n días recientes la derecha brasileña ha entrado en estado de desesperación. Después de lograr poner como tema central de la agenda política la posibilidad de la prisión de Lula, contando con la decisión que creían segura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, sus sueños habían empezado a debilitarse.
Una primera resolución del STF era favorable a Lula, apuntando a una quiebra del consenso de Curitiba, que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso absurdo jurídicamente, de la condena sin crimen, ni pruebas, configurando claramente una persecución política, basada en el lawfare –el uso de las leyes de forma unilateral, para la persecución a adversarios políticos.
Nadie tiene dudas de que el juez Sergio Moro es un oponente político feroz de Lula, que le ha negado todo tipo de recursos, que le trata de forma racista y discriminatoria, que frequenta, de forma amigable, a fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno siquiera acusado por el juez y sus colegas.
El clima era de gran expectativa.
Revista semanal de derecha decía que, si Lula recibiera el habeas corpus se terminaba la Lava Jato, como que confesando que esa operación dependía de la violación de la Constitución que, expresamente, dice que la prisión de un acusado sólo se daría una vez concluidos todos los recursos.
Pasa que el mismo STF, involucrado en el clima de arbitrariedades que la Lava Jato había impuesto al país, había decidido, en varios casos, por la prisión antes que se agotaran todos los recursos. Pero, rompiendo con esa práctica, en el caso de Lula, volvería a hacer valer el precepto constitucional, concediendo el habeas corpus.
En los días previos al nuevo juicio, los medios han usado todos los recursos para intentar crear un clima de presión sobre el STF, desde anunciando movilizaciones de docenas de personas como si fueran de miles, hasta publicar editoriales exigiendo la prisión de Lula, aún basado en un proceso sin ningún fundamento de realidad.
Era claro que consideran que sólo por la vida judicial pueden impedir que Lula vuelva a ser Presidente de Brasil.
Como elemento nuevo, oficiales de las fuerzas armadas pasaron a manifestar abiertamente sus posiciones por la prisión de Lula, hasta que el mismo comandante en jefe del Ejército se sumó a ellas, diciendo que la institución no aceptaría tolerancia con la corrupción. Representa la repolitización de las fuerzas armadas, que se han otorgado una amnistía, al final de la dictadura, que representa precisamente la tolerancia total con todos los crímenes que los militares han cometido en los 20 años de dictadura. Intolerancia significaría ahora anular esa amnistía y pasar a juzgar a todos por sus atropellos. Pero ahora se trata de sumarse a la persecución política de Lula y nada más.
Las reacciones negativas han venido de varios lados, incluso de la Globo en su editorial, del comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de otros sectores formadores de la opinión pública, indignados de que ese militar hubiera aceptado la impunidad respecto a políticos de derecha, como Michel Temer, Aecio Neves, entre otros y, súbitamente, muestra preocupación con el caso de Lula.
El clima ha vuelto a ser tenso en en todo el país fomentado por los medios, en particular la Globo, que actuó como si se estuviera en las vísperas del golpe de 1964, cerrando su principal noticiario con la amenaza del comandante en jefe del Ejército –antes de decir lo contrario al día seguiente.
Fue en ese clima que se ha vuelto a reunir el STF, empezando por el voto del relator que, Edson Fachin –que, hay que recordar, había sido abogado del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) durante mucho tiempo, habiendo recibido el apoyo de éste para su nombramiento para cambiar radicalmente de posición una vez nombrado– en contra del habeas corpus y el de Gilmar Mendes, en favor.
Todo transcurrió hasta el voto decisivo de la jueza Rosa Weber, sobre quien habían recaído más fuertemente las presiones de la derecha. Incluso del mismo Sergio Moro, que no contento en hablar todo el tempo fuera del foro –lo cual es prohibido por ley– estuvo en un largo programa de entrevistas en una Tv de derecha y centró su fuego en contra de esa jueza.
El efecto terminó siendo decisivo.
Ella cambió la posición que había tenido en la sesión anterior, votó en contra del habeas corpus, lo cual permitió que la votación terminara en empate, con lo cual la presidenta del STF, Carmen Lucia, militante en contra de Lula, desempatara y así fuera rechazado el habeas corpus a Lula.
Caben todavía recursos y, aún siendo rechazados, como deben ser, queda la decisión política en manos de Sergio Moro, de definir si decreta la prisión de Lula. Lo cual produciría una inmensa conmoción por ser el único líder político nacional en Brasil, por tener 40 por ciento de apoyo en las encuestas con la perspectiva de triunfar en primera vuelta y el enorme apoyo popular, como lo han confirmado sus caravanas por todo el país.
Una fantástica farsa jurídica, alrededor de un departamento que nunca fue de Lula, que recién fue a subasta, con los rendimientos para la empresa que es la real propietaria del inmueble, generó un proceso absurdo, sin pruebas, con condena en base a las
conviccionesde los que lo acusan como enemigo político. Se pasaría a un periodo todavía más turbulento de la vida política brasileña. De ahí que, a lo mejor, no se atreven, manteniendo lo que más importa a la derecha brasileña –tratar de impedir que Lula sea candidato a la Presidencia del país.
La libertad de Lula y el orden social
No está de más recordar que el expediente que condenó a Lula a una pena de doce años y un mes, bajo el cargo de corrupción y lavado de dinero no consideró las líneas elementales de un debido proceso
Con un clima político fascistizado y lenguajes sociales cada vez más marcados por valores antidemocráticos, con dirigencias (de los órdenes que sean) cada vez más degradadas, con militares que twittean amenazas y medios de comunicación que encuadran su significado, sin un horizonte claro respecto de los contornos institucionales futuros, el Supremo Tribunal Federal (STF) hizo su contribución funcional. Negó el pedido (de habeas corpus) presentado por la defensa de Lula para que éste pudiera esperar en libertad la revisión final de su sentencia, tal como lo admite la Constitución y en sintonía con la presunción de inocencia que supone un Estado de derecho.
Esto no significa que Lula vaya inmediatamente a prisión: para que esto ocurra tendrá que ejecutarse el correspondiente pedido de detención, circunstancia que no puede adelantarse a la resolución definitiva de los recursos antepuestos (por la defensa) al Tribunal de 2º Instancia, con fecha de respuesta última para el 10 de abril. Tampoco significa que Lula haya quedado invalidado como candidato presidencial para octubre, una condición que corresponderá ser analizada eventualmente por el Tribunal Superior Electoral (TSE) una vez que haya sido registrada la candidatura (el plazo es el 15 de agosto).
Ante la circunstancia segura de que aparezcan impugnaciones, el mérito de su condición será objeto pasible de estudio en el propio Supremo Tribunal Federal (STF), porque según la ley brasileña los derechos políticos –votar y ser votado – son suspendidos sólo cuando hay una sentencia penal condenatoria finalizada, cosa que todavía no ha ocurrido.
De allí la posibilidad, altamente paradójica pero coincidente con la democracia desquiciada por la que atraviesa Brasil, de que Lula continúe candidato aun estando preso.
Esto no significa que haya posibilidades auspiciosas en medio de la tormenta; todo lo contrario, es simplemente la constatación del derrumbe institucional.
Y aquí es donde vale la pena recordar que se trata de una coyuntura estructurada desde un golpe, desde una alteración al Estado de derecho: el primer paso (del golpe) se hizo sobre el Poder Legislativo, para garantizar el impeachment a Dilma Rousseff; el segundo acto, un año después, fue poner contra las cuerdas al mismo Poder Ejecutivo, limpiando del Gobierno de M. Temer cualquier supuesta autonomía peemedebista sobre el proceso, convirtiendo al presidente en una figura completamente maniatada; y el tercer momento del drama encuentra al Poder Judicial – en su instancia máxima- a merced de la organización general de las condiciones que permitan habilitar las elecciones presidenciales, claramente sin el principal líder de las encuestas.
