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jueves, 2 de marzo de 2017

Honduras chorrea sangre por Terrorismo de Estado pero el problema pá los medios... es Venezuela

"En el asesinato de Berta Cáceres están implicados funcionarios del Gobierno de Honduras"

Detalla los días, las horas y casi los minutos exactos en los que parecía más sospechoso que víctima. Los momentos en los que acababa de ser testigo del asesinato de la líder indígena hondureña  Berta Cáceres, en los que acababa de ser herido de bala. "Nadie pensó que yo estaría ahí".
A pesar del dolor y el riesgo que supuso,  Gustavo Castro agradece haber estado donde estuvo la madrugada de hace exactamente seis meses. Si no hubiese sido así, no habría sido testigo del asesinato de la reconocida activista. "Entonces, sería imposible rebatir la versión oficial de los hechos. 
Podrían haber inventado cualquier cosa", explica el defensor del medio ambiente en la sede de Amnistía Internacional España. "Pero no les salió bien. Yo estaba allí".
Su narración de las diligencias realizadas por la Fiscalía hondureña denuncia el "interés del Gobierno y de la justicia hondureñas" en que su versión coincidiese "con la que ellos habían construido".
Han pasado seis meses desde el asesinato de Berta Cáceres. ¿Qué recuerda de aquel día?
Faltaban 20 minutos para la medianoche. Fue todo muy silencioso. Uno de los hombres fue a la habitación de Berta, el otro a la mía. Aunque no contaban que estuviese allí, prácticamente nadie lo sabía. 
Me disparó, la bala me rozó la mano y la oreja (muestra las marcas en su oreja y su mano izquierdas). Cuando se fueron, Berta me gritó desde su habitación. Salí de la mía herido, fui a buscarla. Al minuto, ella falleció.
Yo empecé a llamar a la gente del COPINH, pero nadie respondía, estaban todos dormidos. Contacté con gente en Mexico, a las 12 de la noche, y la gente empezó a moverse para intentar localizar a gente del COPINH, para que alguien me sacase de allí. A las 2.15 de la madrugada me recogieron de la casa de Berta. Nos quedamos esperando en una furgoneta con los cristales tintados, llegó la Policía, el Ejército. 
Pero la Fiscalía me llamó y me dijo que no me fuese con la policía hasta que ellos llegasen.
¿Temía que supiesen que usted estaba allí?
Cuando la policía llega a la casa se dan cuenta de que había gente, vieron sangre, y estaba ahí mi maleta, que estaba identificada. Ya sabían la identidad del testigo, ya sabían que era yo.
No esperaban que yo iba a estar allí. Estaban vigilando a Berta pero esa noche me quedé en su casa de forma improvisada. 
Necesitaba trabajar y Berta me dijo que podía quedarme y conectarme. Y, ahora, seis meses después, cada vez estoy más convencido de que pretendían un asesinato limpio. 
En el que Berta iba a estar sola en su casa. En el que cualquier argumento que se diera sobre el asesinato podría ser creíble o muy difícil de rebatir.
Se podría decir que era un robo o un asalto. Su casa estaba aislada. Era el escenario ideal. Pero estaba allí, no lograron asesinarme y entonces activaron sus otros planes.
La Policía sospechó de miembros del COPINH en un primer momento. ¿Por qué cree que se trató de inculpar a sus miembros?
Ese fue su escenario B. La policía me lleva a tomar declaración. Ya habían detenido a un miembro del COPINH, lo encarcelaron como si fuese sospechoso, pero yo aún no lo sabía. Al mismo tiempo, estaba con la policía y estaba hablando con el hombre al que habían encargado hacer el retrato hablado [retrato robot]. Él dibujaba a una persona que no era la que yo describía.
Yo le decía: es que esa persona no es la que yo vi, es otra. Borraba y lo volvía a dibujar exactamente igual. Me di cuenta después, pero estaba retratando a Aureliano. 
Estaba haciendo el dibujo de la persona del COPINH que ya tenían presa. Yo no sabía, no lo conocía. Me di cuenta días después cuando vi su fotografía en el periódico.
Simplemente mi testimonio no coincidía con lo que ellos estaban intentando montar. Esto demuestra que había una intención clara de involucrar a gente del COPINH en el asesinato. Pero no lo logran.
¿Cree que intentaron involucrarle en el asesinato de Berta?
Ese era su Plan C: a este mexicano lo vamos a imputar. Yo sabía que los militares, policías o sicarios iban a estar esperando a acabar el trabajo y ese riesgo aumentaba cada día que seguía en La Esperanza (localidad donde Berta Cáceres fue asesinada). Llevaba dos días sin dormir, tenía a dos policías vigilando donde dormía pero podían ser los mismos que atosigaban a Berta.
Dos días después del asesinato, me podía ir. Pero por la mañana me pidieron amablemente si me quedaba a una prueba más. Lo hice. Querían otra reconstrucción de los hechos. Al terminar, en la madrugada del 4 al 5 me dijeron que ahora sí que me podía ir.
La embajada me consiguió un vuelo y, antes de subir, de repente aparecen varios fiscales y policías que me bloquean la entrada. Les preguntaba que quiénes eran, y no me lo decían.
 Solo me respondían: "Usted no se puede ir". ¿Por qué? "No se puede ir", repetían. Sin presentar nada, ningún documento. Era un secuestro.
Entonces, la embajadora, que no daba crédito, propuso que fuésemos a la Embajada. Antes de salir del aeropuerto, me impiden la salida. Me decían que me tenía que ir con ellos sin darme la razón. Como vieron que no cedía a subirme a su vehículo, me amenazaron con detenerme.
Entonces, la embajadora y el cónsul me tomaron de los brazos, una a cada lado y dijeron: "Protección consular. 
De aquí no sale". Obviamente no iban a empujar a la embajadora y al cónsul, no se atrevieron a forcejear y me dejaron volver a la Embajada. 
Le prohibieron salir del país durante 30 días. 
La intención era incriminarme, imputarme y tenerme ahí por si lo lograban.  Después de eso mi abogada reclama varias inconsistencias legales, y la jueza decretó que impedía a mi abogada su ejercicio profesional. Cosa que también es ilegal.
El transcurso de ese mes fue una tortura psicológica porque en cualquier momento esperaba que llegasen a por mí inventando cualquier excusa. También intentaron relacionar mis zapatos con los de los asesinos que dieron una patada en la puerta.
De momento, han sido detenidas cinco personas. Entre ellas, un miembro del Ejército y un gerente y un trabajador de la empresa DESA. ¿Cree que ya están todos?
No, pero con ellos no tuvieron otra opción. Porque están involucrados todos: la empresa, el Ejercito, los sicarios, jueces... Sacrificaron las piezas más bajas, era el mal menor. Estamos convencidos de que había más gente. No actuaron solos, ni ese sicario solo, había más. Están implicados funcionarios del Gobierno de Honduras, familias importantes de Honduras.
Durante la noche del asesinato de Berta pudo ver la cara a uno de los sicarios, el que le disparó a usted. ¿Ha reconocido si se trata de alguno de los detenidos?
El Gobierno aún no me ha llamado para reconocer a los imputados que tiene presos. Los han metido en la cárcel con pruebas muy débiles sabiendo que así en un año pueden estar libres. Y, repito, hay más involucrados. El mismo coordinador de fiscales de Honduras es miembro del despacho de abogados de la misma empresa DESA.
El nombre de Berta Cáceres aparecía en un lista militar de objetivos a eliminar, según publicó The Guardian. ¿Sabe si este asunto se está investigando?
Hasta donde sabemos, no lo han investigado. Como eso es una revelación que hace uno de los supuestos sicarios, el Gobierno no ha querido moverlo.
Teniendo en cuenta que Honduras no accede a solicitar la investigación independiente que piden, ¿están investigando ustedes por su cuenta?
El COPINH está preparando un grupo de expertos independientes para que apoye las investigaciones en mi caso y en el caso de Berta. 
Estaría formado por juristas, gente con distintas experiencias que apoye la investigación, a la familia y al COPINH. 
Serviría para hacer presión y para opinar sobre las líneas de investigación. Pero esto va a ser un esfuerzo de la sociedad civil y de los medios.
También voy a declararme como parte activa en el proceso, como acusación privada, lo que implica que debería tener acceso a la hora de opinar sobre el peritaje o las líneas de investigación.
Y la última, se está estudiando la posibilidad de demandar al Gobierno de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Por qué es tan arriesgado defender el medio ambiente?
Ese es el tema clave. Lo que explica fundamentalmente esto es que todos los Gobiernos están abriendo sus fronteras a la inversión bajo los mecanismos de tratado de libre comercio. Las grandes empresas disputan el territorio, y ¿eso qué significa?
Son negocios de inversiones cuantiosas que implican millones y millones. Hablamos de gas, fracking, electricidad, control de agua, agronegocios de gran exportación, madera, celulosa... 
Un montón de proyectos que implican extracción para el consumo en Europa y EEUU. Pero, para que la empresa llegue e invierta, debes desregularizar tu país. Si antes la legislación de inversión extranjera impedía el uso de playas, costas o petróleo por parte de las empresas por ser un bien publico, se cambia la ley para que estos bienes se puedan privatizar.
Los tratados de libre comercio obligan a los gobiernos a cambiar las leyes para facilitar la inversión. Si no lo hacen, la empresa puede denunciarles. Este análisis no se ve. Solo se ve al defensor que llega, es golpeado, asesinado y no sabemos por qué. 
Pobrecitos. Hay una explicación estructural en donde los gobiernos tiene que modificar toda su legislacion, lo que supone el enfrentamiento entre el pueblo que defiende sus recursos y el Gobierno, que no quiere pagar la indemnización.
Entonces, según los tratados de libre comercio, si un gobierno le quita la concesión a una empresa por violaciones de derechos humanos, deforestación, contaminación, etc., el Gobierno será denunciado por la empresa, y tendrá que indemnizarla a través de un centro de disputa. 
Y los Gobiernos no quieren llegar a ese punto.
¿Y esta situación se traduce en el aumento de la represión sobre los defensores del medio ambiente?
Hay una presión muy fuerte por parte de la sempresas multinacionales. El Gobierno dice: me sale más barato reprimir que retirar la concesión. Las concesiones son oro, plata, monocultivos… Y entonces se modifica la legislación en America Latina para criminalizar las protestas. 
Salgo para protestar porque me dejan sin agua y se convierte en un crimen, en terrorismo, en secuestro de los recursos. 
Porque estás impidiendo la inversión.
¿Responsabiliza también entonces a la existencia de tratados de libre comercio de asesinatos como el de Berta Cáceres?
El tratado de libre comercio es el mecanismo. Las empresas transnacionales que ambicionan esa extracción a cualquier precio y los gobiernos que lo permiten son también responsables de asesinatos de defensoras como Berta Cáceres. Los tratados de libre comercio amarran a estos países para que acaben permitiendo las vulneraciones de derechos humanos.
¿Cómo ha afectado el asesinato de Berta a esta lucha?
Han quedado varios mensajes. 
Aunque son valiosos, no bastan los premios Goldman ni de derechos humanos para proteger la vida de los defensores. Tampoco nos protege el hecho de que organismos de derechos humanos den supuestas protecciones. 
Al final, si es el mismo Gobierno el que tiene que protegernos, no sirve de nada. Este mensaje es muy duro, no solo para América Latina, sino para todos.
El asesinato de Berta despertó muchas conciencias adormecidas. Berta nos manda un mensaje muy claro: despertemos humanidad. Berta no murió, se multiplicó: fue impresionante cómo se reventó por todos los lados. 
Y a Berta no la sepultamos, la sembramos. Empezó a florecer por todas partes.

