Indra: el Gran Hermano tecnológico que toca todas las teclas (cast/cat)
Por Guille Larios, Gemma García / Directa.cat
El grupo empresarial del Ibex 35 hace negocio con la militarización de las fronteras o la gestión de procesos electorales, como el del próximo 21-D.
En su consejo de administración hay ex políticos del PP y se ha visto salpicada en dos casos de corrupción
Durante veinte días el grupo hackers Anonymous ha sido infiltrado en las redes informáticas de la empresa encargada de hacer el recuento de votos de las elecciones catalanas del próximo 21-D.
Lo anunció por redes sociales, donde asegura que la multinacional Indra “no es tan fiable como parece” y tiene una “seguridad nefasta”, a pesar de ser un gigante tecnológico del Ibex 35.
Con el 155 desplegado, en esta ocasión, el contrato con Indra se ha tramitado por la vía de la emergencia, es decir, sin concurso público, a dedo. Se trata de un procedimiento que la ley de contratos de las administraciones públicas reserva para “eventos catastróficos”, “situaciones que supongan un grave peligro” o “necesidades que afecten a la defensa nacional”.
Hace ya más de tres décadas que se encarga de las tareas de recuento de votos de elecciones en diferentes países del mundo: más de 350 procesos electorales, según datos del mismo grupo empresarial
Al margen de la excepcionalidad del procedimiento, Indra ya hace más de tres décadas que se encarga de las tareas de recuento de votos de elecciones en diferentes países del mundo: más de 350 procesos electorales, según datos del mismo grupo empresarial.
Desde que nació en 1989, en España lo ha hecho en todas las elecciones locales, autonómicas, estatales y europeas, con una sola interrupción.
El próximo 21 de diciembre, sus softwares y dispositivos volverán a gestionar la tecnología de toda la jornada electoral.
Simona Levi de la Plataforma xnet denuncia que haya una empresa privada intermediaria en los comicios, “cuando no se hace voto electrónico, sino analógico” y alerta de que puede responder a que “una intermediaria amiga podría ser una aliada en el caso de que el ‘Estado quisiera justificar un ataque hacker "
Puertas giratorias y presuntas irregularidades
Con cerca de un 19% de la propiedad en manos del Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Indra no sólo ha sido omnipresente en los procesos electorales, sino que también está detrás de los equipos de venta de tickets del metro de Barcelona, de una parte de la atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social, del sistema de control biométrico en los aeropuertos de Madrid y Barcelona o de los sistemas de radares y aviones no tripulados para el Ministerio de defensa, entre otros muchos servicios.
Con sede central en el municipio madrileño de Alcobendas y oficinas en el distrito 22 @ de Barcelona, Indra dispone de 43.000 trabajadoras en todo el mundo. Integrado por 259 empresas, el grupo ganó 70 millones de euros netos en 2016.
Indra nació en 1989, esencialmente pública en manos de lo que en aquel entonces era el Instituto Nacional de Industria, pero con la ola de privatizaciones del gobierno de Jose María Aznar, a finales de los 90, el Instituto venderla a varios accionistas por 92.526 millones de pesetas. No fue hasta 2013, que el SEPI volvió a entrar en el accionariado de la empresa.
Dentro de su consejo de administración, figuran ex miembros de empresas públicas -o que serlo-, como Ignacio Santillana del Barrio, que ha pasado por Telefónica y por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA); y ex políticos, como Juan Carlos Aparicio, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o Adolfo Menéndez Menéndez, que fue subsecretario de Defensa y de Fomento.
La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado apunta que Indra habría tenido un papel decisivo en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid
Durante 22 años, Javier Monzón estuvo comandando la nave de Indra. Amigo personal del rey Juan Carlos I, recientemente ha rechazado sustituir Juan Luís Cebrián como consejero delegado del Grupo Prisa, pero forma parte del consejo de administración del conglomerado mediático.
Actualmente la presidencia recae en Fernando Abril-Martorell, hijo de un procurador en las Cortes franquistas hasta el 1976 y ex ministro de economía de la UCD, quien dirige la empresa.
En Cataluña, Manuel Brufau, hermano del actual presidente de Repsol, Antonio Brufau, figura a la cabeza, y Josep Pujol Ferrusola llegó a tener un cargo.
Aparte de ex políticos, hay dos episodios de corrupción que también vinculan Indra al PP.
Primero, en el marco de la Operación Púnica, la empresa apareció como presunta financiadora del gasto del partido de Esperanza Aguirre en Madrid.
Y hace unos meses, en abril pasado, la Guardia Civil irrumpió en sus oficinas, en el segundo día de la Operación Lezo.
La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado apunta que Indra habría tenido un papel decisivo en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid.
Según la investigación, la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) debería adjudicado a la empresa una serie de contratos inflados a cambio de que ayudara a pagar la campaña del PP madrileño para los elecciones autonómicas de 2011.
las fronteras europeas
La llegada de personas que buscan refugio en Europa ha legitimado un gasto de 15.000 millones de euros en control de fronteras, según el informe hecho público por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresa (OHDE).
Hasta el año 2002, el aumento previsto llega hasta 29.000 millones. El investigador Jordi Calvo, del Centro Delàs, detallaba en una investigación, Como la inversión en seguridad nacional, incluyendo la militarización de las fronteras, venía precedida por la política de investigación del sector de la seguridad de la UE.
En todo este proceso de definición de las líneas estratégicas, iniciado en 2003, no participaron las organizaciones para las migraciones, refugiados o especializadas en conflictos armados.
En cambio, sí estaban, los comisarios europeos del ámbito del comercio y la seguridad, representantes de la OTAN, la Asociación de Armamento del Oeste de Europa, el Comité Militar de la UE, ocho empresas multinacionales del sector armamentístico (EADS, BAE Systems, Thales, Leonador Finmeccanica) y las más grandes empresas del sector tecnológico, entre ellas, Indra.
Actualmente, el lobby de la industria militar y de seguridad se refuerza a través de la European Organization for Security (EOS), un grupo que trabaja por el desarrollo y armonización del mercado securitario en Europa.
Indra es uno de sus principales miembros, y ha invertido 1,5 millones de euros en actividades de lobby en torno a las instituciones de la UE, los últimos cinco años.
Desde finales de 2013 hasta 2015, se han realizado ocho grandes encuentros entre la industria y representantes de Frontex.
El informe apunta que “las corporaciones privadas están definiendo la arquitectura y la política de seguridad de la Unión Europea, dando respuestas militares y securitarias que requieren su propia contratación por parte de las instituciones europeas y de sus Estados miembros”.
En España, Indra es la principal empresa adjudicataria para la construcción de las vallas en Ceuta y Melilla. Entre 2004 y 2014 recibió 27 millones de euros del Ministerio de Interior para esta finalidad.
La empresa explica que, en total, sus sistemas de tecnología SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia) “controlan y protegen más de 5000 km de fronteras y tráfico marítimo y terrestre a diferentes países y continentes”. Asimismo, Indra es líder en sistemas de vigilancia autónomos y drones.
La UE ha invertido hasta 315 millones de euros para incorporar esta tecnología en los sistemas de vigilancia y orden público, sin ningún tipo de consulta a los parlamentos de los estados miembros.
Misiles, drones y guerra electrónica
Indra Sistemas es la división encargada del sector de seguridad y defensa. Aproximadamente 1.035 personas trabajan en esta sección ubicada en el distrito 22 de la ciudad de Barcelona.
Indra se ha convertido en el principal cliente del Ministerio de Defensa español, que y le encarga el desarrollo electrónico de la mayoría de su armamento
Desde su privatización, Indra no ha cesado de recibir contratos del Ministerio de Defensa español, que se ha convertido en su principal cliente y le encarga el desarrollo electrónico de la mayoría de su armamento.
Indra controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles (Inmize) y es la filial española de la principal empresa fabricante de misiles en el ámbito europeo (MBDA). Esto, combinado con las subvenciones, ha posibilitado el crecimiento de la empresa.
Indra aporta soluciones tecnológicas para productos armamentísticos que luego se venden en países como Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudita y Yemen.
Asimismo, colabora directamente en la provisión y transferencia de material tecnológico, sistemas de vigilancia y drones para uso securitario y militar a Israel Aerospace Industries (IAI), una corporación que ha beneficiado directamente del control y vigilancia sobre los territorios ocupados palestinos.
Lo ha hecho siendo pionera en la producción de drones de vigilancia, con los modelos Heron 1 y Heron TP, equipados con misiles y que fueron empleados en las operaciones militares israelíes Lluvia de verano (2006) y Plomo fundido (2008) en Gaza, que dejaron más de 1.700 palestinas muertas.
Por ello, el ODHE denuncia que la transferencia de tecnología entre las dos empresas, puede suponer una complicidad con los crímenes de guerra en los Territorios Ocupados Palestinos.
El Centro Delàs así como movimientos antimilitaristas y antirracistas también han denunciado la participación indirecta de la tecnología de la empresa en conflictos armados en Oriente Medio, que afectan población civil yemení, kurda y palestina.
Indra: el Gran Germà tecnològic que toca totes les tecles
El grup empresarial de l’Ibex 35 fa negoci amb la militarització de les fronteres o la gestió de processos electorals, com el del pròxim 21-D. En el seu consell d’administració hi ha expolítics del PP i s’ha vist esquitxada en dos casos de corrupció
Durant vint dies el grup de hackers Anonymous ha estat infiltrat en les xarxes informàtiques de l’empresa encarregada de fer el recompte de vots de les eleccions catalanes del proper 21-D.
Ho ha anunciat per xarxes socials, on assegura que la multinacional Indra “no és tan fiable com sembla” i té una “seguretat nefasta”, tot i ser un gegant tecnològic de l’bex 35. Amb el 155 desplegat, en aquesta ocasió, el contracte amb Indra s’ha tramitat per la via de l’emergència, és a dir, sense concurs públic, a dit.
Es tracta d’un procediment que la llei de contractes de les administracions públiques reserva per a “esdeveniments catastròfics”, “situacions que suposin un greu perill” o “necessitats que afectin la defensa nacional”.
Ja fa més de tres dècades que s’encarrega de les tasques de recompte de vots d’eleccions a diferents països del món: més de 350 processos electorals, segons dades del mateix grup empresarial
Al marge de l’excepcionalitat del procediment, Indra ja fa més de tres dècades que s’encarrega de les tasques de recompte de vots d’eleccions a diferents països del món: més de 350 processos electorals, segons dades del mateix grup empresarial. Des de que va néixer el 1989, a l’Estat espanyol ho ha fet en totes les eleccions locals, autonòmiques, estatals i europees, amb una sola interrupció.
El pròxim 21 de desembre, els seus softwares i dispositius tornaran a gestionar la tecnologia de tota la jornada electoral. Simona Levi de la Plataforma Xnet denuncia que hi hagi una empresa privada intermediària en els comicis, “quan no es fa vot electrònic, sinó analògic” i alerta que pot respondre al fet que “una intermediària amiga podria ser una aliada en el cas que l’Estat volgués justificar un atac hacker”.
Portes giratòries i presumptes irregularitats
Amb vora un 19% de la propietat en mans del Govern espanyol, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Indra no només ha estat omnipresent en els processos electorals, sinó que també és darrere dels equips de venda de tiquets del metro de Barcelona, d’una part de l’atenció telefònica de la Tresoreria de la Seguretat Social, del sistema de control biomètric als aeroports de Madrid i Barcelona o dels sistemes de radars i avions no tripulats per al Ministeri de defensa, entre molts altres serveis.