Es que el reordenamiento ha sido en todos los órdenes, y por eso es difícil pensar que algún estamento institucional pueda servir para una recuperación democrática. Un golpe es eso, un golpe, y no hay muchas ilusiones que puedan extraerse de tal circunstancia. En ese sentido, la resolución del STF es el desdoblamiento de un mismo punto de partida.
El golpe, la justicia y la organización de la sociedad
No está de más recordar que el expediente que condenó a Lula a una pena de doce años y un mes, bajo el cargo de corrupción y lavado de dinero –en función de la titularidad de un inmueble en Guarujá, en el Estado de San Pablo, del que nunca fue propietario(¡!)- no consideró las líneas elementales de un debido proceso: en lo que respecta a la instrucción, se utilizaron muy pocas pruebas substantivas y se recogieron pruebas ilícitas; hubo en varios casos conducciones forzadas a declarar y testimonios prestados bajo modalidades coercitivas alejadas de los procedimientos habituales; buena parte de los indicios (de pesquisa) vinieron de “arrepentidos” que llevaban varios meses de reclusión, algo contrario a cualquier sistema (jurídico) que promueva la garantía de los derechos personales como presupuesto; por diversos actos también quedó en claro el trato diferencial que hubo con Lula como denunciado, alterando el principio de isonomía en lo que respecta al derecho a una libre y amplia defensa; fue notoria y alevosa, en su momento, la arbitrariedad del Juez Sergio Moro con el principio de la publicidad de los actos judiciales, abusando de su exposición de una forma notable, aprovechando la maniobra para deconstruir y estigmatizar a Lula y la izquierda en general; y ni hablar de la permanente evasión sobre el principio de inocencia, precisamente algo que volvía a considerarse (con la ilusoria expectativa de que se repararan las desviaciones anteriores) con el habeas corpus tratado por el Supremo Tribunal Federal (STF), que terminó como terminó.
Es que todo golpe desarma los contextos previos e impone criterios y regularidades fuera de lo convenido hasta el momento por los valores estimados de esa comunidad.
Ahora, cuando lo que entra en contradicción es la condición de lo que supone el “ejercicio de la libertad” (artículo 5 de la Constitución brasileña) es que el golpe es de una naturaleza nada superficial ni episódica, pues afecta un aspecto sensible y reconocible de la dinámica colectiva.
Si sobre lo que significa el “ejercicio de la libertad” no hay mínimos entendimientos, el panorama pasa a ser más que preocupante.
Es lo que precisamente alegó uno de los ministros, R. Lewandowski, al desarrollar la discusión en torno a que “la persona debe mantenerse libre, siendo la excepción su prisión”, como aparece con claridad en el artículo 283 del Código de Proceso Penal.
En ese sentido, Lula debería permanecer libre hasta el final del proceso y, entonces, de no registrarse nuevas interpretaciones, ser objeto de la punición estatal. No antes. No es lo que se definió en el STF.
Y no es casualidad esta situación, pues todo golpe trae consigo un nuevosignificado de la libertad; sea en relación con lo que tiene que ver con las libertades políticas (por ejemplo, aquí el acto de votar se devalúa, en la medida en que quien está en la Presidencia nunca fue votado), sea en lo que tiene que ver con las libertades civiles ( el clima recalcitrante de intolerancia que se viene asentando en los últimos años, agudizado sin dudas estas últimas semanas, asesinato de Marielle y disparos a las caravanas de Lula mediante) o sea la libertad a secas: bajo el Gobierno de M. Temer, Brasil alcanzó el deshonroso mérito de convertirse en el 3º país del mundo en cantidad de presos, llegando casi a 800.000. ¡Qué diferencia respecto de los logros que tiene Lula para mostrar de sus gobiernos!
Más claro imposible: cuando la institucionalidad se derrumba y la democracia se desquicia, y no hay principios de un orden legítimo, sólo queda en pie el hecho de organizar la dialéctica social por la fuerza.
