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sábado, 27 de mayo de 2017

La Desvergüenza del PP o Como ganar Elecciones en Fraude, Eludir la Justicia y Cerrar un Diálogo sin abrir el Pico



















Ganar elecciones irregularmente y mangonear la justicia

OPINIÓN de Xavier Caño Ta
mayo.- 
Un reciente informe de la Guardia Civil afirma que las mayorías absolutas de Esperanza Aguirre se lograron con una imponente maquinaria electoral financiada ilegalmente. 
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al PP de Madrid de atentar contra el pluralismo político y de que el partido cometió irregularidades al financiar sus campañas electorales de 2007 y 2011. Las elecciones que ganó Esperanza Aguirre. 
El PP de Madrid en las municipales y autonómicas de 2007 invirtió 2,5 millones de euros más de lo declarado a la Cámara de Cuentas, “sustentando esa financiación con actuaciones de relevancia penal (fraude de subvenciones, malversación, falsedad documental...)”.
Por su parte, un informe de la Fiscalía Anticorrupción afirma que “hay indicios de que incluso en 2014 y 2015 proveedores de campañas electorales del Partido Popular cobraban de cuentas de ese partido, al margen de la Cámara de Cuentas y del Tribunal de Cuentas“. 
Y hay pruebas de ingresos en efectivo de más de un millón de euros de procedencia desconocida, así como de una caja B del PP madrileño para pagar gastos de campañas y encuestas.
Según la Guardia Civil, Fundescam era el centro de la trama. Esa fundación recibía dinero público de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, y libraba facturas falsas con cuyo importe se pagaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, mientras algunos empresarios ingresaban dinero en Fundescam con el que ésta financiaba las campañas del PP. Esos empresarios recibían adjudicaciones de contratos de organismos controlados por el PP.
Todo ese pudridero estalló en los medios informativos y fiscales y jueces empezaron a instruir causas penales por corrupción. Sin embargo, para dirigentes y portavoces del PP, esa corrupción (en la que aparecen varios dirigentes y cargos del Partido Popular), solo son “casos individuales”.
¿Qué hace el Partido Popular ante la avalancha de corrupción y de sumarios? 
Intentar controlar la administración de justicia. 
Como muestra cabe señalar que, con Rafael Catalá ministro de Justicia, ha habido tres fiscales generales del Estado en tres años. Torres-Dulce, que dimitió porque el gobierno Rajoy quería controlarlo; Consuelo Madrigal, que tampoco se quiso doblegar al ejecutivo, y José Manuel Maza de acuerdo con el gobierno.
Ya fiscal general, Maza hizo los relevos a los que se negó Madrigal: fiscal jefe de la Audiencia Nacional y fiscal jefe de Anticorrupción. 
Además de sustituir a más de 30 fiscales dedicados a casos concretos de corrupción. La Unión Progresista de Fiscales denunció que esas sustituciones solo podían entenderse desde el interés político e ideológico y que “el mensaje transmitido era que se cambia a los fiscales que persiguen la corrupción”.
Maza impuso a Manuel Moix, muy cercano al Partido Popular, como fiscal jefe de Anticorrupción, aunque fue advertido varias veces por fuentes diversas de no ser buen candidato por ser el único sin ninguna experiencia en Anticorrupción, entre los siete candidatos al puesto. 
Moix, como Fiscal de Madrid, había intentado cerrar el caso de los espías pagados por el gobierno de la Comunidad autónoma, ignoró la denuncia de un campo de golf ilegal de la empresa Canal de Isabel II, rechazó acusar a Esperanza Aguirre de desobediencia a la autoridad (cuando se fugó de agentes de tráfico en la Granvía madrileña) y, contra el criterio de los fiscales encargados, intentó finalizar las intervenciones telefónicas al ex-presidente de la región, Ignacio González, hoy en prisión preventiva.
Otrosí, gente cercana a Dolores de Cospedal intenta que Concepción Espejel sea presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sala que, casualmente, resolverá los recursos penales de los casos de corrupción de Púnica y Lezo que afectan directamente a gente del Partido Popular. 
Esa candidata es la magistrada apartada dos veces por sus compañeros de juzgar el caso Gürtel. Como ha escrito el filósofo y analista político Antoni Doménech “salta a la vista ahora mismo que en el Reino de España el poder ejecutivo, aun en clara minoría parlamentaria, controla la justicia a su placer”. 
Por eso no extraña que 
en el Eurobarómetro de abril de 2016, solo 30% de españoles confíe en la independencia de la justicia.
Pero no olvidemos también que haber ganado elecciones irregularmente, como parece por lo expuesto en los informes de la Guardia Civil, y además pretender mangonear la justicia, debería tener consecuencias serias.
Xavier Caño Tamayo 
Periodista, ATTAC 
Twitter: @xcanotamayo

