos que describen son ilustrativos de tendencias a mayor escala en lo que respecta al tráfico ilegal de armas en Honduras y el Triángulo Norte en conjunto.
En cuarto lugar, InSight Crime y ASJ consultaron con numerosos funcionarios de Honduras y otros países, así como expertos de la sociedad civil, que siguen el negocio ilegal de armas.
Estos expertos nos ayudaron a darnos la orientación correcta en términos de tendencias y teorías sobre este negocio.
Quinto, InSight Crime y ASJ complementaron este trabajo con una revisión de reportajes y otras investigaciones de organismos gubernamentales y no gubernamentales, de este gobierno y multilaterales, sobre tráfico de armas, legislación sobre armas de fuego, crimen organizado y actividades de pandillas en Honduras y la región.
En suma, hemos hecho una revisión minuciosa sobre el comercio ilegal de armas en Honduras.
Este, sin embargo, se encuentra incompleto.
Eso se debe a que dos de los principales sospechosos de provisión de armas de fuego ilegales —la policía y las Fuerzas Armadas de Honduras— no han divulgado información sobre sus adquisiciones, ventas de armas, controles internos y casos que impliquen a miembros de sus fuerzas.
Hasta que eso suceda, tendremos que depender de la información disponible al público, en relación con casos que involucren a las fuerzas de seguridad, y no tendremos una imagen clara del alcance que tiene la fuga de estas armas.
A pesar de esa limitación, el comercio ilegal de armas en Honduras parece seguir algunos patrones bastante claros y consistentes. Comprende actores pequeños e individuales y actores grandes y en ocasiones institucionales.
Aprovecha un mercado mal regulado y un marco legal contradictorio. Al final, hay tantos vacíos en el sistema que quienes participan en el negocio demuestran el viejo dicho: la ocasión hace al ladrón.
Principales hallazgos
Estados Unidos es la fuente de casi la mitad de las armas sin salvoconducto incautadas en Honduras.
Los principales métodos usados son su introducción en el equipaje de pasajeros u ocultas en importaciones legítimas.
Estas últimas son el método preferido de grupos criminales grandes, que pagan a los funcionarios para que dejen pasar la carga.
Las armas ilegales en Honduras también proceden de países vecinos. Nicaragua, Guatemala y El Salvador son fuentes importantes de armas traficadas, muchas veces reliquias de los conflictos de la Guerra Fría.
Predominan los testimonios y varios casos que relacionan al ejército y la policía con la filtración de armas.
Hay graves fallas en el sistema de registro de armas.
Existen grandes retrasos en la recolección de datos de balística de armas, y procedimientos de almacenamiento inadecuados han causado la pérdida de varios años de información de balística. La información que se recopila no se usa para rastrear a los criminales o abrir casos en su contra.
El marco legal sobre control de armas de fuego es contradictorio y su aplicación inconsistente.
Los deberes de las diferentes instituciones no se presentan con claridad, y algunos aprovechan estos vacíos legales, o simplemente ignoran la ley.
Las leyes que rigen la tenencia de armas presentan grandes vacíos, entre ellos que no definen términos claves, como “armas de fuego”, y no regulan las compras de municiones.
Hay un mercado local ilícito muy grande de armas y municiones.
Según la ley, solo la Armería puede vender estas piezas, pero InSight Crime y ASJ hallaron municiones para la venta en tiendas por departamentos y armas en casas de empeño del país.
La evidencia tomada de las entrevistas y de investigaciones realizadas por otras organizaciones revelan que estos no fueron casos aislados. InSight Crime y ASJ también encontraron que la Armería vendió municiones para armas que son ilegales.
No hay transparencia en el negocio de armas en Honduras, pues ni el ejército ni la policía ni las firmas de seguridad privadas divulgan información sobre sus existencias.
Este hallazgo es especialmente preocupante a la luz de la evidencia de que parece haber una fuga de armas de los arsenales del ejército y la policía hondureñas, y porque algunos militares y agentes de policía activos y en retiro parecen tener una participación activa en el mercado negro de armas de fuego y municiones.
Hay deficiencias en las normas que rigen la Armería, el único distribuidor autorizado de armas en el país.
Según funcionarios, ellos no están obligados a verificar los antecedentes penales de los compradores de armas.
El hecho de que sus ventas de armas y municiones sean una fuente importante de financiación del fondo pensional de los militares puede crear un incentivo problemático para que la Armería venda el mayor número de armas que le sea posible.
El tráfico de armas no ha sido abordado con la contundencia necesaria.
Las personas capturadas por tráfico rara vez reciben sentencias de cárcel, mientras que los funcionarios de aduanas habitualmente permiten el paso de armas por los puntos de ingreso y no buscan armas ocultas en equipaje o contenedores.
Los propietarios de armas en Honduras se ven empujados al mercado negro por los procesos ineficientes, las escasas barreras de entrada y las pocas repercusiones.
Conveniencia e impunidad, tanto como la intención criminal, son los motores que mueven el mercado negro.
La explosión de firmas de seguridad privada ha abierto una puerta al mercado negro de armas.