Ya se sabe: eso implica el reino de la incertidumbre y que sea lo que sea, y que cada uno se las arregle.
Por eso es que Lula está donde está, como liderazgo, todavía presente en esas estimas colectivas que lo ven como protector, algunos, y sobre todo como un organizador.
Es lo que lo mantiene competitivo como candidato, en tanto él mismo representa esa posibilidad como Gobierno, como potencial proyecto de orden social, con una definición de libertad que no es la que se viene proponiendo ni es la que tradicionalmente le propusieron las élites al país.
Y en esa encrucijada es comprensible que la sustracción de su (propia) libertad sea vivenciada de manera entristecedora; aunque, quizás este allí también un nuevo principio de respuesta al golpe. Será el caso, entonces, de que Lula vale a luta.
"La élite de América Latina no quiere democracia"
- Ver original
- marzo 30º, 2018
En esta nueva edición de 'Conversando con Correa', el expresidente de Ecuador dialoga con Lula da Silva, expresidente progresista de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores.
La conversación entre ambos profundiza en las dificultades históricas y políticas que han afectado a América Latina –en especial en su relación con EE.UU.– y en su necesidad de seguir luchando para mantener la dignidad social frente a cualquier intento de sometimiento.
Este encuentro entre Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa es también el encuentro entre dos expresidentes latinoamericanos progresistas, lo cual propicia, ciertamente, una lectura compartida del presente político basada en la experiencia directa de los problemas políticos de la región.
Después del fulguranteprogreso de Brasil durante los gobiernos progresistas del Partido de los Trabajadores (PT), de su éxito indiscutible en la reducción de los niveles de hambre y de pobreza, y de la considerable estabilidad democrática alcanzada en ese periodo, sobreviene la injusta "defenestración" sufrida por los dirigentes del PT: la persecución política de Lula y el 'impeachment' de Dilma Rousseff"basado en calumnias", tal como señala el propio Correa.
"¿Qué ocurre con nuestro querido Brasil?", pregunta Correa."Brasil era un país que estaba de espaldas a América del Sur.
"Brasil lo tenía todo, para estar consolidando su democracia –explica Lula–. Todo empezó muy bien, hasta que empezaron las manifestaciones del 2013".
En opinión del expresidente brasileño, su país "estaba en una posición privilegiada, formaba parte de los BRICS, se había convertido en un protagonista internacional, y creo que los estadounidenses no estaban acostumbrados a ver cierta independencia por parte de América Latina".
"En todo caso, los logros fueron extraordinarios", apunta Rafael Correa, que considera "desconcertante" el rumbo posterior de los acontecimientos, y lamenta que "el resto de América Latina y el resto del mundo mirase hacia otro lado" ante las injusticias cometidas en Brasil contra el Partido de los Trabajadores.
Por su parte, Lula ofrece una versión de los hechos clara y sencilla: "La élite brasileña nunca ha aceptado el hecho de que yo haya optado a favor de América del Sur".
El líder del PT asume que "Brasil era un país que estaba de espaldas a América del Sur; no miraba hacia África sino miraba directamente hacia EE.UU. y la Unión Europea". "Yo decidí cambiar eso", asevera.
El expresidente brasileño asegura que "muchas veces no conseguimos comprobar cosas en el mismo período que ocurren, pero hoy ya tenemos pruebas de que el Ministerio Público de Brasil está recibiendo instrucciones del Ministerio Público de EE.UU".
"Hay una combinación de intereses de la élite de países como EE.UU. y los de la élite brasileña", añade Lula.
"A EE.UU. no le interesa que un país con el tamaño de Brasil tenga influencia en las decisiones de América Latina".Lula da Silva, expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores
En cualquier caso, el político brasileño se muestra convencido de que "a EE.UU. no le interesa una América Latina independiente, no le interesa una América Latina con soberanía, y mucho menos interesa que un país con el tamaño de Brasil tenga influencia en las decisiones de América Latina".
