¿Dónde está ese maravilloso lugar que describió Peña Nieto en su quinto informe?
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- septiembre 5º, 2017
Históricamente, el quinto informe de gobierno del presidente marca el tramo final de las labores del sexenio, y este fin de semana, después del discurso a la nación que dirigió Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional, ha comenzado ―políticamente hablando― el 2018, que tendrá como capítulo final la elección presidencial de julio del siguiente año.
Los 302 días que transcurrirán entre ambos eventos estarán marcados por la sucesión presidencial y un muy posible cambio de régimen.
Presupuesto, designaciones en la Suprema Corte de Justicia (SCJN), el nombramiento de un fiscal general, la renegociación del TLCAN, y la designación del gobernador del Banco de México, todo tendrá como sombra o como faro la lucha por la presidencia.
El mensaje de Peña Nieto fue como todos los que dan los mandatarios en ocasiones así: idílico y carente de autocríticas.
Ante la descripción de ese México lleno de bienaventuranzas, la respuesta irónica del ciudadano común es querer saber dónde se encuentra tan maravilloso lugar para mudarnos a él o poder visitarlo, porque la realidad es muy diferente. Se suele decir que los números no mienten, pero la elección de cuáles cifras se presentan suele ocultar otras igualmente importantes.
Por ejemplo, al hablar de seguridad, uno de los temas clave de la Administración actual, se informó que se "han neutralizado 107 de los 127 delincuentes más peligrosos", pero no se dice que el pasado mayo representó el mes con más muertes en más de 20 años, con casi 4.000 personas asesinadas.
Extrañamente, se destacó como logro que los asesinatos ya no estuvieran relacionados con el crimen organizado, sino que recayeran en la órbita del fuero común, algo que solo puede significar que la violencia es un asunto generalizado y no se encuentra confinado a una cuestión específica.
Otra cifra engañosa fue la relativa a la pobreza. Se informó que la pobreza extrema descendió de 42,3 millones de personas en 2012 a 34,6 en 2016 e incluso Peña Nieto pronosticó que en una década podría quedar erradicada.
No se explica que aunque la pobreza extrema disminuyó, la pobreza sin adjetivos aumentó, o que los mexicanos con alguna condición de vulnerabilidad (por ingresos, de vivienda o carencia sociales) llegamos a casi 90 millones de personas, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Peña Nieto afirmó que la pobreza extrema se podría erradicar en 10 años, pero la realidad nos dice que en México estos niveles no han cambiado en los últimos 20 años, y que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ha registrado una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza y es la segunda nación más desigual de este organismo internacional, solo después de Chile.
Un tema que molesta profundamente a la sociedad mexicana es el de la corrupción de la clase política y su impunidad.
Nada se habló de los escándalos como el de Odebrecht ni se aseguró el castigo a los gobernadores que se encuentran bajo proceso, limitándose a decir que están siendo investigados.
Nada se mencionó del nombramiento del fiscal general, un asunto que está causando una amplia polémica y controversia en las últimas semanas en la sociedad mexicana.
La molestia y consternación generalizada de los partidos de oposición, activistas, académicos y empresarios al posible nombramiento de Raúl Cervantes, político priista que garantizaría perpetuar la impunidad de la clase política en el poder no encontró ningún tipo de eco ni de alusión en la alocución presidencial.
En la poco más de una hora que duró el discurso, hubo pocos momentos genuinos de entusiasmo, incluso para un público escogido a modo. La única aclamación sincera y que levantó a los presentes fue cuando hizo alusión a la política exterior y la tan polémica relación que el Gobierno ha establecido con Donald Trump.
Después de un año de mostrar una postura débil y hasta sumisa, por fin el presidente Peña Nieto se atrevió a declarar que "la relación con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, como con cualquier otra nación, se tiene que basar en principios irrenunciables: soberanía, defensa del interés nacional y protección de nuestros connacionales.
Lo he dicho y lo reitero, no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación".
La gente escuchó la palabra dignidad y ovacionó. Incluidos empresarios y diplomáticos.
Un año le costó tener una posición de dignidad ante el maltrato del presidente estadounidense, pero aun así encontró un eco favorable de la audiencia, quedando de manifiesto lo que espera la sociedad en este punto, sobre todo ahora que está en proceso la renegociación del TLCAN.
La parte final de su informe tuvo una dedicatoria clara a Andrés Manuel López Obrador, la principal figura de oposición, al afirmar que "la disyuntiva es muy clara, seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo XXI o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado".
