Manipulación permanente revisable
Tras el hallazgo del cadáver de Diana Quer el pasado 31 de diciembre, el padre de esta junto a familiares de otras víctimas inició una recogida de firmas en change.org (2.500.000) para pedir que no se derogase la prisión permanente revisable, en vigor desde el 2015 cuando el PP ostentaba la mayoría absoluta.
Dicha campaña contó y cuenta con el apoyo ciego de determinados medios de comunicación, periodistas y políticos que amplificaron su difusión de forma estratégica y torticera, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta lo dispuestos que están algunos en cuanto a ser serviles con el poder se refiere.
Pero sin duda lo más doloroso es que las argumentaciones de los partidarios de la prisión permanente revisable se basan en falacias, explicadas de forma machacona y enfermiza desde sus pulpitos mediáticos en momentos clave como son las horas posteriores a un terrible asesinato como el del niño Gabriel.
Y es que dejando de lado el gozo que parece suponerles jugar con el dolor ajeno con tal de aumentar la audiencia, alentando al mismo tiempo esa afección que muchos españoles padece y cuyo síntoma más evidente es el excesivo gusto por el morbo y los detalles escabrosos, muchos de los argumentos esgrimidos para defender la prisión permanente revisable son cuanto menos discutibles. Uno de ellos se basa en que el 80% de la población española se muestra favorable a la prisión permanente revisable.
Este dato proviene de una encuesta publicada en ABC, en la que ni a un servidor ni nadie de las personas cercanas a las que he podido preguntar han sido interpeladas por dicha entrevista, quizá debiendo asumir por ello que no formamos parte de la población española.
Otro de los argumentos se basa en la supuesta bondad del código penal español en comparación con otros países europeos donde está vigente la prisión permanente revisable.
En este caso de forma deliberada se ha ocultado información y se ha recurrido a mitos que a base de repetir hasta la saciedad parecen haberse convertido en verdad indiscutible, mitos que ha desmontado con gran acierto el usuario de twitter @sorricilla en este hilo bit.ly/2G1RCwW.
La verdad es que podríamos seguir con más argumentos, pero conviene analizar el porqué de esta campaña tan furibunda.
Y es aquí donde debemos regresar al primer párrafo de este artículo en el que denunciaba el servilismo de muchos medios con el poder, perdiendo de esta manera, salvo honrosas excepciones, la obligación moral del periodista que es la de fiscalizar a dicho poder.
Hoy en día nadie que se haya molestado en buscar más allá de lo que dicen los grandes medios de comunicación, puede afirmar sin sonrojarse que en España los medios son imparciales.
Sin embargo, todavía hay gente que no ve, no quiere o no es capaz de ver que la mayoría de los medios de comunicación que consume, que a su vez son los de mayor difusión, no tienen como objetivo informarle, como debería ser obvio, sino orientar su atención hacia determinados temas al tiempo que se la desvía de otros.
Así no es de extrañar que en boca de muchos ciudadanos esté la prisión permanente revisable, entre otras cosas, en detrimento de los recortes en sanidad, el informe del European Trade Union Institute en el cual se afirma que España es el país de la UE con peores condiciones laborales, rescates bancarios y de autopistas, amenazas a la libertad de expresión, aumento del gasto militar, pensionistas cobrando por debajo del umbral de pobreza…etc.
Pero sin duda lo más triste de todo es que no parece haber una salida a corto plazo, lo que puede suponer un largo período de manipulación permanente y quizá no revisable.
Volviendo de nuevo al tema de la justicia, es evidente que esta necesita reformas, pero el epicentro de estas debe ser la despolitización de la misma, como ya han denunciado jueces y fiscales los cuales han advertido de la posibilidad de una huelga si el gobierno no da pasos en esa dirección.
Y es que no cabe duda que para aquellos profesionales de la justicia que desean fervientemente una imparcialidad de esta, como debería ser en un estado de derecho que se vanagloria constantemente de serlo, debe resultar doloroso ver como la prensa publica con todo tipo de detalles las medidas que tomará un juez días después, o más si cabe, ver el doble rasero con el que se han dictado sentencias en los últimos tiempos.
Es por todo esto, que de ahora en adelante supondría un ejercicio muy necesario y saludable tratar de discernir que se nos está ocultando cuando nos hablan de la prisión permanente revisable, medida por otra parte sobre la que ya se han posicionado en contra catedráticos de derecho penal y hasta una parte de la iglesia católica.