Estas reflexiones son congruentes con la visión geopolítica de Lula da Silva, que en un momento de la entrevista llega a afirmar que "la élite brasileña no está acostumbrada a la democracia; más que eso, creo que la élite de América Latina no quiere democracia".
Lula admite que "nosotros también hemos cometido errores, que nos dejamos llevar por la euforia, por las cosas que fuimos capaces de hacer, y por eso no se tuvo tanto cuidado en la organización del país". En ese sentido, lamenta haber perdido una oportunidad de "consolidar el bloque del Sur", y reconoce directamente que "no se consolidó".
"Lucharé porque cuento con el apoyo de una parte de la sociedad organizada y muy fuerte".Lula da Silva, expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores
Lula, sin embargo, no está dispuesto a rendirse: "me quedaré aquí y lucharé. Lucharé porque cuento con el apoyo de una parte de la sociedad organizada y muy fuerte, con la participación de estudiantes", asegura, y añade que quiere convertir a Brasil en "un país que trabaje para el crecimiento conjunto de las naciones, un país que vaya con la cabeza erguida defendiendo los pueblos oprimidos del mundo".
A su favor juega, sin duda, su buena disposición: "A mis 73 años tengo la energía de alguien de 30 años y las ganas de pelear de alguien de 20", asegura Lula.
Durante este encuentro, entre Rafael Correa y Lula da Silva profundizan también en otras cuestiones de actualidad y de gran interés, que podrán ver en el video del programa que les ofrecemos aquí en su totalidad.
El delito de Lula da Silva fue sacar de la pobreza a millones de brasileños
- Ver original
- abril 5º, 2018
La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez expresó su apoyo al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva condenado a 12 años de prisión en un juicio calificado de inscontitucional por parte de la defensa de este líder político brasileño.
La dirigente política manifestó que Da Silva es víctima de la criminalización a la igualdad e inclusión social que promovió da Silva durante su gobierno en el que 35 millones de brasileños superaron la pobreza extrema. “Es un grave crimen cometido por las élites que hoy desgobiernan Brasil, gracias a un golpe de Estado y la extorsión institucional”.
“Su único delito fue sacar de la pobreza a millones de brasileños en un nuevo intentos por callar la voz de los pueblos que desean construir un mundo nuevo al que se oponen quienes promueven , ataques, atropellos y bloqueos contra los gobiernos progresistas en América Latina pero no destruirán el sueño de edificar una patria libre e independiente”, dijo.
Las reacciones se dieron luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenara a 12 años y un mes de prisión, a este líder de la izquierda brasileña. Fallo que podría alterar radicalmente las elecciones presidenciales de octubre, en las cuales Lula es candidato.
Los ministros del Supremo Tribunal presentaron sus argumentos sobre el caso, cinco votaron a favor y cinco en contra. Sin embargo, la defensa intentó promover que la presidenta del máximo órgano, Cármen Lúcia no emitiera su voto para desempatar, pero la magistrada sometió al pleno el pedido de participar en la resolución en la decisión, lo cual inclinó el veredicto en contra Lula.
El recurso “Habeas corpus” permitía a Lula mantenerse en libertad mientras apelaba la sentencia que le fue dictada en julio de 2017 y que fue ratificada en segunda instancia en enero pasado.
La condena a Lula y Nuestra América
- Ver original
- enero 27º, 2018
Con la confirmación de la sentencia condenatoria a Lula, evidentemente estamos en una crisis institucional completa, ahora sí, de los tres Poderes.
Durante la época del Imperio, el capítulo brasileño de creatividad constitucional dejaba al tradicional “equilibrio de (tres) poderes” en suspenso frente a un “Poder Moderador” que debía tener, bajo ciertas circunstancias, potestad para resolver impases entre los otros Poderes.
