“El 26 de octubre de 1932, el comisario Barthelet desembarca violentamente en un apartamento de la calle Trémoïlle, en el barrio de los Campos Elíseos. 
En esta sucursal parisina del Banco Comercial de Basilea se encuentra con un senador, 245.000 francos en efectivo, francos suizos, un directorio, un libro de caja y diez cuadernos con más de dos mil nombres: los de los defraudadores fiscales que recurren a la banca suiza para eludir el pago del 20% sobre la renta de los depósitos colocados en el extranjero. (…) 
El rumor se extiende rápidamente y la prensa empieza a buscar los nombres que constan en los cuadernos. (…) 
Días más tarde, el diputado socialista Fabien Albertin pide la palabra al presidente de la Asamblea Nacional. Dice tener en su poder una copia de la lista de los cuadernos. (…) 
Va desgranando los nombres de los defraudadores más conocidos. No hay entre ellos uno sino tres senadores. (…) 
Hay una docena de generales, magistrados, dos obispos. (…) Aparecen también directores de grandes periódicos (…), sin olvidar a los grandes patronos de la industria. 
El diputado socialista subraya que, según los funcionarios de Hacienda y personal de la banca con los que se ha reunido, el fraude alcanzado podría superar al año los cuatro mil millones de francos (de entonces)”.  
(Los paraísos fiscales, Christian Chavagneux y Ronen Palan).
El descubrimiento de aquella lista, que tuvo lugar gracias a un chivatazo, puso en cuestión la vulnerabilidad del secreto bancario suizo. 
Lejos de modificar sus prácticas, los riesgos que aquello podía suponer para la captación de capitales por parte del país helvético fueron la causa principal de que la ley bancaria suiza de 1934 convirtiese en delito criminal, castigado por el derecho penal, la entrega de información de clientes por parte de un empleado de una entidad bancaria. 
Así lo demuestran las investigaciones de Sébastien Guex y Peter Hug, que niegan la versión suiza, ya muy cuestionada, según la cual el secreto bancario se reforzó para proteger los bienes de judíos perseguidos por la Alemania nazi.
Tres cuartos de siglo después, en 2010, un técnico informático del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, huía a Francia con la información de más de 100.000 clientes y 20.000 sociedades offshore (extraterritoriales) que habían elegido la nación helvética para poner a buen recaudo su riqueza. 
En noviembre de 2015, Falciani era condenado a cinco años de prisión por un tribunal suizo (ante el que no se presentó), no por vulneración del secreto bancario, delito del que fue absuelto, pero sí por espionaje económico. 
Todo ello a pesar de haber facilitado información a gobiernos europeos que pudieron demostrar la existencia de fraude fiscal y recuperar dinero perdido para sus arcas públicas.
Desde la lista de 1932 a nuestros días, los ciudadanos no han dejado de llevarse las manos a la cabeza cada vez que se abre un roto que enseña las tripas del sistema, que muestra el doble fondo por el que circula una ingente cantidad de dinero, puesto al abrigo de las normas que obligan al resto a aportar una parte de lo que se gana a la caja común. 
Falciani, OffshoreLeaks, LuxLeaks. Evasión fiscal. Paraísos. 
Tras la indignación ciudadana, han venido los golpes en la mesa de los políticos, las grandes declaraciones, el anuncio de medidas siempre contundentes, siempre definitivas. 
Una y otra vez. Poco duran sus efectos. 
Los paraísos fiscales son parte del sistema desde hace ya décadas y el sistema los protege. Incluso cuando el cerco parece ineludible, se deja margen al capital para cambiar de rumbo o de estrategia mientras se persigue a los que ayudaron a destapar el engaño y se aprueban normas que ayuden a taponar la próxima fuga de información. 
Luxemburgo denunció al periodista de la televisión pública francesa France 2 Edouard Perrin por ser el primero que desveló los documentos de la consultora PwC que recogían los acuerdos del Gran Ducado con más de 300 empresas para minimizar su factura fiscal. 
