Juan Manuel Santos: El sicario de los EEUU para una intervención en Venezuela
Juan Manuel Santos Calderón, actual Presidente de la República de Colombia, está dando muestras contundentes de su decisión firme de convertirse en un sicario de la geopolítica de los Estados Unidos de América.
Hasta ahora el gobierno de Santos había asumido una diplomacia ambigua –más bien esquizofrénica- respecto a Venezuela. Mientras por una parte exhibía un discurso prudente e imparcial en los escenarios bilaterales y multilaterales, por otra parte, emitía comentarios injerencistas en torno a nuestros problemas internos (los cuales nos competen exclusivamente a nosotros), e incluso, se permitía afirmar que en Venezuela hay una crisis humanitaria, concepto idóneo para propiciar una intervención en el orden mundial actual.
Pero desde hace un par de meses se ha evidenciado una nueva tendencia en la política de Santos hacia Venezuela. El tono confuso y contradictorio ha sido sustituido por una actitud de intromisión explícita y obscena en los asuntos internos venezolanos. Desde entonces, realizar declaraciones injerencistas se ha convertido en una práctica frecuente del gobierno de Colombia.
De la posición ligth –muchas veces repudiada por dirigentes de la derecha venezolana-, que no pasaba de una narrativa tergiversadora de la realidad, el gobierno de Santos ha transitado a la participación directa en una conjura con otros once (11) países del hemisferio para violar la soberanía venezolana y para crear las condiciones que permitan la imposición de sanciones y de hostilidades multilaterales –siempre dirigidas por Estados Unidos- contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Posteriormente ha emitido reiteradas declaraciones inamistosas y se ha inmiscuido de manera indecorosa en asuntos internos de Venezuela. Por ejemplo, se ha alineado con los factores de derecha en torno a la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente realizada por el Presidente Nicolás Maduro; ha emitido juicios que tergiversan la realidad y exponen a Venezuela como un régimen dictatorial ante la comunidad internacional; ha insinuado la necesidad de aplicar la Carta Democrática contra nuestro país; y por último, probablemente lo más grave, ha sugerido la organización de una fuerza multinacional para la creación de un canal de ayuda humanitaria a través de la frontera colombo-venezolana (ya es sabido cuáles fueron los resultados de este tipo de mecanismo intervencionista en países como Libia y Siria).
Por si fuera poco, el gobierno de Colombia a través de su canciller María Ángela Holguín, ha llegado al clímax injerencista al afirmar que Venezuela “no es un país viable”, y la misma alta funcionaria solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) poner atención a la crisis venezolana. Esta acción hostil y tendenciosa representa una afrenta a la relación bilateral, y un menosprecio hacia los organismos multilaterales de la región.
Otra acción notablemente inamistosa asumida por Colombia durante los últimos días, consistió en el retiro de su Embajador en Caracas de manera indefinida porque en Venezuela “se pasó una raya” en referencia a una sentencia –ya revertida- del Tribunal Supremo de Justicia. Según esa lógica, Venezuela debió cortar relaciones con Colombia desde hace mucho tiempo, pues ese país ha cruzado todas las rayas y las grietas imaginables en materia de Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos con la denominada para-política, el terrorismo de Estado y un largo etc.
Por cierto, en recientes declaraciones la Canciller afirmó que la situación no se definirá sino después de la reunión de Cancilleres en el Consejo Permanente de la OEA del próximo 31 de mayo, reunión que fue concebida y se prevé a todas luces como un linchamiento político hacia Venezuela, así que no es difícil imaginar cuál será la nueva orientación de la política exterior de Colombia hacia Venezuela.
Las últimas acciones del gobierno de Santos en relación con Venezuela, expresan su intención de seguir de manera disciplinada los lineamientos de la política exterior de los Estados Unidos. La reunión con Trump, prevista para el 18 de mayo de 2017, ha incluido a Venezuela como tema sustantivo en la agenda. Tal situación es una muestra del desprecio de los dos mandatarios al Derecho Internacional y al Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos.
Según voceros del gobierno de los Estados, Trump quiere que “Santos adopte un tono firme frente al gobierno de Nicolás Maduro y lo refleje en sus actuaciones ante los mecanismos multilaterales”, y que Colombia asuma un rol importante en “la restauración de la democracia” en Venezuela.
El desarrollo de los acontecimientos más recientes permite inferir que Trump emplazó al presidente Santos -en su conversación telefónica en Febrero- para que modificara su posición dubitativa hacia Venezuela, y también que en la Casa Blanca le encomendará la tarea de intensificar las hostilidades hacia nuestro país en todos los escenarios y todas las dimensiones (la asamblea de cancilleres de la OEA será un espacio idóneo para que el gobierno de Colombia certifique su lealtad a los designios de los Estados Unidos).
Es lógico y previsible que Santos, por su condición de clase y sus convicciones ideológicas, siempre haya estado subordinado a los intereses norteamericanos[1]. Sin embargo, la adjudicación de un premio Nobel de la Paz –y su delirio de grandeza de pasar a la historia como el estadista que logró la pacificación de Colombia-, parecía que podían influir en una actitud cautelosa para no manchar su nombre ante la historia con un papel como el que le va a asignar Trump en Washington, el triste y mediocre papel de convertirse en un sicario del intervencionismo y en una ficha de ajedrez de una posible agresión bélica contra el pueblo venezolano.