Amb seu central al municipi madrileny d’Alcobendas i oficines al districte 22@ de Barcelona, Indra disposa de 43.000 treballadores a tot el món. Integrat per 259 empreses, el grup va guanyar 70 milions d’euros nets el 2016.
Indra va néixer el 1989, essencialment pública en mans del que a aleshores era l’Institut Nacional d’Indústria, però amb l’onada de privatitzacions del govern de Jose María Aznar, a finals dels 90, l’Institut va vendre-la a diversos accionistes per 92.526 milions de pessetes. No va ser fins el 2013, que el SEPI va tornar a entrar en l’accionariat de l’empresa.
Dins el seu consell d’administració, hi figuren exmembres d’empreses públiques –o que van ser-ho–, com Ignacio Santillana del Barrio, que ha passat per Telefónica i per l’Empresa Nacional de Innovación (ENISA); i expolítics, com Juan Carlos Aparicio, que va ser ministre de Treball i Assumptes Socials o Adolfo Menéndez Menéndez, que va ser subsecretari de Defensa i de Foment.
La Unitat Central Operativa (UCO) de l’institut armat apunta que Indra hauria tingut un paper decisiu en el finançament il·legal del Partit Popular de Madrid
Durant 22 anys, Javier Monzón va estar comandant la nau d’Indra. Amic personal del rei Joan Carles I, recentment ha rebutjat substituir Juan Luís Cebrián com a conseller delegat del Grup Prisa, però forma part del consell d’administració del conglomerat mediàtic.
Actualment la presidència recau en Fernando Abril-Martorell, fill d’un procurador a les Corts franquistes fins el 1976 i exministre d’economia de la UCD, qui dirigeix l’empresa.
A Catalunya, Manuel Brufau, germà l’actual president de Repsol, Antoni Brufau, figura al capdavant, i Josep Pujol Ferrusola va arribar a tenir-hi un càrrec.
A banda d’expolítics, hi ha dos episodis de corrupció que també vinculen Indra al PP. Primer, en el marc de l’Operació Púnica, l’empresa va aparèixer com a presumpta finançadora de la despesa del partit d’Esperanza Aguirre a Madrid.
I fa uns mesos, l’abril passat, la Guàrdia Civil va irrompre a les seves oficines, en el segon dia de l’Operació Lezo.
La Unitat Central Operativa (UCO) de l’institut armat apunta que Indra hauria tingut un paper decisiu en el finançament il·legal del Partit Popular de Madrid.
Segons la investigació, l’Agència Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid (ICM) hauria adjudicat a l’empresa una sèrie de contractes inflats a canvi de què ajudés a pagar la campanya del PP madrileny per a els eleccions autonòmiques de 2011.
Militarització de les fronteres europees
L’arribada de persones que busquen refugi a Europa ha legitimat una despesa de 15.000 milions d’euros en control de fronteres, segons l’informe fet públic per l’Observatori de Drets Humans i Empresa (OHDE). Fins a l’any 2002, l’augment previst arriba fins a 29.000 milions.
L’investigador Jordi Calvo, del Centre Delàs, detallava en una investigació, com la inversió en seguretat nacional, incloent-hi la militarització de les fronteres, venia precedida per la política d’investigació del sector de la seguretat de la UE.
En tot aquest procés de definició de les línies estratègiques, iniciat el 2003, no hi varen participar les organitzacions per les migracions, refugiades o especialitzades en conflictes armats.
En canvi, sí que hi eren, els comissaris europeus de l’àmbit del comerç i la seguretat, representants de l’OTAN, l’Associació d’Armament de l’Oest d’Europa, el Comitè Militar de la UE, vuit empreses multinacionals del sector armamentístic (EADS, BAE Systems, Thales, Leonador Finmeccanica) i les més grans empreses del sector tecnològic, entre elles, Indra.
Actualment, el lobby de la indústria militar i de seguretat es reforça a través de l’European Organization for Security (EOS), un grup que treballa pel desenvolupament i harmonització del mercat securitari a Europa. Indra n’és un dels seus principals membres, i ha invertit 1,5 milions d’euros en activitats de lobby entorn les institucions de l’UE, els últims cinc anys.
