Por Guadi Calvo
Según la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) serían más de 6700 los rohingya muertos, solo entre en el primer mes, 25 de agosto al 25 de septiembre de este año, tras la represión del Tatmadaw (ejército birmano), otras fuerzas de seguridad y organizaciones para estatales, en el estado de Rakhine, donde habita la minoría musulmana perseguida desde siempre en Birmania. De esa cifra, 730 serían menores de cinco años. Otras fuentes hablan de entre 9 y 14 mil muertos en ese mismo tiempo, de los que mil serían menores.
En el racconto de la MSF se especifica que un 69% de las víctimas fueron ejecutadas por disparos de armas de fuego, mientras el resto ha sido quemada viva, apaleada, decapitada o torturada hasta la muerte. Para las masacres, el Tatmadaw ha llegado a utilizar en los ataques a aldeas rohingyas, granadas propulsadas por cohetes y fósforo blanco.
En recientes declaraciones del director médico de MSF, Sidney Wong, dice: “Es probable que el número de muertos sea mayor, ya que en todos los campos de refugiados establecidos en Bangladesh, hemos recibido información acerca de familias enteras que nunca pudieron salir de Birmania.
Muchas de ellas, según las denuncias, recogidas por la MSF, fueron encerradas en sus casas al tiempo que se las incendiaban”.
Ya son casi 700 mil los rohingya, sumados al millón que ya vivían en Bangladesh desde antes de la crisis, que han logrado escapar de la limpieza étnica que ha profundizado el Tatmadaw, desde agosto último, aunque es una práctica que se prolonga en el tiempo este tipo de acciones contra la etnia musulmana.
La campaña de terror no solo incluye el incendio de cientos de aldeas rohingyas, la persecución de los sobrevivientes y la violación sistemática de miles de mujeres, sino también el minado de importantes sectores cercanos al río Naf, límite entre Birmania y Bangladesh, por donde las caravanas de perseguidos deben cruzar en su huida.
Más allá de la condena internacional, todavía no existen sanciones efectivas contra el gobierno de Nay Pyi Taw, encabezado de hecho por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien no solo ha negado sistemáticamente todos los cargos, sino que se niega a reconocer los hechos y ni siquiera se permite pronunciar el término rohingya en público, arguyendo que sólo son 400 los muertos en diferentes ataques realizados por un incierto Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) o Harakah al-Yaqin (Movimiento de la Fe), sospechado de su cercanía al Daesh o al-Qaeda, contra puestos de la policía y el ejército en la provincia de Rakhine.
Si bien históricamente el conflicto entre los musulmanes (4.3%, cerca de un millón 300 mil, que ni siquiera se les da estatus de ciudadanos y siguen siendo considerados como inmigrantes bangladesís, a pesar de haber llegado al país entre el siglo VIII y el XII) y los budistas (87.9 %, de los 53 millones de habitantes) ha existido siempre, la situación se profundizó desde los enfrentamientos producidos entre los años 2009 y 2012 entre los rohingyas, musulmanes sunitas, y los fundamentalistas budistas del grupo 969 y el ultranacionalista e islam fóbico Ma Ba Tha (asociación patriótica de Myanmar).
Estos conflictos fueron incentivados a lo largo de la tenebrosa dictadura militar que gobernó al país durante los últimos 50 años, y que a pesar de haber entregado el gobierno en 2016, sigue teniendo una gravitación fundamental en los mecanismos internos del poder real.
La más clara muestra del genocidio de la que es víctima el pueblo rohingya, se produjo en lo que se conoce como la matanza de Tula-Toli, una aldea del el municipio de Maungdaw, en el estado de Rakhine, cuyos habitantes habían sido víctimas de un ataque de las fuerzas de seguridad el 30 de agosto último.
Tras la fuga de los sobrevivientes, un grupo de unos noventa efectivos se lanzó en su persecución, y fueron alcanzados en la orilla del río Dual-Toli, cuya corriente encabritada, detuvo a los rohingyas en la playa, donde fueron acribillados por las partidas armadas del ejército, mientras otros se lanzaban a las aguas para morir ahogados.
En ese hecho se cree que murieron más de 500 aldeanos, de ellos 300 niños.
Las autoridades birmanas intentan ocultar el genocidio, vedando el acceso de la prensa a los territorios en conflicto, la agencia Reuters, denunció la detención de Wa Lone y Kyaw Soe Oo, dos de sus hombres, que investigaban las matanzas, a principios de esta semana.
En el momento del arresto, los periodistas tenían mapas y documentación relacionada con los crímenes cometidos en esa región, por lo que la embajada norteamericana calificó la detención de irregular.
Las autoridades locales, amparándose en una ley de secretos oficiales, han levantado cargos contra los periodistas, por los que podrían ser condenados a un máximo de 14 años de prisión.
Son varios los casos de periodistas locales desaparecidos que trabajan en el estado Rakhine, dando toda la apariencia de haber caído en manos del Tatmadaw.
Muchos voluntarios rohingyas que estaban informando en secreto sobre las masacres, enviando fotos, videos y audios desde sus teléfonos celulares, también han desaparecido.
La solución final.
Dada la endeble situación de los casi 700 mil rohingyas llegados a Bangladesh, desde fines de agosto último, que han debido ser alojados en improvisados campamentos en la región de Cox’s Bazar, junto a la frontera con Birmania, las autoridades de Dacca acordaron con Nay Pyi Taw, relocalizarlos otra vez a Rakhine, sin que nada garantice la seguridad de los refugiados.
El temor de las autoridades bangladesís es que se produzcan epidemias, por lo que a finales de noviembre, casi 300 mil niños y adolescentes, fueron vacunados contra el sarampión.
Al tiempo que una fiebre de origen indeterminado afecta a un 30%, seguida de infección respiratoria aguda un 26% y diarrea acuosa aguda un 22%. También se han encontrado casos de síndrome de ictericia aguda (AJS).
La posibilidad de volver a Birmania, no solo afecta a los rohingyas refugiados en Bangladesh, sino también a los que se encuentran en India.
Un plan del gobierno del ultra nacionalista Narendra Modi, pretende deportar a decenas de miles rohingyas, en el marco de sus políticas contra la población musulmana que representan un 16.5 %, que ya ha provocado decenas en enfrentamientos entre los propios ciudadanos de fe hinduista (un 73.7%).
Ni bien estallada la última crisis migratoria de los rohingyas en Birmania, el Ministerio del Interior hindú envió una notificación a todas las gobernaciones del país, para que se identifique y se deporte a todos los inmigrantes ilegales, incluidos los 50 mil rohingyas. Tares a la que se han abocado tanto las policías, como las diferentes agencias de seguridad estatal. La medida se justifica alentado una posible amenaza para la seguridad y, en segunda instancia, una cuestión de utilización de recursos económicos del estado indio.
El sentimiento anti-rohingya ha aumentado en India, al punto que en la ciudad norteña de Jammu, donde viven cerca de 6 mil refugiados, los líderes religiosos de varios grupos hindúes han iniciado una campaña para expulsarlos de la región.
Jefes locales del partido del Primer Ministro Narendra Modi, el Bharatiya Janata (Partido Popular Hindú), han despertado el fantasma de que la presencia de musulmanes extranjeros podría ser utilizada por Pakistán o el Daesh, para operar contra el país.
De retorno a Birmania, los miles de rohingyas no tendrán más opciones que luchar o morir.
Por lo que la opción de ingresar al Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, sería la única posibilidad de sobrevivencia.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook:
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