El Parlamento Europeo acaba de aprobar una directiva sobre secretos comerciales a la que se le ha colado una nada inocente declaración de guerra a quienes filtran información y a quienes la difunden, los periodistas, como ha denunciado Xnet.
Entretanto, las medidas anunciadas para combatir el fraude suelen quedar en fuegos de artificio. Incluso la revolución que supuso a principios de siglo la decisión de la OCDE de elaborar listas negras con los nombres de los territorios considerados opacos, que dio lugar a una lista de 35 jurisdicciones offshore hecha pública en el año 2000, perdió toda su fuerza desde la llegada al Gobierno de EE.UU. de George W. Bush. 
Hoy de aquella lista no queda ni un país. 
No hay territorios fiscalmente opacos para la OCDE. ¡Aleluya!
La decisión de la OCDE de elaborar listas negras con los nombres de los territorios considerados opacos, que dio lugar a una lista de 35 jurisdicciones offshore hecha pública en el año 2000, perdió toda su fuerza desde la llegada al Gobierno de EE.UU. de George W. Bush
La Tax Justice Network hacía público, en julio de 2012, un estudio firmado por James S. Henry titulado The Price of Offshore revisited. 
Considerado por los expertos una de las mejores aproximaciones al fenómeno del circuito alternativo del capital, según este informe, 
el valor de los capitales ocultos 
en territorios offshore se situaba entonces 
en una horquilla entre 21 y 32 billones de dólares. 
No billones anglosajones, billones de los de doce ceros, el equivalente al doble del PIB de Estados Unidos y a la décima parte del PIB mundial.
En el año 2009, en aquella famosa reunión del G20 celebrada en Londres en busca de la refundación del capitalismo tras la quiebra de Lehman Brothers, el primer ministro británico Gordon Brown declaraba: 
“Estamos listos para aplicar sanciones en orden a proteger nuestras finanzas públicas y sistemas financieros. La era del secreto bancario ha terminado…”. 
Luego vino OffshoreLeaks, LuxLeaks, la lista Falciani…
El 3 de abril de este año, el mundo empezaba a conocer la información procedente de la mayor filtración de la historia del periodismo: 2,6 terabytes llegados al Süddeutsche Zeitung y compartidos por este con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) procedentes de un único despacho radicado en Panamá: Mossack Fonseca. 
Más de 11 millones de documentos revisados por casi 400 periodistas de 76 países alumbraban el mayor ejemplo de periodismo colaborativo conocido hasta ahora y desembocaban en los llamados Panama Papers, los Papeles de Panamá, desvelados en España en exclusiva por El Confidencial y La Sexta.
No se puede negar su efecto. 
Ya se han llevado por delante, entre otros, al primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, y, en España, al ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. 
Artistas, políticos, empresarios de todo el mundo han salido en los papeles como si todo el circuito del capital tuviese conexión con Mossack Fonseca. 
¿Cómo pueden cruzarse en los archivos de un único despacho miembros de la Casa Real, famosos espías muertos y resucitados, asesores fiscales de tramas como la Gürtel, premios Nobel, mandatarios mundiales?  
La respuesta es que en la ecuación de la evasión fiscal, en ese otro circuito por el que discurre el dinero en el mundo mientras los ciudadanos de a pie siguen enchufados al Fisco sin más opción que alimentar matrix, siempre están los mismos: los principales bancos, las grandes consultoras, abogados, asesores. 
La estrategia también se repite, la creación de sociedades en paraísos fiscales cuya actividad es ficticia para ocultar la identidad de los propietarios del dinero y/o su origen, la derivación bajo esa careta del patrimonio a bancos de países que protejan el secreto bancario y los pactos secretos con gobiernos de normas que mejor se adecúen a los intereses de sus clientes. 
Esto es un entramado mundial y la historia dice que no hay intención seria de luchar contra él.
Las señas del paraíso
¿Qué es un paraíso fiscal? “Un territorio en el que no se pagan impuestos o muy pocos y no da información”, resume José María Peláez, inspector de Hacienda experto en blanqueo de capitales. 
Son “jurisdicciones o territorios con baja tributación; plena opacidad, con garantías de confidencialidad y que impiden rastrear el origen de los fondos”, explica Marta González, subdirectora del gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). 