Triste papel el de Juan Manuel, pues tendrá que cargar con la responsabilidad de tan lúgubres acciones ante la historia. Lo más triste es que sabemos que él es apenas un instrumento. Él no decide, es el establishment colombiano -vinculado orgánicamente al capital monopólico transnacional-, el que determina las políticas de ese gobierno. Entonces es doblemente triste el papel, pues además de sicario también resultó ser –fiel a la tradición oligárquica y lacaya de la clase política de ese país- una marioneta del imperialismo.
La historia sabrá juzgar. El pueblo venezolano seguirá en resistencia y en defensa de nuestro derecho de vivir en paz y el derecho a nuestra autodeterminación. Los pueblos de Nuestra América, no van a callar y no van a permanecer pusilánimes ante una agresión contra Venezuela.
[1] No es casual que Colombia concentre al menos nueve (9) bases militares de los EE.UU. en su territorio (por cierto, siete de ellas instaladas durante la gestión de Santos como Ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez).
JORGE FORERO
Alainet
No es ninguna novedad admitir que los actuales acuerdos de paz en Colombia se deben a los impulsos debidos a Hugo Rafael Chávez Frías y la capacidad de negociación del cuerpo diplomático del Gobierno Bolivariano, sobre todo de Nicolás Maduro cuando fuera canciller de la República.
De hecho, así lo reconoció Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el día en que firmaron los documentos el gobierno colombiano y las FARC-EP el año pasado.
Venezuela no sólo ha jugado un papel significativo en el desarrollo de estos acuerdos, al mismo tiempo ha recibido del gobierno de Santos una beligerancia determinada por varios factores, cuyas consecuencias escalan hasta una tensión bilateral que pareciera tener como fin una confrontación directa e inédita hasta los momentos entre los países vecinos.
Detrás de esos factores se encuentra un actor de poder, heterógeneo en su composición y homogéneo en sus fines, como lo es Estados Unidos. La ayuda que prestó el chavismo a la disminución de la confrontación interna entre guerrillas, paramilitarismo y Estado es colateral con respecto a una política oficial que comienza en la tesis del Pentágono conocida como el Arco de Inestabilidad, que comprende a nuestro país por ser uno petrolero, y tiene como expresión en suelo colombiano laDoctrina Damasco, que reúne en una operatividad conjunta a los ejércitos de Colombia, Chile y EEUU y la OTAN en el marco del así llamado "post-conflicto".
¿Está Colombia apuntando hacia territorio venezolano? Algunas claves demuestran que, hasta los momentos, es así, sobre todo luego de que la violencia antichavista local disminuye con el paso de los días y el factor geopolítico toma mayor relevancia con la reciente Declaración de Lima.
Declaraciones e injerencia
Desde que Santos se reuniera en Washington con el presidente Donald Trump para reafirmar la alianza bilateral, y también con Lindsey Graham, Marco Rubio, Bob Corker y John McCain, cuatro senadores estadounidenses que buscan ampliar las sanciones al país, sus declaraciones sobre la situación venezolana han venido calentándose hasta el punto de considerar al Gobierno Bolivariano de "dictadura".
Tal vez se deba a que, según el medio colombiano El Tiempo (de la oligárquica familia Santos, precisamente), los senadores en conjunto le ofrecieran al gobierno de Colombia "ayuda militar para contrarrestar cualquier provocación o un posible conflicto con Venezuela".
Complacido tras ver el apoyo bipartidista en EE UU hacia nuestro país y por su respaldo a #PazColombia #VisitaAWashington pic.twitter.com/8rkyHUsesf— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 18 de mayo de 2017
Aunque la administración Santos ha tenido roces diplomáticos con Venezuela desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, en momentos álgidos de confrontación política interna ha llamado al diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la MUD, así como lo hiciera reiteradamente el Jefe del Estado.
Sin embargo, con la instalación de la ANC, Santos toma una posición de beligerancia análoga a la de los demás gobiernos tutelados como Perú y México y declara que ese poder plenipotenciario, que desconoce oficialmente, "es la culminación de la destrucción democrática venezolana".
Además, de aquella reunión entre Santos y los nombrados senadores estadounidenses viene esa subida de tono que periodistas en Colombiacomo Rafael Guarín, de la línea uribista, reclamaban de su presidente al escribir: "Tocó que Trump lo apretara".
A esto hay que añadir las declaraciones de Mike Pompeo, actual director de la CIA, en el Foro de Seguridad auspiciado por el Aspen Institute en Colorado, EEUU.
Allí aseguró que la central de inteligencia trabaja en conjunto con los gobiernos de Colombia y México para generar un "cambio de régimen" (golpe de Estado) en Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro denunció lo expresado por el jefe de la CIA y pidió una explicación tanto a Colombia como a México.
La cancillería colombiana declaró que "Colombia jamás ha sido un país intervencionista", a pesar de lo dicho por Pompeo.
Por otro lado, las declaraciones del ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas Santamaría, desmienten lo versado por la cancillería del gobierno que representa. Cárdenas dijo en una entrevista que su país acompañaría las sanciones a 13 funcionarios que aplicara EEUU en julio pasado. Y agregó que "lo primero que hacemos es ofrecer toda nuestra colaboración (a EEUU) para tenderle un cerco desde el punto de vista financiero" a los representantes de la institucionalidad venezolana.
Incluso William Brownfield, ex embajador estadounidense en Venezuela y actual secretario adjunto de Estado de Seguridad y Lucha Antinarcóticos, anunció recientemente posibles "problemas políticos y bilaterales" sobre posibles litigios con respecto a los cultivos de coca, y subraya la responsabilidad de Venezuela en lo que Colombia es ejemplo: el narcotráfico en la región.
