El "Índice de Justicia Social 2017", publicado en vísperas de la Cumbre social que reunirá a los líderes europeos en Gotemburgo (Suecia), analiza un total de 38 criterios sociales y económicos y vuelve a estar liderado por Dinamarca, Suecia y Finlandia. Los tres obtienen una calificación por encima del 7, mientras que Grecia sigue cerrando la lista con un 3,7.
España queda con un 4,96 -frente al 4,76 del año pasado- y obtiene su mejor clasificación al estudiarse la salud y la sanidad (puesto 12), pero se sitúa en el grupo de los cinco últimos países en dos de las seis dimensiones de justicia social analizadas: acceso al mercado laboral (puesto 27) y equidad en la educación (23).
Las diferencias autonómicas en financiación, infraestructuras y servicios desmienten la supuesta igualdad de todos los españoles de esa España ficticia de la que alardea el franquismo fascista de Rajoy, el PP y su alter ego PSOE, sostenes de la monarquía ilegítima española.
Catalunya tiene la red de peajes más extensa de España, el triple que Andalucía o las Castillas
En apariencia, las cifras que explicarían mejor el sentimiento objetivo de agravio se sitúan en el ámbito histórico de las infraestructuras.
España queda con un 4,96 -frente al 4,76 del año pasado- y obtiene su mejor clasificación al estudiarse la salud y la sanidad (puesto 12), pero se sitúa en el grupo de los cinco últimos países en dos de las seis dimensiones de justicia social analizadas: acceso al mercado laboral (puesto 27) y equidad en la educación (23).
En el informe se constata que la recuperación de los mercados laborales en la mayoría de los países miembros -el desempleo en 2016 ha disminuido hasta un 8,7 por ciento en el promedio de la Unión, desde el 11 por ciento que se registraba en 2013- es el "motor principal" de la mejora en las oportunidades de participación, pero también que se avanza a dos velocidades.
La brecha entre el norte y el sur de Europa sigue siendo grande y en los estados del sur en crisis "niños y jóvenes continúan estando en un importante riesgo de pobreza y exclusión por encima de la media".
"En toda la UE se precisa liderazgo político", afirmó el presidente de la Fundación Bertelsmann, Aart De Geus, en una valoración global del estudio.
El Índice de 2017 muestra en general que ha disminuido el riesgo de verse afectado por la pobreza y la exclusión social, que afectaba al 24,7% de la población europea en el momento álgido de la crisis, entre 2012 y 2013, y que se sitúa ahora en el 23,4%.
No obstante, recuerda que el porcentaje representa a unos 117,5 millones de personas y se eleva en los países del sur, hasta el 35,6 por ciento de Grecia, el 28,7% de Italia o el 27,9% de España.
El riesgo es aún más alto para determinados grupos sociales y el informe muestra que el 26,5 por ciento de los niños y jóvenes menores de 18 años están en riesgo de pobreza en la UE, porcentaje que sube al 37,5% en Grecia y al 32,9 por ciento en España, informa DW.
La igualdad de los españoles es un cacareo que parece obsesionar a todos los gobiernos centrales, incluso a aquellos cuya ideología se opone abiertamente al igualitarismo.
Y, de paso, la igualdad es uno de los principales argumentos del inmovilismo autonómico. Sin embargo, la supuesta igualdad de los españoles es uno de los mitos que peor se sostienen cuando se los confronta con la realidad.
Diferentes niveles de financiación, distinta dotación en infraestructuras, desigual calidad en los servicios públicos…
Un simple repaso de los distintos indicadores autonómicos deja al descubierto la magnitud de esa desigualdad, en la que unos pagan y trabajan y otros viven del cuento y subvenciones sobre lo robado a los países catalanes (Catalunya, Valencia y Baleares), esquilmados por Madrid y abandonados.
Para empezar, la desigualdad es especialmente visible entre las comunidades de régimen común –Catalunya por ejemplo– y las de régimen foral (País Vasco y Navarra, que se financian directamente con los impuestos que recaudan, que son casi todos).
Euskadi, Navarra y Asturias, los que más gastan; Andalucía y Madrid, los que menos
Para empezar, la desigualdad es especialmente visible entre las comunidades de régimen común –Catalunya por ejemplo– y las de régimen foral (País Vasco y Navarra, que se financian directamente con los impuestos que recaudan, que son casi todos).
Es verdad que estas últimas suponen sólo un 6% de la población y menos del 8% del producto interior bruto (PIB) español. Sin embargo, algunos indicadores muy vinculados a la calidad de los servicios públicos reflejan un nivel de desigualdad clamoroso.
Por ejemplo, en gasto sanitario por habitante, el País Vasco es la autonomía que más invierte (más de 1.600 euros según datos del 2015), hasta el punto de superar en un 60% a la que menos dinero destina: Andalucía (1.090 euros por habitante).
Y una distancia similar se aprecia en el gasto público por alumno en enseñanzas no universitarias.
Mientras el País Vasco gasta casi 9.000 euros por alumno, la media española se sitúa en poco más de 5.000.
Sin embargo, Navarra y Euskadi no son los únicos territorios con un régimen fiscal diferenciado.
También Canarias –por su insularidad–goza de un régimen económico especial, con el objetivo de “mantener una significativa menor presión fiscal que el resto de España”.
Ahora bien, la desigualdad se reproduce también entre las autonomías de régimen común… aunque no siempre en la misma dirección.
En muchos casos, además, las diferencias vienen determinadas por el uso de las competencias y de los recursos que hace cada comunidad autónoma.
Por ejemplo, el gasto público por alumno sitúa a Catalunya en la parte baja de la tabla (4.746 euros), a una distancia sideral del País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia (todas muy por encima de los 6.000 euros por alumno).
Pero la cola la ocupan Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha (con 4.500 euros por alumno). Y esto repercute en el número de escolares por profesor: más de 13 en Andalucía y Catalunya, y más de 14 en Madrid, pero menos de 11 en Galicia o Asturias.
A lo que hay que añadir un dato que influye en la complejidad del reto educativo: Catalunya y Madrid tienen uno de los mayores porcentajes de alumnado extranjero de España (entre el 11% y el 13%), mientras que Galicia sólo soporta un 2,6%.
Lo significativo de esos datos es que los peores registros suelen producirse en las comunidades que más aportan al PIB español: Catalunya (19%), Madrid (18,9%), Andalucía (13,3%) y Comunidad Valenciana (9,4%).
Ese contraste se acentúa en el ámbito del gasto sanitario por habitante. Al margen del caso ya mencionado de Andalucía, las comunidades de Madrid (con 1.243 euros), Valencia (con 1.308) y Catalunya (con 1.312) se sitúan en la banda baja de la tabla (puestos 16, 12 y 11, respectivamente).
En la banda alta, además del País Vasco, figuran Asturias (1.526 euros), Navarra (1.510) y Extremadura (1.501).
¿Tienen algo que ver esas diferencias de gasto con las necesidades objetivas de cada territorio?
Las tasas de pobreza podrían ser un indicador al respecto.
Pero Andalucía, que es la que menos gasta en sanidad por habitante (y que está en los lugares de cola en lo relativo al gasto educativo por alumno), es precisamente la autonomía que encabeza el ranking de pobreza: un 35,7% en el 2015, seguida de Murcia (31,8%), Extremadura (29%) y Canarias (28,5%).
En el lado puesto, los territorios con menor nivel de pobreza son las dos autonomías forales (Navarra, 9,6%, y País Vasco (10,9%), seguidos de Catalunya (13,9%) y Aragón (14,4%). Madrid (15,1%) ocupa la sexta plaza.
El desempleo podría ser otro indicador de la situación social de cada comunidad. Y ahí, de nuevo, las autonomías forales (Navarra y País Vasco) muestran los mejores indicadores, con tasas de paro en torno al 11% (que comparten con La Rioja y Aragón), mientras que las peor colocadas son Extremadura y Andalucía, con porcentajes por encima del 25%.
Catalunya y Madrid se sitúan en la zona media, con índices de paro del 13%, cuatro puntos por debajo de la media estatal.
La paradoja, una vez más, reside en el hecho de que las autonomías que disponen de más recursos públicos son, justamente, las que menos pobreza y desempleo padecen.
¿Qué indicadores podrían explicar, entonces, el malestar y la desafección catalana?
¿O acaso no es sólo una cuestión de dinero?
Algunas cifras revelan una heterogeneidad en el despliegue de la administración pública que podría alimentar el sentimiento de agravio. Por ejemplo, la distribución territorial de los empleados públicos.
Es verdad que Catalunya es la tercera comunidad con más efectivos al servicio de la administración (más de 300.000), por detrás de Andalucía (casi 460.000) y Madrid (con cerca de 400.000).
Pero en términos relativos, mientras en Catalunya hay 40 empleados públicos por cada mil habitantes, en Extremadura hay 82, y en Aragón, Castilla y León y Madrid hay más de 60.
Y el resto de las autonomías, salvo la Comunidad Valenciana (con 45 por cada 1.000 habitantes), cuentan con más de 50 empleados públicos por cada mil habitantes.
Y ello más allá de un modelo radial que permite viajar en alta velocidad de Cuenca a Albacete o de Segovia a Zamora, pero no de Valencia a Barcelona (donde todavía queda algún tramo de vía única como ocurría en buena parte de las líneas entre Zaragoza y Barcelona antes de la apertura del AVE).
El núcleo del problema se ha venido situando en el capítulo de las inversiones. Y si algo refleja mejor que nada esas desigualdades es la red de carreteras estatales y autonómicas.
Con datos del 2015, la correlación entre autovías libres y autopistas de peaje brinda la mejor imagen del agravio comparativo.
Mientras Catalunya cuenta con la red de pago más extensa de España (633 kilómetros, cuatro veces más que Madrid, el triple que Andalucía y ambas Castillas o el doble que Galicia, cuya superficie es similar), sus kilómetros de autovía (815) suponen casi una tercera parte de los construidos en Andalucía o Castilla y León, la mitad que en Castilla-La Mancha y sólo un 30% más que en Madrid, pese a que Catalunya cuadruplica su superficie.
Y otro ejemplo vistoso de la discriminación inversora se aprecia en el trato que recibe el aeropuerto de Barcelona en contraste con el de Madrid, pese a que El Prat registra un tráfico de pasajeros (44 millones anuales) muy cercano al de Barajas (50 millones) y unos resultados (339 millones de euros) muy por encima de los de Madrid (27 millones).
La inversión en Barajas para los próximos cuatro años, en cambio, triplica la destinada a El Prat.
El gráfico dibuja una radiografía completa de esa España desigual. Pero los números no lo dicen todo. La desafección catalana tiene también que ver con su nivel de autogobierno y el respeto a su identidad, informa La Vanguardia.
Capital Economics, una de las principales casas 'independientes' de análisis utilizadas para tomar decisiones por los fondos de inversión de la City londinense considera que "los enormes costes que supondría la independencia catalana hacen improbable la secesión".
"La independencia sería negativa para España. Cataluña tiene el 16% de la población española, pero supone el 19% del PIB y un 25% de las exportaciones.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata quiere que el caso de la caja B del PP cuente con todos los datos que han podido aparecer en Lezo sobre la financiación irregular del partido a nivel nacional.
El PP de Esperanza Aguirre en Madrid diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.
El Partido Popular, su tesorera, Carmen Navarro, su responsable jurídico, Alberto Durán, y el de informática, José Manuel Alarcón, no se librarán del juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tenía en la sede del partido su extesorero Luis Bárcenas.
La declaración del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el comisario José Luis Olivera, ha pretendido reducir hasta la nada los indicios de delito que el inspector Manuel Morocho, jefe de la investigación Gürtel sobre financiación ilegal del PP, puso de manifiesto ante la comisión del Congreso de los Diputados sobre el cobro de sobresueldos por parte de los exministros Federico Trillo, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos o, incluso, del propio presidente Mariano Rajoy.
Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su entorno han evidenciado a lo largo de toda la investigación por el conocido como ‘caso Lezo’ la capacidad de influencia que disponía González, a pesar de haber abandonado la primera línea de la política.
Existen en España un total de 428.000 millonarios, un 15,6% más que en 2016 (370.000 personas).
Es así el país número 12 con más grandes fortunas de todo el mundo y con uno de los mayores índices de desigualdad y, por consiguiente, de injusticia social y corrupción.
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