De igual manera, en una entrevista concedida hace unos días, el presidente mexicano habló por primera vez de manera directa sobre López Obrador y equiparó su discurso al de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al tiempo que expresó que le preocupaba que México siguiera el camino de Venezuela.
El epílogo del informe y esta entrevista muestran que el banderazo de salida de la contienda electoral es una realidad y que el papel que desempeñará Peña Nieto en los meses por venir será más como un jefe de partido y de campaña que como un jefe de Gobierno o un estadista.
Cambio de régimen o continuidad es la disyuntiva que se nos presenta a los mexicanos. La deliberación debería ser sencilla.
“Se dice el pecado, pero no el pecador”: por qué no habrá culpables por el caso Odebrecht en México
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- agosto 25º, 2017
Durante el último año, la empresa brasileña Odebrecht ha estado en las primeras planas de todos los diarios en Latinoamérica. La constructora está acusada en una docena de países de sobornar a servidores públicospara obtener beneficios en contratos o ganar licitaciones tanto en el ramo de la construcción como en el energético
Las cantidades en los países varían mucho, pero en cada uno parece que se involucraron con políticos del más alto nivel como presidentes, expresidentes y ministros.
En Brasil, las relaciones de Odebrecht con Petrobras provocaron que el Senado abriera un proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff y que se lanzarán acusaciones contra Lula da Silva.
En Perú, el expresidente Alejandro Toledo ha recibido prisión preventiva en lo que se realizan las investigaciones correspondientes.
En el caso mexicano, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos habla de sobornos de 10,5 millones de dólares que, según fuentes periodísticas, habrían sido entregados a Emilio Lozoya Austin, primero en su calidad de encargado de Asuntos Internacionales en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, ya después, como director general de Pemex.
Aunque la cantidad de dinero que se especula es mucho menor a otros casos —Brasil, 349 millones; Venezuela, 98 millones; República Dominicana, 92 millones; Panamá, 59 millones; Argentina, 35 millones; Perú, 29 millones— queda comprobado que el 'modus operandi' de Odebrecht fue similar al de otros casos en la región.
Varios periodistas esperan a un involucrado en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht a la entrada de la Fiscalía de México, 17 de agosto de 2017. / Henry Romero / Reuters
Lo que llama la atención del caso mexicano es que no hay implicados. Mientras que en otros países se han iniciado procesos contra presidentes y expresidentes, contra ministros y congresistas, en México parece no haber culpables. "Se dice el pecado, pero no el pecador", reza un adagio popular convertido en ley por las autoridades mexicanas.
Se reconocen delitos, pero nunca hay castigo para los presuntos culpables. En el caso concreto de Odebrecht en México, el asunto está en manos de Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y senador con licencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo partido de Peña Nieto y Lozoya Austin.
En 2012, cuando presumiblemente se dieron las primeras transferencias de dinero de Odebrecht en tiempos electorales, Raúl Cervantes fungía como el principal encargado de la defensa jurídica del candidato Peña Nieto por el caso del financiamiento ilegal a través de monederos electrónicos (tarjetas Monex), que pudieron servir para la compra de votos.
Cervantes trabajó en la campaña presidencial de Peña Nieto al igual que Lozoya Austin y es un miembro prominente del PRI.
El abogado de la nación debe juzgar las responsabilidades de los amigos y compañeros de partido, convirtiéndose así en juez y parte con un evidente conflicto de intereses.
Aunque no hay nada definido en este caso, pareciera que la lentitud y secrecía con que se mueven las instituciones de justicia obedecen a criterios políticos y de amistad, más que jurídicos. Pero el tema no es sólo Odebrecht, sino el futuro cercano del sistema judicial en México.
La reforma política de 2014 estableció que la PGR debe de dar paso en 2018 a una Fiscalía General dotada de autonomía e independencia respecto al gobierno en turno y cuyo titular ocupará el cargo por nueve (largos) años.
En una primera instancia, había un pase automático para que el procurador —Raúl Cervantes— se convirtiera en el primer fiscal general. Grave error. La pretendida autonomía e independencia se vendría abajo inmediatamente con un abogado militante en la política partidista.
Diversas personas protestan contra la corrupción y el conglomerado brasileño Odebrech, Santo Domingo, República Dominicana, 16 de julio de 2017. / Ricardo Rojas / Reuters
Anteriormente, Cervantes había sido promovido para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia (SCJN), pero la presión social evitó que esto ocurriera.
De igual manera, el pase automático de procurador a fiscal fue duramente impugnado por más de 200 organizaciones y personas que integran el colectivo #Fiscalíaquesirva y por la sociedad en general, objetando que un funcionario partidista se encargue por nueve años de la impartición de justicia y la parcialidad de un gobierno pudiera convertirse en la impunidad de los siguientes.
El PRI ha tratado de defender la trayectoria profesional y la solvencia de las capacidades jurídicas de Raúl Cervantes, pero sus cartas de presentación lo avalan como un abogado empresarial más que como un gran constitucionalista.
Además de su participación en la campaña electoral de 2012, Raúl Cervantes es primo de Humberto Castillejos Cervantes, quien fuera el consejero jurídico de la Presidencia por cinco años y cuya renuncia, se especula, es para que pueda cumplir con los tiempos para aspirar a un lugar en la Suprema Corte de Justicia.
Dos primos y militantes del mismo partido pretenden optar por puestos de larga duración en la impartición de justicia.
¿Es la capacidad profesional lo que está en juego o la posibilidad de garantizar una impunidad transexenal para el partido que los ha hecho diputados, senadores y funcionarios?
Ya es muy mala noticia que la Fiscalía Anticorrupción haya nacido atada de pies y manos.
Por su parte, el éxito y razón de ser una Fiscalía General debe ser la autonomía e independencia de los funcionarios que la integran y que esto ofrezca la certidumbre de su imparcialidad.
La Suprema Corte de Justicia no puede seguir llenándose de jueces que siguen lineamientos partidistas si pretende ser un verdadero contrapeso al poder del 'emperador sexenal'.
Para nadie es un secreto que los mayores problemas que enfrenta México son la corrupción de sus funcionarios y la violencia del narcotráfico. El aumento exponencial de ambas circunstancias convergen en un punto: la impunidad.
No hay justicia en México. No hay contrapesos reales.
El cambio de régimen político en México se hace cada vez más necesario, pero lo que es urgente e imprescindible es que el sistema de justicia en su conjunto deje de servir a unos cuantos, que sea eficaz y real, que otorgue probidad e imparcialidad y no impunidad.
México necesita una Fiscalía que sirva, un fiscal que no sea amigo del presidente y ministros de justicia que no sean políticos. La designación de estos funcionarios es tan relevante como las próximas elecciones presidenciales.
Sin justicia, nunca cesará la violencia y la corrupción y seguiremos contando muertos y gobernadores prófugos.
¿Por quién nos toman estos señores? ¡Ya basta de pactos de impunidad!
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- septiembre 5º, 2017
Hace dos años, México reformó el Artículo 102 de su Constitución para dar autonomía plena a la actual Procuraduría General de la República (PGR), convirtiéndola en una Fiscalía General.
La idea era garantizar la autonomía y la independencia de la procuración de justicia para romper con el ciclo de favores políticos que genera tanta impunidad en ese país.
Pero hoy, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón han pactado colocar a un político, Raúl Cervantes Andrade, como nuevo fiscal general por un periodo de nueve años.
Cervantes es íntimo amigo de EPN y cuenta con una larga carrrera política dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por ejemplo, ha ocupado los siguientes cargos:
- Dos veces diputado federal por el PRI
- Coordinador de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
- Senador de la República por el PRI.
Tambien ha trabajado de la mano con algunos de los personajes más oscuros de ese partido:
- Fue coordinador de asuntos jurídicos con Humberto Moreira, tanto cuando era gobernador del estado de Coahuila como cuando llegó a ser presidente del PRI.
- Trabajó muy de cerca con otro exgobernador cuestionado, César Duarte, en la Cámara de Diputados.
- Defendió al expresidente Luis Echeverría de las acusaciones de genocidio por la masacre del 2 de octubre de 1968.
- Defendió a Peña Nieto de las acusaciones de compra de votos y financiamiento ilícito en su campaña presidencial de 2012.
Ahora, como procurador de la República en funciones, Cervantes 'nada de muertito' para casos claves como Ayotzinapa y Nochixtlan y sigue ayudando a sus amigos como Javier Duarte.
En 2012, Felipe Calderón entregó la presidencia a EPN a cambio de total impunidad para él, sus amigos y sus cómplices.
Hoy, ambos trabajan de nuevo a favor de la impunidad, colocando a Ernesto Cordero como presidente del Senado para poder operar el nombramiento de Cervantes ¡por 9 años!
¡Por quien nos toman estos señores! ¿No creen que haya llegado la hora para romper el ciclo de impunidad?
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