Honduras: “No vamos a legalizar el terrorismo de Estado” Alianza opositora

La coalición de partidos de oposición de Honduras adelantó que no apoyará la aprobación de las reformas penales en el Congreso Nacional porque no está dispuesta a legalizar el “terrorismo de Estado”.

Los partidos Libre, PAC y PINU-SD, ofrecieron una conferencia de prensa en la que oficializaron su postura en torno al paquete de reformas que se discutirá esta tarde en el Parlamento y que ha estado urgiendo el presidente, Juan Hernández.

“La alianza de posición de partidos políticos hacemos del conocimiento del pueblo hondureño nuestra firme e invariable decisión de votar en contra de la ley que reforma ocho leyes vigentes en el país y que violenta de forma perversa y artera, nuestros derechos, libertades y garantías constitucionales”, dijeron los líderes políticos mediante un comunicado.

Apuntaron que se oponen porque no están de acuerdo con calificar como terrorismo el reclamo de derechos del pueblo y de los sectores sociales organizados, ya que la protesta está garantizada en la Constitución de la República al igual que el derecho a la insurrección en defensa del orden constitucional.

En la misiva también indican que no están de acuerdo en otorgarle “licencia para matar” a los organismos represores del Estado y que tampoco aceptan “se continúe dando carta blanca al Presidente para espiar día y noche nuestras comunicaciones y para ser el encargado de definir y pagar las recompensas a los denunciantes”, porque estas “atribuciones las debe ejercer el Ministerio Público y no el Poder Ejecutivo”.

Los partidos opositores sustentan además que no existen argumentos jurídicos que sostengan “tan nefastas” reformas al Código Penal, y a la vez expresan que la manipulación es clara y que están seguros que el gobierno solo busca crear terror en la población, “para esconder el rotundo fracaso en materia de seguridad, desbordado por las masacres y el alto índice de asesinatos y homicidios, a pesar de los más de 10 mil millones de lempiras de la Tasa de Seguridad”.

En ese mismo orden criticaron a la administración Hernández porque, según ellos, pese a tener a su disposición la Tasa de Seguridad, la ley de secretos, la Policía Militar, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la depuración de la policía, “las leyes draconianas y tantas otras políticas fallidas”, ahora pretende dar licencia sin límites a los organismos represores del Estado, y espiarnos en forma permanente desde el Poder Ejecutivo, para terminar calificando de terroristas a todos aquéllos grupos, gremios y ciudadanos que en su justo derecho protesten y reclamen legítimamente.

Los partidos de oposición indicaron que su propuesta en materia de seguridad consiste en establecer una nueva política que se enfoque en resolver las causas de la criminalidad y que persiga el delito en el marco de la legalidad y del Estado de Derecho, mediante la creación de la Policía Comunitaria.

Finalmente, hicieron un llamado a la cordura y sensatez a los diputados del oficialista Partido Nacional y a los del Partido Liberal para que no se presten a aprobar las reformas que profundizan—a su juicio—el proceso de criminalización que se vive en Honduras desde el golpe de Estado de 2009.

También advirtieron que la protesta por la reelección ilegal del presidente Hernández nadie la va a detener, porque “la paciencia de los pueblos tiene un límite” y “Juan Hernández con su irresponsabilidad y desmedida ambición, parece no darse cuenta”

Honduras: “Quieren desaparecernos para adueñarse de nuestros territorios” Miriam Miranda

Miriam Miranda asegura que las industrias extractivas no sólo ponen en riesgo el futuro de territorios y bienes comunes, sino que aceleran el proceso de desaparición de los pueblos indígenas. Los proyectos de viviendas con fines turísticos destacan entre las más recientes formas de despojo.
¿Qué está ocurriendo en el litoral atlántico hondureño, donde desde hace más de dos siglos se ha establecido el pueblo garífuna? 
La historia del pueblo garífuna es dramática. Hemos sufrido dos destierros: el primero de África a San Vicente y luego hacia Honduras. Una historia, la nuestra, que está marcada por la persecución, la violencia, la violación de los derechos fundamentales como seres humanos. Sin embargo, somos un pueblo que resiste y hemos sabido mantener nuestra identidad, cultura e idioma. Y no es poco.
Ahora nos estamos enfrentando a un tercer destierro, que significa la desaparición forzada de nuestras comunidades. Un nuevo proceso de despojo impulsado por el gran capital nacional y transnacional en colusión con autoridades locales y nacionales, a través de la implementación y profundización del extractivismo.
¿A qué te refieres cuando hablas de extractivismo? 
Me refiero a un modelo económico basado en la depredación, que acapara territorios, saquea los bienes comunes y criminaliza las luchas de resistencia. Proyectos mineros y petroleros, represas, expansión de monocultivos a gran escala, implementación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económicos (ZEDE), mejor conocidas como “ciudades modelo”. Me refiero también a los complejos turísticos y los proyectos de viviendas con fines vacacionales.
El golpe de Estado de 2009 ha creado condiciones propicias para concesionar territorios y bienes comunes a favor del gran capital transnacional, que para desarrollar su proyecto de despojo necesita de más y más tierra. Y más precisamente de nuestras tierras, que nos arrebata con el engaño, la corrupción, la violencia.
¿Qué papel está jugando el “turismo” en toda esta situación? 
No se trata de satanizar al turismo. En nuestra concepción, el turismo es visita, es conocer, es compartir e intercambiar, es encuentro. El problema surge cuando el capital pretende adueñarse de este concepto y de esta práctica, alterando su significado más profundo y convirtiéndolo en mercancía absoluta. Hay muchos ejemplos donde el turismo todavía mantiene sus raíces, su concepto de acoger al otro, de compartir con él y aprender mutuamente.
Por el contrario, el “turismo del capital” es irrespetuoso y se ha convertido en una clara forma de despojo, de destrucción cultural, que desplaza comunidades y arrebata el futuro a miles de personas. Lo estamos viendo muy claramente tanto con los complejos hoteleros como con la construcción de villas, residenciales y de complejos habitacionales vacacionales.
Como el modelo del megaproyecto turístico se ha agotado, a las compañías se les está volviendo difícil recuperar sus inversiones, y deciden combinar el turismo hotelero con el turismo residencial, despreocupándose del tejido social existente en la zona.
Es lo que está pasando en la Bahía de Trujillo, donde inversores canadienses han venido apropiándose ilegalmente de territorios ancestrales garífunas, para desarrollar grandes complejos de viviendas con fines turísticos. O también en la comunidad garífuna de Sambo Creek, donde un proyecto turístico desarrollado por extranjeros ya está entrando en competencia con el derecho al agua de la comunidad.
¿Las comunidades garífunas se sienten amenazadas? 
Muy amenazadas. Nos sentimos constantemente en peligro. Acaparamiento de tierras, saqueo de los bienes comunes y destrucción ambiental van de la mano de la corrupción que ha penetrado la política y las instituciones locales y nacionales. La municipalización de territorios y comunidades, por ejemplo, se ha convertido en una de las principales estrategias de despojo.
¿Cómo se están organizando? 
Estamos luchando contra un monstruo. Tenemos que trabajar fuertemente el tema de la gobernabilidad, de la soberanía, ejerciendo el control territorial, impulsando formas de autogestión y autogobierno. También debemos crecer en conocimientos, fortalecer la organización, radicarnos más en los territorios, restándoles poder a las autoridades municipales y las estructuras comunitarias corruptas, y fortaleciendo las asambleas como máxima autoridad. Debemos reapropiarnos del significado de vivir en un territorio que es el que nos da la vida. Sólo así vamos a lograr que se respeten nuestros derechos. 

