La «grosería» de Deloitte que arruinó a las 300.000 familias del Popular
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- octubre 9º, 2017
Una de las claves para entender por qué se tomó la decisión de intervenir al Banco Popular para entregárselo al Banco de Santander está en el ya famoso y «ultrasecreto» informe que presentó la auditora Deloitte a la JUR, precisamente la empresa que presidió Miguel Zorita, uno de los personajes más oscuros del mundo empresarial español, siempre protegido por el Santander y que está impuesto por la entidad cántabra en Duro Felguera teóricamente para buscar soluciones a esta compañía cuando, en realidad, está trabajando por los propios intereses del Santander.
Según parece, porque nadie lo ha visto, salvo los que tomaron la decisión de arruinar a 300.000 familias para rescatar a una entidad en serias dificultades, Deloitte presentó unos escenarios negativos que oscilaban entre -2.000 y -8.000 millones de euros.
También se ha reconocido que en el informe había un escenario positivo de 2.000 millones pero que no se quiso aplicar porque no se ajustaba a la normativa.
Por otro lado, la propia Deloitte, en la persona de Francisco Celma, va a ser procesada por graves irregularidades en la salida a bolsa de Bankia.
Según Pedro Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, ese desfase es una «grosería técnica» y ha criticado los diferentes escenarios que se contemplaron antes de la intervención porque es «como no decir nada».
En la comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Sánchez afirmó, en referencia al informe de Deloite, que si realmente «el informe dice esto y si esta es la valoración que se hace de la entidad, técnicamente hablando es una grosería.
No tiene ningún sentido».
Por otro lado, el presidente de los inspectores dijo a los diputados que hay “debilidades” en la supervisión y los mecanismos de resolución europeos. «Si cualquier inspector dice que en una cartera de crédito ha encontrado un eventual deterioro de entre 200 y 300 millones, no vamos a quedar muy bien profesionalmente.
Pero si digo que el eventual quebranto que he detectado variará en función del escenario entre 200 y 800, quizás es mejor que me dedique a otra cosa».
Por tanto, según los profesionales de la supervisión, el propio informe de Deloitte ya parte de un punto muy bajo respecto a la profesionalidad del mismo y, por tanto, debería haberse puesto muy en duda antes de tomar la decisión de arruinar a más de 300.000 familias, de las que un 74% están formadas por jubilados o pensionistas.
Por otro lado, la Audiencia Nacional, tras admitir la querella de Estel Ingeniería contra Emilio Saracho, la Sindicatura de Accionistas y los consejos de administración del Banco Popular, ha solicitado a la JUR la entrega de la documentación que se tomó como base para intervenir a la entidad y entregársela al Santander por un euro, concretamente, ha solicitado el propio informe de la Junta de Resolución y el «ultrasecreto» de Deloitte.
En el auto se ordena que el FROB remita los expedientes de 2016 y 2017 relacionados con el Popular y el «generado por el procedimiento comunitario de resolución, con entrega del informe de valoración llevada a cabo por el experto independiente».
Por tanto, el juez Fernando Andreu reclama la documentación que le ha sido negada persistentemente tanto a los despachos de abogados que están defendiendo los intereses de los 300.000 arruinados, como al propio Congreso de los Diputados o a los europarlamentarios españoles que lo solicitaron a las autoridades europeas.
No es descartable que, a pesar de que los informes hayan sido solicitados a través de un auto judicial, las autoridades económicas le denieguen al propio juez dicha documentación porque, tal y como ya hemos publicado en Diario16, hay quien ya empieza a dudar de la existencia de los mismos o que se redactaron en base a los intereses de quienes pergeñaron, diseñaron y ejecutaron la Operación Washington.
En unos momentos como los que está viviendo España, en los que se está señalando el cumplimiento de la ley por encima de cualquier otra cosa, que las instituciones económicas europeas y españolas pongan tantas trabas al acceso de una documentación que es pública es un escándalo más en todo lo que se refiere a la intervención del Banco Popular y la ruina de 300.000 accionistas.
En referencia a esa situación, con la posible salida de las entidades catalanas de su territorio de referencia, ¿cuál habría sido el valor del Popular en esta situación?
Este movimiento de CaixaBank y de Sabadell tiene dos vertientes en referencia a la posición que hubiera ocupado la que entonces era la sexta entidad bancaria del país.
En primer lugar, la pérdida del valor de los dos bancos catalanes tendrá una repercusión clara con la retirada de depósitos que se moverán a otras entidades, en principio a Santander y BBVA pero, en el caso del Popular, también habría tenido una importante captación de fondos.
En segundo lugar, habría captado un porcentaje importante de los clientes pyme «fugados», lo que hubiese generado un incremento de liquidez y de depósitos. En conjunto, la revalorización hubiese sido muy importante.
De otro lado, la propia cartera inmobiliaria del Popular, tal y como hemos visto y publicado, tenía un valor muy superior al puesto en el mercado por el Santander, un valor que no se tuvo en cuenta a la hora de decidir sobre la intervención.
Por tanto, el juez Andreu, ante las certezas de que se han podido cometer irregularidades, más allá de las demandas que se puedan interponer, está en la obligación de suspender cautelarmente la operación de venta del Popular al Santander y la propia intervención puesto que, dados los movimientos que está realizando la entidad cántabra, dada la documentación que recibirá, dados los análisis sobre dicha documentación que hacen los expertos, todo indica que, presuntamente, todo se hizo con una interpretación de la ley demasiado laxa y forzando los límites de la misma hasta situaciones en que se rozó la ilegalidad o, directamente, se vulneró la ley.
Mientras, las 300.000 familias arruinadas siguen esperando una solución que sólo puede venir de la mano de la Justicia y, precisamente, para que la decisión que se adopte sea justa no puede permitir que el Santander plantee un escenario de tierra quemada en la que ya nada tenga solución ni haya opciones de una vuelta atrás.
La misma Audiencia Nacional determinó que las consecuencias podrían ser irreversibles.
Para evitar esto y para que la Justicia pueda trabajar con tranquilidad la única salida que hay es la de la suspensión cautelar de la operación que impida que el Santander continúe haciendo negocio con el patrimonio y con los clientes del Popular.
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