Casi mes y medio después de que el Popular fuera entregado al Santander por el precio simbólico de un euro, crecen las dudas sobre una operación que fue calificada de exitosa por las autoridades europeas y por el Gobierno español.
Lo que inicialmente se presentó como una intervención quirúrgica rápida y limpia acumula nuevas incógnitas conforme aparecen datos acerca de su desarrollo.
Entre los perjudicados también han aumentado las incertidumbres a raíz de la restrictiva oferta que les ha hecho el Santander para que recuperen parte de su dinero, siempre que continúen como clientes.
¿De verdad no se pudo evitar la caída del banco?
La intervención fue la única manera de impedir que el banco tuviera que declararse en quiebra ante la imposibilidad de hacer frente a las masivas salidas de depósitos que se estaban produciendo.
Ésta es, muy resumida, la explicación oficial de lo que ocurrió el 7 de junio, día en que el Popular fue intervenido por orden de la Junta Única de Resolución (JUR)europea.
Sin embargo, hasta entonces, el Banco de España no había tenido inconvenientes en facilitarle liquidez (2.800 millones de euros entre abril y mayo). ¿Cuál es la razón de que le cortara el grifo, justo en el momento más delicado?
Sobre ello hay dos versiones. Según la antigua cúpula del Popular, el Banco de España sólo le concedió 3.800 millones de los 9.500 solicitados antes de que todo se fuera a pique, y eso desencadenó la crisis.
En cambio, el regulador asegura que el Popular, por razones desconocidas, no presentó los avales suficientes para conseguir el dinero que pedía, pese a que debía de contar con ellos.
Si esto es así, como afirmó públicamente el subgobernador del Banco de España, ¿por qué Emilio Saracho no echó el resto para evitar (o retrasar al menos) lo que finalmente ocurrió?
Sobre su comportamiento durante los cuatro meses que permaneció como presidente del Popular han llovido las críticas. Se le ha reprochado que, en vez de neutralizar la desconfianza que existía hacia la entidad, contribuyera a ahondarlas al exteriorizar sus propias dudas. Como si no creyera del todo en el trabajo para el que había sido contratado.
Un feo asunto ha salpicado a Saracho durante los últimos días: el hecho de que mantuviera como vicepresidente del Popular a José María Arias Mosquera, pese a disponer de un informe que le vinculaba con un presunto blanqueo de capitales cuando estaba al frente del Banco Pastor.
Saracho recibió ese informe de su predecesor, Ángel Ron, y asegura que lo puso en manos de la justicia, pero se abstuvo de relevarlo del importante cargo de representación que ocupó hasta la entrada del Santander.
¿Por qué no se hace público el informe de Deloitte?
Para justificar la venta al Santander por el precio simbólico de un euro, la JUR se amparó en una rigurosa (y, según se desarrollaron los acontecimientos, muy apresurada) valoración del Popular realizada porDeloitte después de que ninguna entidad decidiera acudir a una subasta normal para quedárselo.
El informe de la consultora estimaba que el banco tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.000 millones, atendiendo a la calidad de sus activos, las provisiones inmobiliarias aún pendientes de realizar, el deterioro del fondo de comercio y el coste de las eventuales demandas de los damnificados por la liquidación del banco.
Sin embargo, según ha sabido después, Deloitte manejó tres escenarios, en función de las dificultades que hubiera de afrontar el Popular: central, estresado y optimista, y en este último su valoración era positiva en 1.500 millones de euros.
Por qué se desechó está opción, más onerosa para el comprador pero que habría reducido las pérdidas de accionistas y tenedores de otros instrumentos de capital (bonos convertibles, deuda subordinada), es una incógnita.
Desde distintas instancias, entre ellas el Parlamento europeo, se ha exigido la publicación íntegra de tan decisivo informe, a lo que la JUR se opone alegando razones de confidencialidad, a pesar de que más daño no se le puede hacer ya al Popular.
¿Por qué ha hecho el Santander una oferta tan cicatera?
El nuevo propietario del Popular se descolgó la semana pasada con una oferta a los minoristas perjudicados por su resolución, que ha merecido fuertes críticas de asociaciones de consumidores como la OCU y Adicae.
En síntesis, se trata de una emisión de deuda perpetua, amortizable a partir del séptimo año cuando al Santander le convenga y con un interés anual del 1%, que podrán suscribir gratuitamente en septiembre de este año quienes acudieron a la última ampliación del Popular o mantenían en su poder deuda subordinada de la emisión de 2011.
Sin embargo, no todo el mundo podrá beneficiarse de esta posibilidad, que está restringida a los inversores con hasta un millón de euros pillados en el Popular y que prevé importantes quitas para los tramos deentre 100.000 y 500.000 (25%) y de entre 500.000 y un millón (50%).
Además, para acceder a lo que el Santander llama “bonos de fidelización” será imprescindible renunciar a acciones legales y mantener durante toda su vigencia las posiciones que se tenían previamente con el Popular, lo que en teoría equivale al compromiso de continuar vinculado de por vida con el Santander.
Lo que se pretende con esta operación parece claro: reducir la litigiosidad y las consecuencias reputacionales derivadas de un masivo proceso judicial, además de recuperar a los clientes que huyeron del Popular cuando estalló la crisis y evitar nuevas salidas.
Después del verano se verá si el Santander alcanza estos propósitos o si puso condiciones que restaron todo atractivo a su oferta, con la que no espera gastarse más de 700 millones, de los 2.000 en que cifró los posibles efectos de un pronunciamiento adverso de los tribunales.
¿Neutraliza esa oferta la recuperación del dinero por vía legal?
Quienes acepten los “bonos de fidelización” no podrán pleitear contra el Popular, ni por elevación contra el Santander. Pero nadie puede prohibirles que actúen contra los organismos que decidieron la intervención y venta de su antiguo banco, si consideran que hay base suficiente para ello.
Tanto en la JUR como en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se encargó de ejecutar la operación, no descartan que puedan ser objeto de demandas, quizás no tanto provenientes de minoristas como de grandes inversores particulares o institucionales.
Éstos, que no están incluidos en la oferta de los “bonos de fidelización” y tienen las manos libres para proceder contra quien quieran, han movilizado ya a los principales bufetes de abogados del país, aunque algunos han dado un paso atrás para evitar conflictos de intereses con el Santander, importante fuente de negocio para ellos.
En cualquier caso, será difícil evitar que la resolución del Popular, pese a todo, acabe teniendo una dimensión judicial similar al fraude de las preferentes o de la salida a Bolsa de Bankia.
Bruselas defiende la liquidación del Banco Popular y se prepara para una avalancha de pleitos
Los organismos europeos que decidieron la liquidación del Banco Popular, la primera de estas características que se ejecuta tras la instauración de la Unión Bancaria, han defendido la decisión y se preparan para la previsible avalancha de demandas de grandes inversores.
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, ha reiterado en varias ocasiones que el proceso fue transparente, cumplió con las normas de la Unión Bancaria y evitó el "contagio" en el mercado, además de no costar un euro a los contribuyentes.
No obstante, reconoció que, como acto que emana de la UE, la decisión puede ser recurrida ante la corte comunitaria, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Filtraciones sobre la vigilancia al Popular
König ha tenido que defenderse además de las acusaciones de haber filtrado información antes de la operación, ya que después de que nombrase al Banco Popular entre los bancos "vigilados" en una entrevista con Bloomberg, el precio de la acción cayó un 3,6 %.
Asimismo, tras las informaciones publicadas en Reuters citando a un cargo europeo respecto a un "aviso temprano" de la JUR sobre el Popular, estas bajaron un 18%.
En España, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha insistido en que el organismo no ha tenido ninguna participación en la operación, decidida en Fráncfort y ejecutada por el FROB. Aunque se ha mostrado partidario de que el Banco Central Europeo (BCE), que es del que depende la supervisión de las principales entidades de la zona del euro desde finales de 2014, le permita proporcionar todos los datos sobre la situación del banco en los días previos a la liquidación.
Un informe polémico
Para los afectados, tanto minoristas como institucionales, la clave reside en el informe que la consultora Deloitte presentó ante la JUR y que atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.
König se ha apresurado a rechazar la posibilidad de que se haga público dicho informe, que contendría "información confidencial" aunque varios accionistas han reclamado que se haga público.
La avalancha de demandas no se ciñe al anterior equipo gestor, tanto de la etapa de Ángel Ron como de la de su sucesor, Emilio Saracho, sino que ha alcanzado al FROB, al BCE, a la CE o al Santander, que se quedó con la entidad por un euro.
Pero la oferta anunciada por el banco que preside Ana Botín para compensar a los clientes del Popular que acudieron a la ampliación de capital del verano pasado podría reducir en parte el número de reclamaciones.
La propuesta de los 'bonos' del Santander
El Santander propone entregar "bonos de fidelización", que darán derecho a una rentabilidad fija anual del 1 % que se pagará trimestralmente, obligaciones con 100 euros de valor nominal amortizables a partir del séptimo año, tras lo cual el titular recibirá el 100 % del valor nominal.
La oferta se limita a pequeños accionistas, por lo que los grandes inversores, que no se podrán beneficiar del acuerdo, ya han movilizado a sus equipos jurídicos y ha comenzado la cascada de demandas y denuncias.
Hasta ahora, el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular -que pasó de 113 millones de euros a cero- alcanzaba un 3,45 %, ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el FROB, y prevé presentar también otro contra la JUR en el TJU.