Estas empresas no tienen supervisión suficiente, y se sospecha que muchas son fachadas de grupos del crimen organizado. También hay confusión sobre el tipo de armas que pueden poseer legalmente estas firmas.
Ha habido esfuerzos importantes por combatir el tráfico de armas en los últimos años, con cierto éxito.
Esto incluye el refuerzo de la vigilancia en los puntos de ingreso al país, las redadas a puntos ilegales de cruce, y propuestas de endurecimiento de las leyes sobre las armas en Honduras.
Por Galel Cárdenas
El origen de todo este encono, inquina y rencor reside en que un día un presidente quiso consultar al pueblo si deseaba instalar una Asamblea Constituyente para redactar una constitución que reparara todos los entuertos e injusticias constitucionales contra los pobres ciudadanos hondureños.
Y entonces desde el mismísimo centro del poder imperial se desplazaron a la capital de la república para conspirar contra aquella interrogación salida de a saber qué enfebrecida mente disparatada que podía poner a Honduras en su rol de catapulta del chavismo comunista, y además, como acápite del castro comunismo que engullía niños y quitaba propiedades a diestra siniestra, y además, que en tan desaforada locura pudieran ir a instalar los habitantes de los barrios marginales en las mansiones de los árabes, o de los mestizos dueños de la economía nacional y de los medios de comunicación más importantes.
Un pavor del tamaño del sol se apoderó de Washington, imaginando que sus bases militares iban a ser nacionalizadas y expulsadas del territorio hondureño e inmediatamente movilizó a una casta, mafia, pandilla de renegados cubanos anticastristas, unidos a la Central de Inteligencia que monitorea desde Miami las desviaciones de su modelo neoliberal que posee como norma explotar a los pobres para enriquecer sus bolsillos particulares, denominados bancos financieros que procuran el enriquecimiento lícito e ilícito de toda la industria que apoyan y estimulan en los países pobres.
Y así, reunieron banqueros, industriales, cúpulas partidarias, fuerzas armadas, iglesias, en fin, hasta intelectuales, periodistas, medios de comunicación, para que de inmediato pusieran fin a tan horrorosa proyecto popular y democrático, pues, si aquello hubiese seguido su curso normal, iban a perder hasta el conocimiento, y ponían de ejemplo a Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Y de este modo, reunidas todas las fuerzas de la perversión más inimaginable que el poder fáctico y mediático pueda pensarse, defenestraron al gobierno de la consulta popular, el gobierno más democrático elegido de que se tenga noticia en el sistema político hondureño.
Y de inmediato escogieron a los títeres necesarios para tal fin, un pobre y derrengando mental presidente del Congreso nacional que repartía las más desusadas sandeces en sus alocuciones públicas para que asumiera la dictadura política y económica.
Enfermos como estaban y como los dejaron los gusanos de Miami, hasta recogieron dinero para asesinar al presidente de la república a quien querían declarar loco, e inventar su renuncia mediante una firma imitada de su caligrafía, pero vieron que no era posible parodiar aquella vuelta barroca de sus grafías firmantes.
De modo que se inventaron el cuento de nunca acabar: la sucesión presidencial que dicho sea de paso se ha repetido en la figura de Lobo Sosa y Hernández Alvarado, quienes se dieron a la tarea de establecer una república paralela en su institucionalidad, de donde desaparecieron al Estado de Derecho, a las leyes matrices, y pusieron en aquella canasta de combos enfermizos, todo un neoliberalismo que fuese capaz de pagar el dinero invertido para el golpe de Estado y la recompensa por no haber matado al presidente tal como se había convenido secretamente.
Y así, entonces, desde la oscuridad de la presidencia del Congreso Nacional, un ser oscuro, diminuto, como un confite en un cumpleaños infantil, tirado de la piñata estatal, un abogado de marras, soñaba ser Hitler en una olvidada república bananera.
Así que sin que ni siquiera se dieran cuenta sus acólitos, fue diseñando un poder absoluto, donde nadie pudiera moverse hacia su derecha o izquierda, adelante o atrás, arriba o abajo.
Sus mentores eran pobres niños de pecho sin leche. Y como un personaje de misterio, escondido tras bambalinas, fue erigiendo las leyes más absurdas que la república pudiera imaginar.
Así que construido su castillo blindado de leyes espurias, asumiendo un liderazgo que nadie podía contener —con su sonrisa y palabra aquietada, aterciopelada por una malévola mente de desquicio lúcido— se erigió en menos que canta un gallo, en el ungido único del Partido más conservador que el mismísimo Tiburcio Carías a quien admira mucho por su palabras mágicas de encierro, destierro y entierro.
Y así con aquellas mismas fuerzas originarias del golpe, a nivel local y apoyado por Washington, la dictadura ha sido afinada en todo lo posible.
Es como cuando se quiere cazar al huidizo e inteligente ratón que asola los hogares domésticos, al cual se ponen trampas por aquí y por allá, se le colocan gatos voraces, venenos eficaces por toda ranura, rincón o hendijas accidentales.
Realmente vivimos en la encrucijada de una perversión ilimitada.
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