Ya no te creen, Mariano
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- marzo 18º, 2018
El presidente Rajoy se fue a Marbella, a un acto de partido, a repetir la línea argumental ya expuesta en el Congreso en el debate sobre pensiones: no se pueden subir más, ya me gustaría subirlas más y mientras sea presidente se subirán todo lo que se pueda.
Por fortuna esta vez nos ahorró la ensalada de datos, medias verdades y medias mentiras que adornaron su discurso parlamentario y que la oposición no fue capaz de desmontar porque a estos debates hay que ir con el tema sabido y las cifras en la cabeza, no con los comentarios recogidos en la última tertulia.
Miles y miles de pensionistas le han dejado claro en la calle que ya no le creen. Vas a tener que meterte en esto, Mariano.
Ya no les asustan los tenebrosos powerpoints llenos de tablas y gráficos que nadie sabe de dónde han salido o quién los firma, pero que siempre anuncian el Armagedón de las pensiones para dentro de un par de décadas.
Parece que prefieren creer a J.M Keynes: “en el largo plazo, todos muertos”.
Ya no les asustan las terroríficas previsiones demográficas que pronostican que cada trabajador tendrá que pagar a tres, cuatro o incuso cinco pensionistas y que, para cumplirse, necesitan que la población española se reduzca, la natalidad siga cayendo, no vengan migrantes a buscar su oportunidad y nuestros jóvenes se sigan marchando para no volver.
Muchos incluso empiezan a formular en voz alta la pregunta que nadie parece atreverse a platear: ¿Acaso es justo que los padres y abuelos que ya pagaron la educación la sanidad y las oportunidades de sus hijos paguen ahora también su decisión, voluntaria o no, de tener menos hijos?
Tampoco se creen que no se puedan subir y que no haya dinero. El Estado español gasta al año más de 300.000 millones, la tercera parte se destina a pensiones, un porcentaje muy por debajo de cuánto invierten nuestros socios de referencia en la UE, cuyo gasto público se sitúa cinco puntos por encima del nuestro.
Además ahora saben que con el dinero de sus contribuciones se ha pagado de todo: desde las necesidades de financiación del Estado a la mayoría de las prestaciones no contributivas.
La cuarta parte del presupuesto de la Seguridad Social se dedica a prestaciones no financiadas por contribuciones.
El déficit lo causa el reparto que el Estado hace de obligaciones que debería asumir vía impuestos pero endosa a las contribuciones de la Seguridad Social, no la insostenibilidad del sistema de reparto.
No hay macroeconomía en el mundo que pueda explicar la imposibilidad de dedicar un par de miles de millones para actualizar las pensiones subiéndolas catorce euros al mes de media.
No después de haber visto durante la crisis cómo miles de millones si se podían gastar en rescatar bancos, autopistas o entidades sanitarias privadas, aumentar el gasto en defensa y anunciar rebajas de impuestos milmillonarias.
Tampoco se tragan ese mantra de que el problema es que no se crea suficiente empleo. El propio Rajoy nos confirmó ufano que ahora se crean seis empleos por cada nuevo pensionista.
El dato resulta incontestable: el problema no está en el empleo sino el reparto de los beneficios.
El problema no es el empleo sino un modelo de recuperación que reduce el peso de la renta salarial en el PIB mientras disparar el peso de las rentas de capital.
Tampoco se callan cuando se les recuerda su supuesta condición de privilegiados o lo insostenibles que serán unas nuevas pensiones que no dejan de crecer.
Más de la mitad de los pensionistas cobran por debajo del salario mínimo y apenas un 10% supera los 2000 euros al mes.
El problema de nuestro actual sistema es precisamente el contrario: que quienes más deberían contribuir, por su renta y riqueza durante sus años de actividad, están fuera de un sistema al que no quieren contribuir, cuánto más se recorte, mejor, menos impuestos.
Porque ésa es la cuestión fundamental, antes que la demografía o el volumen de las contribuciones, la equidad y la capacidad redistributiva que deben sustentar un sistema público de pensiones.
No se trata de que no se pueda o no haya dinero, se trata de que en un país cuyo esfuerzo fiscal se sitúa cinco puntos por debajo de la media UE15 quienes deberían y podrían pagar, ni deben ni quieren pagar.
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