El director de Aquamed señala a Arias Cañete
como adjudicador de las obras fraudulentas
Según una exclusiva de la Cuarta Tv, el ex ministro de Agricultura y actual comisario europeo, Miguel Arias Cañete es la última persona que daba las instrucciones en el escándalo del caso Aquamed.
La Cuatro ha tenido acceso a los documentos que ha remitido al juez en los que advierte de un fraude de casi 27 millones y medio de euros.
Según una exclusiva de la Cuarta Tv, el ex ministro de Agricultura y actual comisario europeo, Miguel Arias Cañete es la última persona que daba todas las instrucciones en el escándalo del caso Aquamed.
La Cuatro ha tenido acceso a los documentos que ha remitido al juez en los que advierte de un fraude de casi 27 millones y medio de euros. El denunciante aseguró además en su declaración que el máximo responsable de Acuamed, Arcadio Mateo, le señaló en alguna ocasión que el ministro Arias Cañete dictaba las órdenes para adjudicar irregularmente determinados contratos públicos.
El principal testigo del Caso Acuamed, Francisco Valiente, que fue director de ingenieria y construcción de la sociedad, fue el primer en denunciar los sobre costes que se estaban produciendo.
La pasada semana el juez Eloy Velasco, instructor del caso, dictó prisión a cinco de los trece detenidos que implicaban a cargos de muy alto nivel del Ministerio de Agricultura. Después de Ramos, Ardiles es otro de esos altos cargos investigados en el caso Acuamed.
Existe un correo electrónico (que figura en la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción un ingeniero de Acuamed que fue despedido tras negarse a avalar las irregularidades que veía en su empresa, dependiente de Agricultura) en el que Ramos comunica al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, la necesidad de entregar casi 10 millones a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Dinero que saldría del presupuesto de otra obra y que nada tenía que ver con esos diez millones.
Es decir, altos cargos del Ministerio pactaron con FCC que le pagarían “indebidamente”, según el juez, un total de 40 millones de euros para compensar el supuesto perjuicio que habría sufrido esta contratista por unas inundaciones que dejaron inservible la desaladora del bajo Almanzora, en Almería.
La instrucción judicial enuncia el delito de malversación de fondos públicos ya que en ningún momento se recurrió a los fondos de los seguros de las obras.
En cualquier caso, cualquier eventualidad en las concesiones deberían ser solventadas a cuenta del contratista. No obstante, los altos cargos del ministerio envueltos en el escándalo, se las ingeniaron para sacar estos sobre costes de las obras del embalse de Flix (Tarragona).
Otra parte del dinero defraudado, provendría de los Fondos Europeos, destinados fraudulentamente a certificaciones de Obras que nunca fueron realizadas. Y aquí es donde Arcadio Mateo señala a la intervención del comisario popular, Miguel Arias Cañete.
Caso Acuamed: el mayor 'pelotazo' de la trama acumula 227 millones en sobrecostes
Un documento incorporado al sumario de la 'Operación Frontino' desglosa las millonarias pérdidas que provocaron a "la cuenta de resultados" de la sociedad estatal las numerosas irregularidades en la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante) por parte de Acciona.
No sólo fue el mayor 'pelotazo' de la trama, sino también el que mayor perjuicio económico ha provocado al erario.
Un documento elaborado por los trabajadores de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) que denunciaron en 2014 las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura detalla que la desaladora de Torrevieja (Alicante) ha terminado provocando un 'agujero' de más de 227 millones de euros entre sobrecostes de inversión "por mala gestión" y los causados por la explotación ineficiente de la misma.
El informe, que se ha incorporado al sumario y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que la construcción de la instalación también se salió de lo presupuestado y el precio final se vio incrementado en más de un 18% hasta los 219 millones de euros, sin IVA.
El contrato, ganado por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua, es uno de los seis que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha incluido en la investigación de la 'Operación Frontino' que se saldó con 13 detenidos la semana pasada.
