La decisión de la Fiscalía colombiana de declarar delito de lesa humanidad la financiación del paramilitarismo en el Urabá sentó un precedente para judicializar a quienes hayan aportado dinero a esos grupos, destacaron hoy noticiarios locales.
El fallo emitido la víspera considera que los bananeros de dicha zona antioqueña financiaron la expansión de un frente paramilitar como resultado de un acuerdo voluntario.
En un documento de 125 páginas, la Fiscalía dejó claro que esos aportes no fueron producto de la extorsión, sino de un pacto el cual permitió constituir todo el andamiaje logístico y económico para poner en funcionamiento esa formación (del paramilitarismo) y de paso sembrar el terror en el Urabá, comentó el diario El Tiempo.
Tal conducta tipifica dentro del delito de concierto para delinquir agravado, amplió el ente acusador en la sentencia citada por el periódico de circulación nacional.
El fiscal del caso aclaró que aunque la investigación en cuestión se limita al hecho puntual de los bananeros que dieron plata a la mencionada banda, esa misma tesis podría aplicarse a quienes sustentaron a otras agrupaciones ilegales autoras de un sinnúmero de actos delictivos.
Esa estructura estuvo detrás de asesinatos selectivos, casos de desaparición forzada, desplazamientos de población civil de sus lugares de origen, reclutamiento ilícito de menores y torturas, precisó el portal digital El Espectador.
Tal dictamen coincide con denuncias de defensores de derechos humanos y políticos sobre un incremento o revitalización del paramilitarismo en varios departamentos colombianos, flagelo al que atribuyen el exterminio de líderes sociales y militantes de la plataforma Marcha Patriótica (MP).
Aunque el Gobierno admite la muerte de medio centenar de dirigentes comunitarios y activistas de izquierda (entre ellos miembros de MP) durante 2016, esa organización afirma que el número de víctimas es superior.
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