Obviamente el articulado republicano dejó de lado este agregado monárquico, lo que no impidió que se desarrollara durante el nuevo régimen una naturaleza más caótica que armónica para el sistema en su conjunto: una cantidad nada despreciable de las diferentes crisis – orgánicas o pasajeras- por las que atravesó la historia brasileña – como pueden ser el suicidio de Vargas o hasta el propio impeachment a Dilma Rousseff – tuvieron en sus pormenores y desenlaces las impugnaciones cruzadas entre los diferentes poderes del Estado, tanto por la falta de proyectos políticos compactos que conjugaran las acciones y competencias de las tres dimensiones, o bien por la colonización parcial de alguna de ellas.
En todo caso, lo sucedido ayer refuerza la idea: con el veredicto del TRF4 (Tribunal Regional Federal N° 4) confirmando parcialmente las perspectivas y argumentos esgrimidos por el Juez S. Moro en la condena en 1° Instancia, se reafirma no sólo que el Lawfare se ha adherido definitivamente a la dialéctica brasileña sino que estamos frente a una crisis de los tres Poderes Públicos brasileños.
Los otros dos Poderes ya habían dejado en claro su fisonomías: un Poder Legislativo corrompido por los intereses sectoriales, completamente descalificado para emprender la tarea de legislar alguna forma de bien público, con momentos francamente deprimentes (como la sesión de consecución del impeachment a Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados, algunas propuestas sobre derechos civiles, o las logradas pautas de ajuste por varios lustros), colonizado y sin ningún horizonte federal en sus tareas; y un Poder Ejecutivo que, desde la asunción del Gabinete de Temer, comenzó a desarmar no sólo una buena parte de los recursos patrimoniales del Estado – claves para poder gerenciar un Gobierno- sino que dejó que los diferentes Estados se las arreglaran como pudieran y que, entre otros logros, volvieran epidemias virales superadas en el pasado y Brasil perdiera su envergadura geopolítica internacional.
Ahora es el turno del Poder Judicial. Con la confirmación de la sentencia condenatoria a Lula, evidentemente estamos en una crisis institucional completa, ahora sí, de los tres Poderes: por la forma de argumentar de los tres magistrados del Tribunal revisor de la sentencia, impecablemente en sintonía hasta con los ejemplos – llamó la atención que, siendo que no tenía que ver con el objeto de la acusación, los considerandos de los tres se remontaran hasta el “escándalo del mensalao” del 2005- el hecho que aumentaran las penas y que aceleraran los tiempos de una futura reclusión es lo suficientemente claro en función de las consecuencias buscadas y elocuente respecto de una crisis estructural de las diversas instancias del sistema judicial.
La desestructuración judicial nuestroamericana
Hay varios aspectos que han sido observados con detenimiento por juristas y especialistas en la materia para fundamentar el hecho de que, ante Lula, lo que hay es una forma de persecución política; realmente no cabe otra clasificación frente a la serie extensa de irregularidades que forman parte del expediente en cuestión.
Que se utilizaron muy pocas pruebas y pruebas ilícitas; que se condujo a declarar o a prestar testimonio de formas coercitivas alejadas de los procedimientos habituales; que buena parte de los indicios (investigativos) provenían de “arrepentidos” que llevaban varios meses de reclusión, algo contrario a cualquier sistema jurídico que promueva la garantía de los derechos personales; que siempre hubo un trato diferencial para con Lula (cuestión que vino a confirmarse incluso ayer: es hasta grotesco que el mismo TRF 4 que le confirma la condena y le aumenta la pena a Lula, se la disminuya a Leo Pinheiro, presidente precisamente de OAS); que no se permitió una libre y amplia defensa; que el principio de inocencia fuera vulnerado en repetidas oportunidades, dada la facilidad con la que el juez S. Moro deslizaba sus apreciaciones sobre lo que fue la presidencia del entonces imputado Lula; la arbitrariedad con la que se manejó el principio de la publicidad de los actos judiciales, transfigurando de forma hasta cruel la intimidad de la familia, incluso de la fallecida Marisa.
Todos estos desbordes jurídicos podrían, también, ser parte de una etapa más o menos autoritaria del Poder Judicial brasileño, más o menos arbitraria y corporativista.
