Ni España es Rajoy, ni Cataluña, Puigdemont
No os equivoquéis, compatriotas catalanes
El gobierno de Rajoy ni representa a España ni el sentir de los españoles.
Ni vosotros dísteis vuestro voto para que Puidemont y cia os llevaran hasta aquí, ni nosotros a Rajoy para que su intransigencia a dialogar y su policía hayan hecho lo que han hecho.
Dos partidos salpicados por la corrupción no pueden decidir
el destino de los españoles escondiéndose tras una bandera
Que nadie lo dude, es mejor una país grande que otro pequeño.
Aunque un país pequeño sea más barato de mantener vía impuestos y por ello, normalmente se tenga un nivel de vida más aceptable que incorporado a otro más grande, goza de muchas desventajas e inconvenientes si lo comparamos.
Por un lado, se pierde voz en el contexto internacional, tanto a la hora de negociar tratados como a la hora de promover e imponer condiciones ventajosas en cualquier tipo de negociación.
Dentro de Europa, España ahora, tiene peso al ser la 4ª potencia. Sin Cataluña ni País Vasco, tanto lo que quede de España como Euzkadi y Cataluña serán ninguneados tanto en la UE como en los diversos los foros internacionales en los que participen.
Por otro, la defensa de un país, es fundamental para su supervivencia... y no es lo mismo un ejército de un país pequeño que el de un país grande. A la vez que resulta más económico mantener un ejército que dos, tres o los que sean.
Por desgracia y gracias a Rajoy, hemos llegado a un punto en el que Cataluña no querrá ser menos que España dentro de una posible confederación ibérica, y por ende las demás autonomías, no querrán ser menos que Cataluña... por lo que urge tener claro que todo posible diálogo sobre una Unión Ibérica debe ser entre iguales. Incluso yo propondría incorporar a Portugal dentro de un proyecto común ibérico.
Solo así podremos salir de este atolladero en el que nos han metido los neofranquistas del PP y su negativa a dialogar con los catalanes.
Por último, muchas empresas tanto de Cataluña como de España y País Vasco, se han beneficiado y se benefician, de estar dentro del mismo país... romper España significaría en el mejor de los casos, pérdidas de puestos de trabajo, cambios de sedes comerciales y traslados de empresas, boicots a productos de ciertas regiones, etc con el consiguiente perjuicio económico que esto conllevaría tanto para unos como para otros.
No os equivoquéis, compatriotas catalanes
El gobierno de Rajoy ni representa a España ni el sentir de los españoles.
Los lazos afectivos que unen a muchos compatriotas de unas y otras regiones no los van a romper por mucho que se empeñen y por muy mal que hagan las cosas, los neofranquistas del PP.
Como tampoco el sentir de una mayoría que se siente, dentro y fuera de España, tan español, como vasco, gallego, andaluz, castellano, extremeño, mallorquín, maño, murciano,valenciano, riojano, leonés, cántabro, riojano, melillés, ceutí, canario, manchego o asturiano.
Hemos vivido y pasado muchas cosas juntos, como para que ahora, vengan unos descerebrados que por un puñado de votos y propio interés personal quieren romper España... ese país crisol de naciones que un día gobernó un imperio donde nunca se ponía el sol
Si fue posible creer en la Santísima Trinidad.... Por qué no pensar en un único país con tres (o las que sean) nacionalidades diferentes
INSISTO...
el Proyecto de una Confederación Ibérica con Portugal
podría ilusionar tanto a lusos como españoles y catalanes
INSISTO...
el Proyecto de una Confederación Ibérica con Portugal
podría ilusionar tanto a lusos como españoles y catalanes
Armak de Odelot
POSDATA
El rey ha cavado su tumba al convertirse en portavoz del PP y hacer suyo el discurso retrógrado y fascista del partido de la mentira, la represión y la corrupción.
Defendamos el derecho a la autodeterminación nacional
Por una Federación Socialista Ibérica
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- octubre 4º, 2017
La convocatoria al ejercicio de la autodeterminación nacional en Cataluña, por medio de un referéndum, el próximo 1° de octubre, ha sido respondida con una ofensiva represiva por parte del gobierno español, que incluye la anulación de la soberanía política de la Generalitat, la intervención de la policía catalana y el envío del ejército.
Defendemos el derecho a la autodeterminación catalana.
Convocamos a los trabajadores de todo el mundo, y en primer lugar de todo el Estado español, a una acción internacional contra este atropello.
Es necesario derrotar la provocación de la monarquía española, defender la realización del referéndum y reclamar la instalación de una república en todo el territorio de España.
Defendemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña, incluido el derecho a la separación o independencia, desde una perspectiva independiente del nacionalismo y la burguesía catalana.
La Generalitat que impulsa el referéndum representa un régimen patronal y ajustador, que ha promovido el desempleo, la precarización laboral, las rebajas salariales, la privatización de la salud y la educación, y el recorte del gasto social.
La finalidad del independentismo de contenido burgués es reforzar la capacidad del Estado para desarrollar un ataque mayor a la clase obrera y los lazos con la burguesía imperialista de la Unión Europea.
En oposición al separatismo de contenido capitalista planteamos una República Obrera y Socialista en la forma de una federación, y la Unión Socialista de Europa.
La “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República” que regirá por un año hasta la entrada en vigencia de una Constitución, establece la subordinación del “derecho interno” al derecho de la Unión Europea, así como la integración automática de las nuevas normativas que vaya aprobando Bruselas. Prefigura un nuevo orden estatal a medida de los explotadores locales y de la burguesía internacional.
Lo mismo vale para la adhesión a la Otan.
Plantea, asimismo, el reconocimiento de la deuda externa de Cataluña y con el Estado español.
Los términos de la convocatoria limitan en forma decisiva el derecho del pueblo de Cataluña al ejercicio real de la autodeterminación nacional.
Defendamos el derecho a la autodeterminación nacional con un programa para poner fin a la monarquía española impuesta por el franquismo, por la República, y por la unidad del proletariado de todo el Estado español en la lucha contra el capital, los ajustes antiobreros y el conjunto del Estado capitalista.