UNA PREGUNTA SOBRE EL REFERENDO SOBERANISTA EN CATALUNYA

Si las encuestas que lanzan la Mafia y la Secta mediática sobre el referendo soberanista en Catalunya, son abrumadoramente negativas para el sector independentista, ¿por qué no legitimar y permitir que se lleve a término esa consulta popular, sabiendo que el resultado no favorecería el SÍ?

¿O es que las encuestas mienten y los medios también?

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OPINIÓN de Ramón Cotarelo/ Palinuro.- 
Cuando Rajoy “da por cerrada la vía de diálogo con la Generalitat” está haciendo un ejercicio de posverdad. 
Algo inherente a su partido y que consiste en negar la evidencia con todo aplomo o directamente inventarse la realidad. 
“El PP es el partido de los trabajadores”, decía Cospedal. 
Posverdad. “El PP es el partido que más ha luchado contra la corrupción”, según Rajoy. 
Posverdad. “No he cumplido mi palabra, pero he cumplido mi deber”. Posverdad de la que se sigue que el deber de este hombre es no cumplir su palabra.

¿Hay algo más posverdadero que dar por cerrada una vía de diálogo que no existe? 
Ciertamente, hace unos meses, el presidente del gobierno, en un gesto de magnanimidad unilateral decidió adoptar una política de diálogo con la Generalitat. 
Despachó a la vicepresidenta a Barcelona, le puso allí un despacho desde el cual aquella empezó a ejercer a modo de virreina. Y ahí acabó la política del diálogo, en un único encuentro entre Sáenz de Santamaría y Junqueras para comprobar que no tenían nada de qué dialogar. 
El referéndum no lo permite. El diálogo no arrancó, pero el gobierno ya lo da por cerrado.
Es un momento de suspense, los dos contendientes en mitad de la calle desierta, mirándose a los ojos bajo un sol cegador, a ver quién hace el primer movimiento. De ambos lados llegan voces. 
Del lado del gobierno se lanzan admoniciones y amenazas y la inevitable Cospedal, ministra de Defensa, habla ya en términos castrenses de intervención militar. Califican de intento de golpe de Estado el referéndum. Del lado de la Generalitat se escucha a la CUP y la ANC, así como otras asociaciones de la sociedad civil, reclamando fecha para la celebración del referéndum.
El escenario es de confrontación. Y de mala perspectiva porque ninguna de las partes puede echarse para atrás. 
Sin embargo, una cosa está clara: la represión no es una solución. 
Un Estado de derecho no puede sobrevivir sojuzgando a una minoría nacional. 
La traslación de la experiencia del País Vasco a Cataluña, esto es, la idea de que es posible domeñar una reivindicación independentista tratándola como una cuestión de orden y seguridad pública, es un grave error. 
En el PV había un problema de terrorismo. 
En Cataluña hay una amplia movilización social democrática y pacífica.
La represión no solo no es justa; tampoco práctica. 
El Estado puede suspender la autonomía catalana pero en algún momento tendrá que restablecerla; puede inhabilitar a la actual clase política independentista, pero no impedir que se reproduzca mediante elecciones. 
El gobierno sostiene que va a dar la batalla a la Generalitat en defensa de la mayoría de los catalanes a la que se está engañando. ¿Cómo saber si esto es así? 
Por supuesto, haciendo un referéndum. 
Justo lo que, encuesta tras encuesta, reclama entre el 70 y el 80 por ciento del electorado catalán: hacer un referéndum para ver qué quieren los catalanes. 
El gobierno no tiene más que investigar. Lo que quiere la mayoría de los catalanes es un referéndum.
Si la represión no es la solución, ¿cuál es? Sentarse y negociar. 
Negociar, ¿qué? Por supuesto, todo. 
Eso de que hay algo innegociable (la soberanía del pueblo español) que va repitiendo por ahí Rajoy como una carraca es otra posverdad. 
¿Por qué es innegociable? Porque lo dice la Constitución. 
Y la Constitución, ¿qué es? Una ley (y muy reciente, por cierto) que, como todas las leyes se puede cambiar. 
En realidad, las leyes no hacen más que cambiar y no solo las humanas, también las naturales y hasta las divinas. Porque todas las leyes se hicieron para los seres humanos y no al revés.
Que en un Estado democrático de derecho haya algo de lo que no se puede hablar es inadmisible. 
Porque quien impide que se hable, impone su opinión como infalible, la fija como verdad incuestionable. 
Si alguien la cuestiona, se le reprime pues estamos en la época de la posverdad, de la represión.
Es una perspectiva poco halagüeña y resulta comprensible que todos hagan cuanto puedan para evitarla. Todos quizá no. 
La negativa del gobierno a dialogar apunta a una intención de empeorar la previsión en virtud, quizá, de aquel viejo adagio que suele atribuirse al espíritu revolucionario leninista de “cuanto peor, mejor”.
La cuestión es si los otros partidos españoles aceptan o no uncirse al carro de guerra de la derecha. 
C’s parece casi destinado pues nació hace una docena de años como partido anticatalanista. 
Podemos, por el contrario, respalda la celebración de un referéndum pactado y, por tanto, legal y vinculante. 
Si hay prohibición, legitima un referéndum unilateral, pero solo le da un valor político, no jurídico. La incógnita es el PSOE, que ha cambiado las tornas desde las primarias y cuyo SG, acabado de aterrizar, se encuentra con una línea de apoyo parlamentario al PP sobre la que tendrá que tomar una decisión.
En asuntos tan graves, las decisiones no se improvisan y necesitan tiempo. Por eso Sánchez hará bien en no pronunciarse en uno u otro sentido hasta tener todos los datos, valorar sus posibilidades y formular una propuesta que habrá de someter a consulta a la militancia. 
Con la marca socialdemócrata. Por eso, así como no ajusta su criterio a las orientaciones de Podemos, tampoco tiene por qué responder a los desafíos gubernativos de que aclare el concepto de “nación de naciones”. Todo a su tiempo.
Para ir haciendo tiempo y entretener a los impacientes, el PSOE puede declarar en el Parlamento que no acepta el cierre de la “vía de diálogo”. 
Esa decisión es contraria a la función esencial del gobierno que, como toda autoridad pública, debe velar por la paz y el entendimiento entre los ciudadanos y no por la confrontación. 
Además, es ilegal, pues no media una previa decisión parlamentaria que le inste a hacerlo. 
No tiene más respaldo que una acción ejecutiva. Pero si el Parlamento rechaza el cierre del diálogo y obliga al gobierno a seguir intentándolo, este tendrá que hacerlo.
Al final, el problema es qué se lleva en concreto a una mesa de negociación, mediando entre dos posiciones antagónicas. 
Algo en lo que ambas partes estén de acuerdo, habiendo ambas cedido en algo. Como base podría servir la siguiente propuesta: el Estado permite la celebración del referéndum llamándolo “consulta”, “sondeo” o como se quiera, desprovisto de eficacia jurídica pero con una eficacia informativa que conlleva una obligación: el Estado se compromete a abrir un proceso de reforma constitucional en un órgano ad hoc, una Convención, por ejemplo, con una composición que haga justicia a la reivindicación independentista. 
Sea cual sea el resultado de la Convención, se someterá a referéndum por comunidades autónomas, una de cuyas opciones habrá de ser la independencia.

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