Tierras en Honduras,
un tema de seguridad nacional para EEUU
El día 18 de octubre del 2016 diversas organizaciones no gubernamentales reconocían la gran lucha que ha sostenido la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, galardonada en la primera edición del premio ambiental Carlos Escaleras por la defensa y protección de territorios ancestrales de este país centroamericano.
En Tocoa, principal ciudad del departamento de Colón donde se vive uno de los principales conflictos por tierra en Honduras, disparos de bala arrebataban la vida a los luchadores sociales José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, presidente y dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), respectivamente.
Reconocer en vida las acciones de los luchadores sociales y ambientales es una de las tareas que se ha propuesto el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la Fundación San Alonzo Rodríguez, Radio Progreso y el Centro de Derechos de Mujeres mediante el premio Carlos Escaleras.
En un país como Honduras donde la cifra de asesinatos de activistas ha rebasado los 200 desde el golpe militar en 2009, distintas organizaciones lanzaron su campaña “Defender sin Miedo: Tu vida, la mía, nuestra casa común”, enmarcado en la entrega del galardón para Mirian Miranda por sus más de 30 años de lucha.
El premio Carlos Escaleras nace en memoria del ambientalista hondureño asesinado en 1997 por sostener una lucha contra el emporio del empresario Miguel Facussé Barjum quien pretendía instalar una planta extractora de aceite de palma africana que terminaría contaminando el rio Guapinol, cauce que abastece de agua a varias comunidades de la región.
El empresario Facussé murió en 2015, heredando una amplia gama de sectores económicos controlados por su familia a partir de la fundación de la fábrica Químicas Dinant, centrada en los sectores de alimentos, la agricultura industrial como la palma africana, biodiesel, biogás y productos de limpieza.
Muerte anunciada
El MUCA, mediante un comunicado publicado el 21 de octubre de este año, denunció que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha estado entrenando a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes, gracias a la conformación de “escuadrones de la muerte”.
La organización social precisa que las operaciones se vienen llevando a cabo desde el año 2010 en la base militar de Río Claro, departamento de Trujillo, y que desde entonces se ha dado entrenamiento a unidades de fuerzas especiales de Honduras, en colaboración “con altos mandos militares”.
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El MUCA denunció que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha entrenado a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes
El 5 de diciembre del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al gobierno de Honduras para que implementara las medidas cautelares concedidas a varios líderes campesinos del Bajo Aguán. Para este propósito se delegó a Sagrario Prudott, funcionaria de la secretaría de Seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho nada para detener los crímenes contra campesinos.
Desarrollo y asesinatos
La situación de violencia generada en el Bajo Aguán es producto de un problema estructural derivado de la concentración de las tierras en pocas manos.
“Hemos sufrido permanente persecución y hemos sufrido diversos atentados, pero continuamos en la lucha siguiendo el legado de Carlos Escaleras”, remarcó Esli Vanegas de la Coordinadora de Organizaciones del Aguan (COPA) durante una protesta realizada el día 18 de octubre en las calles de Tocoa para recordar el asesinato del activista.
La concentración de tierras en Aguán empeoró después de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Dictada por el Banco Mundial, junto a un paquete de políticas de ajuste estructural, la ley redujo los apoyos a los productores agrícolas locales y a su vez incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados.
Esto ha aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión por parte de empresas aliadas al estado hondureño.
El MUCA surgió en 2001 e integra alrededor de 3,500 familias campesinas que demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria.
“Nosotros estamos pidiendo la devolución de nuestras tierras, porque les fueron robadas a nuestros padres por medio del Banco Mundial, quien apoyó la Modernización Agrícola”, dijo Jaime Adelí Cabrera, Coordinador de la Plataforma Agraria de la Zona del Aguán.
La Ley de Modernización Agrícola fue un estrategia del gobierno para favorecer a las principales
empresas que producen palma africana, quienes acapararon las tierras en tres grandes terratenientes agroindustriales: la familia Facussé de la Corporación DINANT, René Morales del Grupo Agropalma y Reinaldo Canales, de origen salvadoreño, detalló Vanegas.
Al acaparamiento de tierras para el cultivo de la palma africana se suma la ganadería intensiva, los proyectos mineros, presas hidroeléctricas y complejos turísticos que han desplazado a comunidades enteras en diversas regiones de Honduras.
No sólo se ha utilizado la Ley de la Modernización Agrícola, sino también el engaño, la fuerza pública y grupos de sicarios.
“El Banco Mundial apoyó la Modernización Agrícola y los préstamos que está dando a las grandes corporaciones están siendo utilizados para contratar sicarios que asesinan a los líderes sociales. Esos préstamos también son para pagar al ejército”, agrega Adelí.
“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Santos Torres, del Movimiento Campesino Gregorio Chávez.
Más muertes y amenazas
Han pasado ya 8 meses desde que el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, entonces coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), causó un gran impacto a nivel mundial.
Cáceres fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman y se destacó por la lucha para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) con financiamiento de bancos europeos (FMO y FINNFUND, de Holanda y Finlandia respectivamente) y el Banco Mundial.
Mientras los órganos encargados de impartir justicia en Honduras se jactan de haber sufrido el robo del expediente de su caso, miembros del COPINH continúan recibiendo amenazas de muerte por mantener la lucha contra megaproyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos, REDD+ y las ciudades modelo.
Tomas Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH, responsabiliza a las empresas y los bancos que han financiado los megaproyectos de las agresiones contra la organización lenca.
“En mi caso he sufrido alrededor de siete atentados.
Es principalmente por que quieren debilitar a los movimientos sociales en el país. Los mismos entes del Estado como la policía y el ejercito son los que nos vigilan todos nuestro movimientos”, agrega Membreño.
Después del asesinato de Cáceres, otros dos líderes del COPINH fueron asesinados: Lesbia Yaneth Urquía, quién luchaba contra la privatización del agua mediante proyectos de energía en La Paz, y Nelson García, asesinado en Río Lindo dos semanas después de Cáceres.
A pesar de los asesinatos contra el COPINH, sus miembros están en un proceso de reorganización y preparándose continuamente para seguir su lucha para expulsar los megaproyectos en el territorio indígena Lenca.
“Nosotros como pueblos Lencas no dibujamos las fronteras, fue la colonización quienes han querido dividir el Abya Yala – nombre de América antes de la colonización- y nosotros somos un mismo pueblo, no hay países y debemos de apostarle por este rumbo, con nuestras propias propuestas contra el saqueo, el despojo y la criminalización”, añade Membreño.
Seguridad Nacional
Honduras es un país geoestratégico y es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos quien desde los ochentas instaló su primer base militar en Palmerola, bajo el argumento de contrarrestar el narcotráfico.
En 2015, tras la visita a Honduras del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Nelly, se amplió su presencia militar con la creación de la unidad especial en Honduras para “misiones de colaboración”.
El Coordinador de Actas del COPINH, José López, asegura que la gran mayoría de los proyectos vienen acompañados con un plan de seguridad.
“Son proyectos de muerte no solo porque están matando a la naturaleza, sino que también a los activistas y a los pueblos. Incluso porque hay proyectos para ampliar las bases militares estadounidenses en el territorio Lenca y en el resto de Honduras”.
Para el coordinador la militarización antecede la instalación de megaproyectos.
“A estas alturas los pueblos ya sabemos que todos los proyectos, principalmente los del capital transnacional, vienen acompañados con un proyecto de seguridad que les permita implementar y ejecutar el saqueo de cualquier forma”, recalcó José López.
López asegura que el ejército hondureño es asesorado por los Estados Unidos y se aplican estrategias de inteligencia para eliminar a líderes y activistas sociales y ambientales.