Todo esto viene condimentado con la mediática colombiana que demoniza y azuza constantemente lo sucedido en Venezuela y convierte al gobierno de Santos en víctima de los "desmanes totalitarios" del chavismo.
Nada más con lo declarado, y con las acciones financieras que toma Colombia con respecto a Venezuela, se puede prever un escenario de confrontación política que también tiene extensiones militares con la mencionada Doctrina Damasco, y sobre todo paramilitares con la inserción de este tipo de contigente violento transnacional en territorio venezolano.
Colombia, exportador de violencia mercenaria
Es público y notorio que con el Plan Colombia se instalaron siete bases militares que izan la bandera estadounidense en suelo colombiano.
Lo que poco se comenta es la funcionalidad de esas bases, amparadas bajo el eslógan de la "lucha contra el narcotráfico", pero que el historiador Renán Vega Cantor no duda en señalarlas como señuelos para controlar militarmente el territorio latinoamericano en pro del resguardo norteamericano sobre materias primas como petróleo y minerales.
A esto se unen los acuerdos de paz con las FARC, que brindan un escenario de "post-conflicto" que algunos analistas han señalado de inestable.
La investigación de León Valencia señala que con la desmovilización de la guerrilla liderada por Timoleón Jiménez, las zonas que antes controlaba ahora están tomadas en su mayoría por las Bacrim (bandas criminales), la mutación nominal del paramilitarismo financiado por gamonales y jefes del narco en Colombia. Más el aumento sistemático de los cultivos de coca. Lo que indica que los orígenes (violentos y económicos) del conflicto en el país vecino siguen intactos.
Estas Bacrim, como ha sido documentado, manejan una política económica similar a las del paramilitarismo de la era Uribe. Controlan zonas con mayor densidad de cultivos de droga, negocios ilícitos, economías negras, e implementan estados de excepción en las regiones controladas por ellas. Lo dicho anteriormente: son el brazo armado del neoliberalismo.
Asimismo las Bacrim han sido emparentadas con las compañías privadas de paramilitares mercenarios, cuyos actores y funciones han sido exportados a otras latitudes del mundo para intervenir en guerras civiles en Medio Oriente, África y Asia meridional. Estas compañías, financiadas entre otros por el Pentágono, también han tenido en Colombia un negocio fructífero en tiempos de conflicto. ¿Y en el "post-conflicto"?
Un escenario en el que el ejército colombiano está entrenado en guerra irregular, al igual que las Bacrim y las compañías mercenarias transnacionales, y con una posible desmovilización de todas las guerrillas en un futuro próximo para unirse a la vida política de Colombia, podría tener otro tipo de trabajo, diferente a la "contrainsurgencia" de los últimos 60 años.
María Fernanda Barreto en un artículo para Misión Verdad cita las premisas de la nueva Doctrina Damasco del ejército colombiano, que "plantea cuatro tipos de operaciones: ofensivas, defensivas, de estabilidad y de apoyo a la autoridad civil para integrar 'sus acciones con asociados de la acción unificada, conjunta, interagenciada y multinacional' para enseñar a los militares colombianos a utilizar términos y símbolos que permitan la interoperatividad 'cuyo fin es que el ejército conduzca operaciones militares unificadas (OTU) dentro del país y a nivel regional y mundial'".
Con la subida de tono por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en torno a Venezuela, parece legítima la denuncia del presidente Maduro cuando manifestó que el ataque armado al Fuerte Paramacay (Carabobo) el domingo 6 de agosto fue financiado desde Miami y Colombia.
Este alegato no ha sido respondido (aún) por Bogotá.
Varias expediciones por parte de paramilitares colombianos en territorio venezolano, sobre todo en las zonas fronterizas, han sido neutralizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los últimos años, incluida la caída del jefe de finanzas de Los Rastrojos a principios de este año en el estado Táchira.
El Centro de Investigación de Crimen Organizado ha publicado un informe en el que asegura que Los Rastrojos ha resurgido con mayor fuerza en los últimos meses, coincidiendo sobre todo con los tiempos de violencia antichavista en Venezuela.
Todos estos elementos (violencia mercenaria y paramilitar) están unidos en un escenario en el que el gobierno de Santos toma mayor beligerancia con respecto a Venezuela.
Ante el fracaso de la MUD para imponer su agenda, estos recursos asimétricos se ponen a valer, ya han sido usados y podrían seguirse empleando para desestabilizar a la ANC, lo que obligaría al Gobierno venezolano a delegar recursos políticos y diplomáticos en función de una confrontación promovida por el gobierno de Santos.
El analista ruso-estadounidense Andrew Kowybko prevé una posible operacion de bandera falsa del lado colombiano relacionada a lo declarado por Brownfield hace poco: el narcotráfico en la frontera como excusa para iniciar un conflicto entre ambas naciones.
Hay una realidad en Colombia que está preocupando a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional: existe un nuevo genocidio en curso en medio del proceso de paz.
De enero a julio del presente año han sido asesinados 52 líderes sociales.
Igualmente ha señalado que por cada líder asesinado hay 10 personas amenazadas de muerte.
De otro lado, ya son 15 asesinatos de familiares y guerrilleros amnistiados de las FARC.
Simultáneamente hay una preocupante oleada de judicializaciones.