González distingue los paraísos de los centros financieros offshore, que se asimilan a los primeros en la baja tributación, la opacidad (basada en su caso en el secreto bancario) y la imposibilidad de rastrear el origen de los bienes, pero “que se dedican como actividad principal a la actividad financiera”.
El libro de Chavagneux y Palan eleva a diez los criterios para reconocer cuándo se está ante un paraíso para el capital: 
“Nivel de tributación bajo o nulo para los no residentes; 
secreto bancario reforzado, incluyendo la obligación por ley de no revelar a sus propios gobiernos ni el origen del dinero ni el nombre de los clientes; 
secreto profesional ampliado, lo que significa que abogados, contables y cualquier empleado está sometido a estrictos controles reglamentarios para mantener la confidencialidad; procedimiento de inscripción laxo, con la posibilidad incluso de crear sociedades con títulos al portador que oculten completamente la identidad del propietario; 
libertad total de movimientos de los capitales internacionales; 
rapidez de ejecución, como la posibilidad de crear y tener en funcionamiento una sociedad en 24 horas; 
apoyo de un gran centro financiero, porque el dinero no se queda normalmente mucho tiempo en el paraíso fiscal sino que está en tránsito; 
estabilidad política; buena imagen de marca, y una red de acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición”.  
Lo primero que nunca ha interesado ha sido hacer evidente qué se considera y qué no paraíso fiscal. 
La prueba son los diferentes listados de paraísos de los organismos supranacionales, las áreas económicas o los distintos países. 
Mientras la lista de paraísos de la OCDE se ha quedado vacía, países como Panamá siguen siendo considerados paraísos fiscales para Francia y han dejado de serlo para España. 
La explicación es sencilla. Según los parámetros de la OCDE, firmar 12 acuerdos de intercambio de información o comprometerse a firmarlos sirve para salir de la lista negra. 
No hay más que echar un vistazo a los territorios que han firmado el acuerdo con Mónaco para entender cómo logró el Principado completar la docena de socios que lo sacaron de la lista: Andorra, Austria, Bahamas, Bélgica, EE.UU., Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Catar, Samoa, San Marino y Saint Kitts.
Lo primero que nunca ha interesado ha sido hacer evidente qué se considera y qué no paraíso fiscal. La prueba son los diferentes listados de paraísos de los organismos supranacionales, las áreas económicas o los distintos países
La OCDE, hasta hace bien poco, se ha limitado a recomendar intercambios de información, e incluso ha alentado que estos no sean automáticos. 
Al contrario, cuanto más individualizados y justificados, mejor. 
Esto ha llevado a que se generalicen acuerdos de intercambio en los que no se admiten las llamadas “expediciones de pesca”, la petición masiva de datos en busca de capitales evadidos. 
Hay que solicitar datos concretos y por delitos concretos. En los paraísos fiscales, lo normal es que el delito fiscal no exista. 
Así ocurre en Panamá o en Andorra, explica José María Peláez, territorios ambos que han firmado acuerdos con España de intercambio de información gracias a los cuales han salido de la lista de paraísos de este país. 
En ambos casos, el acuerdo se cerró basándose en el estándar de intercambio de información que recomienda la OCDE, es decir, se “piden las pruebas de que hay delito cuando lo que precisamente se les pide es información para demostrar si lo hay”, comenta Peláez. 
Al no existir el delito fiscal, no sirve aludir a la existencia de pruebas de fraude fiscal y “Andorra exige que se le justifique que hay indicios de blanqueo o de corrupción. 
En la práctica resulta muy difícil que te den la información. 
Estos territorios tienen muy interiorizado el secreto bancario. 
Y como dan la posibilidad al interesado de recurrir la solicitud de información, pueden pasar de dos a cuatro años hasta que dicho recurso se resuelva”.
Teniendo en cuenta, como comenta Peláez, que “cuando se utilizan paraísos fiscales no suele usarse uno solo, sino que se teje una red de sociedades que actúa en varios”, obtener la información que permita amarrar un caso se convierte en una tarea muchas veces titánica.
