El gobierno eliminó los subsidios a los servicios públicos con el argumento de bajar el gasto público para equilibrar la economía, pero la ayuda que le sacaron a ciudadanos y comerciantes fue a parar al bolsillo de los bancos.
A los pocos meses de asumir, el gobierno de Mauricio Macri impulsó un fuerte reajuste de las tarifas de los servicios públicos. El nuevo gobierno planteó que era demasiado costoso seguir sosteniendo los cuadros tarifarios vigentes.
Hasta entonces, el Estado utilizaba una parte importante de sus ingresos para pagar “subsidios energéticos” a las empresas del sector para compensar “lo poco” que pagaban los usuarios.
Según el análisis de Cambiemos, había que reducir estos gastos para corregir el déficit fiscal.
La forma de hacerlo fue a través de los tarifazos: los usuarios pagan un precio más alto y se reducen las compensaciones (subsidios) que debe otorgar el Estado a las empresas.
Hasta aquí podría considerarse como una cuestión de diferencia de doctrina o de ideas económicas: de un lado (el gobierno anterior), un pensamiento de los servicios públicos como derecho de los hogares; del otro (el gobierno actual), una visión liberal según la cual cada usuario debe “pagar lo que consume” sea cual sea el servicio.
Diferencias con consecuencias graves en materia de equidad, pero discutibles y dentro de la lógica de la democracia que supimos conseguir.
Cuando analizamos en qué utilizó el Estado lo que ahorró con la reducción de los subsidios el tema pasa a ser un poco más áspero: la reducción del peso de los subsidios energéticos en el gasto estatal (del 13% a 5,4% entre 2015 y 2017) fue compensado por un incremento del peso de los intereses (del 6,8% al 11,7% en el mismo período).
El precio del gas y la energía eléctrica dejó de sostenerse para poder mantener la entrada de dólares que necesita la estrategia de los grandes especuladores del negocio financiero.
Así las cosas, las diferencias reales entre una y otra política no son sólo de doctrina económica, sino de intereses, ganadores y perdedores: entre todos pagamos el negocio financiero de unos pocos.
Subsidios energéticos e intereses en el gasto total (acumulado ene-jul de cada año):
Fuente: elaboración propia, datos de ONP y ASAP.
Más inequidades
Por otra parte, se anunciaba un criterio de “justicia económica” gracias a la aplicación de la Tarifa Social. Los beneficiarios de este programa, en el caso del Gas Natural abonan sólo los componentes fijos de su factura de gas.
Sin embargo, aun considerando el efecto de la tarifa social, el impacto del tarifazo fue absolutamente desigual.
Los hogares del decil 1 (el 10% más pobre) que en 2015 destinaban el 4% de sus ingresos para atender su demanda de gas por red (aquellos que contaban con este servicio), en 2017 deben destinar el 8,6%.
Los hogares del decil 2 (el 10% que le sigue al anterior), que en 2015 destinaban el 1,8% de sus ingresos para este producto, pasaron a destinar el 3,8% en 2017.
En el otro extremo, los hogares del decil 10 (el 10% de mayores ingresos) que en 2015 destinaban el 0,5% de sus ingresos, en 2017 pasaron a destinar el 1,2%.
Dicho de otro modo, a los hogares del decil 1 el tarifazo les arrebató el 4,6% de sus ingresos, al decil 2, el 1,9% y al decil 10, sólo el 0,7%.
Impacto del tarifazo en el ingreso de los hogares:
* Publicado en Rosario Plus
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