Las irregularidades en la desaladora de Torrevieja provocaron la pérdida de una subvención de la UE de 55 millones, según el informe de los trabajadores de Acuamed
El propio magistrado destacaba en el auto del pasado miércoles por el que envió a prisión a cinco de los arrestados que esta instalación, que entró finalmente en servicio en 2015, estaba llamada a ser "la mayor de Europa" por su capacidad de producción de 240.000 metros cúbicos al día.
El valor de su adjudicación en agosto de 2006 así lo corroboraba: más de 185 millones de euros, sin IVA, que iban a ser financiados en parte por la Unión Europea (UE). Sin embargo, ese precio se quedó pronto corto.
Según refleja un informe elaborado por los trabajadores de Acuamed en 2013, siete años después de que se fallara el concurso, ya hubo en 2011 un modificado del precio final de más de 34 millones de euros, un 18,38% del valor inicial.
De este modo, el valor final de la instalación se situaba en 219,4 millones que los técnicos consideraban "debería ser ya el precio final de una instalación eficiente". Se equivocaban.
De hecho, aquel fue sólo el primer varapalo económico que, como se encargaba de recalcar un documento que fue remitido al Consejo de Administración de Acuamed en abril de 2014 por Francisco Valiente, el directivo que denunció los amaños y fue despedido, tuvo consecuencias económicas mucho más graves para la "cuenta de resultados" de la propia sociedad estatal. Así, el informe detallaba que cuando éste se redactó ya había millonarios "sobrecostes en la inversión por mala gestión".
En primer lugar, la pérdida de 55 millones de fondos europeos que debían haber servido para financiar parte de la obra. En segundo lugar, otros 27,4 millones por lo que se calificaba de "inversión con defectos o inoperativa".
A ellos, sumaba otros 17 millones que reclamaba en un primer momento Acciona en concepto de "liquidación". Y, finalmente, otros 24,3 millones en "reclamaciones sobrecostes".
Los fondos de la UE
En total, 123,8 millones de euros, a la que los autores del estudio añadían una última partida: "Sobrecostes en la explotación provocados por la mala gestión". Se refierían al gasto energético necesario para el funcionamiento de la planta desaladora que no tuvo ninguna utilidad y que se elevó a 103,5 millones, según sus cálculos. Una cuantía que elevaba el cúmulo de pérdidas por encima de los 227 millones de euros.
Un millonario 'agujero' que vino acompañado de graves irregularidades en el desarrollo de las obras, según destacaba el auto del juez Eloy Velasco del pasado 20 de enero.
En el mismo, el magistrado señalaba que fue, precisamente, "la presión de pretender cobrar fondos europeos" lo que llevó a la dirección de Acuamed a dejar "libertad de ejecución a la contratista con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos de los técnicos conniventes que ésta estaba acabada cuando no era así". Faltaban"ajustes, remates, había bombas con fisuras...".
El juez Velasco destacaba en un auto que Acciona reclamó 17 millones de euros con "partidas hinchadas, mediciones incorrectas y reclamaciones improcedentes"
Todo ello llevó a Acciona a reclamar una liquidación que "implicaba causar a la Administración 3 millones de euros de perjuicio".
De hecho, el juez afirmaba que para ello, la empresa adjudicataria planteó "discrepancias en mediciones que eran mentira" y que se referían a diques y emisarios.
El objetivo de la compañía, dos de cuyos altos directivos fueron detenidos por la Guardia Civil, era alcanzar esa cifra "mediante liquidaciones y reclamaciones basadas enpartidas hinchadas, mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes y mediciones irreales".
Pretendían facturar a la sociedad estatal 17 millones de euros de más (cifra que el informe de los trabajadores de Acuamed recogen en la partida "reclamaciones liquidación") aunque al final lo dejaron en 10 millones.
Unas cifras infladas que provocaron que los técnicos de Typsa, la empresa que se encargó de la supervisión técnica de lasobras, se negaran a firmar la liquidación final de los trabajos presentada por Acciona.
Uno de ellos así lo declaró la semana pasada en la Audiencia Nacional.
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