Des de finals de 2013 fins el 2015, s’han realitzat vuit grans trobades entre la indústria i representants de Frontex. L’informe apunta que “les corporacions privades estan definint l’arquitectura i la política de seguretat de la Unió Europea, donant respostes militars i securitàries que requereixen la seva pròpia contractació per part de les institucions europees i dels seus Estats membres”.
A l’Estat espanyol, Indra és la principal empresa adjudicatària per la construcció de les tanques a Ceuta i Melilla.
Entre 2004 i 2014 va rebre 27 milions d’euros del Ministeri d’Interior per aquesta finalitat. L’empresa explica que, en total, els seus sistemes de tecnologia SIVE (Sistema Integrat de Vigilància) “controlen i protegeixen més de 5000 km de fronteres i tràfic marítim i terrestre a diferents països i continents”.
Així mateix, Indra és líder en sistemes de vigilància autònoms i drons. La UE ha invertit fins a 315 milions d’euros per incorporar aquesta tecnologia en els sistemes de vigilància i ordre públic, sense cap tipus de consulta als parlaments del estats membres.
Míssils, drons i guerra electrònica
Indra Sistemas és la divisió encarregada del sector de seguretat i defensa. Aproximadament 1.035 persones treballen en aquesta secció ubicada en el districte 22@ de la ciutat de Barcelona.
Indra s’ha convertit en el principal client del Ministeri de Defensa espanyol, que i li encarrega el desenvolupament electrònic de la majoria del seu armament
Des de la seva privatització, Indra no ha cessat de rebre contractes del Ministeri de Defensa espanyol, que s’ha convertit en el seu principal client i li encarrega el desenvolupament electrònic de la majoria del seu armament.
Indra controla el 80% de la Societat Espanyola de Míssils (Inmize) i és la filial espanyola de la principal empresa fabricant de míssils en l’àmbit europeu (MBDA). Això, combinat amb les subvencions, ha possibilitat el creixement de l’empresa.
Indra aporta solucions tecnològiques per a productes armamentístics que després es venen a països com Turquia, Egipte, Qatar, Aràbia Saudita i Iemen. Alhora, col·labora directament en la provisió i transferència de material tecnològic, sistemes de vigilància i drons per a ús securitari i militar a Israel Aerospace Industries (IAI), una corporació que s’ha beneficiat directament del control i vigilància sobre els territoris ocupats palestins.
Ho ha fet sent pionera en la producció de drons de vigilància, amb els models Heron 1 i Heron TP, equipats amb míssils i que foren empleats en les operacions militars israelianes Pluja d’estiu (2006) i Plom fos (2008) a Gaza, que van deixar més de 1.700 palestines mortes.
Per això, l’ODHE denuncia que la transferència de tecnologia entre les dues empreses, pot suposar una complicitat amb els crims de guerra en els Territoris Ocupats Palestins.
El Centre Delàs així com moviments antimilitaristes i antiracistes també han denunciat la participació indirecta de la tecnologia de l’empresa en conflictes armats a l’Orient Mitjà, que afecten població civil iemenita, kurda i palestina.
El Estado alega “necesidades que afectan a la defensa nacional” para hacer un trámite de emergencia sin concurso.
La aplicación del artículo 155 ha provocado una situación de excepcionalidad en muchos ámbitos de la política y la sociedad catalanas. Y la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre no escapa a ello. Según ha podido saber ARA, el recuento de los comicios se ha adjudicado a dedo a Indra, sin que el resto de compañías competidoras hayan podido optar al contrato.
Indra es una empresa de la que el Estado es el principal accionista individual, puesto que controla el 18,7% del capital.
El mismo Estado ha usado lo que se denomina una tramitación de emergencia, una excepción que recoge la ley de contratos del sector público por si la administración “tiene que actuar de manera inmediata debido a acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. De hecho, el Boletín Oficial del Estado ya publicó que todos los trámites relacionados con el 21-D se harían por esta vía de emergencia.
El presidente español, Mariano Rajoy, convocó las elecciones el 27 de octubre.
Este anuncio repentino daba un margen de menos de dos meses entre el anuncio de los comicios y la fecha de la votación.
En un contexto normal, la administración que organiza las elecciones habría colgado el contrato en una página web pública junto con el correspondiente pliego de condiciones técnicas y económicas.
A partir de aquí, las compañías interesadas habrían hecho sus propuestas y los técnicos escogerían la oferta ganadora.
Desde la aplicación del 155, el ministerio del Interior es quien ha asumido las competencias para convocar elecciones en Catalunya en lugar de los departamentos de Gobernación o Economía.
Concretamente Juan Antonio Puigserver, el actual secretario general técnico del ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido, fue nombrado el 3 de noviembre para coordinar la organización del 21-D.
Fuentes del ministerio del Interior, sin embargo, se excusaron diciendo que la adjudicación del recuento lo ha hecho la Generalitat y no el Estado (a pesar de que es el Estado es quien tomó el control de la Generalitat por el artículo 155).
Fuentes del gobierno catalán explican que, por la falta de tiempo, se ha elegido a Indra porque era la última empresa que había hecho el recuento de unas elecciones catalanas (las del 27-S), cosa que reduciría el “riesgo” y evitaría “incidencias” en el recuento.
Habitualmente la convocatoria para el recuento de unas elecciones se hace con unos seis meses de antelación para que las empresas puedan preparar bien sus proyectos y los técnicos fijen las condiciones, pero el trámite también se puede acortar.
Sea como fuere, bajo el contexto de emergencia que ha usado el Estado, este no tiene la obligación de tramitar ningún expediente ni de hacer pública la licitación, sino que puede escoger libremente a quien le adjudica el contrato.
En este caso, la beneficiada ha sido Indra. De hecho, este procedimiento de emergencia es aplicable a cualquier compra que haga la administración pública, si puede justificar que lo hace debido a una catástrofe o para garantizar la defensa nacional. En caso contrario, la decisión se podría impugnar.
Así pues, hasta que el contrato no se haga público tampoco se podrán conocer cuáles han sido las condiciones económicas.
De todos modos, fuentes del sector recuerdan que las últimas elecciones catalanas se adjudicaron por un presupuesto de unos 1,5 millones de euros. Aunque la adjudicación se ha hecho con un procedimiento sin precedentes, las mismas fuentes insisten que con los sistemas actuales de gestión de datos es muy difícil manipular una votación y que el trámite no tiene que influir de ninguna forma en los resultados del 21-D.
De hecho, “para incrementar las garantías del recuento” en esta ocasión se publicarán los resultados no sólo por municipio sino también por mesas electorales.
Indra, que no ha querido hacer ninguna valoración, ha ostentado un cuasi monopolio en la gestión de elecciones de la historia de la democracia española. Sólo las ha perdido una vez, en las generales del 2015, cuando el recuento se lo adjudicó la catalana Scytl en consorcio con Tecnocom.
Además de tener el Estado como primer accionista (lo es a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Sepi), el resto de grandes accionistas de Indra son la Corporación Financiero Amanecer, sociedad que controla el Grupo March (con un 10,5%), y el fondo norteamericano Fidelity Management Research (9,4%).
Convocatoria urgente
Aún así, esta no es la primera vez que el Estado acorta el concurso público para unas elecciones por la falta de tiempo.
Aún así, esta no es la primera vez que el Estado acorta el concurso público para unas elecciones por la falta de tiempo.
En las últimas generales del 26 de junio del 2016, el ejecutivo de Mariano Rajoy ya decidió utilizar un procedimiento negociado de urgencia para adjudicar el recuento.