“La OCDE ha defendido en los últimos tiempos que se tienda a un intercambio de información multilateral y automático, pero cuya entrada en vigor no se espera hasta 2017 o 2018. 
Están dando dos o tres años de ventaja a los patrimonios y empresas para que se organicen”, añade este inspector de Hacienda y experto en blanqueo de capitales.
Los paraísos están en la Castellana
Una vez tejida esta red de oscurantismo y aceptadas sus normas para darle incluso aspecto de buenas intenciones, ya pueden actuar los grandes protagonistas de la trama mundial de los paraísos fiscales: los intermediarios. 
“Los paraísos fiscales están en el paseo de la Castellana”, dijo hace muchos años el fiscal Anticorrupción Luis Pastor. 
Los gigantes mundiales de la banca, las grandes consultoras, asesores fiscales, despachos de abogados son la puerta a ese doble fondo del circuito del dinero que escapa al pago de impuestos pero que, no hay que olvidarlo, se basa en una opacidad idónea para ocultar todo tipo de delitos. No es de extrañar que determinados nombres aparezcan en todas las fiestas.
“Los paraísos fiscales están en el paseo de la Castellana”, dijo hace muchos años el fiscal Anticorrupción Luis Pastor. Los gigantes mundiales de la banca, las grandes consultoras, asesores fiscales, despachos de abogados son la puerta a ese doble fondo del circuito del dinero que escapa al pago de impuestos
El periodista económico Nicolas Cori, de origen galo, ya explicaba en 2005 en su libro De la grandeza al abismo el uso de sociedades radicadas en paraísos fiscales en los principales escándalos financieros de principios de siglo y la implicación en los mismos de los grandes bancos internacionales. 
Cerca de 800 firmas ubicadas en diversos paraísos fiscales sirvieron para ocultar la caja B de Enron. 
Parmalat utilizó firmas radicadas en Delaware y en las Islas Caimán; mientras Worldcom hizo lo propio con compañías basadas en Delaware y Bermudas. 
No lo hicieron solos. 
Citigroup se vio involucrado tanto en el escándalo Enron como en el de Parmalat; el Chase Manhattan, en Enron; Société Générale, en el caso Vivendi.
Como explican Daniele Grasso y Eduardo Segovia en uno de sus artículos de El Confidencial en el marco de la investigación de los Papeles de Panamá, no es casualidad que aparezcan relaciones de todo tipo entre la información que destilan los papeles del despacho Mossack Fonseca. Con los mimbres creados por el circuito del dinero, la operativa siempre es similar. 
La investigación de OffshoreLeaks descubrió la creación de más de 100.000 sociedades domiciliadas en Islas Vírgenes, Caimán, Cook y Singapur con la mediación de BNP Paribas y Credit Agricole. 
La lista Falciani, procedente del banco HSBC, incluía alrededor de 3.200 empresas creadas en Panamá, muchas de ellas  a través del despacho Mossack Fonseca. 
En los Papeles de Panamá figuran más de 500 bancos de todo el mundo que ayudaron a crear aproximadamente 15.000 sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño, incluidos los gigantes españoles Santander, BBVA y el Sabadell.
No son solo bancos, también los asesores fiscales. 
David Fernández, también en El Confidencial, detalló la aparición del asesor fiscal, dueño del despacho Rhône Gestion y testaferro Arturo Fasana en los Papeles de Panamá. 
Su nombre aparece relacionado con 108 empresas creadas por Mossack Fonseca (76 con domicilio en las Islas Vírgenes y el resto en Panamá), de las que ocho tienen relación con España, incluidas las que abrió Fasana para que pudieran ocultar su botín imputados de la Gürtel, caso por el que él mismo está siendo investigado. 
Un ejemplo es la empresa Golden Chain Properties, creada por Fasana en Panamá en 2005, utilizada por Francisco Correa (el presunto cerebro de la Gürtel) y titular de una cuenta en el HSBC de Suiza. 
O Telpy Associates Incorporated, también en Panamá y titular de otra cuenta en Suiza, esta vez abierta en Credit Suisse.