A una sola voz, tanto el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, como el Fiscal Néstor Humberto Martínez, se han apresurado a manifestar que estos crímenes no corresponden a una acción sistemática, que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, reduciéndolos a hechos aislados o a delitos comunes inconexos entre ellos, en una vergonzosa expresión de encubrimiento a paramilitares y batallones militares que las autoridades civiles conocen pero prefieren mirar para otro lado; pero las denuncias de pobladores rurales también señalan una alianza de ciertos sectores políticos de extrema derecha con representación parlamentaria con los llamados clanes del golfo y otras expresiones para-estatales.
Es evidente que hay una intención clara de destruir el movimiento social, generar un clima de terror en las áreas rurales y producir nuevos eventos de desplazamiento.
Lo que preocupa es que estos asesinatos se producen en zonas beneficiarias con circunscripciones especiales electorales y contra líderes que podrían ser los eventuales candidatos a corporaciones públicas, lo cual denota una acción pérfida, calculada desde dentro y fuera del Estado.
Es indignante que el gobierno subestime este extermino y de paso evada su compromiso de avanzar en el desmantelamiento del fenómeno paramilitar y la depuración de elementos criminales de la fuerza pública, tal como es su compromiso con los acuerdos de paz.
En los últimos días se ha conocido que un grupo no identificado está ofreciendo un millón de dólares por el asesinato de cada uno de los nueve miembros del secretariado de las FARC.
El sistema judicial permanece impávido ante estas denuncias, ocupado como está en atravesar todo tipo de obstáculos al proceso de paz.
La guerra sucia continúa siendo funcional a los intereses del establecimiento; a pesar de afirmaciones en contrario la doctrina del “enemigo interno” no ha desaparecido, bajo sus manuales se siguen eliminando opositores al régimen.
La movilización social debe expresarse en la calle para hacer retroceder semejante perversidad de las elites dominantes.
http://semanariovoz.com/33865-2/
https://movimientopoliticoderesistencia.blogspot.com/2017/08/colombia-las-matanzas-en-medio-del.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+MovimientoPolticoDeResistencia+(Movimiento+Pol%C3%ADtico+de+Resistencia)
Asesinatos en tiempos de paz en Colombia
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- agosto 9º, 2017
Siete exintegrantes de las FARC y más de 50 líderes sociales han sido asesinados presuntamente por paramilitares desde que se firmaron los Acuerdos de La Habana. La guerrilla denuncia que existe un plan para asesinar a sus líderes.
Texto y fotografía: Ricardo Grande y Eva Brunner
“Sería triste morir en tiempos de paz”, dice Germán, un guerrillero de las FARC que acaba de llegar a la zona veredal La Carmelita tras salir de una cárcel de Bogotá. Cuando el ejército colombiano lo detuvo, fue a condenado a once años de prisión por el delito de sedición. “Gracias a los Acuerdos de La Habana he estado encarcelado solo dos años”, cuenta.
Germán es uno de los cerca de 1.400 guerrilleros presos que han sido amnistiados por el proceso de paz. “Cuando sales de prisión, temes por tu vida. Uno teme que le jodan, le maten o cualquier vaina. Temes a los paracos, al ejército…”, explica, dejando la frase en el aire, mientras pinta la fachada de la casa de uno de sus compañeros de filas.
En plena transición a la vida civil, Germán y sus compañeros aseguran que “la paz no tiene marcha atrás”. Pero sienten que desarmados son un objetivo más fácil para algunos de sus antiguos enemigos, que aún cargan fusiles.
Desde que su líder, Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos se dieran el histórico apretón de manos que selló los Acuerdos de La Habana, siete exmiembros de las FARC han sido asesinados poco después de salir de la cárcel. Al menos nueve familiares de excombatientes también han muerto como resultado de ataques que la guerrilla atribuye a los paramilitares.
La guerrilla ha alertado sobre la existencia de un plan ideado para eliminar a sus líderes.”Hemos tenido conocimiento de una organización criminal con recursos que ha ofrecido hasta un millón de dólares por cada persona del secretariado de las FARC que sea asesinada”, expresó en un medio colombiano Enrique Santiago, asesor jurídico de esta guerrilla.
El gobierno, en cambio, piensa que esos asesinatos son “casos puntuales”. “No hay un plan para asesinar a dirigentes de las FARC”, declaró el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. “Por el contrario, se están buscando todos los mecanismos para que en cuanto se terminen las zonas veredales se den todas las garantías en materia de seguridad a todos sus integrantes”. El gobierno ha asegurado que se han reforzado las medidas de seguridad.
“Los guerrilleros temen morir ahora que están desarmados. Temen acabar masacrados en una calle como pasó con la Unión Patriótica”, cuenta Yudi Méndez, que lleva en las FARC 18 de sus 34 años. Los asesinatos, torturas y desapariciones de cerca de 5.000 militantes de este partido, formado por exguerrilleros en los años 80, alimentan las inquietudes de los miembros de las FARC. “El principal miedo de la guerrillerada es el paramilitarismo. El gobierno se ha comprometido a combatir los grupos ilegales y los paramilitares y, en cambio, están creciendo con más agresividad”, explica.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, 74 municipios post-FARC han sido ocupados por Grupos Armados Organizados (GAO), la nueva etiqueta que usa el gobierno para denominar a las antiguas Bandas Criminales, que nacieron de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares a mediados de los años 2000.
