Desde 2008, los sueldos de la gente no han parado de bajar,
mientras los de la casta política no han dejado de subir
Estos son los sueldos millonarios de la casta política que nos gobierna
Foto: ID
El Gobierno de Mariano Rajoy logró aprobar la semana pasada los Presupuestos Generales para este 2017.
Unas cuentas públicas, que van a mantener en lo esencial la política de ajustes antipopulares inaugurada por Zapatero en junio de 2010: el pago de la deuda, los subsidios a las empresas, mínimos históricos en la financiación de educación, sanidad y servicios sociales y un refuerzo de la deflación salarial que ya ha logrado reducir el 26% del poder de compra de los salarios más bajos desde que comenzó la crisis.
Esto es lo que hay para los sectores populares y la clase trabajadora. Unos presupuestos aprobados para que la salida de la crisis la siga pagando el pueblo y no los grandes capitalistas.
Pero ¿que tienen reservados estos presupuestos para la casta política capitalista para este 2017?
Los presupuestos apoyados por el propio PP, además de C’s, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, estipulan que los ingresos y salarios de los principales cargos públicos del Estado español se mantengan en unos niveles astronómicos, cuanto menos.
La casta profesional de políticos capitalistas vive como millonarios y, para colmo de males, después se retiran como asesores y gerentes de las mismas empresas que beneficiaron durante décadas desde sus puestos en el Gobierno, el parlamento, el senado, las CCAA o los ayuntamientos.
Todo ello sin contar, claro está, los cientos de casos de corrupción en los que están implicados.
Mientras, millones de personas sobreviven a duras penas entre el paro y la precariedad laboral.
Pero pasemos a ver las cifras de los emolumentos que obtienen los representantes que deben regir los destinos de millones de personas al son que marca Bruselas y en favor de esta democracia del IBEX35.
Cabe destacar que todos ellos, sin excepción, se aplicarán la subida del 1% que hay prevista para los funcionarios.
Contrariamente a lo que pudiera parecer, el presidente del Gobierno no ostenta el primer puesto del ranking de los que más ingresan por su cargo.
Este honor recae en la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, con una retribución que supera de largo los 194.000 euros al año. Seguidamente encontramos a Pío García-Escudero, presidente del Senado, con un sueldo que asciende a más de 177.000 euros anuales.
Y en tercera posición se encuentra el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, con cerca de 146.000 euros.
Los sueldos de todos ellos, al igual que el resto de los presidentes de las CCAA, no vienen fijados por los Presupuestos Generales del Estado.
Aun así, en el apartado de las remuneraciones que perciben los altos cargos políticos y administrativos fijados por los presupuestos, por encima de los 79.756 euros brutos que ingresará Mariano Rajoy en calidad de presidente del Gobierno, se encuentra también Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, con 86.712 euros al año.
Por debajo de Rajoy figuran en primer lugar José Manuel Romay, presidente del Consejo de Estado, con unas cifras superiores a los 79.300 euros y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con 74.963 euros. Los ministros, por su parte, recibirán al año 70.368 euros respectivamente.
En otro orden y también según lo estipulado por los presupuestos generales se encuentran algunos de los cargos de mayor responsabilidad de los órganos judiciales.
Así, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial recibirá más de 132.000 euros anuales. Juan José González Rivas, presidente del Constitucional, tiene asignado un sueldo de 131.870 euros y José Manuel Maza, como fiscal general del Estado, percibirá más de 116.000 euros.
Por detrás se sitúan los demás presidentes de las diferentes CCAA, con sueldos fijados a partir de los propios gobiernos autonómicos. Estos pasan, al margen del ya mencionado de Carles Puigdemont, por los 103.000 de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta los más de 60.000 euros brutos anuales del presidente del Gobierno de Cantabria.
Los emolumentos de los grandes cargos públicos y administrativos son parte de los privilegios de la clase política y judicial para salvaguardar y multiplicar los beneficios de las grandes empresas y el IBEX35. Marx y Engels escribían en 1848 que el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa. Una definición que se ajusta a la realidad hoy más que nunca.
Cuestionar el “modus vivendi” de esta casta parasitaria y combatirlo es una tarea central para la clase trabajadora, defendiendo un programa que luche por medidas como que todos los cargos públicos y altos funcionarios tengan un salario igual al de un trabajador medio y que se acaben con todos los privilegios de la clase política capitalista.
Que todos los cargos políticos del Estado sean elegidos directamente mediante el voto en jurisdicción única y respondan frente a sus electores sobre sus decisiones -incluida su revocación-, la representación política en una cámara única que tenga competencias legislativas y ejecutivas, o la instauración de juicios por jurados y jueces electos por sufragio universal, son otras de las medidas democráticas elementales para acabar con estos privilegios de una casta política corrupta y un aparato estatal al servicio de una minoría social.
Un programa así, sumado a la lucha por medidas de emergencia para que el peso de la crisis deje de descargarse sobre las amplias mayorías sociales y se haga sobre los beneficios de los capitalistas, como es el no pago de la deuda, el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial o la nacionalización de la banca y las grandes empresas, jamás será puesto en debate en el parlamento de esta democracia del IBEX35.
Por ello, es necesario imponer mediante la lucha de clases procesos constituyentes en todo el Estado que, al mismo tiempo que rompan todos los candados de la reaccionario Régimen del 78, permitan debatir y resolver democráticamente todas y cada una de las reivindicaciones sociales y democráticos pendientes.
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