Persiguen judicialmente al joven que reveló fallas en el voto electrónico

Joaquín Sorianello advirtió que el sistema aplicado por el PRO podía ser hackeado y fue allanado por la Metropolitana. Ahora pide donaciones para pagar los costos de un juicio que podría arruinarle la vida.

Boleta electrónica: la oposición presenta nuevos proyectos

31 DE AGOSTO 2015

Tras 67 días de reportar la vulnerabilidad en la transparencia del sistema de la Boleta Única Electrónica, el técnico informático Joaquín Sorianello aún aguarda la decisión del juez de si acepta o no la nulidad de la causa por la que se lo investiga por ser el causante de la falla en el sistema de voto.

"A los únicos que les conviene el voto electrónico es a las empresas proveedoras y a los medios de comunicación", asegura Sorianello en su cuenta de Twitter, a través de la cual cuenta cómo vive sus días llenos de depresión.

A través de una cuenta, recibe donaciones para cubrir los gastos que le genera tener que contratar abogados para que lo defiendan. Lleva recaudados casi 50 mil pesos. "Pedir voto electrónico, para más transparencia, es como pedir el polarizado más oscuro para que tus vidrios sean más transparentes", destaca.

Sorianello afirma que teme que la Justicia no opere de forma correcta, que lo condenen sin pruebas y que la causa sea solo para meter miedo. "Alrededor de esas cosas quedan otras: el desgaste sobre los afectos, el estrés, y la enorme impotencia de ser considerado culpable por amistades", confiesa.

En las audiencias que tuvo para pedir la nulidad de la causa no se hicieron presente los abogados de MSA, empresa que puso en funcionamiento la boleta electrónica en Buenos Aires y Salta y que sectores de la oposición, liderada por Mauricio Macri, quieren implementar en las generales de octubre con el fin de evitar el fraude que supuestamente produce al sistema clásico de la boleta de papel.

Todo el calvario empezó cuando especialista en desarrollo informático denunció la filtración de "los certificados SSL de los terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos", que estuvieron publicados "en el sitio http://caba.operaciones.com.ar por una deficiente configuración en sus servidores".

Para el especialista "cualquier persona malintencionada podría con estos certificados SSL enviar resultados falsos del escrutinio y también podría realizar un ataque de denegación de servicio. Es decir, transmitir tantos resultados que hagan que el sistema no pueda procesar los recuentos genuinos".

El sistema también había sido cuestionado por la Fundación Vía Libre, que destacó que al querer hacer un análisis sobre el sistema, se encontraron con que el principal obstáculo provenía de "la falta casi absoluta de documentación de acceso público sobre el sistema". El informe, que lleva la firma de Enrique Chaparro, concluye que "el sistema no respeta principios fundamentales ni la norma legal que lo habilita y que, por defectos de diseño, no puede ser adaptado para darles cumplimiento".

Un certificado SSL es un archivo de datos que contiene una clave de encriptación asimétrica y permite transmitir datos codificados y garantizar la autenticidad de una máquina conectada a Internet, mientras que el control de acceso a estos certificados es crucial para la seguridad del protocolo SSL.

En la web se encontró un listado de todas las URL de los certificados SSL, en el sitio http://justpaste.it/lzap.

El sistema de BUE que se implementó en las elecciones generales y en el balotaje de la Ciudad usó dos máquinas: una es el terminal de votación con el que interactúan los votantes y se realiza el recuento.

La otra máquina es la que se usa para transmitir los datos del escrutinio desde cada escuela al centro de cómputos. Esta segunda máquina está conectada a Internet y es la que mediante los certificados SSL obtenidos puede ser clonada.

Esta denuncia derivó en el allanamiento de la casa de Sorianello. La orden de allanar la dictó la jueza María Luisa Escrich y la medida se concretó mientras el especialista estaba en Bariloche.

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