En la Operación Ballena Blanca, llevada a cabo en Marbella en 2005, se desarticuló una red de más de mil sociedades con sede en Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas, creadas con un despacho de Marbella apoyado en tres notarías y utilizadas para blanquear capitales procedentes del narcotráfico, el tráfico de armas o la prostitución mediante inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.
Según un artículo de Rafael Méndez, los papeles de Panamá delatan la participación de despachos de abogados en Madrid, Barcelona o Marbella que ya se han visto implicados en asuntos de blanqueo de capitales (como Feliú, De Miguel y Del Valle) en la creación de sociedades en territorios opacos. 
De nuevo, la sociedad se creaba con Mossack Fonseca con la mediación del despacho español con sede no necesariamente en Panamá, sino en otro paraíso, mientras los fondos permanecían generalmente en bancos en Suiza.
Mención especial merecen las grandes auditoras y consultoras mundiales. 
El caso Enron se llevó por delante a Arthur Andersen, pero aquello no sirvió para mucho más que para crear otro gigante de la consultoría: 
Deloitte, cuyo nombre aparece junto al resto de las Big Four (PWC, KPMG y EY) en el marco de la investigación del llamado caso LuxLeaks, liderada también por ICIJ y desvelada en España por El Confidencial. 
Estas cuatro grandes firmas de auditoría crearon los esquemas que sirvieron a más de 300 multinacionales para desviar sus beneficios a Luxemburgo y reducir al mínimo su factura fiscal (en muchos casos por debajo del 1% de las ganancias) merced a acuerdos secretos cerrados con el Gran Ducado, los llamados tax rulings. 
Entre las firmas beneficiadas de este esquema se incluyen nombres tan conocidos como Pepsi, Amazon, Disney, Burberry, Ikea y Skype.
Las fórmulas para llevarse a Luxemburgo el beneficio generado en el resto de países, antes de pagar los correspondientes impuestos en dichos países, son viejas conocidas de la planificación fiscal. 
Si la compañía de Luxemburgo es la dueña de las filiales en el resto de países europeos, puede llevarse sus ganancias en forma de dividendo sin que se les practique retención allí donde se generó el beneficio. 
La matriz luxemburguesa puede igualmente realizar préstamos a las filiales de otros países, que devolverán el dinero con intereses, reduciendo de ese modo su beneficio.
En lo que a fortunas individuales se refiere, la directiva europea del ahorro (2003/48/EC) no ha hecho sino remar a favor de la metástasis societaria en torno a paraísos fiscales y con ello del florecimiento del negocio que opera a su alrededor, un aumento que se observa en los papeles de Mossack Fonseca con el incremento de creación de sociedades a partir de 2005. 
Aunque la norma pretende que las rentas se sometan al gravamen del Estado de residencia del titular de una cuenta, esté donde esté el banco al que pertenece, dicha norma se limitó en un principio a las personas físicas. 
Los titulares individuales no tardaron en desaparecer de las cuentas para abrir otras a nombre de sociedades. 
Algunos países pactaron un régimen transitorio por el que daban un porcentaje de los intereses generados a los países de residencia de los clientes a cambio de no desvelar su identidad. 
La Unión Europea ha logrado que finalmente desaparezca este régimen transitorio en todos los países, incluida Austria, que luchó con uñas y dientes. 
“La banca privada, los despachos internacionales, etc. han ofrecido rápidamente una solución: poner el dinero a nombre de una sociedad offshore, una empresa con sede en un paraíso fiscal. Y se acabó el problema”, comenta José María Peláez.  
“Van siempre por delante de la normativa”, añade.
Mil obstáculos y un rayo de esperanza
Los paraísos fiscales no surgen porque sí, nacen por decisión de sus gobiernos, que adoptan una serie de medidas para atraer capital foráneo, y siempre en oposición a las normas de otro u otros  territorios, sirviendo como válvula de escape al capital generado en ellos. 
Los paraísos son parásitos enganchados a un circuito que les sería en principio ajeno, del que beben y gracias al cual engordan hasta hacerse parte de él.
