Según Inspectores de Banco España la Actual Regulación es Peor que la de antes de la Crisis tanto aquí como en la UE
Inspectores del Banco de España prevén "un desastre mayor al sufrido" por la actual regulación
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- marzo 10º, 2017
El presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez Ruiz, ha advertido este martes de que la regulación financiera y contable antes de la crisis, aun siendo "mejorable", era mejor que la actual:
"La tendencia en regulación y supervisión nos puede conducir a un desastre mayor al sufrido", ha alertado.
Así lo ha expresado el representante de este colectivo de trabajadores del supervisor financiero durante su comparecencia ante la comisión de investigación del rescate bancario, la crisis financiera y la quiebra de las cajas de ahorro del Congreso, a la que ha acudido este martes, según ha informado Europa Press.
Aunque cree que la regulación financiera y contable "era claramente mejorable", Sánchez Ruiz ha asegurado que era"más que suficiente para evitar tanto daño" como el causado tras el estallido de la burbuja financiera y la crisis económica y financiera.
"Lo que ocurrió no tenía por qué haber ocurrido.
O al menos no con la virulencia con la que tuvo lugar y que ahora sufrimos", ha aseverado.
"Pudo haberse hecho mucho más"
Así, Sánchez Ruiz se ha mostrado convencido de que "pudo haberse hecho mucho más, no necesariamente más cosas, pero sí más relevantes", para afrontar la crisis financiera.
"No se utilizó con suficiente firmeza el amplio abanico de posibilidades que ofrecía la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito", ha dicho.
En este sentido, ha criticado la deriva regulatoria, antes, durante y después de la crisis financiera. La legislación mencionada, por ejemplo, se encuentra derogada y adoptada para trasponer las sucesivas directivas europeas.
Sánchez Ruiz ha lamentado la desaparición de las provisiones contracíclicas de antes de la crisis, que ha calificado como "un poderoso incentivo para frenar la expansión crediticia", y "el precio elevadísimo" que supuso, a su juicio, la entrada en vigor de Basilea II para determinar los recursos disponibles, que especialmente para las grandes entidades perjudicó la ponderación de riesgos.
Asimismo, también se ha referido a cuestiones internas del Banco de España, como la eliminación de la obligatoriedad de firmar los informes por parte del cabecera —inspector con más experiencia que lidera la inspección— o el "sucesivo deterioro de las condiciones de trabajo de los inspectores y los auditores informáticos".
En el organismo supervisor también ha destacado la creación de los llamados CTCs, comités técnicos de coordinación en los que, ha dicho, coordinadores y otros jefes de la institución "proceden a reinterpretar" determinadas normas y su aplicación, lo que supone, ha denunciado, una"regulación en la sombra".
Otras críticas han ido dirigidas
a la falta de control del Banco de España y la CNMV en la emisión de preferentes, que, a su juicio, "no hubieran podido emitirse sin su beneplácito".
Del mismo modo,
ha criticado la dejadez de la administración para pinchar la burbuja por los ingresos fiscales que le reportaba y la "pésima praxis bancaria" que permitió la sobrevaloración de la vivienda como garantía.
"Se ha olvidado que antes de valorar, las entidades deben de analizar la capacidad de reembolso y nunca antes estudiar la existencia de garantía. Es una pésima praxis bancaria conceder una operación en base a garantías subyacentes", ha dicho.
El coste no cuantificado del rescate
Sánchez Ruiz también discrepa de las cifras oficiales del coste del rescate financiero pues, en su opinión, contabilizar únicamente las ayudas directas o indirectas "es olvidarse de que la crisis financiera se tradujo en cierre de empresas solventes", la reducción de 72.000 empleos directos en la banca, el impacto fiscal y de reputación sobre bancos centrales y agencias de supervisión.
Respecto a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, más conocida como banco malo), Sánchez Ruiz ha dicho que, pese a ser un instrumento "habitual", los inspectores ven con "enorme preocupación el procedimiento de contabilización de activos incorporados por coste medio ponderado", por su financiación y porque, ha dicho, "quizás no exista suficiente transparencia en el procedimiento de enajenación de activos".
Los riesgos de la regulación europea
En su comparecencia, el presidente de los inspectores del Banco de España también ha expresado sus dudas por la deriva en la normativa europea.
Manifestando que "en absoluto" se consideran "antieuropeos", pero que sí que creen que ni los mecanismos únicos de supervisión ni de resolución garantizarán una mayor estabilidad financiera.
"Nos resistimos al Mecanismo Único de Supervisión y de Resolución tal y como están hoy en día planteados", ha dicho, declarándose "seriamente preocupado".
Así, ha advertido tanto de conflictos de interés entre las funciones encomendadas a cada institución como una "integración a machamartillo" entre las entidades nacionales y del Banco Central Europeo (BCE) "sin tener en cuenta suficientemente conflictos jurídicos en materia laboral, y legislación mercantil y civil, relativamente distintas".
En la misma línea, ha dicho que la entrada en vigor de la normativa comunitaria de supervisión no ha sido neutra, ya que en España "la elevada concentración" bancaria hace que el 90% de los activos dependan de Bruselas, mientras que en otros países ese porcentaje se sitúa en el 60%.
"La cesión de soberanía no ha sido igual", ha dicho.
En este sentido, ha recordado que, hasta la entrada en vigor del Fondo de Garantía Único, España tendrá que pagar rescates sobre los que no pueda decidir. "Las decisiones finales se toman en Frankfurt, pero el rescate lo soportamos nosotros", ha explicado.
"Un espejismo regulatorio"
Sánchez Ruiz ha lamentado que las sucesivas directivas regulatorias a partir de Basilea II estén "construyendo un entramado regulador y supervisor cuya complejidad se quiere confundir con rigor", un "espejismo regulatorio" que, a su juicio, no garantiza una mayor eficacia y eficiencia, sino que únicamente provoca mayor complejidad.
Frente a ello, ha justificado que la supervisión está "completamente sobrepasada por esta implantación de criterios" y también por tener que "competir" con equipos de centenares de ejecutivos, frente a pequeños grupos de inspección. "Es una entelequia. Es una especie deobedézcase y no se cumpla", ha dicho.
Por otro lado, ha criticado que las nueva normativa ha reducido los requisitos de capital, por ejemplo en los modelos de riesgo de crédito, que son "diseñados" por las propias entidades. "Los modelos internos permiten alinear las exigencias de riesgo al perfil de la entidad", ha explicado.
El control interno de cada entidad era insuficiente
Otra normativa que delega en las propias entidades financieras y criticada por los inspectores es la determinación de las provisiones para deterioros, pues no precisan de autorización ni validación supervisora.
"Las provisiones no gustan a la industria ni al gestor, porque afectan al reparto de dividendos y al pago de remuneración variable", ha explicado, abogando por un procedimiento similar a la de la comercialización de valores y seguros.
Sánchez Ruiz ha aseverado que este tipo de regulación afectó a la evolución de las entidades de crédito, pues ha manifestado que las entidades financieras españolas no eran insolventes, pero "no disponían de suficientes provisiones" ni de carteras "suficientemente sanas", y en estas circunstancias "la solvencia se va agotando". "Si los activos son improductivos, no generan resultados y están deteriorados", ha dicho.
"Cuando en 2006 estaban reguladas sin Basilea II, las ponderaciones de riesgo no son tan dañinas como los modelos internos de las propias entidades", ha subrayado, criticando que entidades finalmente quebradas, como Caja Madrid, Caixa Catalunya y Banco Popular, contaban con este tipo de modelos internos.
El expresidente de CECA culpa a comunidades, Gobierno y Banco de España de la crisis
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- marzo 10º, 2017
El expresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) Juan Ramón Quintás Seoane ha acusado este lunes a las comunidades autónomas, al Gobierno y al Banco de España de ser"cooperadores necesarios" en la gestación y la evolución de la crisis financiera por sus errores de estrategia y sus retrasos en la aplicación de medidas correctoras.
Así lo ha señalado quien estuviera al frente de la CECA hasta marzo de 2010 durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario, en la que ha comparecido después del presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez Ruiz, ha informado Europa Press.
En relación con las comunidades autónomas, Quintás las ha acusado de ser "importantes impulsoras" de las malas prácticas de las cajas y ha apuntado que "hubo gobiernos autonómicos que no dudaron en recurrir a la propia regulación autonómica de las cajas solo para garantizar su control frente a un grupo rival".
"El control indirecto por los partidos políticos respecto de los órganos de gobierno de determinadas cajas permitió que se tomaran públicamente acuerdos en instancias ajenas a las cajas respecto de asuntos de gran trascendencia que realmente correspondían a los órganos de gobierno", ha dicho.
En la misma línea, ha acusado a las comunidades autónomas de"bloquear" las fusiones "extrarregionales", aunque fueran "razonables", por su "profunda aversión al riesgo de perder su influencia sobre la caja en favor de otra comunidad". Para Quintás, los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) fueron "insuficientes" para atajar los problemas del sector, especialmente el de solvencia.
En cuanto al Gobierno, le achaca una "incapacidad" para "elaborar a tiempo un diagnóstico correcto, tanto de la expansión económica inicial como de la extraordinaria recesión que siguió". "Como sector tenemos amplio campo de multa, pero no tanto como el que hace las leyes", ha añadido.
"No era la naturaleza jurídica de las cajas, sino comportamientos de gestores que, en ausencia de sanciones ejemplarizadoras que los reprimiesen, se extendieron peligrosamente por el sector al cobijo de la fuerte expansión económica", ha apuntado.
Falta de "buena regulación"
Quintás ha señalado que "ciertamente, una buena regulación y supervisión hubiera dificultado y limitado drásticamente los daños causados por la mala gestión de los administradores e impedido la devastadora evolución en progresión geométrica que resultó en los procesos acelerados de deterioro de la solvencia".
El expresidente de la CECA ha valorado que "el control parlamentario del Banco de España era débil" y que en España la transparencia de los supervisores financieros presenta opacidades en aspectos relevantes.
Asimismo, el expresidente de la CECA ha acusado a las empresas auditoras de colaborar en la creación de esta crisis, aunque "su importancia es menor", así como a la banca comercial.
Para Quintás, la "causa remota" de la crisis de las cajas fue la "inoculación de la politización" de las mismas mediante la Ley Orgánica de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA), al tiempo que la crisis económica global fue el "detonante y catalizador", mientras que la "causa próxima" fueron las malas prácticas de gobierno corporativo de las cajas.
El expresidente de la CECA ha señalado durante su intervención que el coste de esta crisis con cargo a los recursos públicos "será enorme,superior sin duda a los 60.000 millones de euros", a lo que se suman las "cuantiosas pérdidas privadas soportadas directamente por los pequeños y grandes inversores", así como por los clientes y los empleados.
Un sistema financiero "peor"
Para Quintás, el sistema financiero derivado de la crisis es "peor" que el que había antes, algo que achaca a la "concentración bancaria", la "homogeneización institucional" y la desaparición de las cajas, "un vector social de gran importancia".
En su opinión, la concentración del sector "ha aumentado notablemente","oligopolizando al sector", pues permanecen actualmente un tercio de los competidores que había hace nueve años.
No obstante, ha apuntado que "los efectos sobre la competencia no son aún excesivamente importantes".
Según ha explicado, la desaparición de un sector "que representaba nada menos que a la mitad del antiguo sistema bancario", ha supuesto la extinción de "un vector social de gran importancia" en el sistema, dado que las cajas colaboraban en "evitar la exclusión financiera" y ofrecían una "potente" obra social.
Además, ha indicado que la "obligada disminución progresiva" de la presencia de las fundaciones bancarias en el accionariado de las antiguas cajas puede ser un "riesgo" que "debilite la atención prestada a la inclusión financiera en los aspectos con mayor impacto negativo sobre la cuenta de resultados".
Dentro del sistema bancario español actual, Quintás ha diferenciado entre el sector CECA (las antiguas cajas) y el sector AEB (la banca) y considera que, aunque el primero ha perdido importancia respecto al segundo, a largo plazo no es descartable que la cuota del sector CECA mejore, dado que las antiguas cajas cuentan con "los mejores recursos".
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