A las autonomías con problemas de financiación –casi todas– el Gobierno les deja la opción de las lentejas. O las tomas o las dejas. O firmas un convenio con la industria farmacéutica que discrimina a los genéricos, o te quedas fuera de las ayudas financieras que reparte Cristóbal Montoro para la Sanidad, como si el dinero fuese suyo y no de todos.
La información que ayer publicamos en eldiario.es sobre cómo el Ministerio de Hacienda niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las grandes farmacéuticas es un escándalo gravísimo.
No solo porque pueda generar sobrecostes innecesarios a todos los españoles –los genéricos son igual de eficaces y más baratos–. También por la forma antidemocrática con la que el Gobierno del PP impone su programa político a administraciones donde no gobierna, a ciudadanos que no le votaron, en competencias que no son las suyas.
Las autonomías y ayuntamientos son administraciones igual de dignas y democráticas que el Ejecutivo central; no son gobiernos de segunda, supeditados al Consejo de Ministros de Rajoy.
No vivimos en un Estado centralizado donde solo haya una autoridad y el reparto de competencias en España deja bastante claro de qué se ocupa cada una.
Por eso no es tolerable que el Gobierno central invada las funciones de las demás para exclusivo beneficio de su partido, en contra de los intereses de los propios ciudadanos. Es lo que hace con los genéricos y este convenio con las farmacéuticas de obligado cumplimiento para las autonomías, cuando la sanidad está transferida. Es lo mismo que ha hecho con el Ayuntamiento de Madrid y la intervención de sus presupuestos.
Es un enorme abuso que un Gobierno incapaz de cumplir sus compromisos de déficit, que se salta su propia ley de gasto, intervenga las cuentas de un Ayuntamiento con superávit.
Es el mismo PP que antes arruinó el consistorio madrileño.
Es el mismo PP que aplica un rasero distinto con otros ayuntamientos igualmente endeudados –el de Jaén–, pero donde los suyos gobiernan. Y es el mismo PP que utiliza el Gobierno de todos para atacar a sus rivales políticos.
Con la intervención de Madrid, el Gobierno quiere bloquear las inversiones que el Ayuntamiento tenía previstas para los dos últimos años del mandato de Manuela Carmena, como la peatonalización parcial de la Gran Vía.
Es una decisión meramente política que busca asfixiar al primer ayuntamiento de España, el más simbólico, no vaya a ser que la izquierda haga una buena gestión que les deje en evidencia.
En palabras de la concejal del PSOE Erica Rodríguez: “Montoro busca desestabilizar al Ayuntamiento de Madrid porque hace una política distinta”.
En una impúdica respuesta parlamentaria, la semana pasada, el Gobierno justificó que esté apretando a las administraciones locales –que tienen superávit– porque ese dinero es necesario para corregir el déficit. El déficit del propio Gobierno central.
Es la misma excusa que pone Montoro cuando añade letra pequeña a los fondos autonómicos: te doy el dinero pero yo te diré cómo lo empleas. Como si el Gobierno fuese el padre responsable que le da la paga semanal a sus hijos, pero les ordena que no se lo gasten todo en golosinas.
Pero, ¿quién es aquí el gestor responsable?
Sin duda, no Cristóbal Montoro, el responsable de una amnistía fiscal inconstitucional que nos ha costado carísima; autor de esa famosa frase de "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros" para justificar que el PP no apoyase al Gobierno de Zapatero en una votación donde se jugaba la intervención del país.
Tampoco es precisamente responsable el Gobierno de Mariano Rajoy, que aprobó una rebaja de impuestos en año electoral; el mismo Gobierno que ha anunciado otra rebaja similar para cuando toque votar de nuevo.
Son los buenos gestores… de lo suyo.
Compromís: “Es intolerable que el Gobierno del PP boicotee el trabajo para abaratar la compra de medicamentos”
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- noviembre 28º, 2017
El grupo parlamentario de Compromís ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley para que Las Cortes insten al Gobierno a poner fin a la exigencia que vincula la obtención del FLA a un convenio con Farmaindustria.
La diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha señalado que “mientras comunidades autónomas como la nuestra están haciendo un trabajo para abaratar la compra de medicamentos, como se ha hecho con las vacunas, con compras centralizadas, desde el gobierno del Partido Popular se boicotea ese trabajo obligando, para cobrar el FLA, a firmar un convenio con la industria farmacéutica para favorecer sus beneficios económicos “.
“Desde el País Valenciano no podemos tolerar que se haga ese chantaje para tener acceso al dinero del FLA, que además es el dinero que realmente nos pertenece porque estamos infra financiados por culpa de un sistema de financiación injusto que está caducado y que el mismo Gobierno del PP no quiere cambiar “.
Para Compromís el hecho de que estemos ante un convenio de adhesión voluntaria para luego exigir su firma para acceder al FLA supone en el caso de comunidades como la Valenciana de facto una obligación, al ser una autonomía infrafinanciada.
“Por ello, reclamamos la eliminación como requisito para percibir el FLA la adhesión al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Hacienda y Función pública) y la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) suscrito el 29 de diciembre de 2016 “.
Para Navarro “lo que se evidencia en esta situación es que el PP pone los intereses de una industria como la farmacéutica, con beneficios millonarios, por delante de los intereses de la ciudadanía.
Es intolerable que se nos obligue a la firma de un convenio en el que nuestra autonomía no ha sido parte negociadora, que no ha pasado por el Consejo Interterritorial y que encima no beneficia a las arcas públicas, favoreciendo los medicamentos de marca por encima de los genéricos. Los genéricos son una garantía de ahorro para las comunidades autónomas en cuanto a la compra de productos farmacéuticos “.
“El Partido Popular nunca piensa en el interés de la ciudadanía, nunca piensa en la salud pública, siempre considera la salud como una vía de negocio para sus amigos”, concluyó la parlamentaria de Compromís.
Unidos Podemos pregunta al Gobierno por qué obliga a las comunidades a firmar el convenio con Farmaindustria
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- noviembre 27º, 2017
El grupo parlamentario de Unidos Podemos En Común En Marea ha presentado en el Congreso una batería de preguntas sobre la obligación que el Gobierno ha impuesto a las comunidades autónomas de firmar un convenio con farmaindustria para acceder a la ayuda económica del FLA.
"¿Qué motivos llevan a asegurar unos ingresos constantes a la industria farmacéutica a expensas de fondos públicos?" Cuestiona.
El escrito analiza que "se está utilizando la adhesión al convenio como condición necesaria para recibir el Fondo de Liquidez Autonómico (...), es decir, para limitar las herramientas de financiación que sirven para mantener y mejorar los servicios públicos fundamentales".
Añadido a esto, la diputada de En Comú que firma las preguntas, Marta Sibina, solicita qué "medidas de transparencia en materia de precios de medicamentos tiene previsto implantar el Gobierno?"
Una de las consecuencias que las administraciones afectadas por la exigencia de Hacienda describen es el freno a los fármacos genéricos a la hora de planear el gasto público.
En este sentido, el cuestionario para el Ejecutivo también incide en saber si existen medidas "para promover el uso de medicamentos genéricos".
Al mismo tiempo remata con una cuestión sobre los presupuestos de tratamientos innovadores, los más costosos: "¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para asegurar que no tendrá que recurrir a fondos extraordinarios de financiación"?
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