A diferencia de la tramitación de emergencia utilizada ahora, entonces se invitó un número limitado de empresas para que presentaran sus ofertas. Las escogidas para participar fueron la misma Indra, Scytl y Ibermática.
En aquella ocasión tampoco se hizo público el concurso y las condiciones no se supieron hasta que se resolvió.
Entonces Indra obtuvo el contrato haciendo una propuesta que recortaba un 40% el precio original del concurso.
Finalmente, la adjudicación se hizo por un presupuesto de cerca de 9,5 millones. En las próximas elecciones catalanas, sin embargo, no se ha contactado a ninguna otra empresa y Indra se ha adjudicado el contrato a dedo.
Rajoy adjudica a dit a Indra el recompte electoral del 21-D
L’Estat al·lega “necessitats que afecten la defensa nacional” per fer un tràmit d’emergència sense concurs
L’aplicació de l’article 155 ha provocat una situació d’excepcionalitat en molts àmbits de la política i la societat catalanes. I la convocatòria d’eleccions del 21 de desembre no se n’ha escapat. Segons ha pogut saber l’ARA, el recompte dels comicis s’ha adjudicat a dit a Indra, sense que la resta de companyies competidores hagin pogut optar al contracte. Indra és una empresa de la qual l’Estat és el principal accionista individual, ja que controla el 18,7% del capital. El mateix Estat ha fet servir el que s’anomena una tramitació d’emergència, una excepció que recull la llei de contractes del sector públic per si l’administració “ha d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats que afectin la defensa nacional”. De fet, el Butlletí Oficial de l’Estat ja va publicar que tots els tràmits relacionats amb el 21-D es farien per aquesta via d’emergència.
El president espanyol, Mariano Rajoy, va convocar les eleccions el 27 d’octubre. Aquest anunci sobtat donava un marge de menys de dos mesos entre l’anunci dels comicis i la data de la votació. En un context normal, l’administració que organitza les eleccions hauria penjat el contracte en una pàgina web pública juntament amb el corresponent plec de condicions tècniques i econòmiques. A partir d’aquí, les companyies interessades haurien fet les seves propostes i els tècnics escollirien l’oferta guanyadora.
Des de l’aplicació del 155, el ministeri de l’Interior és qui ha assumit les competències per convocar eleccions a Catalunya en lloc dels departaments de Governació o Economia. Concretament Juan Antonio Puigserver, l’actual secretari general tècnic del ministeri que dirigeix Juan Ignacio Zoido, va ser nomenat el 3 de novembre per coordinar l’organització del 21-D. Fonts del ministeri de l’Interior, però, es van excusar dient que l’adjudicació del recompte l’ha fet la Generalitat i no l’Estat (tot i que és l’Estat qui té el control de la Generalitat per l’article 155). Fonts del govern català expliquen que, per la falta de temps, s’ha triat Indra perquè era l’última empresa que havia fet el recompte d’unes eleccions catalanes (les del 27-S), cosa que reduiria el “risc” i evitaria “incidències” en el recompte.
Habitualment la convocatòria per al recompte d’unes eleccions es fa amb uns sis mesos d’antelació perquè les empreses puguin preparar bé els seus projectes i els tècnics fixin les condicions, però el tràmit també es pot escurçar. Sigui com sigui, sota el context d’emergència que ha fet servir l’Estat, aquest no té l’obligació de tramitar cap expedient ni de fer pública la licitació, sinó que pot escollir lliurement a qui li adjudica el contracte. En aquest cas, la beneficiada ha sigut Indra. De fet, aquest procediment d’emergència és aplicable a qualsevol compra que faci l’administració pública, si pot justificar que ho fa a causa d’una catàstrofe o per garantir la defensa nacional. En cas contrari, la decisió es podria impugnar.
Així doncs, fins que el contracte no es faci públic tampoc es podran conèixer quines han estat les condicions econòmiques. De totes maneres, fonts del sector recorden que les últimes eleccions catalanes es van adjudicar per un pressupost d’uns 1,5 milions d’euros. Encara que l’adjudicació s’ha fet amb un procediment sense precedents, les mateixes fonts insisteixen que amb els sistemes actuals de gestió de dades és molt difícil manipular una votació i que el tràmit no ha d’influir de cap manera en els resultats del 21-D. De fet, “per incrementar les garanties del recompte” en aquesta ocasió es publicaran els resultats no només per municipi sinó també per meses electorals.
Indra, que no ha volgut fer cap valoració en ser contactada per l’ARA, ha ostentat un quasi monopoli en la gestió d’eleccions de la història de la democràcia espanyola. Només les ha perdut un cop, en les generals del 2015, quan el recompte se’l va adjudicar la catalana Scytl en consorci amb Tecnocom.
A més de tenir l’Estat com a primer accionista (ho és a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials, Sepi), la resta de grans accionistes d’Indra són la Corporación Financera Alba, societat que controla el Grup March (amb un 10,5%), i el fons nord-americà Fidelity Management Research (9,4%).
Convocatòria urgent
Tot i així, aquesta no és la primera vegada que l’Estat escurça el concurs públic per a unes eleccions per la falta de temps. En les últimes generals del 26 de juny del 2016, l’executiu de Mariano Rajoy ja va decidir utilitzar un procediment negociat d’urgència per adjudicar el recompte. A diferència de la tramitació d’emergència utilitzada ara, aleshores es va convidar un nombre limitat d’empreses perquè presentessin les seves ofertes. Les escollides per participar van ser la mateixa Indra, Scytl i Ibermática. En aquella ocasió tampoc es va fer públic el concurs i les condicions no es van saber fins que es va resoldre.
Llavors Indra va obtenir el contracte fent una proposta que retallava un 40% el preu original del concurs. Finalment, l’adjudicació es va fer per un pressupost de prop de 9,5 milions. En les pròximes eleccions catalanes, però, no s’ha contactat cap altra empresa i Indra s’ha adjudicat el contracte a dit.
El vídeo del posible Fraude electoral el 26J en España por parte de Indra
- Ver original
- abril 13º, 2017
El 26 de junio de 2016 se celebraron unas elecciones nacionales en España que tuvieron unos resultados muy diferentes a los que marcaban tanto encuestas previas a la celebración de las elecciones, que indicaban un posible sorpasso de la coalición de Unidos Podemos al PSOE, como las encuestas que se celebraron a pie de urna que estimaban que Unidos-Podemos obtendría entre 91 y 95 diputados, ambas estimaciones totalmente alejadas de lo que finalmente terminaría ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Mintieron las personas que fueron entrevistadas o bien mintió la persona responsable de los comicios electorales.
El ex-ministro Jorge Fernández Díaz era el responsable de estos comicios y a pesar de que pensar que un ministro haya podido participar en un fraude electoral pueda parecer descabellado, los indicios apuntan en este sentido.
Todo tiene sentido cuando se investiga la empresa responsable de gestionar los comicios, Indra, que recuperó en estas últimas elecciones el contrato de gestión, tras haberlo perdido en la anterior ocasión en un concurso público frente a la empresa Scytl y habiendo sido los beneficiarios de la gestión de elecciones en anteriores ocasiones durante alrededor de 30 años de democracia.
El Gobierno participa en Indra en un 20% a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), la empresa se ha visto envuelta en diferentes escándalos por organización de comicios electorales como en Argentina, Angola o Sevilla y se han visto implicados en la operación Púnica entre otros puntos sospechosos en su historial de contratos y adjudicaciones.
Los elementos clave en las elecciones del 26J son unos resultados electorales que difieren muchos de los resultados de encuestas a pie de urna, un ex-ministro que utiliza los aparatos del estado para fines políticos y una empresa con un amplio historial fraudulento.
¿Existen posibilidades de que haya habido un fraude electoral?
¿Existen posibilidades de que haya habido un fraude electoral?
No hay comentarios:
Publicar un comentario