La cuestión nacional catalana emerge con una fuerza poderosa como consecuencia de los efectos de la bancarrota capitalista mundial y del enorme ajuste que ha impuesto al conjunto del Estado español en perjuicio de las masas trabajadoras y de la solvencia de las autonomías estatales.
Forma parte de una crisis de conjunto del Estado español y de una ‘indignación’ generalizada de los trabajadores.
Plantea una lucha de clases de la clase obrera de todo el Estado.
En oposición a la segmentación o balcanización de la clase obrera de las diferentes nacionalidades, planteamos la unidad de clase en todo el territorio español para luchar por una República Socialista Federativa.
El impedimento represivo al referendo del 1° de octubre no pondrá fin a la crisis abierta sino que la profundizará todavía más.
La promesa de una mayor autonomía para Cataluña, en el marco una negociación ulterior en “la legalidad”, como alega el gobierno de Rajoy y toda la prensa acólita, es simplemente un engaño.
La intervención institucional y militar del Estado español contra la Generalitat ha ampliado la fosa con el pueblo de Cataluña y una crisis política que crece en el conjunto de España.
La conciencia de esta situación debe llevar a la unidad de los trabajadores para luchar por el abatimiento de la monarquía y la proclamación de una república realmente democrática.
Los partidos de la izquierda, tanto PSOE como Podemos, han dejado en claro su hostilidad a la autodeterminación nacional y su apoyo al Estado español.
El PSOE ha hecho un frente con Rajoy y la monarquía contra los derechos nacionales de Cataluña. Podemos reivindica “el derecho a decidir”, pero excluye el derecho a la separación -o sea que plantea un ‘derecho’ condicionado. Es la conclusión de una estrategia política que defiende la integración de España a la UE y la pertenencia a la Otan.
La cuestión nacional no puede ser disociada de los intereses sociales en pugna y la lucha de clases. Es necesario poner de manifiesto la contraposición de intereses que existe entre las clases y desarrollar una diferenciación dentro de Cataluña y el resto de España que una al proletariado de toda la península ibérica en una confrontación abierta contra la burguesía.
La catalana y la española son dos respuestas capitalistas alternativas a una crisis capitalista internacional de conjunto.
A las salidas capitalistas, oponemos la lucha por una Federación Socialista Ibérica y por los Estados Unidos Socialistas de Europa.
La intervención político-institucional y militar del Estado español en Cataluña plantea la necesidad de defender el derecho a la autodeterminación por medio de la acción directa.
Hay que expulsar a las policías, tropas e interventores judiciales de Cataluña para asegurar la posibilidad del referendo.
Es necesaria una huelga general para echar a los interventores de la monarquía y convocar a huelgas de solidaridad en toda España. La intervención político-militar en Cataluña amenaza las libertades democráticas en todo el Estado español -lo convierte en un estado de excepción en todo su territorio.
¡A defender el derecho a la autodeterminación por medio de una lucha de clases en todo el Estado y de una gran solidaridad de los trabajadores de todo el mundo!
Sí al derecho a la autodeterminación.
Abajo la monarquía, por la instalación de una república democrática.
Por una Federación Socialista Ibérica. Por la Unidad Socialista de Europa -desde el Atlántico al Pacífico.
Partido Obrero (PO) de Argentina - Partido Revolucionario de los Trabajadores (EEK) de Grecia - Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP) de Turquía - Partido de los Trabajadores (PT) de Uruguay
A la vista del papel jugado por Izquierda Unida en la Declaración de Estella que ha precedido a la actual tregua en el País Vasco muchas personas se preguntan si se puede estar a la vez a favor del derecho a la autodeterminación y a favor de un estado federal en lo que llamamos España.
Nuestra respuesta a esa pregunta es afirmativa: sí, se puede. No es la única respuesta posible, pero es una respuesta plausible y se puede argumentar con coherencia desde la izquierda. Eso es lo que voy a intentar hacer aquí.
El reconocimiento del derecho a la autodeterminación de pueblos, naciones, etnias y culturas no tiene por qué identificarse con nacionalismo, y menos con nacionalismo políticamente organizado. De hecho, la mayoría de las corrientes de la izquierda no-nacionalista ha defendido tradicionalmente el derecho a la autodeterminación.
No me parece buen argumento sacar a colación en este contexto, como a veces se hace, los efectos de la globalización económica, la crisis del estado-nación, las dependencias de las burguesías periféricas respecto de las empresas transnacionales, las constricciones del Tratado de Maastrich/Amsterdam etc., etc,. para acabar concluyendo que, en tales condiciones, el derecho a la autodeterminación de los pueblos es anacrónico. Es verdad que esas circunstancias obligan, o pueden obligar, a concretar en la práctica la forma de ejercicio del principio, pero no lo niegan sin más.
Para evitar equívocos hay que decir que el derecho a la autodeterminación no es contemplado en la actual Constitución española y que la definición del mismo que dio la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en una línea predominantemente anticolonialista y antirracista, sólo sería aplicable al actual estado español mediante una lectura jurídico-política muy restrictiva. Por eso, para lo que aquí nos interesa, conviene entender el derecho a la autodeterminación como solución democrática posible para los colectivos o realidades nacionales diferenciadas dentro de los Estados actuales y, en tal sentido, adoptar la definición del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
Se entiende entonces la autodeterminación como derecho de los pueblos a establecer libremente su condición política y a proveer a su desarrollo económico, social y cultural. Esta caracterización obvia la difícil cuestión de definir “nación”, pero admite que el derecho a la autodeterminación no concierne sólo a los individuos sino también a las colectividades que tienen unas mismas raíces cultural-nacionales.
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Es importante añadir, porque últimamente hay muchos equívocos sobre esto, que la defensa del derecho a la autodeterminación se ha hecho siempre desde la izquierda por razones democráticas: por respeto a las diferencias en el ámbito internacional, en un contexto colonial, y por respeto a las minorías culturales en el ámbito de los estados plurinacionales o multiétnicos en los que una sola nación aparecía o se presentaba como la nación titular del Estado.
También se debe precisar que, desde la izquierda, el derecho a la autodeterminación se ha defendido siempre como un derecho colectivo (de los pueblos, comunidades o formaciones culturales), no única ni principalmente como un derecho individual, de las personas individualmente consideradas. Es un error decir que, en esto de la autodeterminación, no hay derechos colectivos. Y es una falacia implicar, en el actual debate sobre la autodeterminación en España, que sólo hay derechos individuales, porque eso es tanto como estar diciendo que la mayoría absoluta del conjunto de los ciudadanos del Estado tiene derecho (precisamente por ser la mayoría) a negar de hecho la autodeterminación a los ciudadanos de nacionalidades, culturas o colectivos minoritarios. Si así fuera no habría nada más que discutir.
Para hablar con justicia y ecuanimidad sobre este asunto todavía hay que añadir otras dos cosas.
Una: en ocasiones la izquierda socialista y comunista ha afirmado teórica y programáticamente el derecho de los pueblos a la autodeterminación y luego lo ha negado u olvidado en la práctica. Nuestra Constitución actual es resultado, entre otras cosas, de esa negación y de ese olvido. Pero sería una injusticia hacer cargar ahora a toda la izquierda con esa culpa de 1978. Una parte de la izquierda de entonces que está en la izquierda de hoy no votó la Constitución (entre otras razones por esa razón), una parte de los nacionalistas de ayer que están en el nacionalismo de hoy sí votaron la Constitución (por posibilismo, por pragmatismo o por otras razones que no son aquí del caso)*. Y todos, o casi todos, hicieron lo que hicieron en 1978 constreñidos en gran parte por las imposiciones del ejército español.
Dos: una parte de la izquierda de ayer (incluida una parte de la izquierda que defendió el derecho a la autodeterminación) no fue federalista sino unitarista o estatalista. En España y fuera de España. Casi todas las corrientes de la izquierda han corregido ese punto de vista en las dos últimas décadas. No hay razón para considerar este dato, que en un estado plurinacional y multilingüístico es favorable en general, como un motivo de enfrentamientos electoralistas hoy, pues en la práctica, si uno no quiere usar las palabras como espantajos, hay menos distancia entre federalismo y confederalismo (en sus diversas formas posibles) que entre separatismo y defensa del estado unitario.
Lo que de verdad importa para una izquierda que afirma a la vez el derecho a la autodeterminación y la posibilidad de configurar un Estado federal es aclarar qué quiere decir con esas palabras en concreto, aquí y ahora. Pero antes de entrar en las concreciones una fuerza democrática de izquierdas debe dejar claro este principio: que por encima de su propia opción -la federal en el caso de Izquierda Unida- está el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, cuyo ejercicio incluye la posibilidad de que quienes se autodeterminan estén por la independencia o la confederación. Creo que se puede decir que la aceptación de este principio es el punto que distingue hoy a IU de otras fuerzas sociopolíticas que se declaran federalistas. Y el punto a partir del cuál se puede mantener con coherencia la opción en favor de una salida política negociada al conflicto vasco, que, obviamente, no es sólo conflicto entre vascos.
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Parece evidente que la respuesta a la pregunta sobre quiénes se autodeterminan o son sujetos del derecho a la autodeterminación condiciona ya, al menos en parte, la propuesta acerca de quienes se federarán en un futuro Estado.
Si la respuesta a esa pregunta es simplemente “se autodeterminan los individuos o las personas del conjunto del Estado actual”, no hay tema. Una respuesta así niega el problema. Se puede decir, desde luego, que sería muy buena cosa que los individuos o las personas se autodeterminaran respecto de este Estado (o de cualquier otro Estado), pero entonces entramos en otro asunto. Ese otro asunto es importante, pero no es el asunto del que se trata cuando se está hablando de una nueva configuración del Estado.
Si la respuesta a esa pregunta es “se autodeterminan todas y cada una de las actuales comunidades autónomas”, entonces, evidentemente, hay tema, pero iríamos a parar adonde ya fuimos a parar en 1978 con alguna que otra complicación jurídico-política adicional. Subsumir el derecho a la autodeterminación en el “todos tienen el mismo derecho” y afirmar luego que todos deben federarse equivale a negar de hecho el ejercicio del derecho a la autodeterminación a quienes lo pedían previamente.
Parece, pues, que lo sensato es restringir el derecho a la autodeterminación a aquellas comunidades cuyos ciudadanos han manifestado ya en otras circunstancias históricas su deseo de autodeterminarse: Euskadi, Cataluña y Galicia. Y luego discutir, en concreto, qué quiere decir hoy en día, y en nuestro marco geográfico, autogobierno pleno.
Es cierto que esta restricción implica una discriminación. Pero hay una manera razonable de argumentar a favor de esta discriminación sin herir a los demás. Esa manera no es discriminar por el nombre, entre “comunidades históricas” y las otras (puesto que las otras son tan históricas como éstas), sino a partir de las preferencias manifestadas por los ciudadanos de las distintas comunidades: como hay dudas fundadas sobre si la mayoría de los ciudadanos de estas tres comunidades querrían o no federarse en un Estado llamado España está justificado conceder el derecho y preguntar sobre ello. En cambio, no parece haber dudas sobre las preferencias de la mayoría de los ciudadanos del resto de las comunidades actuales. Y, en todo caso, si por la razón que fuera esas dudas surgieran ahora podrían tratarse aparte y atenderlas convenientemente.
Este planteamiento da por supuesto que en el actual Estado plurinacional y plurilingüístico de las autonomías hay, tendencialmente, cuatro comunidades (no es necesario emplear la palabra “nación” en este contexto): Euskadi, Cataluña, Galicia y España. Afirmar, como a veces se hace, que las tres primeras comunidades son “naciones” y la cuarta no lo es sólo sirve para desviar la cuestión hacia esencialismos históricos y para provocar reacciones en cadena de nacionalismos inexistentes o casi (castellano, aragonés, andaluz, extremeño, etc., etc.) que siempre acaban dando, antes o después, en españolismo encubierto, o, mejor dicho, en anticatalanismo y antivasquismo que se hace españolista por exclusión. Las declaraciones recientes de Jordi Pujol en el primer sentido y de Rodríguez Ibarra y Pedro Pacheco* en el segundo se retroalimentan y confirman que ese es un mal planteamiento.
En vez de partir de consideraciones historicistas se puede partir, también en esto, de presunciones basadas en preferencias actuales. Puede ser que la mayoría de los catalanes, vascos y gallegos se considere hoy en día (por motivos distintos) españoles, pero no hay por qué dar eso por supuesto. Son muchos los catalanes, vascos y gallegos que no se consideran españoles, al menos en primera instancia. En cambio, parece razonable pensar que si España fuera la “pequeña España” la mayoría de los ciudadanos de la mayoría de las comunidades del actual estado de las autonomías no verían problema y tal vez la mayoría de los ciudadanos de las otras tres comunidades (Cataluña, Euskadi y Galicia) podrían sentirse a gusto en la Federación resultante. No se puede afirmar que eso taxativamente, pero es una presunción razonable a tenor de lo que dicen las encuestas y se oye en la calle.
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Si se admite la presunción anterior, basada en una interpretación de las preferencias manifestadas por las poblaciones, entonces se puede concretar algo más sobre la consideración del futuro estado desde el punto de vista político y jurídico, y particularmente sobre la diferencia entre las comunidades llamadas impropiamente “históricas” y las otras. A la hora de concretar el tema lingüístico, aunque no exclusivo, es importante. De modo que lo más sensato, atendiendo a la historia y al presente de eso que llamamos “España”, seguramente sería una federación de cuatro estados (Euskadi, Cataluña, Galicia y España).
Es posible, sin embargo, que, también en este caso, lo mejor acabara resultando enemigo de lo bueno: es discutible si el resto de los ciudadanos de las comunidades autónomas implicadas (y en particular Canarias, Baleares, el País Valenciano y Andalucía) se sentirían a gusto en lo que pasaría a ser “la pequeña España” en una federación de cuatro estados o comunidades. Caben, desde luego, otras opciones. Por ejemplo, un estado confederal con federaciones previas, libremente aceptadas, entre comunidades próximas por razones lingüístico-culturales o de otro tipo, un estado federal “asimétrico”, etc.
No se puede ocultar que cualquiera de esas opciones es problemática. La federalización de todas las actuales comunidades autónomas en pie de igualdad es problemática por la reticencia a ello existente en una parte importante de las poblaciones de Cataluña, Euskadi y (tal vez) Galicia. La confederación de cuatro estados es problemática por la reticencia existente a quedar integradas en el cuarto entre la población de Andalucía, Canarias, etc. así como por la división de la población en País Valenciano, Baleares y Navarra. El federalismo asimétrico es problemático por el temor, manifestado en las comunidades más pobres, en el sentido de que tal solución agrandara las diferencias socioeconómicas ya existentes.
La problematicidad de cualquiera de estas opciones tiene que ser asumida de entrada. Si no hubiera problema no estaríamos hablando del asunto. Pero esta problematicidad no tendría por qué ser dramática en un marco en el que se establecieran previamente tres requisitos:
1ª un pacto explícito para la reforma constitucional;
2ª el compromiso de articular consultas populares directas con preguntas claras y sencillas al respecto.
3ª el compromiso de respetar todos los resultados de estas consultas.
Al concretar ahora sobre este punto parece más importante establecer los requisitos mencionados que entrar en el detalle sobre la articulación jurídico-política del federalismo (puesto que caben diferentes formas posibles de federalización).
Un estado federal, libremente aceptado, que no fuera la simple prolongación del actual estado de las autonomías (por el procedimiento de llamar estados a las actuales comunidades o el “café para todos”, que se dice) debería corregir a la vez dos tipos de injusticias históricas: la lingüístico-cultural y la económico-social.
Puesto que partimos de esa doble desigualdad realmente existente, el federalismo que se propugna tendría que basarse también en una doble discriminación positiva: a favor de las comunidades con lengua propia distinta del castellano y a favor de las comunidades comparativamente en peor situación económico-social. Un federalismo asimétrico que sólo contemplara la primera discriminación positiva sería socialmente injusto; un federalismo asimétrico que sólo contemplara la segunda discriminación positiva sería político-culturalmente injusto. Pero un federalismo sin más, que no contemplara ninguna de las dos discriminaciones positivas, dejaría abierto el problema que la propuesta de un nuevo modelo de estado aspira a resolver. Un federalismo realmente solidario sería aquel que tratara de corregir a la vez los dos tipos de desigualdades históricas.
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Desde el punto de vista estrictamente político se está discutiendo mucho en los últimos tiempos (y no sólo en España) sobre el tipo de federalismo más adecuado. En líneas generales puede decirse que la izquierda europea, en la lucha por la igualdad social, ha ido pasando del jacobinismo al federalismo por atención a la importancia que tiene el respeto a las diferencias histórico-culturales, en el marco de estados-nación pluriculturales.
Hoy parece estar imponiéndose en diferentes ámbitos la propuesta de un “federalismo cooperativo y solidario”. Por federalismo cooperativo se entiende, sobre todo en Italia, la potenciación de las autonomías territoriales con posibilidad de acuerdos interregionales en el marco estatal y europeo dentro de los ámbitos no reservados al Estado (ámbitos aún por definir con precisión, dada la crisis del estado-nación tradicional), autonomización financiera de los entes regionales locales, transformación del Senado en una Cámara de las regiones (o nacionalidades) y compromiso de solidaridad interregional. Esta propuesta incluye lo que se llama “federalismo fiscal”. El federalismo fiscal se suele presentar ahora como una implicación del “Estado ligero”, en la medida en que éste transferiría funciones a los niveles inferiores de gobierno. Es en ese sentido en el que se dice a veces que el Estado español de las autonomías es ya federalizante o cuasifederal.
En el caso de estados plurinacionales y plurilingüísticos, como es el nuestro, el federalismo cooperativo tendría que añadir a eso el reconocimiento extraterritorial de las lenguas de las nacionalidades que no son la propia de la nacionalidad titular del Estado, esto es, una reforma constitucional que reconozca el derecho de cualquier ciudadano a expresarse en su propia lengua en sus relaciones con las administraciones del Estado en determinados servicios así como el derecho de los representantes públicos a expresarse en su propia lengua en el seno de la institución respectiva.
Todo lo cual constituye un minimum que, vistos los programas de los partidos políticos del arco parlamentario, podría ser generalmente aceptado (con la salvedad, en unos casos, de reservarse el derecho a la confederación y con la salvedad, en otros, de que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación garantice constitucionalmente el potencial ejercicio de la independencia). Si la tregua en el País Vasco se consolida y se dejan a un lado las truculencias electoralistas en curso, no se ve motivo de fondo que impida discutir y negociar racionalmente sobre el abanico de posibilidades que van desde el federalismo así entendido a la confederación. Lo importante en ese debate es que quede claro hasta dónde se quiere llegar y qué es lo que se está dispuesto a pactar.
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Una complicación adicional del problema se deriva de la composición actual de las poblaciones de Cataluña y el País Vasco, una parte sustancial de las cuales procede de la inmigración de trabajadores castellanohablantes y de lo que ha sido hasta hace poco tiempo la administración y la organización de la justicia, la enseñanza, la sanidad, etc. en un estado unitario o en un estado de las autonomías en el que el Tribunal Constitucional tenía que resolver sobre la marcha conflicto por conflicto en torno a competencias.
También ese punto conviene empezar disipando equívocos y lugares comunes muy extendidos.
En la situación actual es temerario considerar como un todo homogéneo este segmento de trabajadores y funcionarios cuya lengua propia o principal ha sido el castellano en Cataluña y en Euskadi. Es también temerario liquidar el asunto por el procedimiento de declarar que tales flujos migratorios terminaron en los años setenta y que la integración en el lugar de recepción se ha concluido. Los datos sociológicos y sociolingüísticos disponibles a este respecto indican, más bien, que existe un amplio abanico de actitudes que no se corresponden necesariamente ni con la conciencia de una nueva nacionalidad ni con la conciencia de una nacionalidad dual. La única presunción que parece plausible en este punto es que la gran mayoría de los trabajadores inmigrantes y la gran mayoría de funcionarios de lengua castellana no se sienten en Cataluña o en el País Vasco como si estuvieran en otro estado (en Francia, Alemania o Suiza, por ejemplo). Y si esto es así no es exagerado suponer que tal status (y la percepción del mismo) tendería a cambiar en una federación de estados. Es lógico, por tanto, que una propuesta federal aborde también con concreción este cambio preguntándose cómo se reconocen los derechos de las minorías castellano-hablantes en las comunidades que, federándose, postulan la existencia de una “lengua propia”.
En el ámbito de las instituciones políticas el problema es menor: bastaría con garantizar el uso normalizado, oral y escrito, del euskera, catalán y gallego en el parlamento federal y el uso normalizado del castellano en los parlamentos vasco, catalán y gallego. La primera cosa obliga a una corrección que tal vez ni siquiera necesite ser constitucional, sino meramente reglamentaria. La segunda cosa sólo obliga a la corrección de actitudes, puesto que (con la excepción de algunos incidentes menores en el Parlament de Cataluña) ya es normal el uso del castellano en los debates que tienen lugar en estos parlamentos. Y, por lo demás, es de suponer que la corrección de actitudes contrarias al uso del castellano en estos parlamentos, en nombre de la lengua propia, se derivaría fácilmente de la otra garantía: la de poder usar con normalidad las otras lenguas en el parlamento federal.
Más concreción exige, en cambio, la resolución de esos problemas en el ámbito administrativo, de la enseñanza y de la administración de justicia, por ejemplo. También en este caso parece que es prematuro entrar aquí en el detalle, pero se pueden adelantar algunas sugerencias. Para facilitar la discusión se podría proporcionar a los afiliados de IU federal los materiales del debate que ha tenido lugar sobre uno de estos asuntos (el de la administración de justicia) en el ámbito de Jueces por la Democracia y/o algunos otros materiales recientes sobre el concepto de “lengua propia” en comunidades (como Cataluña y Euskadi) en las cuales la primera lengua de una parte importante de la población sigue siendo el castellano.
Hay una tendencia en curso, razonable y procedente de ámbitos distintos, a revisar el concepto de “lengua propia” en situaciones así. Lo razonable de esta revisión en curso es que no niega el carácter prioritario (por motivos históricos) de la lengua de la comunidad (catalán o euskera), sino que, de una parte, abandona el esencialismo lingüístico aceptando que la otra lengua “también es propia” y, de otra parte, acepta que, en el contexto actual, siguen siendo necesarias, y justas, medidas protectoras (la llamada discriminación positiva) en favor de la lengua (histórica) de la comunidad correspondiente. Es interesante el que esa revisión del concepto de “lengua propia” se esté produciendo no en un mismo ámbito ideológico-político sino en ámbitos diferentes y con conclusiones político-ideológicas distintas. Pues eso prueba, indirectamente, que se puede tratar el asunto de las lenguas con cierta independencia de las convicciones político-ideológicas.
Primeros epígrafes del texto Autodeterminación y Estado federal, publicado en el libro Sobre federalismo, autodeterminación y republicanismo.
Fuente: EL VIEJO TOPO
Nace el Partido Ibérico, que promueve la unión de España, Portugal y Andorra.
A principios del año 2015, un grupo de vecinos de Puertollano (Ciudad Real) constituía el Partido Ibérico (Iber), que planteaba la unión de España y Portugal en proyectos comunes, y cuyo principal impulsor es el exalcalde socialista Casimiro Sánchez Calderón, que abandonó el PSOE en 2014 tras 45 años de militancia.
Pero conscientes de su escasa fuerza, buscaban alianzas con dirigentes progresistas del país vecino así como de Castilla y León y Galicia, con los que dotar de mayor musculatura a la organización.
Los pasos en esta dirección han dado sus frutos gracias a la fusión con el Movimento Ibérico portugués, dando lugar al Partido Ibérico.
El partido resultante salta al ruedo político con la intención de reivindicar la unión de España y Portugal.
El partido resultante salta al ruedo político con la intención de reivindicar la unión de España y Portugal.
Su gran objetivo es que un día llegue a existir un país llamado Iberia, una confederación que muchos ciudadanos lusos anhelan y cuya esencia se plasma ahora en la denominada ‘Declaración de Lisboa’, una declaración en la que manifiestan su voluntad de convergencia y algunas de las medidas encaminadas al hermanamiento y unión de los partidos ibéricos para convertirse en una federación de pueblos.
Más allá de fundir España y Portugal, lo que plantean es la posibilidad de “caminar juntos”, es decir, unir fuerzas a nivel político e internacional que permitan defender unos intereses comunes, al tiempo que permita eliminar duplicidades internamente y vivir en un mismo uso horario.
En la Declaración de Lisboa, el Partido Ibérico Íber y el Movimento Partido Ibérico, se definen como iberistas y ‘paniberistas’, y están comprometidos a corto plazo en presentar a la sociedad civil y a los partidos políticos propuestas para el entendimiento cultural y político entre España, Portugal y Andorra.
En la Declaración de Lisboa, el Partido Ibérico Íber y el Movimento Partido Ibérico, se definen como iberistas y ‘paniberistas’, y están comprometidos a corto plazo en presentar a la sociedad civil y a los partidos políticos propuestas para el entendimiento cultural y político entre España, Portugal y Andorra.
Así, esperan que pronto surja otro colectivo iberista en Andorra.
“A medio plazo tenemos el objetivo de presentarnos a las elecciones europeas de 2019 con un candidato portugués en la circunscripción española y uno español en la circunscripción portuguesa”, aseguran.
Entre las propuestas que enarbolan figuran la de instar a los Gobiernos español a regularizar y regresar al horario natural geográfico, fijando así la misma hora de Portugal.
Entre las propuestas que enarbolan figuran la de instar a los Gobiernos español a regularizar y regresar al horario natural geográfico, fijando así la misma hora de Portugal.
Esto creen que redundará en beneficio económico y comunicativo entre ambos pueblos.
Además, instan a los medios de comunicación de TV a que traten de representar la realidad territorial de la península ibérica y no sólo el territorio español, por ejemplo mapas del tiempo, y así provocar un trato de cercanía con el país amigo y vecino Portugal.
En el plano internacional, el nuevo partido se compromete a desarrollar una estrategia unitaria ante la Unión Europea para defender conjuntamente los intereses de ambos, ya sea en la Comisión Europea o en el Parlamento Europeo.
En el plano internacional, el nuevo partido se compromete a desarrollar una estrategia unitaria ante la Unión Europea para defender conjuntamente los intereses de ambos, ya sea en la Comisión Europea o en el Parlamento Europeo.
España complejo político-nacional, que no ha encontrado todavía la fórmula de equilibrio y de una organización estabilizada (Pere Bosch i Gimpera, 1891-1974).
España libra siempre contra su pasado una batalla íntima, ansiosa, con crisis violentas. (Pierre Vilar, 1906-2003)
He querido encabezar la tercera entrega de la serie con las reflexiones de un profesor y político catalán exiliado a Méjico a causa del franquismo, y la de un historiador e hispanista francés que tanto y tan bien conocía nuestra Historia.
¿El motivo?, inducir a la consideración de que un problema objetivo y multisecular, el encaje de los territorios del Estado Español, solamente se puede abordar con paciencia, diálogo y voluntad de entender al otro.
Y si ello no es posible tras un proceso de participación múltiple de interlocutores e intereses con reglas de juego claras, se impone el ejercicio del Derecho de Autodeterminación.
Creo que en el caso de la relación España- Cataluña ese proceso con variedad de interlocutores e intereses y reglas de juego claras, no ha tenido lugar.
También me ha movido una consideración sobre los sentimientos, las identidades colectivas y las ideas-mitos que, exacerbadas o no, manipuladas o no, pretenden constituirse o pretenden que se constituyan en el cemento casi único de cohesión en una sociedad dada.
Decía Levy Strauss que el mito se organiza de tal manera que se constituye por sí mismo como contexto.
Y cuando eso ocurre o hacen que ocurra, España y Cataluña se convierten en referencias sentimentales y abstractas despojadas de toda vinculación con élites, grupos, colectivos e intereses de clase ¿Quién o quiénes hablan de España y Cataluña en cada momento histórico?
¿Quién o quiénes dicen representar los intereses globales de ambas entidades?
No se trata solamente de elucidar la representación jurídico-institucional formal sino la realidad material que la sostiene.
Mariano Rajoy, Carles Puigdemont y lo que ambos políticamente representan son ya totalmente esclavos de sus palabras y de la cadena de procesos que, pacientemente en un caso, alocadamente en el otro, han puesto en marcha.
Ambos, por otra parte, están haciendo posible que los corruptos de cada una de sus huestes respiren tranquilos, que algunos tribunales, liberados de la presión mediática y ciudadana, puedan emitir sentencias que en otros momentos serían escandalosas, que los profundos y lacerantes problemas sociales que afectan tanto a Cataluña como a España se eclipsan ante el vórtice de crispaciones y visiones unidimensionales.
Pareciera como si éste fuera, objetivamente, el problema que afecta a la mayoría social de aquí y de allá.
Los medios de comunicación afectos a cada parte, se abren a insultos, descalificaciones y generalizaciones sobre los lugares comunes más manidos.
La red comienza a ser un vomitorio de histerias con ribetes fascistoides y guerracivilistas.
Para unos Cataluña debe ser bombardeada y arrasada, y para otros España nos roba y expolia desde hace siglos. Cerrazón agresiva y victimismo ofuscante.
Los dicterios y las soflamas han velado casi totalmente la noticia de los 60.600 millones de euros que la banca ha succionado del dinero público.
Ahí sí que hay materia para hablar de robo como en la Gürtel, la Púnica, el 3% de comisiones o la fortuna del ex -molt honorable.
Es verdad que todavía hay una parte muy importante de la población que en torno al conflicto no sabe, no quiere y en otros casos no puede, por sentirse en minoría en su hábitat profesional (riesgo de despido) o de relaciones sociales.
Faltan pocos días y cada uno de los contendientes intentará, a través de discursos, tópicos patrióticos y radicalidad, que esos días vayan engrosando la carne de cañón para el día 1 de octubre.
Y siguientes días, porque el conflicto, larvado o explícito seguirá socavando las esperanzas de un marco de entendimiento generalizado para todo el Estado. ¿Qué realidad económico-social y política vela el enfrentamiento?
En junio de 1977 las candidaturas de las fuerzas políticas reputadas de izquierda (PSOE, PSUC y ERC) obtuvieron 24 de los 47 diputados que Cataluña aportaba a las flamantes Cortes Generales.
El Gobierno comenzó a prever un triunfo de la izquierda en unas posibles y futuras elecciones en un marco estrictamente catalán.
El regreso de Tarradellas ( ex-President de la Generalitat en el exilio), auspiciado por el propio Adolfo Suárez, fue la preparación de la respuesta a la tan temida posibilidad electoral.
Tras la Presidencia de Tarradellas en el gobierno preáutonómico catalán (1977- 1980), ha habido en Cataluña 11 elecciones al Parlament.
En ocho de las mismas CiU ha sido el partido más votado, alcanzando la mayoría absoluta en tres ocasiones.
El resultado final ha sido que Jordi Pujol ha sido investido Presidente en seis ocasiones (24 años de mandato).
El PSC ha sido el partido más votado en 1999 pero la Presidencia la alcanzó Pujol.
En 2003 volvió a ganar y fue electo President Pascual Maragall.
En 2006 ganó CiU pero fue electo José Montilla con el apoyo del tripartito (PSC, ICV y ERC).
En 2015 ganó las elecciones Junts pel Sí, siendo electo President Artur Mas que fue sustituido por Carles Puigdemont.
Durante más de veinte años Jordi Pujol ha sido Cataluña. Debelador electoral de la izquierda, su hegemonía política, ideológico-cultural y social fue absoluta.
El llamado cinturón rojo de Barcelona volcó su voto a CiU.
En esos años los Gobiernos de España no tuvieron ni quisieron otro aliado ni otro apoyo que Pujol.
Gracias al apoyo de Convergencia Felipe González fue electo Presidente en 1993; lo mismo que Aznar en 1996.
Los acuerdos en política económica y social o en política exterior con los gobiernos de Madrid formaban parte de la cotidianeidad parlamentaria.
Y en Cataluña, la izquierda disminuida y en permanente rebaja ideológica, creyó que siguiendo la estela del catalanismo político e ideológico y a costa de renuncias en lo social podría alcanzar un puesto al sol.
De aquella relación de aliado e interlocutor privilegiado en Cataluña Pujol no solamente sacó beneficios para su Administración sino también beneficios de índole personal en lo tocante a tratos de favor de la Justicia en el caso Banca Catalana y otros, según denunció en su día el Fiscal Jefe Anticorrupción Carlos Fernández Villarejo.
¿Cuál era el proyecto político de Jordi Pujol?
Con los límites que marca el espacio del que dispongo puedo señalar tres fundamentales:
1.- Cataluña como realidad nacional derivada de dos realidades: la Cataluña medieval que configuró la lengua, el territorio, la cultura, el derecho, la vivencia colectiva de la identidad.
2.- La revolución económica y social iniciada en el siglo XVIII (maquinismo, burguesía, comercio, etc.)
3.- La existencia en España de entidades históricas y territoriales (no sólo Cataluña) con una personalidad propia que no pueden quedar encajadas en un solo y único modelo de autonomía.
En ninguna de las muchas veces que he oído y leído a Pujol, tanto en conferencias como es sus intervenciones ante el Senado o ante la Conferencia de Presidentes Autonómicos, ha mostrado la idea de una Cataluña fuera del marco global de España. ¿Por qué el cambio de contenidos y de formas tanto en Artur Mas como en Puigdemont?
Antes de abordar la respuesta, siquiera en los límites de espacio que debo moverme, es conveniente reflexionar sobre los encajes posibles de la propuesta de Pujol .que he deducido de sus intervenciones, comentarios de su entorno y la lógica de su concepción territorial, histórica y cultural:
1.- Una confederación entre cuatro entes territoriales y políticos: Cataluña, Euskadi, Galicia y España (o sea el resto).
Madrid debería encargarse de homogeneizar su ámbito territorial específico a efectos del diálogo permanente con los otros tres.
En todo caso la centralidad confederal no abarcaría políticas económicas, fiscales, sociales y culturales. Esas serían competencia exclusiva de los confederados.
2.- En caso contrario, la conversión de Cataluña en Estado Libre Asociado directamente con el Estado Español.
Esa visión confederal de por sí ya difícil de ser aceptada, se hace casi imposible de encajar con el modelo actual de autonomías que se ha ido desarrollando a través de un proceso de improvisaciones, remiendos, chapuzas y eventos históricos imprevistos.
Estaba claro en 1977 que las nacionalidades (Cataluña, Euskadi y Galicia) aspiraban, cuando menos al estatus que tenían en la II República. Era justo e inevitable.
El miedo y desconfianza que ello producía en el Gobierno y en los poderes económicos combinado con ribetes de políticas de campanario produjo el café para todos que también se reclamaba de la República porque cuando se produjo la sedición militar de Franco ya había en las Cortes varios proyectos de estatutos regionales esperando su discusión y aprobación.
El caso es que la socialización del famoso café hizo necesaria la concepción de dos tipos de autonomía, la del 151 de la Constitución para las nacionalidades y la del artículo 143 para las regiones.
A partir de ahí todo fue un tira y afloja para cubrir huecos, atender protestas y conseguir estabilidad gubernamental. Retroceso como la LOAPA, concesiones como la LOTRACA (Canarias) y la LOTRAVA (País Valenciano), pactos específicos con Cataluña y, Euskadi, etc. han ido configurando un modelo que puede ser cualquier cosa menos un incipiente modelo federal.
Y a todo se le sumó un hecho histórico no previsto en el guion, la gesta del pueblo Andaluz el 28 de Febrero de 1980.
Ya había un cuarto interlocutor que no había sido invitado previamente; se sentó en la mesa directamente.
Esta última realidad rompía el primer marco de Pujol. ¿Es o no es una tarea difícil, necesitada de comprensión, diálogo, reconsideraciones, sacrificios, generosidad y sobre todo, de proyecto de futuro más allá del horizonte electoral próximo?
¿Y si no es posible construir desde la pluralidad de interlocutores ((trabajadores, ciudadanos y representantes políticos de las entidades territoriales), ¿por qué negar el ejercicio del Derecho de Autodeterminación?
Durante años se ha ido conviviendo a trancas y barrancas porque los Gobiernos de turno han ido a base de prebendas, excepciones, tácticas dilatorias y respiros transitorios (el Tripartito catalán), dilatando la necesidad de mirar más allá de los plazos electorales más inmediatos.
La crisis del 2008 no solamente supuso la evidencia de que el marco de la UE era un dogal sino que la deuda (pública y privada), el paro, la precariedad, el cierre de empresas, la pobreza, la exclusión social eran evidencias insoslayables.
En Cataluña, exactamente igual que en España, los recortes acabaron con la ficción del mejor de los mundos posibles.
En paralelo a la degradación de las condiciones de vida fue intensificando el conocimiento de una corrupción ya antigua, pero ahora más evidente.
El escándalo era el pan nuestro de cada día.
Un Gobierno español desacreditado, una izquierda catalana que no supo hacer ver, a través del tripartito, que era diferente en políticas económicas y sociales y que además había hecho del catalanismo su referencia fundamental.
Unos sindicatos que tanto en España como en Cataluña languidecían en un silencio de mortuorio y seguían siendo presos de Maastricht y demás tratados de la UE.
Y a ello se sumaba una Cataluña que era la contrafigura cultural de lo que fue en los años setenta del pasado siglo.
La reacción como casi siempre es sublimar la realidad y convertirla en mito: Cataluña y España son como la Roma de Craso en Julio César de Shakespeare: eterna en la mente de los dioses.
Rajoy instalado en la corrupción y acosado políticamente por ella, consciente de que no hay primavera del empleo, ni tampoco un horizonte medianamente realizable para la juventud ha encontrado las viejas fórmulas de Franco, los enemigos internos y externos.
En este caso de la Democracia, la Constitución y las Libertades. Quién lo diría a la luz de la ejecutoria de sus gobiernos: Ley Mordaza, rodillo de la mayoría parlamentaria,,etc. Artur Mas y Puigdemont le han venido como anillo al dedo.
Cuando una mayoría social que sufre injusticias y precariedades y además se siente engañada, defraudada y sin referencias sindicales o políticas convincentes, tiende a concretar un enemigo como fuente de todos sus males y olvida quién o quiénes han gobernado o gobiernan en Cataluña con idénticas políticas económicas y sociales, busca un culpable a quien transferir su decepción.
Por otra parte el discurso victimista de unos dirigentes y el silencio y la falta de coraje de otros ha caído sobre las mentes como la lluvia que empapa.
Y si a ello se le engarza la evidencia de una identidad específica avalada por la Historia y mantenida electoralmente durante décadas el resultado está a la vista.
Tampoco se puede obviar –sería injusto- el poso secular de una cultura que tiene sus raíces en la Renaixença, el progreso económico y la modernización capitalista.
Y todo ello en contraste con una España de oligarquías v caciquismo con la que, por cierto, se pactaba o se acudía a ella para sofocar las protestas obreras del siglo XIX.
Y cuanto más se siente o le hagan sentir objeto de agravio comparativo o injusticia, más se radicaliza.
En estos casos, aquí y allí, la bandera se hace mito, refugio, símbolo de esperanza. Y para redondear el cuadro el PP con su torpeza y su visión mesetaria, hizo imposible la aplicación de un Estatuto ya aprobado por el pueblo catalán. Ha tenido la rara virtud de crispar a las varias Cataluñas.
CiU, castigada y desprestigiada, desaparecida como siglas y alianza política tras la ruptura de Unió Democrática, fue sustituida por una nueva marca de Convergencia que ha heredado los escándalos de la corrupción y la espada de Damocles de los tribunales, se envuelve en la enseña patria como Pujol en su tiempo o Rajoy en el presente.
Superada por ERC no tiene más remedio que huir hacia adelante en pos de su quimera; a saber, plantear batalla en estas circunstancias.
ERC retoma sus días de gloria y ve posible con notoria ofuscación, una República catalana y de ¡izquierdas! con semejante compañía y con todas las incógnitas sin despejar.
La CUP, conformada por militantes esforzados, honestos, cargada de radicalidad jacobina (para mí no es nada peyorativo), está presa de solipsismo, es decir no ve o no quiere ver nada fuera de sí misma: el contexto, los compañeros de viaje y el marco político.
Puede que crea que la Cataluña de los trabajadores, parados, jóvenes sin esperanza, amas de casa angustiadas por el fin de mes o mujeres doblemente explotadas se va a levantar y organizar como la Comuna de París de 1871.
El problema reside en que hay que programar el día después.
Las revoluciones se consolidan o son flor de un día a partir de la fecha oficial de comienzo.
El deprimente espectáculo del Parlament es todo un augurio.
¿Qué quedará después del 1 de octubre y siguientes?
¿Continuará inquebrantable la alianza de Junts pel Sí?
Deberían recordar a Françesc Cambó y las diferencias de intereses de clase existentes en su seno.
¿Ven imposible un Thermidor?
Viene a mi memoria el Congreso de la Internacional Socialista de 1912 en Basilea.
Allí se acordó solemnemente que, ante el clima bélico que ya presagiaba la I Guerra Mundial, las federaciones socialistas harían un llamamiento contra la guerra y se comprometían a votar contra ella en sus parlamentos nacionales.
Apenas dos años después, diputados socialistas franceses y alemanes votaron en sus respectivos parlamentos los créditos de guerra.
Creo que es a partir del día 1 de octubre
(porque ahora nadie escucha)
cuando la propuesta federal que la izquierda siempre ha defendido (y elaborado en el caso de IU)
debe ser explicada en una y otra parte del conflicto para que desde la centralidad del mundo del trabajo manual, profesional e intelectual,
podamos hablar de la Federación Española, Hispánica o Ibérica (Portugal incluido).
Una Federación Plurinacional, y Solidaria entre todos los pueblos que componen lo que llamamos Estado Español.
* Colectivo Prometeo
FCSM
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