Este documento sonoro recoge una reunión mantenida entre el ex consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, y el agregado de Interior en Andorra, Celestino Barroso, que tuvo lugar en el despacho del primero el 2 de junio de 2014.
Es decir, algo menos de un año antes de que el banco fuese intervenido judicialmente tras la acusación de blanqueo de capitales por parte de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) del departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los máximos accionistas de BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, ya denunciaron ante las autoridades del Principado que recibieron por parte de Interior una oferta de colaboración que consistía, según su versión, en entregar a las autoridades españolas información bancaria de la familia Pujol a cambio de inmunidad.
Los máximos accionistas de BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, ya denunciaron ante las autoridades del Principado que recibieron por parte de Interior una oferta de colaboración que consistía, según su versión, en entregar a las autoridades españolas información bancaria de la familia Pujol a cambio de inmunidad.
Esta propuesta la consideraron un delito de amenazas y coacciones que denunciaron en octubre de 2016, iniciándose un procedimiento en el que ahora ponen encima de la mesa la que consideran que constituye la prueba definitiva.
Según los Cierco, los primeros contactos con el Ministerio del Interior desembocaron en una reunión entre Miquel y Barroso que fue grabada por el primero y que se encuentra en estos momentos en manos de la Justicia andorrana, que está analizando su contenido para validar la prueba.
«Soy el portador de un mensaje de Madrid», señala el alto cargo de Interior en la conversación aportada.
«Me han dicho que les comunique lo siguiente:
'Que el Banco de España tiene una inspección a Banco de Madrid -filial de BPA- y se lo van a cargar y ya hay una empresa americana dispuesta a hacerse con el banco», añade.
«Pero... Me han dicho que les transmita que depende de ustedes que eso se quede en nada y se pare la inspección. Depende de que accedan a algo que yo no sé de qué se trata».
Tras escuchar la oferta, el ex directivo de BPA le pregunta a su interlocutor si la propuesta es «oficial».
«¿Usted es policía?», le interroga.
«Sí, inspector jefe de Policía. Soy el agregado de Interior. Esta es una misión muy mía».
«Pero entiendo que tiene un carácter oficial todo esto», le insiste un escéptico Miquel. «Vamos a dejarlo entrecomillado», le contestó Barroso.
«Les van a dar un hachazo y está en su mano pararlo. Ya le he dicho a Higinio (Cierco) que hablar no cuesta nada».
«En esta vida sacudirte siempre te pueden sacudir, con mayor o menor razón», replica Miquel. «Pero yo encantado de hablar con quien sea en Andorra, en Madrid o en Barcelona, siempre se conoce gente interesante».
La familia Cierco ha vinculado esta oferta por parte de Interior a un intento de obtener información bancaria de la familia Pujol, que tenía fondos en BPA procedentes de Andbank.
Siempre según la versión de los dueños del banco andorrano, la intervención contra BPA, que a su juicio fue irregular y estuvo envuelta por episodios como el descrito, no se detuvo «probablemente porque la cantidad de dinero depositada les pareció insuficiente por los indicios de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra».
Este periódico se ha intentado poner en contacto sin éxito con Barroso, interlocutor de los Cierco en la reunión mantenida en la sede del banco en el Principado.
Tras esta conversación, los directivos de BPA fueron emplazados por parte de la Policía española en el Hotel Villamagna de Madrid. Allí, asegura la familia Cierco, se les recalcó que tenían amigos comunes, como el abogado José María Fuster Fabra, y se les requirió información sobre cuentas bancarias opacas de Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol en una cita que fue también inmortalizada.
La jefa de asesoría jurídica de la Generalitat, Mercè Curull, declarará hoy como testigo en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el ex 'conseller' y diputado del Parlament Germà Gordó, investigado por el supuesto cobro de comisiones de CDC en el conocido como 'caso 3%'.
La testigo redactó la respuesta enviada al juzgado tras la petición de que se aportase la agenda electrónica, que no ha aparecido, de cuando Gordó fue consejero de Justicia y también de su etapa como secretario del Govern.
Curull forma parte de la ronda de testigos que está interrogando el magistrado después de la comparecencia como investigado de Gordó, que en su declaración del pasado 14 de septiembre reconoció que se reunía con empresarios, aunque negó que fuesen encuentros para el cobro de comisiones para CDC.
Gordó, investigado por delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación, justificó que, por sus cargos, tenía como regla reunirse con quien se lo pidiese, incluidos empresarios.
La Fiscalía cree que Gordó era «el conseguidor o el recaudador» de presuntas comisiones ilegales que empresas constructoras pagaban a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública desde instituciones que controlaba el partido, informa El Mundo.
El juez de Madrid Juan Javier Pérez ha dado un nuevo empujón a la causa por la que se investiga al ex director adjunto operativo (dao) de la Policía, Eugenio Pino, es decir, quien fué número 2 de la Policía política del ministro del Opus Dei y del PP Fernández Díaz, por haber facilitado información a la UDEF sobre el hijo mayor del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola -ahora encarcelado-, de origen desconocido y cuyo uso ha podido anular toda la investigación a la familia Pujol seguida en la Audiencia Nacional.
Jaume Matas (PP) chivató un pelotazo a Cursach
Jaume Matas (PP), el expresident del Govern balear condenado por corrupción, aconsejó al empresario Bartolomé Cursach (foto) que invirtiera en solares próximos a la barriada del Secar de la Real, puesto que sabía que en esta zona de Palma se beneficiaría de una recalificación urbanística, como consecuencia de que iba a ser allí donde se ubicaría el hospital de Son Espases.
Jaume Matas (PP), el expresident del Govern balear condenado por corrupción, aconsejó al empresario Bartolomé Cursach (foto) que invirtiera en solares próximos a la barriada del Secar de la Real, puesto que sabía que en esta zona de Palma se beneficiaría de una recalificación urbanística, como consecuencia de que iba a ser allí donde se ubicaría el hospital de Son Espases.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa por la presunta presunta 'caja B' del PP -a raíz de los denominados 'papeles de Bárcenas- ha pedido a su compañero en este órgano e instructor del 'caso Lezo' Manuel García-Castellón la "transcripción íntegra y grabación' de la conversación entre el expresidente del PP de Madrid Ignacio González -actualmente en prisión por este último procedimiento- y el exministro del PP Eduardo Zaplana sobre la existencia de un vídeo en el que se hablaría de un presunto chantaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Rajoy atrincherado en el frente legal y Puigdemont sin prever las supuestas "desastrosas" consecuencias para Cataluña de una posible independencia.
El hispanista alemán Walther Bernecker analiza el estado del conflicto: "Yo creo que uno de los errores de Rajoy ha sido atrincherarse en el aspecto legal.
No ha actuado porque ha dicho: "La Constitución, las leyes, el Estatuto de autonomía están de mi lado”.
Pero un político tiene que hacer política y no fiarse únicamente del Derecho, por mucho derecho que le asista".
Desde el estallido de la crisis/estafa económica, el número de ricos en España ha crecido un 60%. Sólo durante el pasado año el incremento fue del 5%, hasta superar los 200.000, según un reciente estudio que considera como millonarias a las personas que ostentan un patrimonio superior al millón de dólares.
De acuerdo a este informe, la riqueza de estas personas roza los 500.000 millones de euros.
La fiscal ha mantenido este lunes en el juicio del caso Gürtel su petición de 125 años de prisión para el presunto líder de la trama corrupta del PP, Francisco Correa, y ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP Luis Bárcenas (foto) y el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo.
Diputados de Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot presentarán este martes una demanda colectiva en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por haber prohibido el pleno del Parlament que debía celebrarse este lunes gracias al recurso de amparo presentado por el PSC.
El president de la Generalitat Carles Puigdemont ha mantenido este domingo su voluntad de aplicar la ley del referéndum y declarar la independencia de Catalunya.
También ha lamentado que el Estado no acepte ninguna propuesta de mediación: “Si el Estado no responde positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer”.
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