Después de la actuación de las fuerzas policiales del estado en Cataluña, el pasado 1 de octubre, todos nos dimos cuenta del nivel de heroicidad sin precedentes de los agentes del Cuerpo Nacional de Policia y de la Guardia Civil.
Nuestra admiración hacia dichos cuerpos tan honorables, se multiplicó tras conocer detalles de sus ejemplares actividades en el barco del Piolín atracado hasta hace poco en el Puerto de Barcelona y que según las noticias publicadas, incluían botellones, borracheras y el más que posible hurto de ropa tendida de sus propios compañeros, todo ello acompañado de sospechas de consumo de cocaína y otros estupefacientes y que quizás explicarían algunas actitudes de extrema agresividad vistas el 1 de octubre.
(El momento homérico en el que el barco de nuestros héroes, tan marcialmente decorado, abandona el Puerto de Barcelona…)
Estos últimos días hemos podido ver cómo actúan estos paladines de la justicia que viajaron a Cataluña a defender la ley y la sacrosanta constitución española…
Diecinueve detenidos, diez de ellos guardias civiles, por tráfico de drogas
Se han desmantelado tres laboratorios artesanales de elaboración de cocaína, un arma corta, 25.000 euros y gran cantidad de material informático y telefonía móvil
La operación fue desarrollada en Alicante, Valencia, Murcia y Cádiz, según un comunicado del instituto armado.
Pero este no es un caso aislado, ni mucho menos, entre los cuerpos de policia a escala nacional.
Para glosar aún más la figura de estos héroes, defensores del Régimen, a continuación traducimos un artículo publicado en el medio La Directa, que nos habla de la oleada de casos de tráfico de drogas detectados en dichos cuerpos policiales en el último año.
CUANDO LA GUARDIA CIVIL Y LA POLICIA SE PASAN DE LA RAYA
En el último año se han instruido una decena de procedimientos penales contra agentes de ambos cuerpos de seguridad por presuntos delitos vinculados con el tráfico de drogas
Hemos querido hacer un repaso de las múltiples causas judiciales instruidas durante el último año contra agentes de ambos cuerpos de seguridad por presuntas connivencias con redes de tráfico de cocaína, hachís y marihuana.
Varios sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía española interpusieron recientemente una denuncia contra el director de la revista satírica El Jueves, Guille Martínez-Vela, por un presunto delito de injurias.
Los hechos se remontan al 5 de octubre, cuando la revista publicó a la sección de noticias falsas una entrada con el título “La continúa presencia de antidisturbios acaba cono las reservas de cocaína en Cataluña”.
La noticia hacía referencia indirecta a los miles de efectivos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) española que desde el 20 de septiembre se alojaron en los cruceros GNV Rhapsody y Moby Dada (más conocido como Piolín) en el Puerto de Barcelona y GNV Azzurra en el Puerto de Tarragona. La pieza humorística publicada por El Jueves es una sátira, pero hemos querido hacer un repaso a las múltiples causas judiciales instruidas durante el último año contra agentes de ambos cuerpos de seguridad por presuntas connivencias con redes de tráfico de cocaína, hachís y marihuana. Una realidad que, a pesar de ser poco visible mediáticamente, existe.
Mataró (Maresme) y Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) han sido los municipios donde más recientemente la imagen del Cuerpo Nacional de Policía se ha vinculado judicialmente con el tráfico de estupefacientes.
El 20 de junio de 2017 fue detenido el comisario Fèlix Riesco, máximo responsable de la comisaría de Mataró, quién según la unidad de Asuntos Internos del CNP cometió los presuntos delitos de revelación de secretos y soborno en connivencia con una red de traficantes desarticulada al barrio de la Mina de Barcelona. Riesco ingresó preventivamente en un centro penitenciario por orden del juzgado de instrucción 4 de Mataró. El pasado 26 de septiembre un miembro del CNP fue detenido en el marco de una operación contra el tráfico de cocaína en Cataluña desarrollada por los Mossos d’Esquadra. El agente formaba parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), residía en Cornellà de Llobregat y según el juez instructor pertenecía a un “grupo criminal” integrado por once personas.
Son sólo dos ejemplos de un incesante goteo que en el último año ya suma una decena de procedimientos penales en todo el Estado español.
La conexión de los policías con las redes de narcotráfico investigadas en algunos casos tiene que ver con el robo de la droga requisada.
Es el caso del policía nacional español J. L. H. C., de 37 años y destinado a la comisaría de Portbou (Alt Empordà).
La sección tercera de la Audiencia de Girona lo ha condenado a dos años de prisión y una multa de 4.000 euros por haber sustraído un paquete de 1.012 gramos de hachís del depósito de efectos decomisados. Cuando fue detenido, en la cartera donde guardaba la placa policial encontraron, además, una bolsita de plástico con cocaína. A pesar de la gravedad de los hechos se ha beneficiado de las atenuantes por un presunto trastorno de ansiedad y, por eso, la petición fiscal de cuatro años de prisión quedó rebajada a dos años (con sentencia firme de 24 de octubre de 2017) y en consecuencia, no ha ingresado en prisión.
Un caso parecido se ha vivido a la comisaría del CNP en Gandia (la Safor), donde un agente del cuerpo sustrajo en al menos dos ocasiones las drogas confiscadas que se guardaban en las dependencias policiales. La Sala de lo civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo ha condenado a dos años y medio de prisión, una multa de 4.800 euros y la inhabilitación durante cuatro años y medio para el ejercicio como funcionario de policía por un delito de infidelidad en custodia de documentos y por una falta de hurto.
La casuística delictiva entre policías, hasta el punto de revender la droga requisada para conseguir un sobresueldo, llega a todos los rincones de la geografía del Estado español, también a la capital.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó el noviembre de 2016 la pena de seis años de prisión por Jose Manuel H.T., por un delito agravado contra la salud pública.
Según la sentencia, el penado se apropió de 55 cápsulas de cocaína comissades al aeropuerto de Barajas para revenderlas en la calle. El valor estimado de la mercancía sustraída se estimó en 46.099 euros.
INVOLUCRADOS TAMBIÉN AGENTES DE LA BENEMÉRITA
La sombra de la sospecha se extiende a la Guardia Civil. Constan varias sentencias en firme contra agentes del cuerpo.
La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado recientemente dos agentes de la Guardia Civil y uno del CNP a tres años y nuevo meses de prisión por un delito contra la salud pública. Los tres han sido inhabilitados por un periodo de diecisiete años.
No podrán volver a trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Los hechos juzgados se remontan a 2013, cuando fueron interceptados con 250 kilos de hachís provenientes del Marruecos.
En esta misma línea, el pasado mes de junio el Tribunal Supremo confirmó una pena de 21 meses de prisión contra un guardia civil de Costa Teguise (Lanzarote) acusado de apropiarse de droga requisada en diferentes operaciones. En su domicilio particular encontraron hachís, marihuana y cocaína. Una semana más tarde un tribunal de Tetuán (Marruecos) condenó otro guardia civil adscrito al Servicio de Información a cuatro años de prisión. La sentencia concluye que pretendía introducir en Ceuta ochenta kilos de hachís que transportaba en su vehículo particular.
El otoño de 2016 la Audiencia de Málaga condenó a diez años y medio de prisión a un teniente de la Guardia Civil que ostentaba el cargo de cabeza del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga
La lacra también afecta la parte superior de la cadena jerárquica.
En otoño de 2016 la Audiencia de Málaga condenó a diez años y medio de prisión a un teniente de la Guardia Civil que ostentaba el cargo de cabeza del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga. Se le atribuyen delitos contra la salud pública y de falsificación en dos operaciones de narcotráfico a las costas marbellíes y Melilla.
Suma y sigue.
El 6 de junio de 2017 se rubricó otra sentencia condenatoria en el otro extremo de la geografía peninsular, en Pontevedra. El cabo de la Benemèrita Enrique P. Martínez fue condenado a siete años de prisión y quince de inhabilitación por un delito de tráfico de drogas. La sentencia confirma que habría organizado un falso control policial a la carretera N-550 con el objetivo de confiscar sustancias estupefacientes. Requisó y sustrajo 379 gramos de cocaína pura, valorados en 52.515 euros.
En algunos de los procedimientos penales en curso no se investiga el tráfico o el consumo de drogas, sino el uso de información privilegiada para extorsionar los narcotraficantes y así conseguir elevadas cantidades de dinero.
Es el caso de dos guardias civiles de Igualada acusados de secuestro. Junto con otros dos hombres habrían esposado, retenido por la fuerza y trasladado a una zona boscosa a un vecino de Girona a quien le exigieron dinero.
Según información publicada por el diario El Punt-Avui en octubre de 2016 y en septiembre de 2017.
La Fiscalía, en un juicio que quedó suspendido el pasado 27 de septiembre, pide nuevo años de prisión para los agentes Jesús Isaac Martínez y José Antonio Salguero, destinados al cuartel de Igualada. La investigación señala que los policías habrían perpetrado los hechos junto con dos hombres más: el amo de una empresa de Sils, Manuel Raurich Pérez, y un vecino de Santa Coloma de Farners, Manuel Díaz Duran.
El escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía indica que los dos guardias civiles imputados obtenían a través de los archivos del cuerpo información de supuestos traficantes de droga. Estos datos servían para sobornarlos. En este caso trajeron la víctima a su domicilio de la avenida Lluís Pericot de Girona y le reclamaron 10.000 euros, pero aprovechó una distracción de los secuestradores para alertar la policía municipal.
En esta misma subcarpeta de sobornos también encontramos la ratificación por parte del Tribunal Supremo (con fecha de 2016) de una condena a siete años de prisión para un exinspector del CNP de Ávila, acusado de recibir dinero de un traficante de cocaína a cambio de protección policial.
Y nuestros amigos de La Directa, aún se dejan algún caso más, como este…
Tres agentes de la Guardia Civil se encuentran entre los detenidos en el marco de una operación antidroga ordenada por un Juzgado de Collado Villalba, según han informado fuentes de la investigación. Estas fuentes han señalado que la operación está abierta y que se ha decretado el secreto de sumario, por lo que no han precisado el número de personas que se ha detenido hasta el momento. Según estas fuentes, los agentes de la Guardia Civil detenidos por su presunta relación con el grupo delictivo pertenecen a agrupaciones radicadas en cuarteles de la sierra noroeste.
¿Hace falta añadir más comentarios?
Este es el tipo de gente que enviaron a Cataluña, a aporrear a ciudadanos inocentes que defendían la democracia y se enfrentaban con los amos corruptos del Régimen.
Bueno, quizás deberíamos terminar con la aportación cultural del populacho de más baja estofa, que tan bien sintoniza con dichos cuerpos policiales tan ejemplares y que tan perfectamente define en lo que han convertido a España…
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