La Brigada Político Social y su continuación en la “democracia”
Por la sede de la Brigada Político Social (BPS), situada en la Dirección General de Seguridad, pasaron muchos activistas estudiantiles y militantes de izquierda.
La BPS se dedicaba a perseguir y reprimir a toda la oposición al régimen franquista.
La nueva estrategia judicial de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), comenzó con la querella de Luis Suárez-Carreño.
La primera querella individual presentada en el Estado español contra Antonio González Pachecho, conocido como ‘Billy el Niño’.
Suárez-Carreño, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y miembro de ‘La Comuna’, grupo de represaliados y represaliadas por el franquismo, así como los otros querellantes, pretenden demostrar que las torturas de la Brigada Político Social (BPS) no eran casos aislados, si no un método de represión contra la resistencia política al franquismo.
De este modo, esperan que sean considerados crímenes contra la humanidad, que según el derecho internacional no prescriben.
En los próximos meses, el resto de querellantes irá tramitando sus querellas individuales al igual que Suárez-Carreño.
Suárez-Carreño además apuntaba contra otros dos policías franquistas e inspectores de BPS:
Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal.
Otros de los querellantes son
Rosa María García (FRAP), Adolfo Rodríguez (PCE), Willy Meyer (PCE e Izquierda Unida), Jesús Rodríguez (LCR), Felisa Echegoyen (LCR) o José María ‘Chato’ Galante (LCR).
¿Qué fue de los torturadores de la BPS?
Se calcula que en 1968 había unos 22.000 torturadores en la Brigada Político Social. Hoy en día, muchos miembros de la BPS no solo siguen libres, sino que además muchos continuaron sus carreras dentro de la Policía. Muchos no fueron identificados, y solo los casos más mediáticos como el de ‘Billy el Niño’ tienen mayor repercusión.
A continuación, algunos de los nombres que figuran en la Querella Argentina, acusados por torturas.
Antonio Gónzalez Pacheco, ‘Billy el Niño’.
Una de sus “gestas” policiales es haber participado en la liberación del general Villaescusa, secuestrado por los GRAPO.
Por ello, en 1977 Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación, le concedió la Medalla al Mérito Policial.
Pacheco fue uno de los miembros más activos de la BPS, hasta su disolución en 1976.
A pesar de que una gran cantidad de las personas detenidas e interrogadas por Pacheco le denunciaron, solo fue condenado a pagar dos multas. Una de ellas por la agresión al periodista Paco Lobatón en 1974, por entonces estudiante universitario.
Todos los procesos que González Pacheco tenía pendientes se sobreseyeron al beneficiarse en 1977 de la Ley de Amnistía.
Pero continúo desde 1977 en la Brigada Central de Información, siguiendo bajo el mando del comisario Conesa.
Trasladado después a la Brigada Antiterrorista, se le vincula a la guerra sucia contra ETA y con atentados de ‘Antiterrorismo ETA’ y ‘Batallón Vasco Español’ en Francia.
Dirigió el grupo ‘Anti-GRAPO’, de la Brigada Central de Información.
Muchos de sus miembros acabaron tiempo después en la Brigada Antigolpista, dirigida por Emilio Sánchez.
En un intento de lavado de cara del Régimen, en 1984 Pacheco pide la excedencia del Cuerpo Nacional de Policía y pasa al sector privado trabajando como jefe de seguridad en una fábrica de Madrid.
En 1996 monta su propia empresa: Spas Consultores (Servicios de Prevención de Atentados y Secuestros SL).
Pascual Honrado de la Fuente
Considerado uno de los principales torturadores franquistas en Asturias.
En 1977 le admiten en el Cuerpo General de Policía. La jueza Servini acusa a Pascual Honrado de “torturar a Gerardo Iglesias, exsecretario del PCE y ex Presidente de IU” por incitar a la huelga.
Benjamín Solsona, alias ‘El Galleta’.
Señalado como torturador, participó en los interrogatorios y torturas de estudiantes universitarios militantes del Partit Comunista del País Valencià en 1971.
En 1980 fue nombrado Jefe Superior de Policía en Bilbao. y Jefe Superior de Policía de Balear hasta 1988.
Roberto Conesa Escudero.
Policía implicado en la represión política desde 1939 y en la detención de grupos como Las Trece Rosas. Al principio de la dictadura se dedicó a perseguir a las Juventudes Socialistas Unificadas, al PSOE y al PCE.
Más tarde, al movimiento estudiantil y el movimiento obrero, así como a la extrema izquierda.
También estuvo implicado en la resolución del secuestro de Villaescusa en 1977.
Jesús González Reglero.
Formaría parte del grupo ‘Anti Grapo’’ dirigido por Billy el Niño. Acusado de torturas a varios militantes antifranquistas, fue Comisario Jefe de la Comisaría de Leganés hasta 2014.
Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal.
Algar Barrón fue policía hasta 1988. Celso Galván estuvo implicado en la muerte de Enrique Ruano, de 21 años, estudiante y militante del Frente de Liberación Popular. Fue escolta de Franco y más tarde de la Casa Real.
Jesús Martínez Torres.
En 1982 al ganar el PSOE las elecciones, ascendió a Comisario General de Información responsable de a lucha antiterrorista. Tiempo después, sería imputado por los crímenes de los GAL.
En 2013 fue nombrado comisario de honor del Cuerpo Nacional de Policía.
Jesús Quintana Saracibar.
Capitán de la Policía Armada, responsable de las fuerzas que asaltaron la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria en marzo del 1976. El resultado fue cinco obreros asesinados y decenas de heridos.
Manuel Ballesteros.
Trasladado desde Valencia a San Sebastián, fue comisario allí en 1974, para ser luego Jefe superior de Policía en A Coruña en 1976. En 1978 lo es de Bilbao.
Fue director del Gabinete de Información del Ministerio del Interior con el gobierno del PSOE, con Barrionuevo como ministro, imputado por desviar fondos públicos al GAL.
¿Reclamo de justicia a una institución heredera del franquismo?
En 2013 la jueza argentina María Servini de Cubría emitía una orden de búsqueda y captura internacional contra González Pacheco y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas.
En abril de 2014 la Audiencia Nacional rechazaba la extradicción argumentando que los delitos de los que les acusan han prescrito al no considerarlos crímenes contra la humanidad.
Según la Audiencia Nacional, las torturas de las que se acusan a los miembros de la BPS no son crímenes de lesa humanidad porque no suponían un “ataque sistemático y organizado a un grupo de población”.
Más allá de la reconversión del Tribunal de Orden Público en la Audiencia Nacional, ni en el ejército, ni en la Justicia, ni en el aparato policial hubo expulsiones significativas.
Es más, muchos de los miembros de la policía, la Justicia y el ejército franquistas ocuparon cargos similares, e incluso ascendieron, durante la Transición y su Democracia.
Este entramado represivo que el actual Régimen del 78 mantiene heredado del franquismo, ha sido utilizado por los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del Partido Popular, para reprimir a activistas y militantes de izquierda.
Y este no consta tan solo de las fuerzas represivas, sino que cuenta también con la judicatura. Es por ello que buscar justicia apelando a estas instituciones y bajo sus reglas es, en la gran mayoría de casos, una derrota anticipada.
La aprobación de la antidemocrática Ley Mordaza el año 2015 mostró el rostro más reaccionario y autoritario del Partido Popular, que se hizo valer de su mayoría absoluta para aprobarla en el Congreso y el Senado con la amplia oposición del resto de las fuerzas políticas y el rechazo absoluto de la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales en las calles.
Ahora, tres años después del brutal ataque a las libertades democráticas y a tan solo una semana del 1 de Octubre, esta ley volverá a ser debatida en el Congreso.
Sin duda, su derogación le impondría un duro golpe al Gobierno de Rajoy, que ya se encuentra muy cuestionado por la ofensiva represiva frente al referéndum catalán.
Sin embargo, las pistas no nos conducen a pensar que esa sea la opción más probable.
Entre las dos proposiciones de Ley admitidas a trámite este martes para transformar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana se encuentran la del PSOE y la del PNV.
Los socialistas plantean de forma explícita la derogación, aunque paralelamente se apoya en el regreso a la conocida “Ley Corcuera” aprobada en 1992 y que ya fue muy criticada en su momento desde la izquierda y los sindicatos por atacar las libertades democráticas.
Mientras mantiene la esencia de la ley actual, recupera los peores elementos de la ley anterior: da manga ancha a la actividad represiva de la policía en casos de identificación ciudadana –en esto coincide con la del PNV- y ofrece la posibilidad de entrada y registro en domicilios privados de tal forma que estos puedan ser usados para desalojos ilegales.
En base a este punto, la Ley Corcuera llegó a ser conocida como la "ley de la patada en la puerta".
Lo mismo ocurre con la intervención en la vía pública, la generalidad y confusión de la norma propuesta esconde su posible utilización para desalojar manifestaciones y acciones de protesta.
La propuesta del PNV, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos propone vagamente la ampliación del derecho a huelga pero sin especificar en qué consiste concretamente, al mismo tiempo que plantea de forma meramente retórica acabar con prácticas racistas como las devoluciones en caliente, pero sin incluirlo en la propuesta.
Ambas leyes mantienen el valor probatorio del testimonio de la policía. En definitiva, ambas propuestas siguen suponiendo un verdadero ataque a los derechos y libertades democráticas del conjunto de la población.
En tan solo tres años desde que se impuso la Ley Mordaza se ha procesado a miles de luchadores y luchadoras sociales.
Hay que recordar el caso de Alfon, a los Titiriteros o la twittera Casandra, los casos más recientes y más sonados de una larga lista que cada día crece más.
Esta ley se ha convertido en la principal baza del Estado para enfrentar el derecho a la protesta, manifestación y libertad de expresión del conjunto de la clase trabajadora, las mujeres, la población inmigrante y la juventud.
Sólo con la movilización social en las calles en defensa de las libertades y los derechos democráticos es posible tumbar la Ley Mordaza y pelear por el desprocesamiento de todos los presos y presas por luchar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario