La ruina del Banco Popular se explica también
por la falta de independencia del auditor PwC
El Banco Popular, que busca una salida desesperada a la ruina a la que le condujo el anterior presidente de la entidad, Ángel Ron, quien, no obstante ha tenido la desvergüenza de abandonar la entidad con una remuneración multimillonaria de 23 millones en concepto de derechos de pensión, ha disfrutado de un control débil de sus cuentas por parte del auditor PwC, que lleva auditando el banco ininterrumpidamente la friolera de 35 años, una longevidad que choca con la independencia debida para este menester.
Las cuentas del Popular bajo el mando de Ron las han firmado tres socios de la citada multinacional, ya totalmente deshumanizada en su nombre, que pasó de tres apellidos ilustres Price Waterhouse Coopers a las citadas tres letras PwC.
Los auditores socios de la firma que han firmado son Antonio Greño Hidalgo, que las últimas que dio por buenas fueron las de 2008, el año que se desencadenó la crisis; José María Sanz Olmeda, que aseguró durante siete años muy duros, 2009-2015, que las cuentas presentadas eran la imagen fiel, lo que obviamente se ha demostrado incierto y por último el año pasado quien ha dado la cara ha sido Pedro Barrio, quien dio por buenas las de 2016, que tampoco expresaban la verdadera situación ruinosa del banco.
Tanto la multinacional con nombre que suena a plástico no reciclable como los socios citados validaron con unas cuentas que no se correspondían con la realidad de solvencia del banco
dos ampliaciones de capital de 2.500 millones de euros cada una en los años 2012 y 2016, que han generado un quebranto brutal a los accionistas minoritarios del Popular.
En el estudio, ‘Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo en las empresas del Ibex 35’ presentado ayer por la fundación Compromiso y Transparencia, que lleva a cabo una labor encomiable en pro de las buenas prácticas empresariales y administrativas, firmado por Javier Martín Cavanna, se coloca al Banco Popular como la empresa cotizada en Bolsa con más riesgo por la falta de transparencia e independencia de su auditor, PwC.
El Banco Popular figura en las siete variables analizadas en el estudio con el riesgo máximo.
Estas variables son los años con el mismo auditor (Término), que en el caso del Popular bate el récord, habiéndose generado una promiscuidad insana, la contratación de servicios adicionales al auditor ajenos a la práctica de auditoría, cuantía de los ingresos que por estos servicios obtiene la empresa auditora, que en el Popular han superado el 55% ( mayor al 42,23% que indica el informe corporativo de 2016), en contra de lo recomendado.
También marca muy malos registros por no diversificar la contratación de servicios de auditoría y adicionale, y tampoco informa con detalle de los servicios adicionales contratados con PwC.
Al igual que en el resto de empresas del Ibex 35, el Popular no informa de cuál ha sido el proceso de contratación de la empresa auditora y si el consejo ha contado con dos o más alternativas propuestas por la comisión de auditoría a la hora de tomar una decisión, y tampoco el banco durante el mandato de Ron sometió a la aprobación de la junta de accionistas el plazo de contratación de la auditoría, la remuneración, etcétera.
Es tal el despropósito que el Banco Popular, en su informe de gobernanza, justifica como una medida de control el hecho de que “la Comisión de Auditoría del consejo deberá recibir anualmente de los auditores externos la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos por el auditor externo, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas”.
Para el Banco Popular, durante el mandato de Ron, la independencia del auditor la justifica el propio auditor.
Sorprende mucho que con una quiebra del calado de la del Banco Popular, que ha desplumado a los accionistas minoritarios, todavía ni los nuevos gestores, con el presidente Emilio Saracho a la cabeza, ni supervisor alguno, hayan denunciado a Ángel Ron, más aún tras el atrevimiento de éste de llevarse a su casa 23 millones en concepto de pensión, que es una remuneración encubierta, de la que debía haberse informado claramente en el informe de remuneración, como mandan las normas de la Autoridad Bancaria Europea, y no en los Estatutos de la entidad.
Éstos no están para definir lo que debe cobrar un directivo en concepto alguno. El nuevo equipo dirigente ha eliminado el articulado que sirvió a Ron para hacerse multimillonario a costa de los accionistas.
El caso del Royal Bank of Scotland tiene semejanzas con el Popular
Mientras en el Popular no hay por ahora denuncias claras contra Ron y los que han ocultado los créditos malos del balance de la entidad, esta semana se ha iniciado en Londres el procedimiento civil de accionistas contra el Royal Bank of Scotland por ocultarles la mala situación del banco cuando hizo una ampliación de capital de 12.000 millones de libras en 2008 unos meses antes de que fuera intervenido por estar quebrado. Como se ve una situación muy parecida a la de las ampliaciones de capital del Banco Popular, especialmente de la del año pasado.
Entre los accionistas que reclaman su dinero al RBS por vía judicial (otros alcanzaron acuerdos) están 9.000 minoritarios y 20 institucionales, entre otros los estadounidenses Wells Fargo, el fondo de pensiones de Boeing, y Merrill Lynch.
El caso de Royal Bank of Scotland también tiene su enganche con el auditor.
El banco parece dispuesto a pagarles una cantidad que duplica la pagada a otros que se mostraron menos amenazantes.
Cuando Fred Goodwin, el consejero delegado que llevó a la quiebra al banco escocés, fue nombrado, una de sus primeras decisiones fue cambiar de auditor, echando a PwC y contratando a Deloitte (hay que recordar que el negocio de auditoría de grandes empresas es un oligopolio).
Goodwin había sido socio de Deloitte y se había criado a los pechos del socio principal británico de la auditora, John Connolly.
La falta de independencia del auditor por amiguismo, codicia u otros factores, es un riesgo brutal para los accionistas, y en el caso del RBS costó al Estado 46.000 millones de libras.
También en Alemania se ha producido un hecho interesante, que podría ser utilizado en el caso Banco Popular-Ángel Ron.
El Deutsche Bank, que tuvo que realizar una ampliación de 8.000 millones de euros este año para salvarse, ha reclamado a los gestores que pusieron al banco al borde de la ruina, una “contribución financiera notable”.
En la pasado junta de accionistas, celebrada el 18 de mayo, el presidente del consejo de vigilancia de la entidad, Paul Achleitner, anunció esta reclamación que se negocia con los antiguos gestores, quienes parecen dispuestos a pagar so pena de verse en los juzgados.
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