La seguridad es uno de los temas claves de los Acuerdos de La Habana firmados en septiembre de 2016. El punto tres destaca que el gobierno garantizará “las medidas necesarias contra las organizaciones criminales” que atenten contra aquellos que defienden este proceso.
Sin embargo, las FARC señalan que este asunto se está quedando, de momento, en el papel. “Desafortunadamente el gobierno dice que esas muertes, al igual que los asesinatos de líderes sociales, no son atribuibles al paramilitarismo, sino casos aislados”, lamenta Olga Marín, una dirigente fariana encargada de la verificación y el monitoreo del cese al fuego.
Las muertes de combatientes desmovilizados han tenido efectos desestabilizadores en los procesos de paz. Ocurrió con el exterminio de la Unión Patriótica planeado por agentes estatales, paramilitares y narcotraficantes. Pero en la historia de Colombia hay más ejemplos. En 1960, el asesinato de Charro Negro a manos de guerrilleros liberales, motivó a su compañero Manuel Marulanda a desempolvar el fusil que había abandonado. Dejó su trabajo como inspector de construcción para continuar con la lucha armada en las montañas. Cuatro años despuésfundó las FARC.
Los guerrilleros recuerdan al Estado que debe atajar este problema con los mecanismos acordados: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo, el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política; además de implementar medidas de prevención y lucha contra la corrupción.
En los 41 años que lleva en la guerrilla, el Comandante del Bloque Sur de las FARC, Martín Corena, ha vivido tres procesos de paz. “Este es el único que ha avanzado tanto. Creo que llevamos como un 80%”, cuenta. Mientras habla, recibe la noticia en su casa de La Carmelita de que un miliciano ha sido baleado. Indignado y dolido, retoma la palabra: “Vamos a apostarle a la paz. Vamos a sacrificarnos. Vamos a dar hasta la vida si toca. A nosotros nos pueden matar, pero vendrán muchos otros a reclamar hasta lograr la paz”.
Juan Fernando Amaya ha sido el último guerrillero asesinado en tiempos de paz. Fue indultado en abril. Pero su excarcelación no estuvo exenta de miedos. A finales de junio, Amaya solicitó un estudio de riesgo con la Unidad Nacional de Protección por “amenazas contra su vida debido a dinámicas criminales comunitarias”. Murió degollado tres semanas después en una vereda de Antioquia.
En las FARC son conscientes de que las amenazas no tienen un solo nombre y apellido. “Hemos recibido una serie de volantes firmados por las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas. Eso está latente. No podemos negarlo. Pero creemos que es parte de la campaña del miedo y de las habladurías que dicen que van a acabar con todos nosotros”, explica Marín.
Amnistía y seguridad
El proceso de paz ha sufrido varios golpes y, aunque no ha descarrilado, sí ha sufrido retrasos. La apretada victoria del ‘No’ en el plebiscito del pasado octubre obligó a modificar algunos puntos de la hoja de ruta. Otro revés vino con la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que invalidó el atajo parlamentario para implementar los Acuerdos de La Habana.
Los retrasos en la aplicación de la ley de amnistía llevaron a más de 1.480 presos a declararse en huelga de hambre desde el 26 de junio hasta el 20 de julio. Algunos se cosieron la boca en señal de protesta. Sin embargo, ahora que esta ley ha sido desbloqueada por decreto y se castigarán las resistencias que algunos magistrados mostraron, las FARC esperan que los guerrilleros salgan en agosto. En las cárceles colombianas aún hay más de 1.700 guerrilleros, según cifras oficiales, a la espera de ser amnistiados.
La urgencia de las FARC de reforzar la seguridad se vuelve prioritaria. Alrededor de 7.000 exguerrilleros, que permanecen en las las zonas veredales (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación desde el 1 de agosto), esperan que se levanten los cargos en su contra para salir a hacer pedagogía de paz a las comunidades. Algunos contarán con servicio de escolta prestado, en parte, por compañeros.
Asesinatos de líderes sociales
El avance de los grupos ilegales no sólo preocupa a los guerrilleros. Según la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2016 ha habido 186 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En 2017, registraron 52 muertes y alrededor de 500 personas denunciaron amenazas. “La gran mayoría de los homicidios y amenazas se han registrado en zonas donde antes estaban las FARC. La sociedad y el Estado tendrán que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir”, sostiene el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret.
Desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el investigador Juan Garzón alerta de que el vacío de poder de las FARC lo están ocupando otros actores armados: “La presencia institucional en estas zonas no es muy fuerte. Están aisladas y muchas de sus necesidades básicas no están cubiertas”. Los grupos armados ilegales que pugnan por el control de las zonas post-FARC mutan y adoptan nuevas caras. “La violencia ahora es más sutil y selectiva”, señala el experto.
Las estructuras del crimen organizado son cada vez menos verticales. Los GAO, la clasificación oficial que agrupa a grandes actores del conflicto como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), están subcontratando a otros grupos más pequeños e influyentes a nivel local. Son los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO).
Algunos habitantes de las zonas rurales se está organizando paracontener la violencia. Están recogiendo la experiencia de pueblos indígenas, como el Nasa, Kisgo o Ambalo, y están creando las guardias campesinas. “Es necesario concienciarnos para entre todos cerrar el paso al paramilitarismo, que cuenta con el apoyo de algunos sectores de la población y políticos que no quieren la paz. También con el de algunos militares”, cuenta la exguerrillera Marín.
En la mesa con los paramilitares
El pasado 19 de julio, Colombia fue testigo de un encuentro insólito. Enemigos acérrimos compartieron mesa y conversación. Tres excomandantes paramilitares de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia y tres integrantes de las FARC se reunieron durante más de tres horas para lograr “un acuerdo de contribución a la verdad histórica sobre el conflicto armado”.
En esta reunión histórica, de la que no se ha filtrado mucha información, se habló de la paz y sobre todo, según cuentan, de la verdad. También se inmortalizó en varias fotografías donde aparecen los exparamilitares Fredy Rendón alias “El Alemán”, Ernesto Báez y Diego Vecino junto a los farianos Iván Márquez, Jesús Santrich y Pablo Catatumbo.
“Los paramilitares dicen que es necesario conocer la verdad en este proceso, cosa que no sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe”, asegura Olga Marín. El exministro Álvaro Leyva, muy implicado en el proceso de paz, declaró que durante la reunión también se destacó la importancia de crear “un pacto nacional para sacar definitivamente las armas de la política y garantizar el debate de las ideas en democracia”.
El salto civil de las FARC
En la zona veredal La Carmelita, los guerrilleros asumen que cambiar el camuflaje por ropa civil no garantiza su seguridad. Saben que muchos de sus enemigos siguen armados y una parte de Colombia no perdona a la guerrilla más antigua de América Latina. Esperan “no morir en tiempos de paz”, pero dicen que están dispuestos a asumir ese riesgo.
Los miedos se cuelan en los planes civiles de la guerrillerada. Muchos dicen que quieren estudiar; la mayoría apuesta por contribuir al partido político en el que se transformarán las FARC el 1 de septiembre. Algunos, como Germán, quieren retomar su vida campesina: “Ahora toca pensar en el futuro. Ojalá el gobierno cumpla con lo pactado”.
Para Marín, que la gente se involucre en este proceso es vital: “Es necesario que ni la sociedad colombiana ni la comunidad internacional se queden apáticas si se siguen cometiendo asesinatos. Ojalá no se vuelva a repetir el genocidio de la Unión Patriótica. Este país no aguantaría una segunda experiencia como ésa”.
Jefe de CIA conspira con Colombia y México contra Maduro
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- julio 24º, 2017
La Inteligencia de EE.UU. conspira con México y Colombia para acabar con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, según el canciller de Venezuela.
“El jefe de la CIA (acrónimo en inglés de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.), asegura que trabaja con Colombia y México para derrocar al Gobierno democrático de Venezuela”, denunció el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Samuel Moncada, en un mensaje emitido el domingo en Twitter.
El titular venezolano también publicó las declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, quien indicó que cada vez que se trata de un país tan grande y con tanta capacidad económica, como Venezuela, “EE.UU. tiene profundos intereses en garantizar que el país esté tan estable y democrático como sea posible”.
Bajo el mismo pretexto, Pompeo reiteró que Washington prevé intervenir en Venezuela y está optimista de que pueda haber una transición allí.
Además, dijo que sus recientes visitas a México y Colombia se centraron en comunicarse con las autoridades de ambos Estados para encontrar “un mejor resultado”.
Todo eso en momentos que Caracas acusa a Washington de apoyar a la oposición venezolana para desestabilizar el país, que desde hace casi cuatro meses ha sido escenario de tensiones internas.
Moncada, a la cabeza de una comisión de alto nivel de Venezuela que implicaría la activación de mecanismos de defensa en organismos internacionales y regionales, rechazó en la misma jornada del domingo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la campaña ‘racista’ e ‘imperialista’ de la Administración de Donald Trump y su intervención en los asuntos internos del país bolivariano.
“Estamos alertando las maniobras norteamericanas de destrucción de las democracia en Venezuela, van a prolongarse hasta acá estén prevenidos”, afirmó el jefe de la Diplomacia venezolana.
En otro mensaje de Twitter, Moncada refirió a un comunicado difundido por la embajada estadounidense en Caracas, capital venezolana, en el que se exhorta a los estadounidenses residentes en Venezuela a acumular comida y agua para las próximas 72 horas. A juicio del canciller venezolano, dicho mensaje provocará “otra ola de violencia” en el país.
Palabra y silencio en Colombia
Parece que la guerra finaliza en Colombia. Parece que las armas dejarán de atronar en un país encharcado en el horror cotidiano desde hace más de medio siglo.
Parece…. Porque también parecía hace casi tres décadas cuando se produjo otro gran proceso de desmilitarización guerrillera. O hace una década, cuando los paramilitares accedieron a entregar las armas y colaborar con la justicia.
Parece… Porque, entonces, el reguero de sangre no se detuvo y las cifras de la violencia se dispararon. Demasiadas veces la guerra no acaba aunque se haya firmado un documento, y la paz se convierte en papel mojado si no se garantiza la seguridad de los ciudadanos.
Matar periodistas es una costumbre desde hace 40 años en Colombia, país que llegó a encabezar durante muchos años la lista negra de países latinoamericanos con más asesinatos de informadores. Y algún año batió récords mundiales.
Decía Orlando Sierra Hernández, periodista asesinado en 2002, que el gran mal colombiano es «la imposibilidad de utilizar la única arma decente de confrontación que existe que es la palabra», y se atrevía a definir como «acto doblemente terrorista» al hecho de tratar de callar los medios de comunicación con el objetivo de «infundir el miedo y el silencio».
La palabra y el silencio. Así se llama el estremecedor informe de más de 400 páginas que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha publicado recientemente sobre la violencia contra periodistas en Colombia entre 1977 y 2015: 152 periodistas colombianos fueron asesinados desde 1977 mientras ejercían su trabajo. La inmensa mayoría trabajaban en pequeñas emisoras y periódicos regionales. Otros centenares sufrieron ataques directos, secuestros y amenazas.
Decenas de periodistas tuvieron que abandonar el país para garantizar sus vidas. Algunos contaron con la protección de organismos internacionales especializados en proteger a informadores amenazados de muerte.
Los móviles de los asesinatos tuvieron que ver con investigaciones de hechos de corrupción o relacionados con el conflicto armado. Las órdenes de asesinato fueron dadas por políticos corruptos, cárteles de la droga, responsables de todos los grupos irregulares (guerrillas y paramilitares) o vinculados a las fuerzas militares gubernamentales.
El 50% de los asesinatos ya han prescrito. Desde 2004 el número de periodistas asesinados disminuyó pero, al mismo tiempo, aumentó el número de amenazas y la autocensura.
«La prensa colombiana, que era la mejor de América Latina a principios de los años 90, entró en un grave declive al aceptar las presiones gubernamentales»
La imposición del silencio, tal como se llama uno de los capítulos del conmovedor informe, empezó el 11 de diciembre de 1977 cuando dos policías asesinaron en Cúcuta a Carlos Ramírez París, director de una radio local.
«Con golpes de culata de revólver hicieron que sus vértebras le perforaran los pulmones y muriera a causa de una hemorragia interna», se explica en el informe.
Este periodista y líder comunitario fue el primer caso de asesinato registrado y documentado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización no gubernamental creada en 1996 por iniciativa de Gabriel García Márquez, y quedó impune a declararse inocentes a sus asesinos en un juicio oral.
Carlos Ramírez era periodista y promotor social y utilizaba su emisora para denunciar los casos de corrupción que afectaba a su ciudad. Se convirtió en el primero de una larga lista de periodistas asesinados «en autobuses, junto a las redacciones de sus periódicos, abriendo la puerta del garaje de su casa, en taxis y en sitios públicos, en carreteras o inclusive dentro de la cabina de su propia emisora de radio, mientras transmitían en vivo y en directo».
El informe también recuerda que muchos periodistas han sido intimidados con «envíos de coronas mortuorias, llamadas telefónicas insultantes, amenazas explícitas o veladas, golpes, listas públicas amenazantes, secuestros y torturas, escuchas telefónicas y pintadas denigrantes».
Ejercer el periodismo en Colombia, especialmente en ciudades pequeñas donde todo el mundo se conoce y donde las amenazas se realizan a plena luz del día, se convirtió en un acto heroico para centenares de periodistas que muchos días se dirigían a sus trabajos sin saber si regresarían vivos a sus casas.
El informe asegura que asesinar periodistas se convirtió en «una estrategia de guerra» que buscaba «acallar, amedrentar, aleccionar, desaparecer, presionar, silenciar».
A mediados de los años 80 las presiones de las guerrillas, las amenazas del narcotráfico y el enfoque anticomunista de las fuerzas de seguridad colombianas provocaron la primera oleada de periodistas exiliados entre los que destacan nombres como los de Gabriel García Márquez, Daniel Samper Pizano, María Jimena Duzán, Olga Behar y Antonio Caballero, entre otros.
Es muy posible que el medio de comunicación más perseguido en todo el mundo haya sido 'El Espectador'. Fue el primer diario que puso el énfasis en denunciar los peligros de los cárteles de la droga y que habló de la impunidad con la que actuaban sus organizaciones criminales.
Su director Guillermo Cano fue asesinado una semana antes de la Navidad de 1986, hace ya más de 30 años, por orden de Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín.
Ocho disparos acabaron con la vida de un hombre que había dedicado 44 años al periodismo, desde los 17 hasta los 61. La Unesco instituyó el Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano.
Tres años más tarde, el 2 de septiembre de 1989, un camión bomba con 135 kilos de dinamita destruyó buena parte de las instalaciones del diario en Bogotá.
Ese mismo día, seis sicarios armados incendiaron la casa de veraneo de la familia Cano en la isla del Rosario. Tras el atentado, 'El Espectador' tituló «Seguimos adelante» en su primera página, que acompañaba a una gran fotografía de la redacción destrozada.
«Sobre los escombros montamos una redacción y un taller de emergencia para cumplirle a nuestros lectores y a toda esa parte sana de Colombia que angustiosamente sigue esperando que el resto del país reaccione y que el Gobierno cumpla lo que ha prometido, para que éstos no sean también los escombros de la democracia colombiana», afirmaba el diario que simbolizó la lucha contra el narcotráfico cuando estaba a punto de cumplir un siglo de vida.
Poco más de un mes después, la gerente administrativa y el responsable de la tirada del diario en Medellín, la ciudad donde nació 'El Espectador', fueron asesinados por sicarios vinculados al narcotráfico.
El informe también recuerda que muchos periodistas han sido intimidados con «envíos de coronas mortuorias, llamadas telefónicas insultantes, amenazas explícitas o veladas, golpes, listas públicas amenazantes, secuestros y torturas, escuchas telefónicas y pintadas denigrantes»
Colombia siempre ha sido un país de excesos. El conflicto armado es tan antiguo que su inicio se pierde en la noche de los tiempos. El desplazamiento masivo afecta a millones de colombianos. Los desaparecidos se acumulan en cifras escandalosas mientras que los crímenes sin castigo convierten al país en el paraíso de la impunidad. El narcotráfico y el paramilitarismo son ya parte de la esencia del Estado.
En La palabra y el silencio, se cuenta que la ciudad de Arauca «un día amaneció sin noticias».
Puede sonar a arranque de un cuento de García Márquez, pero lamentablemente tiene que ver con la triste realidad. Fue el 3 de abril de 2003. En los dos días anteriores, 20 periodistas -la mitad de los que había en la ciudad-, huyeron a la capital.
Sus nombres aparecían en dos listas que circulaban, una atribuida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la otra al Bloque Vencedores de las Autodefensas.
Camilo Vallejo Giraldo reconstruyó lo ocurrido con aquellos periodistas en 2014:
«En el aeropuerto de Bogotá nadie los estaba esperando. No hubo fotos, ni entrevistas, ni altos funcionarios. La capital los vistió con el mismo anonimato que viste a los desplazados, porque ahora lo eran.
Los llevaron a reunirse con el vicepresidente Francisco Santos, quien prometió ayudarlos por algunos días. En menos de dos meses las ayudas se acabaron y las promesas no volvieron a aparecer. Quedaron a su suerte».
Una de las periodistas afectadas por aquella situación rocambolesca fue Carmen Rosa Pabón, directora de una emisora filial de Caracol, la principal radio colombiana.
Su nombre había salido en las dos listas, la de los guerrilleros y la de los paramilitares. Empacó sus cosas y se marchó dejando en la ciudad a su esposo y sus tres hijos.
«Es que si se entrevista a unos, los otros se molestan. Hasta los militares nos llaman la atención si ven que se está dando información de las guerrillas distinta a la que ellos quieren. Entonces estamos en la mitad.
Ya no se sabe qué de lo que se dice al aire lo pone a uno en más peligro. Toca entonces hablar de cosas suaves o ceñirse a lo que las autoridades nos digan que digamos». Así definía la situación de aquellos días en las declaraciones recogidas por Vallejo Giraldo.
Los ocho años de gobiernos del presidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 tampoco fueron fáciles para la prensa.
Decenas de periodistas tuvieron que abandonar sus trabajos y algunos de ellos se exiliaron por las continuas amenazas. Las escuchas telefónicas a periodistas realizadas por organismos del Estado se multiplicaron. Las amenazas surtieron efecto y contaminaron la calidad informativa.
La prensa colombiana, que era la mejor de América Latina a principios de los años 90, entró en un grave declive al aceptar las presiones gubernamentales.
Las redacciones centrales se desconectaron de lo que ocurría en el interior del país y empezaron a transmitir noticias oficialistas sin contrastar. Hasta se empezó a utilizar el vocabulario preferido de Uribe. Los guerrilleros fueron reconvertidos en «narcoterroristas». Los matices desaparecieron de los informativos. Todo era blanco o negro.
«Ejercer el periodismo en Colombia, especialmente en ciudades pequeñas donde todo el mundo se conoce y donde las amenazas se realizan a plena luz del día, se convirtió en un acto heroico»
Cuando aparecieron a finales de 2008 las primeras revelaciones de la responsabilidad del Ejército en el asesinato de civiles inocentes, haciéndoles pasar como guerrilleros muertos en combate, conocido como el «escándalo de los falsos positivos», muchos medios colombianos alimentaron las mentiras gubernamentales en vez de investigar las ejecuciones extrajudiciales, tal como son denominados este tipo de crímenes por el Derecho Internacional Humanitario.
Con el paso de los años, el poder judicial ha abierto procesos criminales contra centenares de militares implicados en los falsos positivos y las investigaciones amenazan con salpicar al expresidente Uribe y al actual presidente Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa en el gobierno de su predecesor.
El expresidente Uribe mantuvo enfrentamientos públicos con algunos periodistas colombianos muy conocidos que le recordaban a menudo sus relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico. En un programa de radio de octubre de 2007 saltaron chispas.
La presentadora le leyó a Uribe el inicio de la columna del periodista Daniel Coronell:
«Cada vez que alguien se atreve a remover el pasado del presidente, él apela a la misma estrategia.
Monta en cólera y llama a la emisora de sus preferencias. Hace señalamientos para criminalizar a quien investiga.
Explica exactamente lo que nadie le ha preguntado, evade los asuntos de fondo y garantiza un nuevo periodo de silencio sobre el tema».
Uribe, encolerizado, le dijo a la presentadora que le gustaría escuchar las acusaciones del propio periodista. «Que tenga valor cívico, que comparezca en antena, que es un periodista que le ha mentido al país en muchas ocasiones», comentó Uribe mientras la presentadora ordenaba llamar a Coronell.
La conductora del programa radiofónico le recordó a Uribe que Coronell recogía en su artículo una información aparecida en el diario local de Medellín durante el asesinato del padre Uribe en la que se decía que «usted viajó a la finca donde mataron a su padre e hirieron a su hermano en un helicóptero del narcotraficante Pablo Escobar».
Con Coronell ya en directo se produjeron varios cruces de graves acusaciones entre el periodista y Uribe.
Coronell le recordó al presidente que «me fui del país por amenazas de muerte contra mí y mi familia en las que estaban implicadas personas muy cercanas a usted, algo que ya ha sido probado judicialmente».
Artículo compartido con El PortalVoz por parte de su autor. Su publicación original (su blog) hace parte de .
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