Grandes empresas españolas triplican el fraude fiscal

 12 mayo, 2016 LibreRed 

Se supone que son el motor de la economía española, pero su aportación a la recuperación deja mucho que desear. Entre 2009 y 2014, durante los peores años de las políticas de austeridad y recortes, las empresas del Ibex-35 multiplicaron por 3,3 sus filiales en paraísos fiscales, según un estudio publicado este miércoles por Oxfam Intermón y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

Es decir, mientras la crisis estrangulaba los bolsillos de los contribuyentes, las compañías con mayores beneficios del país incrementaron hasta un 228% su presencia en territorios con un régimen tributario extremadamente favorable. 

Una tendencia que no parece frenarse: sólo entre 2013 y 2014, el número de filiales de empresas del Ibex en paraísos fiscales se incrementó un 10%.

Aunque esta práctica no es ilegal, en la mayoría de casos la domiciliación de estas empresas en lugares como Delaware (417 filiales), Holanda (131), Irlanda (65), Luxemburgo (55) o Islas Caimán (29), no está relacionada con la producción de bienes o servicios en esos territorios, sino que responde a operaciones financieras que les permiten eludir el pago de unos impuestos que, de otra manera, irían a parar a las arcas públicas del Estado. 

Por ejemplo, y según refleja el informe, las filiales del Banco Santander en paraísos fiscales le reportan de media una rentabilidad 2,7 veces mayor que la actividad global del banco. 

En el caso del BBVA esa rentabilidad es hasta 4,45 veces superior.

El Banco Santander es, con mucha diferencia, quien encabeza el ranking. Al cierre de 2014, la entidad tenía domiciliadas 235 filiales en diferentes paraísos fiscales, un 29,1% más que un año antes. Para hacerse una idea, el banco abrió 53 filiales en un solo año, una a la semana. Le siguen ACS con 113 filiales (seis menos que el año anterior), Iberdrola (69), Abengoa (67) y BBVA (52).

“La economía de los paraísos fiscales crece al doble de velocidad que la economía productiva mundial. En los últimos años, la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y más de la mitad del comercio mundial pasa por estos territorios”, señala el informe. 

“En un momento en que la desigualdad está creciendo en todo el mundo, con 62 personas que acumulan la misma riqueza que la mitad de la población, (3.600 millones de personas), los capitales de grandes fortunas y los beneficios de grandes empresas que se desvían hacia paraísos fiscales causan graves quiebras en las recaudaciones tributarias de países de todo el mundo”, prosigue.

Si las prácticas de las empresas son cuestionables, las políticas fiscales desarrolladas por los gobiernos no ayudan tampoco a revertir la situación. En España, donde ahora se recauda un 9,8% menos que antes de la crisis, se sigue recaudando “poco y mal”, señala el informe, que recuerda que los ingresos tributarios en nuestro país están a casi ocho puntos menos que los del promedio europeo.

El estudio destaca, por ejemplo, cómo en 2014 se aprobó una exención para los
dividendos y plusvalías que los grupos empresariales repatriaran desde el extranjero, lo que ha supuesto que en 2015 la inversión española hacia paraísos fiscales haya caído un 40% y, al contrario, la repatriación de inversión desde estos territorios haya aumentado en un 27,4%.

“Este dato puede parecer un síntoma positivo de contracción del peso de la economía offshore para España, y un retorno a una mayor economía real y productiva. Pero los datos fríos esconden otra realidad, una legislación fiscal que aún protege los intereses de las grandes corporaciones frente a las necesidades de la mayoría”, dicen los analistas.

El sistema tributario español es, asimismo, muy favorable a estas empresas: hasta el 85% de lo recaudado el año pasado proviene de las aportaciones de las familias, a través del IRPF y el IVA, mientras que las grandes corporaciones aportaron apenas el 4%. Lo que se recaudó a través del Impuesto de Sociedades es, hoy por hoy, la mitad que en 2007. “Esta caída en la recaudación supone 22.219 millones de euros menos para las arcas públicas”, señala el informe.

Lucía Villa | Público