El Gobierno socialista comienza a revertir la austeridad en Portugal
El Parlamento aprueba reducir ligeramente la carga fiscal y a eliminar gradualmente los recortes aplicados a los salarios de los funcionarios
El Parlamento de Portugal aprobó este viernes varias medidas dirigidas a revertir a partir de 2016 la austeridad predominante en los últimos años, de momento de forma parcial, a iniciativa del nuevo Gobierno socialista.
La Cámara dio vía libre a varios proyectos legislativos de cara a 2016, dirigidos a reducir ligeramente la carga fiscal y a eliminar gradualmente los recortes aplicados a los salarios de los funcionarios.
El Ejecutivo liderado por el socialista António Costa, que tomó posesión hace tres semanas, logró sacar adelante una parte de estas propuestas gracias al apoyo de los partidos de izquierda radical, con los que firmó un acuerdo clave para su llegada al poder, ya que no cuenta con mayoría absoluta.
Sin embargo, en el hemiciclo se reflejaron también este viernes y por primera vez las divergencias que separan a los socialistas de marxistas, comunistas y ecologistas con el debate sobre un impuesto especial sobre las pensiones.
Las fuerzas de izquierda votaron en contra de seguir cobrando la Contribución Extraordinaria de Solidaridad (CES) el próximo año, que actualmente afecta únicamente a las pensiones más altas, a partir de 4.611 euros mensuales.
La iniciativa, que reducirá en 2016 a la mitad la tasa que penaliza a estos pensionistas en comparación con la aplicada este año, fue aprobada gracias al apoyo de los conservadores, que la incluían también en su programa.
Al contrario ocurrió a la hora de votar la reducción de un impuesto extraordinario sobre la renta que se cobraba a los trabajadores del sector privado y la reposición gradual de los salarios de los funcionarios.
Ambas medidas salieron adelante gracias al consenso entre socialistas y el resto de las fuerzas de izquierda, que negociaron de forma conjunta el diseño de estas políticas, superando sus diferencias iniciales.
La tasa especial sobre la renta -fijada desde 2013 en el 3,5 %- bajará de forma significativa para los contribuyentes con sueldos más bajos y los empleados del sector público verán cómo desaparecen gradualmente los recortes aplicados a sus sueldos hasta ser totalmente eliminados en el cuarto trimestre de 2016.
Estas primeras iniciativas legislativas encaminadas a dejar atrás los ajustes que marcaron la anterior legislatura deben todavía pasar al jefe del Estado, el conservador Aníbal Cavaco Silva, antes de ser sancionadas definitivamente y poder entrar en vigor.
En sus primeros días en el cargo -asumió funciones a finales de noviembre-, el primer ministro António Costa intentó dar un marcado acento social a su gestión.
Malabares para ajustar el déficit
Sin embargo, la importancia de garantizar que Portugal cierre el ejercicio con su déficit público por debajo del 3 % derivó en la aprobación de “medidas adicionales” para controlar el gasto público que estarán vigentes hasta final de año.
La existencia de “desvíos” llevó al Ministerio de Finanzas a decretar de forma urgente la congelación y reducción de fondos destinados a las administraciones públicas para que no asuman gastos que no tengan carácter urgente.
Estrategias similares ya fueron adoptadas en el pasado por su antecesor en el cargo, el líder de la coalición de centro-derecha, Pedro Passos Coelho, quien dejó críticas a Costa por su intención de emprender un nuevo rumbo político.
“Los verbos que este Gobierno más ha repetido son reponer, revertir, revocar y eliminar, aún no vimos otras propuestas”, advirtió Passos Coelho, quien fue el candidato más votado en las últimas elecciones legislativas, realizadas a principios de octubre.
Aunque llegó a tomar incluso posesión como jefe del Ejecutivo por indicación del presidente luso, Cavaco Silva, duró en el cargo menos de un mes y fue derribado en el Parlamento por una moción apoyada por los socialistas y el resto de la izquierda.
La caída del Gobierno devolvió la palabra al jefe del Estado, que acabó por permitir el ascenso al poder de Costa pese a sus reticencias públicas sobre esta opción.
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