La opacidad de todas las instituciones de Europa es la demostración de que ellos, junto al Gobierno español, arruinaron a los 300.000 accionistas del Popular para regalar la entidad al Santander.
Nuevamente, las instituciones europeas -en manos de la derecha neoliberal y corrupta- están demostrando que fueron uno de los cómplices fundamentales para poder ejecutar la operación de incautación del Banco Popular y para que la ruina de otros 300.000 ciudadanos españoles sirviera para rescatar al Santander, banco del franquismo nazional.
La Comisión Europea se ha negado a explicar la venta del Banco Popular por un euro al Santander porque, según la versión del Gobierno de la UE, dar esas explicaciones iría en contra de la entidad compradora, es decir, el Santander, y del sistema financiero -oligáquico y corrupto- de la Unión.
¿Proteger a la entidad compradora?
¿Ser transparente con una decisión que ha arruinado a más de 300.000 pequeños accionistas es un peligro para el sistema financiero de la Unión Europea?
La propia decisión ya conlleva una confesión:
se hundió al Popular para rescatar al Santander porque las pérdidas de la entidad cántabra causadas por el Brexit y por la desaceleración de las economías latinoamericanas —Brasil sobre todo— podrían provocar la caída de uno de los gigantes de la banca europea que, además, fue fundamental para crear un mercado financiero único europeo con su entrada en el monárquico mercado británico.
Esto Europa no lo podía permitir y, por esta razón, se convirtió en uno de los cómplices fundamentales en la operación que se gestó a mediados del año 2016, precisamente cuando la salida del Reino Unido de la Unión Europea se veía más que probable.
Según un documento al que tuvo acceso Expansión, la Comisión Europea ha negado nuevamente que los afectados por la incautación del Popular puedan ver la documentación en la que se basó la decisión de intervenir a la sexta entidad financiera española y entregársela en una subasta secreta al Santander.
Uno de esos documentos es el ya famoso informe de Deloitte, un documento que la propia auditora ha reconocido que se trataba de un informe de liquidación, no de solvencia o liquidez.
Otros documentos a los que se está denegando el acceso es el informe de activos de la Junta Única de Resolución (JUR), el informe del Banco Central Europeo y de la resolución de la JUR. Es decir, que se deniega poder comprobar cómo, cuándo y por qué se tomó la decisión que llevó a la ruina a más de 300.000 familias.
Esta negación de la Comisión Europea, además de ir en contra de uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta la propia Unión Europea, es causa de indefensión para los afectados.
Por otro lado, que la Comisión Europea esté siendo tan opaca a la hora de facilitar la información requerida por los afectados de la incautación del Popular es un reconocimiento implícito de que,
en primer lugar, formó parte de la operación de rescate al Santander y, en segundo lugar, que las cosas se hicieron rozando los márgenes legales, cuando no superándolos. Si todo se hizo ajustándose a la ley no hay necesidad de opacidad.
El documento de la Comisión Europea al que ha tenido acceso Expansión lo deja muy claro: “La publicación de estos documentos podría socavar los intereses comerciales de Santander y de sus accionistas.
Los datos financieros antes mencionados, en particular, la información sobre la posición de Popular en el mercado, además de información sobre sus activos y responsabilidades, constituyen información financiera sensible de Santander como comprador de Popular.
La revelación de esta información, en este momento, podría socavar la protección de los legítimos intereses comerciales de Santander en lo relativo a su posición competitiva en el mercado bancario”.
A lo que se añade lo siguiente: “Hacer públicos en este momento estos textos completos podría menoscabar la protección del interés público en lo relativo a la política financiera y económica de la Unión […].
En particular, los documentos concernidos contienen datos financieros muy sensibles que incumben al sector bancario de la Unión, y cuya revelación podría causar reacciones adversas en el mercado, poniendo en riesgo la estabilidad financiera en la Unión. Hacerlos públicos podría causar efectos indirectos que podrían afectar a la posición financiera de otras instituciones de crédito en la Unión”.
Se atropellan los derechos y se incauta el patrimonio de más de 300.000 familias para defender los intereses comerciales del Santander y para proteger la estabilidad financiera de la Unión Europea.
Se anteponen los intereses del Santander a los de sus ciudadanos.
Nuevamente se priorizan a las élites a las necesidades de la ciudadanía, tal y como se hizo con el rescate a las entidades españolas en julio de 2012.
Europa se está convirtiendo en una institución que actúa de espaldas a su ciudadanía.
Cada día que pasa se hace más lógico el paso que dio el pueblo británico, un paso que los españoles deberían reclamar porque si esta Europa es capaz de tomar decisiones para defender la estabilidad de una entidad privada incautando las propiedades de más de 300.000 familias, quiere decir que han olvidado los principios fundamentales que deberían regir la actividad de la Unión.
El Santander consiguió hacerse con el Popular gracias a la complicidad de las autoridades europeas y del Gobierno de España.
Por un lado, Europa esperó a que la operación bajista y los movimientos de Emilio Saracho llevaran al Popular a una situación límite, todo ello permitido por los organismos dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos —Banco de España y CNMV—.
Una vez que el precio de la acción se derrumbara por debajo de 0,40 euros y el pánico de los mercados se trasladara a los clientes y comenzaran a retirar sus depósitos, las autoridades europeas tenían que intervenir a la sexta entidad española y entregársela al Santander, todo ello justificado con informes y documentos que permanecen tan ocultos que incluso ya se duda de que realmente haya existido tal documentación.
La decisión de dar luz verde a la ejecución de la operación y, por tanto, a la intervención del Popular se tomó en Estados Unidos, en el hotel Westfields Marriott de Chantilly (Virginia), a pocos kilómetros de la Casa Blanca, entre los días 1 a 4 de junio de 2017.
En esas fechas, Luis de Guindos se reunió con la presidenta del Santander. La noche del 6 al 7 de junio el Popular fue incautado y regalado a la entidad cántabra por un euro en una subasta igual de clandestina que la documentación sobre la que se asentó la decisión de dejar en la ruina a más de 300.000 familias, informa Diario 16.
Foto: Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
Fondos acusan a Bruselas de fallar en la evaluación del Popular
Algebris, Anchorage y Ronit acusan a la Comisión Europea de ser el responsable último de los errores de la resolución de Popular que emitió la Junta Única de Resolución (JUR).
Estos fondos han planteado dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), uno contra la JUR y otro dirigido específicamente contra la Comisión Europea.
Se trata de los únicos inversores que hasta la fecha han presentado dos recursos distintos entre los 52 que ha admitido a trámite el TJUE.
La alegación clave de los recursos de los fondos es que la Comisión Europea fracasó en la evaluación apropiada o en todo caso de los aspectos discrecionales de la resolución que adoptó la JUR, según trasladan fuentes jurídicas.
Se trata de un argumento que no han esgrimido otros inversores, y que se apoya en el Reglamento (UE) No 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, que establece las normas del procedimiento para la resolución de entidades de crédito en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución.
Así, el Reglamento estipula en su párrafo 24 que "la evaluación de los aspectos discrecionales de las decisiones de resolución tomadas por la Junta debe ser efectuada por la Comisión".
Y en el 26, concreta que "si la Junta considera que se cumplen todos los criterios para poner en marcha una resolución, debe adoptar el dispositivo de resolución. [En] el procedimiento relativo a la adopción del dispositivo de resolución [...] intervienen tanto la Comisión como el Consejo. [...].
Por consiguiente, el presente Reglamento establece que el dispositivo de resolución adoptado por la Junta sólo entre en vigor si, en el plazo de 24 horas tras su adopción por la Junta, ni la Comisión ni el Consejo presentan objeciones al mismo, o si el dispositivo de resolución es aprobado por la Comisión".
Los fondos argumentan que Bruselas debería haber esperado 24 horas después de que la JUR adoptara la resolución antes de darle la validación necesaria para su entrada en vigor.
En cambio, según los documentos no confidenciales y las declaraciones de la JUR y de la Comisión, el proceso sólo llevó minutos en la madrugada del 7 de junio (ver información adjunta).
Los fondos perdieron, junto con Pimco, que no firma las demandas, 850 millones en la resolución, y están asesorados por Quinn Emanuel. En los dos recursos que han presentado solicitan la anulación de la resolución. En los próximos meses, van a plantear otros recursos para reclamar compensación.
La Comisión Europea validó la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) entre las 5.13 horas del 7 de junio, cuando la JUR le transmitió la resolución, y las 6.00, hora en la que se notificó a Santander que su oferta de compra de Popular era aceptada. A las 6.30 la resolución de la JUR entró en vigor.
A las 7 horas, la JUR decide publicar un resumen de su decisión, que explica en rueda de prensa su presidenta, Elke König, a las 11 horas.
Los fondos piden aplicar la 'doctrina Meroni' del Tribunal Europeo, que obliga a que cualquier poder que suponga adoptar decisiones discrecionales que requieran juicios políticos debe ser ejercido por una institución europea como la Comisión o el Consejo. Según el comisario Barnier, sólo la Comisión dispone de los recursos y es capaz de adoptar decisiones muy técnicas en un periodo de tiempo corto. Y falló con Popular, esgrimen los fondos, informa Expansión.
Una asociación de 342 afectados por la venta de Banco Popular pide suspender el pago de los préstamos
Un grupo de 342 personas ha formado una asociación de afectados por la venta del Banco Popular al Banco de Santander y, como primera medida, el bufete que les representa ha pedido a la Audiencia Nacional como medida cautelar la suspensión del pago de los préstamos de doce de ellos.
Se trata de la primera asociación nacional de afectados por este asunto, defendido por el despacho de abogados sevillano Sanguino, que inicialmente ha pedido la suspensión del pago de los préstamos a las personas que han presentado toda la documentación de los mismos, en una medida que fuentes del bufete explican que deberá tener respuesta antes de finales de año.
Estas personas se han unido para defenderse de forma global "tras verse perjudicadas por la adquisición de acciones o de deuda subordinada y por el proceso de resolución de esta entidad bancaria".
La idea es que los afectados puedan conocer directamente todas las acciones económicas, jurídicas y sociales que va a emprender esta asociación "teniendo en cuenta que éstos perderán todo su dinero y que en muchos casos se pondrán en riesgo sus propios negocios por las fuertes pérdidas que tendrán que absorber en sus balances".
Con respecto a la petición de la congelación de los préstamos, se trata de los que el banco concedió para comprar sus propias acciones y que han causado pérdidas de distintas cantidades a sus clientes, así como verse forzados a pagar préstamos que, en algunos casos, culminarán en 2018, con la idea de ampliar las solicitudes de las medidas cautelares según se vaya teniendo la documentación referente a la suspensión.
Para evitar listas de morosos
La denuncia se ha presentado contra los dos consejos de administración del Popular y contra su auditoría y reclama que la paralización del pago de los préstamos sea total y no implique que los usuarios puedan ingresar en listas de impagos "por morosos" ni se les cobren intereses de demora.
También se ha dirigido contra la resolución de la comisión gestora de la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB), con el fin de tener acceso al expediente administrativo de este caso, así como al informe de la auditora Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), que valoró Banco Popular en -2.000 millones de euros, que serían -8.200 millones en un escenario de estrés financiero.
Los integrantes de la asociación han hecho un llamamiento a las personas que quieran formar parte de ella para que, si adquirió deuda subordinada o se ha visto de una u otra forma afectado tras la venta de este banco, puede integrarse en la misma.
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