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viernes, 29 de julio de 2016

La HERENCIA de RAJOY? + PRECARIEDAD + DEUDA - HUCHA PENSIONES - DERECHOS y PRESTACIONES



ANTES que hacer más ajustes 

no sería mejor pagar la multa?

Armak DE ODELOT


Rajoy deja en herencia un recorte de 

8.000 millones y la multa por el déficit

La Comisión Europea aplaza hasta principios de julio la multa por el déficit 

excesivo pero le reclama ya recortes en el gasto

Bruselas ha aplazado este miércoles y hasta después de las elecciones del 26-J la multa a España por los continuos incumplimientos del déficit. Aunque la sanción llegue más tarde, la Comisión Europea exige adoptar ajustes en las cuentas públicas. 
El brazo Ejecutivo de la UE exige a España medidas por valor algo más de 8.000 millones de euros entre este año y el próximo. 
Las autoridades comunitarias reclaman que se rebaje el déficit público al 3,7% del PIB en 2016 y al 2,5% en 2017. Bruselas prevé en sus últimos pronósticos un agujero del 3,9% y del 3,1% del PIB, respectivamente: la diferencia se traduce en esos 8.000 millones de ajustes para 2016 y 2017.


El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha ganado la partida a quienes pedían una aplicación estricta y escrupulosa de las reglas fiscales y se impusiera ya una multa a España. El brazo ejecutivo de la UE prefiere dejar pasar la campaña electoral y tomar una decisión "en los primeros días de julio". 
Portugal corre la misma suerte. 
Para ambos países, Bruselas reclama "tomar las necesarias medidas estructurales" para corregir el exceso de déficit y rebajarlo al 3% del PIB. "No es el momento político ni económico para tomar esta medida [la sanción]", ha asegurado el comisario Pierre Moscovici. 
A la pregunta de si España tiene margen para bajar impuestos tal y como ha prometido Rajoy, el vicepresidente Valdis Dombrovskis ha asegurado que España "puede tomar las decisiones tributarias que quiera, pero siempre que cumpla con el déficit". 
En otras palabras: no hay margen.
Bruselas da un año más para rebajar el agujero fiscal al 3% del PIB en 2017. Es la cuarta vez que la Comisión se ve obligada a dar tiempo extra a España en lo que va de Gran Recesión. 
A cambio, exige una nueva ronda de ajustes: "La Comisión pide un esfuerzo ambicioso pero realista", ha dicho Moscovici, que ha explicado que los recortes se harán "a un ritmo rápido".
Bruselas prefiere pasar de puntillas por la inestable situación política española, con esa solución de compromiso que supone dejar claro que los incumplimientos continuos de las reglas fiscales obligan a España a hacer ajustes desde ya, a la vez que se dejan las sanciones para después de las elecciones. 
Esa decisión llegará en los primeros días de julio: será entonces cuando la Comisión dé el siguiente paso en el procedimiento de infracción para imponer una multa que puede ser de hasta 2.000 millones de euros, según fuentes europeas, aunque el Gobierno espera que la cifra final sea inferior o incluso nula. 
La Comisión, en fin,prefiere quedarse fuera de la campaña electoral, en un último favor al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que dejará toda la presión de los ajustes a su sucesor en La Moncloa.
Sin embargo, en las recomendaciones Bruselas pide ajustes fiscales inmediatos. 
En concreto, reclama a España recortes estructurales en una cuantía equivalente al 0,25% del PIB en 2016 y otro 0,5% del PIB en 2017. 
Además, el brazo Ejecutivo de la UE reclama mano dura con las comunidades autónomas, e insta a tomar medidas adicionales para mejorar la integración del mercado laboral, mejorar la capacidad de los servicios de empleo regionales y reducir las disparidades en los esquemas de renta mínima. 
Y pide las tradicionales reformas: la implementación del mercado único a nivel regional y la reforma de los servicios profesionales, pendiente desde hace años.
España cerró 2015 con un déficit del 5,1% del PIB, e incumplió así de largo y por enésima vez las reglas fiscales. Bruselas cree que merece un castigo, pero la situación política --sin Gobierno desde diciembre, y con unas elecciones a la vista-- complicaba la situación, con el brazo ejecutivo de la UE decidido a evitar meterse en las procelosas aguas de la política española. 
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, no ha puesto las cosas fáciles: anunció anoche, en una entrevista al diario Financial Times publicada apenas horas antes del debate decisivo en el colegio de comisarios, que si gana volverá a bajar impuestos. Bruselas considera que España carece de espacio fiscal para ello. 
Y pide un ajuste relativamente duro para un país que acumula el segundo déficit más abultado de la Unión Europea y una deuda pública que ha crecido a toda velocidad durante la Gran Recesión, hasta rebasar la barrera del 100% del PIB. 
Bruselas exige para España ajustes, lo contrario de lo que promete Rajoy. Cosas de la precampaña electoral.



Ocho años sin cumplir el déficit


El nuevo Gobierno deberá negociar con Bruselas para evitar un duro ajuste de 8.000 millones en el 2016

PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden en alargar los plazos para reducir el déficit público


Con el historial reciente de ocho años sin haber logrado
 cumplir los objetivos de déficit público 
y sin haber podido formar Gobierno 
un mes después de las elecciones generales del 20-D, 
el futuro Ejecutivo español tendrá por delante 
el reto inminente de intentar negociar 
con la Comisión Europea unos nuevos objetivos 
que eviten el ajuste adicional de más de 8.000 
que Bruselas exige a España para el 2016.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, considera que la cuestión de los ajustes pendientes deberá abordarse en primavera, dando por hecho que entonces ya habrá un nuevo Gobierno. 
"Luego compararemos nuestras cifras con las suyas. Estamos convencidos de que hay una diferencia todavía y que pueden tener que tomarse algunas medidas adicionales", afirmó Moscovici este miércoles en una entrevista concedida a Bloomberg TV en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza).

DIFÍCIL HISTORIAL

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ya replicó en su día a Bruselas que 
“España no va a incumplir el déficit” porque “desde que asumimos (el PP) la responsabilidad de gobernar, hemos cumplido siempre el déficit”.
Los datos sin embargo desmienten la afirmación de Rajoy. En los últimos ocho años tanto el Gobierno del PSOE como el del PP han incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit marcados en los presupuestos del Estado de cada año, arrollados por la recesión y la crisis económica. 
Y eso a pesar de haber logrado renegociar con Bruselas los objetivos en cuatro ocasiones (una, con el PSOE; tres, con el PP).
Servicios de estudios y organismos internacionales coinciden en que España no logrará cumplir el objetivo de déficit del 4,2% del PIB fijado para el 2015, algo que, en la práctica ha asumido el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. 
"La incertidumbre reside en las autonomías. Es ahí donde se puede producir la mayor desviación", dijo el viernes tras la reunión del Consejo de Ministros.
De algún modo, solo se podría defender que el objetivo se cumplió en el 2014. Aquel año se había fijado un objetivo de déficit del 5,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. 
El Gobierno sacó pecho y dijo que lo reduciría aún más, hasta el 5,5% del PIB. 
Al final, el año se cerró con un desfase del 5,8%, en línea con el objetivo de Bruselas pero por encima de la propia meta que se había marcado el Gobierno. 
Autonomías y céntimo sanitario fueron los responsables de ese ligero exceso.

PRIMAVERA

"En primavera creo que tendremos que abordar esta cuestión. Y debe ser abordada de forma seria, porque la economía española se está comportando bien en términos de crecimiento, pero en términos de finanzas públicas, tiene también que estar claro que va a cumplir nuestras reglas, que están incluidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", dijo Moscovici en Davos para recordarle a España su factura pendiente.
En primavera ya se conocerán los datos definitivos sobre el déficit del 2015. Bruselas cree que las administraciones españolas no lograrán cumplir el objetivo marcado del 4,2% del PIB y que el déficit se situará en el 4,7% (más de 5.000 millones de déficit adicional).
En primavera, además, 
toca actualizar el Plan de Estabilidad 2015-2018
Esa la ocasión que ven todas las formaciones políticas que han concurrido a las elecciones generales, salvo el PP, para intentar renegociar con Bruselas la senda de cumplimiento del déficit público.

PSOE, PODEMOS, C’S Y PP

El portavoz de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, pretende acomodar los objetivos de déficit a la meta última de lograr situarlo en el 1% del PIB al final de la legislatura (2019). 
Ignacio Álvarez(Podemos) también defiende renegociar los objetivos de déficit que fijan el 2,8% para el 2016, el 1,4% para el 2017 y el 0,3% para el 2018. 
En Ciudadanos, Luis Garicano propugna elevar del 2,8% al 3,1% el objetivo de déficit del 2016 con el fin de ganar 3.000 millones de oxígeno para este año.

El PP por su parte, considera que este debate no existe. Para el 2016, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, confía en la excelente evolución de los ingresos (en los once primeros meses del 2015 los ingresos tributarios crecieron el 4,7%) para desmentir los cálculos de Bruselas.

DESCONFIANZA

En la Comisión Europea creen que en el 2016 la economía no crecerá el 3% que propugna el Gobierno, sino el 2,7%. 
Y con este crecimiento ve imposible lograr un avance de los ingresos de todas las administraciones públicas del 4%, teniendo en cuenta la nueva rebaja fiscal del Gobierno.
 Por eso, Bruselas eleva del 2,8% previsto por el Gobierno al 3,6% su previsión de déficit para el 2016 y exige ajustes por algo más de 8.000 millones para compensar esa brecha.
En realidad el ajuste adicional exigido por Bruselas no se refiere en exclusiva al Presupuesto del Estado, sino al conjunto de las administraciones públicas. 
En la práctica, sin embargo, el peso recae sobre el Estado, pues el margen en las autonomías para acometer un ajuste mayor parece inexistente. 
La Seguridad Social, por su parte, lejos de poder ajustarse el cinturón, puede añadir al déficit público hasta 20.000 millones adicionales en el 2016 (dos puntos de PIB), según los cálculos de la Autoridad Fiscal Independiente(AIReF).

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