Sin embargo, lo que le otorga otro status a la circunstancia – y otra gravedad a lo ocurrido, más allá del carácter de crisis estructural de los tres Poderes – es el hecho de que muchas de las interpretaciones jurídicas y los marcos conceptuales esgrimidos en las argumentaciones o bien los principios penales utilizados por S. Moro en su sentencia de 1 ° Instancia – confirmados, incluso utilizando las mismas palabras, en el veredicto del TRF 4- provienen de otros modelos doctrinarios, de otras estructuras de razonamiento jurídico, organizados desde otras fórmulas penales y procesales.
Hay en marcha, y la situación de Lula no es cualquier situación (es el candidato con mayores probabilidades de ser presidente en una de las más importantes economías del mundo), una extranjerización de las actuaciones judiciales que, con la ayuda de cada vez más magistrados, llevan los sistemas jurídicos a un “estado de excepción” que cada vez se vuelve más normal: lo que justifica las arbitrariedades mencionadas no está sino en otras legislaciones, en otros códigos.
Hay una juridicidad que es vulnerada con fines cada vez más claros, y cada vez menos nacionales, para el caso, brasileños. Pero vale para toda la región, en toda Nuestra América.
Así lo explicó el analista Pablo Gentilli. Según él, la decisión del tribunal revela que en Brasil hay una "enorme fragilidad democrática e inseguridad jurídica".
El objetivo sería evitar que Lula vuelva a ser presidente. El especialista presentó los posibles escenarios futuros: "Ahora se juega una doble batalla, la jurídica y la política", dijo.
En medio de una jornada de movilizaciones, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificó la condena que pesa sobre el expresidente Inacio Lula Da Silva por supuestos hechos de corrupción y lavado de dinero y aumentó la pena de 9 a 12 años.
"Esta decisión es frustrante pero no es tan sorprendente ya que dos de los tres miembros del tribunal son muy cercanos al Juez Sergio Moro y todo hacía suponer que iban a reconfirmar el fallo de primera instancia, y en cuanto al aumento de las condenas, podemos decir que es algo habitual en este Tribunal", señaló Pablo Gentilli analista internacional y Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Gentili remarcó que el propio juez Moro admitió que no había pruebas del supuesto soborno aceptado por Lula. "Lo que está en juego en Brasil, pero también en la región, es una ofensiva por parte del Poder Judicial. 
Dicen que Lula recibió un departamento en Guarujá a cambio de otorgar supuestos beneficios a una empresa constructora, pero no hay ningún documento que pruebe esto y en la causa se reconoce que no hay pruebas de que Lula haya pasado siquiera una noche en ese departamento. Tampoco pueden establecer qué favor y en qué obra pública el expresidente benefició a esta empresa constructora", detalló.
El objetivo es "sacarse de encima a Lula para las elecciones presidenciales de 2018. Estamos en una fase nefasta, de enorme fragilidad democrática que atraviesa Brasil y que está viviendo toda América Latina", aseveró el titular de Clacso.
"Hay una doble batalla: una jurídica en la que Lula va a apelar para recurrir a la instancia del Tribunal Superior de Justicia.
La otra batalla es política: Lula tiene un gran apoyo nacional e internacional y por otra parte busca formar, dentro del progresismo un gran frente de izquierda".
© AFP 2018/ Raul Arboleda
Con ella se habló de los continuos asesinatos, en Colombia, a líderes sociales y exguerrilleros de las FARC desmovilizados y la incapacidad del gobierno de Juan Manuel Santos de frenarlos.
En el programa se informó también sobre la situación del proclamado futuro presidente catalán Carles Puigdemont; sobre de la decisión de 11 países de reflotar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP) sin Estados Unidos y el reconocimiento del director de la CIA de que esta agencia de espionaje ha estado detrás de algunas de las sanciones que se fijaron en contra de Venezuela.
Lea también: Carles Puigdemont: ¿presidente o prisionero?
El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por: Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Yolanda Machado y Ariadna Dacil Lanza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario