Oficina del Banco Popular. EFE
Bruselas tendrá que hacer público el informe secreto de Deloitte sobre Popular
- Ver original
- noviembre 29º, 2017
Ni el Congreso de los Diputados, ni el Ministerio de Economía, ni el Fondo de Reestructuración (Frob).
Han tenido que ser la Mutualidad de la Abogacía y un inversor chileno, Luksic, los que consigan el informe secreto del rescate de Banco Popular.
La Mutualidad lo ha conseguido a través del recurso presentado por su bufete, Ramón C. Pelayo Abogados, que ha sido estimado por el Panel de Apelaciones de la propia Junta Única de Resolución (JUR).
Lo mismo con Luksic y el bufete Roca Junyent.
El Panel obligada al fondo de rescate europeo a hacer pública la copia del informe de Deloitte en que se basó la resolución, eliminando de esa copia la información estrictamente necesaria por ser "sensible"; una versión menos "censurada" de la decisión de la JUR de acordar la resolución del Popular; y una versión no confidencial del último plan de resolución del Banco Popular.
Este informe tenía una valoración positiva, tal y como adelantó este medio, de alrededor de 1.500 millones de euros.
Este trabajo de la auditora valió para que la JUR preparara el rescate, aunque lo que hizo que perdieran su dinero los inversores fue el precio puesto sobre la mesa por Santander: menos 2.000 millones.
Varapalo para König
El Panel de Apelaciones deja claro en su escrito "que la negativa a facilitar esos documentos en su integridad por parte de la JUR no estaba justificada y contradice tanto el Reglamento UE 1049/2001 como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE", según explican desde el bufete.
En el caso del informe de Deloitte, dejan claro que hubo un "manifiesto error de apreciación" por parte de la JUR al no compartirlo con los demandantes.
Esta decisión, recurrible por parte de la JUR, generó debate entre los responsables del fondo de rescate, con los del Sur de Europa favorables a hacer público el informe y el resto en contra, que se impusieron. Entre ellos la presidenta, Elke König, cuestionada en España y que tendrá que declarar en el Congreso el 11 de diciembre.
El informe de Deloitte se centra en una tasación de Banco Popular en un escenario de resolución, con tres posibles valoraciones: la negativa, de menos 8.200 millones; la neutral, de menos 2.000 millones (coincidente con la oferta de Santander); y la optimista, de cerca de 1.500 millones.
El hecho de que el Frob omitiera esta última ha generado misterio sobre la valoración, que será pública para los perjudicados tras seis meses de pelea.
 |
| El Banco de España se hunde en el fango de la corrupción política. Europa Press |
El Banco de España se hunde en el fango de la corrupción política
- Ver original
- noviembre 28º, 2017
Los ciudadanos estamos más que hartos de ver como los políticos convierten a diario las instituciones públicas en herramientas para perpetuar la corrupción sistémica que padece nuestro país.
El Banco de España, que en tiempos fue uno de los bancos centrales con mayor reputación por su elevado nivel técnico y supervisor, no ha escapado a los tentáculos de la clase política, y desde hace años, lamentablemente, navega sin rumbo por los lodazales de la corrupción capitaneado por auténticos piratas con patente de corso emitida desde Moncloa.
El cúmulo de despropósitos que vienen protagonizando los dirigentes del Banco de España en los últimos doce años es de dimensiones siderales, provocando un daño generalizado en la nación que difícilmente podrá ser revertido mientras los gobernadores sigan siendo nombrados por el presidente del gobierno de turno.
En mayo de 2006, la Asociación de Inspectores del Banco de Españaenvió a Pedro Solbes una carta denunciando el desmesurado optimismo mostrado por el gobernador Jaime Caruana ante la presencia de graves desequilibrios en los bancos y cajas de ahorro, alertando de la inminencia de una crisis sistémica de deuda, técnicamente denominada recesión de balances, provocada por la complaciente actitud de las autoridades económicas y monetarias ante el desmedido crecimiento del crédito.
¿Cómo respondió el Gobierno y el Gobernador títere?
Haciendo caso omiso a las advertencias y relegando laboralmente a los ejemplares funcionarios que estaban cumpliendo con su obligación.
Las consecuencias ya las sabemos todos. Depresión, millones de empleos destruidos y centenares de miles de empresas quebradas. Una crisis de la que aún no hemos salido con una deuda inmensa imposible de pagar.
Años después, en 2011, los inspectores reclamaron que se garantizara por ley su independencia profesional frente a los órganos rectores del banco central para garantizar el bienestar de las familias y empresas españolas.
Sin embargo, los desastres pasados no parecieron ser suficientes para estos políticos nefastos y depredadores.
Nuevamente hicieron caso omiso y utilizaron al Banco de España como “coartada muda” ocultando que los bancos y las cajas de ahorro estaban quebradas y para de ese modo permitir estafas a los ciudadanos con el objeto de recapitalizar las entidades mediante productos como las preferentes, las obligaciones subordinadas o la “exitosa salida a bolsa” de Bankia, provocando la ruina a centenares de miles de personas y la puntilla definitiva a la función de supervisión del Banco de España que sería asumida por el Banco Central Europeo en la práctica totalidad tras el inevitable rescate solicitado por Rajoy a la Unión Europea en 2012.
Más tarde, en 2016, los inspectores del Banco de España publicaron una dura carta criticando a la entidad por pasividad, autocomplacencia y, en definitiva, falta de control sobre las entidades financieras.
De nuevo, la clase política desoyó las advertencias y un nuevo terremoto sacudió el sector financiero.
El Banco Popular, en tiempos el banco más rentable y solvente de España, es liquidado y vendido en veinticuatro horas al Santander, dejando a miles de accionistas en la ruina y unas enormes dudas en una decisión a todas luces arbitraria. ¿Será el último? Naturalmente que no.
Recientemente, la Inspección del Banco de España alertó en el Congreso de los Diputados de que el nuevo sistema de supervisión "puede conducir a un desastre mayor que el sufrido, ya que no se está llevando a cabo una auténtica supervisión in situ de las entidades de crédito europeas, no se está comprobando con todo rigor el cuadro contable, la conciliación contable, los datos de origen, los datos de balance, etc., desde hace ya casi tres años.
Esa es la realidad en la que vivimos y es nuestra obligación desde la prudencia, pero también desde la honestidad para con el Banco de España y para con ustedes transmitírsela.
¿Cómo reacciona el Gobierno y el Gobernador títere?
Nuevamente desoyendo las advertencias de los profesionales y represaliando a los funcionarios críticos que detectan debilidades en las entidades financieras supervisadas, apartándolos de sus funciones o penalizándolos en beneficio de los oligarcas bancarios que financian las inmensas deudas de los partidos políticos que en muchos casos acaban siendo condonadas.
Nuestro Banco de España, otrora garante de las finanzas españolas, hoy se ahoga en el fango de la corrupción, sirviendo como coartada a los desmanes de la clase política y como elemento encubierto para la emisión indiscriminada de Deuda Pública sin control práctico alguno mediante la Circular 4/2011, que permitie al Ministro de Hacienda autorizar las emisiones de Deuda Pública, cuyos excesos entierran en deuda a varias generaciones de españoles, sin el control del Congreso de los Diputados, tal como manda la Constitución.
Es prioritario que Ciudadanos vele por el correcto funcionamiento del Banco de España, exigiendo a Rajoy que cesen estas actuaciones desafortunadas y desarrollando un proyecto para que, cuando dirijamos el gobierno de la nación, se pongan en marcha las medidas necesarias que otorguen al supervisor plenas garantías e independencia para desempeñar su labor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario