del chivatazo a Ignacio González de su inminete detención.
El jefe de Anticorrupción quiso limitar el registro del Canal de Isabel II para dejar al margen la gestión de Gallardón y la sospechosa compra de Innasa
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González supo que le estaban investigando al menos por una vía:
una magistrada informó al presidente de «La Razón», Mauricio Casals, de que estaban grabando al que había sido mano derecha de González en Suramérica, Edmundo Rodríguez, quien además es consejero delegado de ese periódico.
Los investigadores tienen acreditado ese «chivatazo» porque el propio González se lo contó en una conversación al expresidente de la Comunidad Valenciana, su amigo Eduardo Zaplana, según las fuentes consultadas.
Casals, que ayer declaró como investigado, se refirió a la jueza -cuyo nombre no mencionan- como amiga de la casa y mostró su preocupación porque hubieran grabado al consejero delegado.
Edmundo Rodríguez presidió Innasa, la filial del Canal de Isabel II entre 2006 y 2016, cuando lo destituyó Cristina Cifuentes tras aparecer en los llamados «papeles de Panamá» vinculado a tres empresas con sede en Hong Kong.
Cifuentes, poco valorada.-
En esa misma conversación, el expresidente muestra su inquietud porque estén siguiendo el “tema de Colombia” (se refiere al supuesto espionaje en Cartagena de Indias) y atribuye ese renovado interés a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, de quien habla en términos poco correctos.
González se sentía acosado e intentaba defenderse y saber qué había contra él. Los investigadores sospechan que también un policía le facilitó algún tipo de información aunque no fuera directa, dado el secreto de la operación Lezo.
Una operación que se inició en 2015 y se judicializó el año pasado por parte de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo nuevo jefe Manuel Moix está siendocuestionado por intentar limitar el alcance de la misma, como adelantó ayer ABC.
Moix trató de restringir uno de los registros que iban a pedir al juez Velasco los dos fiscales del caso. Ante esa situación, le solicitaron la orden por escrito y el jefe se la hizo llegar. Los fiscales recurrieron al Estatuto del Ministerio Fiscal y el asunto acabó el martes en la Junta de Fiscales de Anticorrupción.
En esa reunión, en la que estaban presentes una veintena de miembros de la misma se examinaron algunas intervenciones telefónicas y se distribuyeron a los asistentes -otros las recibieron por mail- para argumentar la pertinencia de los registros y las detenciones que se pretendían.
El principal punto de discrepancia, según fuentes fiscales, fue el registro del Canal de Isabel II. Moix quería que se limitara a la intervención de documentos sobre la compra de sociedades de los últimos años (por algunas empresas se pagó hasta cinco veces su precio), pero la tesis de los fiscales es que había que remontarse a la adquisición de Innasa(Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), la matriz del Canal en Suramérica.
Dicha sociedad se compró en 2001 por 83 millones de euros (la operación completa acabó costando casi 100 millones a los madrileños), diez veces más del precio pagado un año antes por otros compradores.
Esa compra afecta directamente a la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad en ese momento, quien, según los investigadores, modificó los estatutos para hacer posible dicha adquisición.
«Discrepancias técnicas».-
Moix quería que el registro del Canal dejara al margen todo lo relacionado con Innasa y era partidario de que se investigara en un procedimiento distinto y, por tanto, se aplazara ese registro.
Las fuentes consultadas lo interpretan como una especie de «cortafuegos» para evitar que la operación pueda salpicar a Gallardón.
Pero los fiscales del caso se opusieron a esa postura argumentando que los investigados podrían destruir documentación clave probatoria.
Sus compañeros de Anticorrupción les apoyaron de forma casi unánime por lo que Moix aceptó la propuesta de actuación.
La sobrevaloración en la compra de Innasa hace 16 años es el punto de partida de la trama de corrupción gestada en torno al Canal de Isabel II, por cuanto los investigadores consideran que se produjo un desvío de fondos de hasta 25 millones de euros, que habrían acabado en una cuenta suiza.
La Fiscalía General del Estado negó ayer en un comunicado que Moix haya intentado obstaculizar la investigación o paralizar las pesquisas sobre Ignacio González y detalló que en la Junta de Fiscales del martes lo que se habían producido eran «puntuales discrepancias técnico-jurídicas».
El jefe de Anticorrupción fue el candidato del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pese a ser el único que no tenía experiencia en esa Fiscalía.
Según las fuentes consultadas, Maza fue alertado meses antes de que los investigados en Lezo hablaban sobre Moix pero eso no afectó a su nombramiento.
Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, y como éste, en prisión por la Operación Lezo, se reunión con el número 2 del Ministerio del Interior el día después de una conversación entre los dos familiares sobre la existencia de una investigación contra el político. Así consta en el auto por el que el juez Eloy Velasco ha enviado a prisión a Ignacio González, según ha adelantado El País.
El escrito del juez asegura que la reunión entre los hermanos se produjo "recientemente" y que en la misma "hablaron de una posible investigación policial" al expresidente de la Comunidad de Madrid. En la misma reunión también comentaron quién era en la actualidad el secretario de Estado de Seguridad, añade el auto.
Según ha podido saber eldiario.es, la reunión entre los hermanos González tuvo lugar el 7 de marzo pasado y el encuentro entre Pablo González y José Antonio Nieto, número dos de Interior, se celebró al día siguiente, el 8 de marzo.
Fuentes próximas al secretario de Estado de Seguridad explican que Pablo González ha sido representante de Mercasa en Mercacórdoba, entidad de la que posee el 49% de sus acciones, y que de eso conoce a José Antonio Nieto, exalcalde de la ciudad andaluza. El Ayuntamiento es titular del 51% de Mercacórdoba, añaden las mismas fuentes.
Nieto recibió a González el 8 de marzo durante 15 minutos, explican, en un encuentro en el que nunca se habló de la investigación a Ignacio González.
Las citadas fuentes aseguran que Pablo González felicitó a Nieto por su nombramiento, le trasladó su voluntad de colaborar con la Interior desde Mercasa y le explicó que estaba trabajando en un nuevo plan de construcción de centros de Mercasa, para lo que aspiraba a contar con la colaboración de los técnicos de la Secretaría de Estado de Interior en lo que a la seguridad de dichos centros se refiere.
Las citadas fuentes aseguran que Nieto desconocía la existencia de la Operación Lezo hasta que ésta no fue explotada por medio de detenciones y registros el pasado miércoles. Fuentes próximas al operativo confirman que el Secretario de Estado no había sido advertido del mismo por sus responsables.
En el sumario de la Operación Lezo hay varias referencias a posibles chivatazos recibidos por los investigados. Uno de ellos apunta a una magistrada, próxima al periódico La Razón.
Esa compra afecta directamente a la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad en ese momento, quien, según los investigadores, modificó los estatutos para hacer posible dicha adquisición.
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