Los paraísos fiscales no surgen porque sí, nacen por decisión de sus gobiernos, que adoptan una serie de medidas para atraer capital foráneo, y siempre en oposición a las normas de otro u otros  territorios, sirviendo como válvula de escape al capital generado en ellos
El príncipe Carlos III de Mónaco no autorizó de forma espontánea los juegos de azar en el Principado allá por el siglo XVII, sino para aprovechar que el rey Luis Felipe los había prohibido en Francia. 
Delaware tampoco surgió como paraíso fiscal en medio de Estados Unidos como un champiñón. 
Aconsejado por un grupo de abogados neoyorquinos, este Estado decidió en 1898 aprobar una ley fiscal basada en otra norma ensayada en Nueva Jersey, según la cual se ponía tope a la recaudación de impuestos de las empresas que se estableciesen en su suelo. 
La intención era atraer a algunas de las muchas firmas que habían establecido su sede en la vecina Nueva York. 
El aluvión de compañías que acudieron a registrar su sede social en Delaware, así como en otros Estados de EE.UU., ha llegado hasta nuestros días y no hay dirigente político estadounidense que se atreva a meterle mano a ese modelo. 
Al contrario. Delaware atrae capital de cualquier parte del mundo y eso se considera una buena noticia.
Si los teóricos damnificados, los Estados que dejan de recibir los impuestos que les corresponderían, permiten este juego es porque conviene a sus dirigentes políticos y sobre todo a los poderes fácticos, capitaneados por la gran banca, los fondos, las grandes empresas, etc. 
“La novedad de los Papeles de Panamá es que hayan aparecido mandatarios de primera línea a nivel mundial. 
Siempre he dicho que lo que faltaba para tomar medidas que acabasen con los paraísos fiscales era voluntad política y esta investigación ha demostrado por qué no les interesa tirar de la manta”, comenta Peláez.
“Hay intereses creados tan grandes que será difícil erradicarlos”, comenta Marta González, de AEDAF. 
“Cada vez hay más convenios de libre imposición con intercambio automático de información pero siempre quedarán pequeños reductos que no querrán pasar por esas reglas”, añade. El negocio es demasiado abultado. 
“Mantener actividad en un centro offshore cuesta en intermediarios entre 10.000 y 15.000 euros al año. Tener una cuenta en un paraíso fiscal con origen legítimo del dinero y cumpliendo con las obligaciones fiscales en el país de residencia no es delito, pero gastarse ese dinero para montar una estructura societaria lleva a imaginar cuál es la finalidad”.
“Qué efectividad tiene que Panamá empiece ahora a facilitar información a raíz de los Panama Papers si la sociedad sobre la que se le piden datos está en las Islas Vírgenes y no se sabe quién está detrás”, comenta Peláez. 
“O se toman medidas coercitivas con voluntad internacional o esto no acabará en la vida. De las 35 empresas del Ibex, 34 tenían filiales en paraísos fiscales según los estudios del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Delaware tiene 285.000 sociedades domiciliadas en una única oficina en una de todas sus calles. Hay millones de sociedades con sede en paraísos fiscales. Hay que actuar contra todos los que intervienen en esta industria: las entidades financieras, los despachos intermediarios, los países”.
¿Cómo? A pesar de su filosofía, de sus prácticas y de albergar en su territorio paraísos fiscales, Estados Unidos ha mostrado el camino. 
Su normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y especialmente la versión que pactó con Suiza para obtener información del patrimonio de residentes estadounidenses en entidades del país helvético es la prueba. 
Los bancos suizos no tuvieron mucha opción. O colaboraban o perdían la licencia para operar en EE.UU. Eso defienden desde la Inspección de Hacienda en España. 
“A quien se pille operando con paraísos fiscales se le retira la licencia bancaria o se expropia el banco. Igualmente, hay que dejar de reconocer la personalidad jurídica de sociedades con sede en un territorio offshore. De ese modo, cuando una de esas entidades pretenda comprar, por ejemplo, una empresa hotelera en España, el notario no podrá dar fe de la operación y no se realizará”.
¿Por qué no se hace? “Porque no se quiere”.