Y el principal accionista individual, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2 % del capital del banco y ha perdido 550 millones de euros, ya ha denunciado a la JUR.
Contra Del Valle se dirige la denuncia presentada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), por posibles delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en la entidad a raíz de la entrada del mexicano en el capital social.
Asimismo, un grupo de grandes fondos de inversión estadounidenses, entre los que figura Pimco, que han perdido más de 800 millones de euros, prevé demandar al Santander y a la JUR, y la OCU ha presentado una querella contra Ángel Ron y otros exdirectivos por falsedad contable y estafa al inversor.
Tampoco se ha quedado atrás la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), que ha registrado un recurso contencioso-administrativo por el papel del FROB.
Y el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, que ha perdido unos 45 millones con la liquidación, ha impulsado una plataforma de afectados -Ampopular- que aglutina ya a 3.000 accionistas, con objeto de presentar demandas colectivas contra los responsables de la liquidación.
Lo que hay que saber sobre la oferta de compensación de Santander a los accionistas de Popular antes de aceptar
Los bonos fidelización son la primera escaramuza dentro de la batalla legal de la entidad con los posibles querellantes
La oferta tiene muchas restricciones y solo los que tuvieran menos de 100.000 euros pueden llegar a tener el 100% de su inversión dentro de siete años
Habrá un mercado secundario para vender estos productos pero con una pérdida aproximada del 30%
Banco Santander ha diseñado una jugada en la que gane ofreciendo una compensación a los accionistas de Popular // EFE
Al final de la semana pasada Banco Santander anunció el lanzamiento de una acción de “fidelización” de clientes minoristas (particulares y empresas) que pudiesen haberse visto perjudicados por la intervención de Banco Popular en junio.
Las reacciones negativas de las asociaciones de consumidores (1) no se han hecho esperar. Van desde criticar la iniciativa por limitada, por tratarse de un acuerdo extrajudicial (2) o por tomar la forma de un producto financiero complejo. ADICAE llega a calificarla de intento de engaño que no debería ser autorizada por la CNMV.
De momento la oferta, que Santander pretende ejecutar en septiembre, está contenida en un hecho relevante comunicado a la CNMV y no en un folleto. Pero, a la espera de la letra pequeña, ya podemos intentar explicar la oferta del Santander y la oposición de las asociaciones de consumidores.
Las características superficiales de la oferta son las siguientes: se compensarán las inversiones en acciones, o en bonos menos los intereses percibidos desde 2011, por otros bonos de 100 euros de valor nominal cada uno.
El valor nominal será el 100% para los primeros 100.000 euros de inversión y la proporción decrece paulatinamente hasta llegar al 650.000 euros para inversiones de 1 millón de euros o más. Santander estima que el valor de mercado de estos bonos se quede en el 70% del nominal. Esta diferencia de valor se debe a la letra pequeña que no conocemos.
La acción del Santander también es un intento de reducir el riesgo legal y reputacional de su adquisición del Banco Popular. Pero, en el país del #15MpaRato, el “poco pan para tanto chorizo”, y el “su botín, nuestra crisis”, gestionar la reputación de un banco no es tarea fácil. La reacción de las asociaciones de consumidores a la oferta del Santander lo demuestra.
El episodio de los bonos de fidelización del Santander no es más que la primera escaramuza en la batalla por la legalidad de las emisiones de acciones y bonos por parte del banco Popular.
La guerra judicial se disputará en este y otros frentes, contra los antiguos gestores de Popular, los supervisores españoles y europeos, y las autoridades de resolución bancaria. Pero aquí respondemos a algunas cuestiones para entender mejor de qué va la oferta del banco cántabro.
¿Se trata de una oferta limitada?
Sí. Santander la dirige a clientes minoristas, incluyendo Pymes, que hubiesen acudido a la ampliación de capital de mayo-junio de 2016 o a dos emisiones de deuda subordinada de julio y octubre de 2011, que además, hubieran mantenido sus valores depositados en Santander o Popular en el momento de la intervención de Popular.
¿Por qué no se extiende a todos los accionistas?
La intención del Santander es evitar es que estos clientes rompan su relación con el banco como resultado de haber perdido dinero en el rescate del Popular.
El Santander no pretende ganar como clientes a los inversores que no lo fuesen ya, ni está de hecho admitiendo una culpa.
Reclamador.es cifra en algo más de 115.000 los que tienen las características para acogerse a esta medida.
Los clientes del Santander que hubiesen adquirido acciones fuera de la ampliación de capital de hace un año, o bonos subordinados fuera de sus períodos de suscripción, tampoco se pueden acoger a la oferta. Como dicen las asociaciones de consumidores, la oferta de Santander se dirige a aquéllos con más probabilidades de éxito en batallas judiciales contra Banco Popular, cuya responsabilidad legal Santander ha heredado.
La razón es que, como en el caso de la salida a bolsa de Bankia, el colapso del Banco Popular hace sospechar que las cuentas subyacentes a las emisiones de acciones y bonos podrían haberse falseado. Y Santander querría evitar como la peste pasarse los próximos cinco años envuelto en causas judiciales por las cuentas pasadas del Popular.
¿Es un acuerdo extrajudicial encubierto?
Poco encubierto puede ser cuando se exige explícitamente como condición renunciar a emprender acciones legales contra el Santander en relación con las emisiones respectivas.
Pero, dicho esto, la oferta sí tiene las características de un acuerdo extrajudicial.
¿Compensa completamente las pérdidas incurridas?
Depende del escenario, pero no.
Para empezar, la oferta está limitada al primer millón de euros de inversión (presumiblemente para pymes), y el valor nominal de los bonos solo es el 100% de lo perdido en Popular para los primeros 100.000 euros de inversión.
En el mejor de los casos, se recibirían intereses del 1% durante 7 años, y luego el 100% del nominal. Pero este 1% es menor que el tipo de interés legal del dinero a 7 años.
Por otra parte, los bonos son perpetuos y la amortización anticipada no está garantizada.
Si los bonos no se amortizan, se remuneran más después del séptimo año, pero a un tipo variable.
Y existe la posibilidad de que se dejen de pagar los intereses o no se amortice el bono si Santander tiene problemas de capital en algún momento.
¿Es un producto complejo?
Sí. Santander dice explícitamente que su intención es que la denominación de estos bonos le permita echar mano de ellos con una amortización obligatoria en el caso que su ratio de capital (el colchón que se les exije a los bancos) se deteriore.
Estamos hablando de CoCos (bonos convertibles contingentes), considerados complejos.
Una de las colocaciones masivas de bonos convertibles de Santander, los famosos Valores Santander, acabó con importantes pérdidas para los que las adquirieron.
Santander se da la opción de devolver el nominal pasados 7 años, pero sin obligación de hacerlo en ese momento ni más tarde. Además, debido a las características regulatorias de los CoCos, esa amortización voluntaria está sujeta a la aprobación del supervisor bancario europeo, el MUS.
Por lo mismo, el pago de cupones trimestrales no está garantizado si se deteriora la posición de capital del Santander.
Finalmente, el propio cupón trimestral es complejo.
Durante los dos primeros años, el tipo de interés será del 1% anual. Pero, si el Santander decide no amortizar los bonos después del séptimo año, se convierten en bonos con pagos variables. El tipo sería alto, el Santander estima que un 5.75% por encima del llamado tipo “mid-swap”. Pero esto hace aún más exóticos estos bonos. El tipo “mid-swap” proviene del mercado de derivados, y es menos conocido que el euribor.
¿Tendrán liquidez estos bonos?
Santander tiene la intención de que estos bonos sean negociables en el mercado de renta fija, y de firmar un contrato de liquidez con un tercero, alguna entidad financiera que se comprometa a mantener un precio de compraventa de estos bonos en el mercado.
Ahora bien, Santander también estima que el valor de mercado de estos bonos sea del orden del 70% del nominal.
¿Qué ventajas tiene esto para Santander?
Si los clientes aceptan la oferta estarían reduciendo sustancialmente el riesgo legal al que se enfrenta Santander respecto del Popular. Además, los clientes que acepten seguirán estando vinculados a Santander, que es un objetivo de negocio del banco. Y Santander consigue todo esto a un coste limitado.
¿Tiene esto alguna ventaja para los clientes?
El cliente tiene que valorar, por un lado, la probabilidad de recuperar su inversión a través de los tribunales, descontando las comisiones de abogados, o de intermediarios como las asociaciones de consumidores si no se ejercen acciones legales individualmente.
Por otro lado, está la posibilidad de que Santander devuelva el dinero a los 7 años, o más tarde. También la posibilidad de vender los bonos en el mercado secundario con una pérdida que puede rondar el 30%. Y el coste de la relación de permanencia como cliente que Santander exija.
Lo difícil de esta decisión es que ninguno de los escenarios tiene probabilidades bien definidas, ni los costes y beneficios monetarios son precisos en la mayoría de los casos.
Quien diga a ciencia cierta cuál es la mejor decisión, probablemente tiene interés personal en ello.
Pero lo que sí se puede decir con seguridad es que que el Santander está ofreciendo compensar, con productos al menos tan complejos como los CoCos, precisamente a los clientes que más probabilidades tienen de pleitear con éxito.
En relación al los artículos de:
5 Días: La OCU rechaza la oferta de Santander a los accionistas de Popular
El Economista: Los puntos oscuros en la compensación del Santander a los pequeños inversores del Popular
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