“En toda comunidad donde existen estos proyectos está presente la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Ellos llegan con estrategias a las comunidades, engañando a la gente, regalando semillas y regalando abonos.
Prometen más apoyos, pero no es eso–su estrategia es desarticular los movimientos sociales, las luchas populares, para hacer espionaje y filtrar información de cómo están constituidos los movimientos.
¿Qué nos da a entender?
Que USAID estuvo asesorando a DESA y quizá dando fortalecimiento económico, y está presente en todas las comunidades donde tiene presencia el COPINH y eso equivale a tener al gobierno de los Estados Unidos. Por un lado nos meten bases militares, por otro a los cuerpos de paz y otras series de espionajes. Esto se da en todos los países de Latinoamérica”, agrega López.
Triángulo Norte
El año 2015, el gobierno de los Estados Unidos aprobó 750 millones de dólares para los países del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN): El Salvador, Guatemala y Honduras.
Entre las condiciones para liberar dichos fondos está el combate a la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos; combate a las redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado; E investigar y procesar penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos.
“Los 700 millones para el Triangulo Norte no van a resolver la problemática o sacar de la pobreza a los países, más bién es para apoyar a las policías y a los ejércitos. Nosotros decimos que es para apoyar más fuertemente la militarización de la región.
“Es para asegurar que las empresas estadounidenses se puedan instalar con la protección de los gobiernos y ese proyecto va a incrementar mas la migración de las comunidades indígenas y de la población centroamericana y continuará más la represión, los presos y los asesinatos”, finaliza Gómez Membreño.
EEUU:
¿Cuántos más deben morir en Honduras?
La semana pasada, SOA Watch llamó a sus activistas a realizar llamadas a sus congresistas en EEUU para patrocinar el proyecto de Ley HR 5474 llamado por muchos “Ley Berta Cáceres” en homenaje de la líder de COPINH, asesinada el 2 de marzo pasado, y como forma concreta de impulsar acciones para terminar con los crímenes de activistas en Honduras.
El llamado, al mismo tiempo, se ha realizado en los días que se recuerda el tercer aniversario del asesinato del líder indígena Tomás García crimen donde están involucrados militares hondureños que reprimieron una protesta pacífica contra la construcción de la represa de Agua Zarca y que le costo la vida a este activista social.
Tomas García, era un líder de la comunidad y padre de siete hijos. Tomas y Berta son sólo uno más de muchos hondureños que son perseguidos y asesinados por las fuerzas de seguridad de Honduras por el simple hecho de luchar por sus derechos.
Berta Cáceres, antes de su asesinato, había sido detenida por los militares hondureños con cargos falsos en un intento por desacreditar su lucha y callarla. Cuando eso no funcionó, fue asesinada.
El mayor del Ejército Mariano Díaz – un graduado del curso de formación de fuerzas especiales, que fue creado por los Rangers del Ejército de Estados Unidos – ha sido detenido y acusado por el asesinato de Berta, lo que suscita graves preocupaciones con respecto a la cadena de mando y la implicación del ejército hondureño en acciones que violan los derechos humanos.
A tal fin, COPINH y familiares de Berta insisten en que debe haber una investigación internacional e independiente de los niveles más altos del gobierno de Honduras y de las Fuerzas Armadas para asegurar que todos los que ordenaron el asesinato sean llevados ante la justicia y procesados.
Las fuerzas de seguridad de Honduras también se han relacionado con numerosos asesinatos de pequeños agricultores de la región del Bajo Aguan en Honduras, y un reciente artículo publicado en The Guardian revela que Berta, así como líderes campesinos destacados en el Aguán, “aparecieron en una lista negra distribuida a unidades de fuerzas especiales de las fuerzas armadas de Honduras”.
Después que ella ganó el Premio Ambiental Goldman 2015, Berta Cáceres se reunió con miembros del Congreso de EEUU y les pidió que dejaran de financiar y apoyar al gobierno represivo de Honduras incluyendo a sus fuerzas de seguridad.
A mitad de junio, Tomás Gómez, de COPINH viajó a Washington para hacer lo mismo, señalando que Berta había estado en Washington un año antes para informarles de los asesinatos de Tomás García y otros activistas. Ahora era el turno de Tomas Gómez para informarles de la muerte de Berta Cáceres.
El dirigente mencionó que si el apoyo al régimen de Honduras no se detiene, otra persona tendrá que venir el año que viene con la noticia de su asesinato. Y que iban a seguir viniendo y denunciando asesinato tras asesinato de líderes indígenas y sociales en Honduras hasta que no quedara nadie.
Pocos días después, otra líder hondureña -activa opositora de un proyecto hidroeléctrico en territorio Lenca – fue asesinada. Su nombre: Lesbia Yaneth Urquía de 49 años, madre de dos hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La Paz, Honduras.
¿Cuántas personas más deben morir
para que el Congreso de EEUU deje de financiar y dar entrenamiento a las fuerzas de seguridad de Honduras?
Ley Berta Cáceres
El proyecto de Ley HR 5474 llamado por muchos “Ley Berta Cáceres” ha sido patrocinado o apoyado, hasta la semana pasada, por 24 congresistas de EEUU y busca “suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia”.
El proyecto, de ser aprobado, obligara a suspender la ayuda a Honduras mientras el departamento de estado determine y certifique “un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron”
el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;
el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán;
los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015; y el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016
y se haya “investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos”, entre otras condiciones para levantar las suspensiones y restricciones al gobierno de Honduras.
Foto: Ted Majdosz
PUBLICADO POR NO NOS OLVIDAMOS
La lucha incansable contra
las desapariciones forzadas en Honduras.
El 30 de agosto pasado se conmemoró el Día Nacional del Detenido-Desaparecido en Honduras.
En un foro organizado por el COFADEH en este marco, su coordinadora Bertha Oliva destacó que la elección de esta fecha de conmemoración surgió de una reunión de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en América Latina (FEDEFAM) en 1984 en Venezuela, en la cual se constató que precisamente agosto era el mes en que se produjeron mayores desapariciones forzadas ejecutadas por agentes de los diferentes Estados latinoamericanos en obediencia a un plan macabro impulsado por Estados Unidos contra dirigentes y defensores de derechos humanos de los movimientos sociales.
Bertha Oliva agregó que “Por eso en ese congreso, declaramos que las organizaciones íbamos a luchar para que en cada país se pudiera lograr el Día Nacional del Detenido Desaparecido. En 1984 proponernos ese objetivo era muy difícil; porque estábamos en plena implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional”.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fue creado en 1982 por 12 familias de víctimas de desapariciones forzadas, para lograr un claro objetivo: recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado.
Desde esa fecha, el COFADEH sigue luchando incansablemente contra la impunidad y por la justicia y el respeto a los derechos humanos. La organización logró que en 2002, el 30 de agosto sea reconocido oficialmente como el Día Nacional de Detenido Desaparecido en Honduras, mediante decreto legislativo.(1)
El COFADEH registra 184 casos de desapariciones forzadas desde finales de los años 70 hasta principios de 90; a éstas se deben agregar decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas.
La desaparición de James («Guadalupe») Carney, un sacerdote jesuita de origen estadounidense, nacionalizado hondureño, es uno de los 184 casos registrados, y su rostro aparece con los desaparecidos en la sede de COFADEH y en las vigilias que se realizan cada mes.
COFADEH, en coalición con otras organizaciones, ha acompañado estos casos que ha documentado, acudiendo al sistema de justicia nacional e internacional. Varias de sus denuncias por asesinatos y desapariciones forzadas de dirigentes sociales llegaron hasta el sistema interamericano de derechos humanos.
El Estado de Honduras condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el crimen de desaparición forzada:
Las dos primeras sentencias contenciosas que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su creación, resultaron ser justamente condenas al Estado de Honduras, por desapariciones forzadas.
En 1988, en su primera sentencia, la Corte interamericana condenó al Estado hondureño por la tortura y desaparición forzada del joven estudiante Manfredo Velázquez Rodríguez.
Esta sentencia afirma que «ha sido probada en el proceso la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 y 1984 ». Luego, en el caso Saul Godínez Cruz, en 1989, nuevamente el Estado es condenado por la desaparición forzada del joven, por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
Que la Corte declare culpable a un Estado por secuestro, tortura y desaparición forzada, es algo histórico para América Latina, es el reconocimiento legal de lo que ya se sabía en Honduras, y que las autoridades negaban : a partir del año 1981 la desaparición forzada se convirtió en una política de Estado enmarcada en la Doctrina de Seguridad Nacional.
En estos casos, la Corte condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas, a investigar los hechos y a castigar a los responsables.
En el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, en 1992. Sin embargo, a pesar de estas sentencias condenatorias, en ninguno de estos casos se ha investigado y llevado ante un tribunal a los supuestos responsables de estos crímenes.
Impunidad
Existe total impunidad en casos de asesinatos políticos y desapariciones forzadas de la «década perdida». En los 80 hubo investigaciones judiciales pero todos los presuntos culpables fueron sobreseídos.
Luego, entre 1995 y 2000, se abrieron nuevos casos, pero de todos los casos de los 80, hubo una sola sentencia condenatoria en el caso de la desaparición forzada temporal de seis estudiantes, en la cual el Ex-Director de la Dirección Nacional de Investigación Juan Blas Salazar Meza fue sentenciado a dos años de cárcel (2).
Hoy en día, los autores de violaciones a derechos humanos de los 80, lejos de sentir temor por ser algún día encarcelados, siguen en libertad, varios de ellos trabajando en asesoría en temas de seguridad.
16 casos nuevos de desaparición forzada
Además de todos los crímenes del pasado que quedaron en absoluta impunidad, el espectro de este crimen de lesa humanidad volvió recientemente a la realidad de los hondureños.
Después del Golpe de Estado de 2009, el COFADEH ha documentado 16 casos de desapariciones en el país. Esta práctica resurgió como una estrategia para imponer el terror y reprimir a la protesta social.
Un ejemplo emblemático es el caso de Reynaldo Cruz Palma, un caso de desaparición forzada que tristemente sucedió el mismo día en que se conmemora al Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de 2011.
José Reynaldo Cruz Palma era un líder comunal, el Presidente de Patronato de la Colonia Planeta de San Pedro Sula. Apenas dos días antes de su desaparición, él y su esposa habían realizado acciones en favor de 10 personas detenidas ilegalmente en su colonia.
También, dos meses antes Reynaldo había denunciado en la televisión los abusos de la policía durante un operativo en su colonia, lo cual se concluyó con la muerte de siete supuestos pandilleros.
Ese día 30 de agosto, fue raptado por hombres armados, cuando se encontraba en un bus cerca de San Pedro Sula, junto a su esposa.
Se lo llevaron por la fuerza en dos carros, incluso uno de la policía preventiva. Desde ese día, no se supo nada de él. Sus familiares se presentaron a la policía el mismo día pero ésta se negó a tomar la denuncia.
Pidieron el apoyo del COFADEH y juntos han hecho todas las denuncias legales, pero no han recibido ninguna respuesta. La única respuesta es que el caso «está en investigación» pero no se han emitido ni una orden de captura, ni tienen nombres de los supuestos responsables. Los familiares de Reynaldo responsabilizan a la Policía por la desaparición de su ser querido.
Debido a la persecución que recibieron luego e haber denunciado su desaparición, que incluyen amenazas y atentados, su esposa Nubia Carbajal tuvo que abandonar el país en 2013 (3).
Reapertura de casos de los 80 ?
El 28 de agosto, la Coordinadora de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Soraya Morales, anunció la reapertura de la investigación de las muertes ocurridas en la década de los 80, con el fin de retomar las averiguaciones para la investigación de 184 expedientes.
Anunció que “se ha abierto una unidad para dar respuesta a estos casos que han estado en la Fiscalía de Derechos Humanos y que no han tenido un impulso procesal; ya tenemos casos judicializados, otros sin judicializar y se ha destacado un equipo fiscal para ese hecho”.
El anuncio de la Fiscalía de reabrir investigaciones de casos de los 80 ha sido recibido con cautela por COFADEH y otros defensores de derechos humanos. No parece casualidad que este anuncio se haya hecho precisamente el mismo día que tuviera lugar una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado hondureño (4).
Además, se da justamente mientras el Estado hondureño está apurado para entregar un informe al Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas, por lo cual tiene retraso.
En un contexto de impunidad extrema, defensores de derechos humanos se preguntan si este anuncio de reapertura de casos no responde más a una estrategia del gobierno para dar una imagen de respeto a los derechos humanos frente a los organismos internacionales, que a un compromiso real con la justicia y contra la impunidad.
Mientras los casos de desaparición forzada del pasado quedan en total impunidad, y nuevos rostros de personas desaparecidas aparecen en las paredes y vigilias de COFADEH, la organización sigue más que nunca su lucha por la verdad, la justicia y contra la impunidad.
Para saber más sobre las desapariciones forzadas en Honduras:
El sitio de COFADEH: cofadeh.hn o www.cofadeh.org/html/desaparecidos/index.htm
El informe del ex-Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, “Los hechos hablan por sí mismos” , informe sobre los desaparecidos en Honduras, 1980-1993.
Sobre la desaparición de Reynaldo Cruz Palma, artículo de Daniel Valencia Caravantes publicado en Sala Negra: “Los desaparecidos no existen en el país más violento del mundo”
1 Y a nivel internacional, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
2 Ver su caso en http://www.cofadeh.org/html/violadores%20ddhh/juan_blas_salazar.htm
3 Ver este artículo de defensoresenlinea.com describiendo varios casos de desapariciones después del Golpe.
4 Ver este artículo en Conexihon : Honduras rinde cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3727:la-lucha-incansable-contra-las-desapariciones-forzadas-en-honduras-de-los-80-al-presente&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
Agaton
http://carlosagaton.blogspot.com.es/2015/09/la-lucha-incansable-contra-las.html
Los dos mandatarios se reunieron primero de forma privada y luego mantuvieron una reunión más extensa con ministros de los dos países.
http://carlosagaton.blogspot.com.es/2015/09/la-lucha-incansable-contra-las.html
El presidente de Honduras
se reúne con el primer ministro israelí
JERUSALÉN (Sputnik) —
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que realiza desde ayer una visita a Israel, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén.
Esta es la segunda vez que Hernández viaja a Israel, donde ya estuvo en octubre del 2015.
El titular de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, y el de Honduras, Samuel Armando Reyes Rendon, firmaron una declaración sobre cooperación bilateral en materia de seguridad.
Los dos Estados decidieron estrechar su cooperación en la protección de documentos clasificados y fortalecer su relación a través del intercambio de equipos de seguridad, entrenamientos, visitas recíprocas entre los ministerios de Defensa y traspaso de información tecnológica.
Netanyahu y Hernández acordaron estrechar la cooperación en sectores como el agua y el desarrollo agrícola.
"Esta es una gran oportunidad, un progreso concreto de amistad para la seguridad, la prosperidad y la paz", dijo Netanyahu a Hernández.
El presidente de Honduras visita Israel acompañado por su esposa, Ana García de Hernández, el ministro coordinador del Gabinete de Gobierno, Jorge Ramón Hernández; el titular de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Ordóñez, y el director de la Unidad de Seguimiento Presidencial, Alfredo Cantero, entre otras personas.
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