¿Qué significado tiene, en este contexto, la reocupación de tierras? 
Significa reocupar lo que hemos tenido históricamente. El pueblo garífuna tiene sus territorios ancestrales donde siempre ha trabajado la tierra para vivir de ella y de sus productos. Hoy en día es frecuente escuchar a personas ancianas que te dicen que su “trabajadero”[1] era justo adonde ahora está esa gran mansión o ese complejo residencial.
La situación de pobreza es terrible y hay miles de jóvenes que no tienen futuro, no tienen donde vivir y están obligados a emigrar. Familias que se mueren de hambre. Y entonces la gente vuelve a mirar a lo que siempre fue suyo y quiere recuperarlo para poder tener una vida digna. Tenemos posesión ancestral territorial y lo que estamos haciendo es reocupar lo que nos corresponde. No importa si estas tierras fueron vendidas, porque nunca hubo autorización de la comunidad y, por ende, son ventas ilegales.
La Ofraneh va a seguir acompañando estos procesos, aunque pueda costarnos caro, hasta la vida. Unidad y solidaridad son fundamentales para contrarrestar esta visión de “falso desarrollo” que es racista, machista, discriminatorio y colonialista. Tenemos que luchar para recomponer, desde nuestras entrañas, lo que somos. Para volver a una cultura donde prima la solidaridad, la complementariedad y la ayuda mutua, y no el individualismo más brutal que nos inculca este sistema depredador. Esta es la apuesta de la Ofraneh.
Notas: 
[1] “Trabajadero” era el erreno donde se producían alimentos para la familia.

Honduras: Una matanza que no tiene fin

El reciente asesinato, en la norteña ciudad de San Pero Sula, del periodista Igor Padilla eleva a 64 el número de personas vinculadas a medios de comunicación asesinadas en Honduras en los últimos 15 años. Informar se ha convertido en una tarea altamente peligrosa.
De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, Igor Padilla, destacado periodista del canal HCH, fue acribillado por desconocidos que se transportaban en dos camionetas mientras grababa un anuncio comercial en las afueras de una tienda de juguetes.
El informe sobre libertad de expresión presentado el año pasado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señala que de los 63 casos de asesinato de comunicadores ocurridos en los últimos 15 años, el 95 por ciento ha quedado impune.
Más de 50 personas ligadas a medios de comunicación han sido asesinadas después del golpe de Estado de 2009, 24 de ellas en los años 2014 y 2015.La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) pidió el inmediato esclarecimiento del crimen que acabó con la vida de Padilla.
A través de un comunicado, la Oacnudh recordó que “cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, va en contra de un estado democrático de derecho donde el respeto a los derechos es fundamental”.
También la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su más honda preocupación.“Con este ataque a Igor Padilla, es toda la prensa hondureña la que es agredida. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas; el gobierno hondureño debe establecer de forma urgente un mecanismo de protección eficaz para detener esta espiral mortífera”, indicó.
Actualmente Honduras se encuentra en el lugar 137, entre 180 países, en la Clasificación Mundial(1) de la Libertad de Prensa 2016 de RSF.El informe anual del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)(2), indica que en 2015 en Honduras se emitieron 219 alertas por violaciones a la libertad de expresión. 
El 75 por ciento de las alertas fueron ataques contra periodistas y comunicadores sociales.El gobierno, a través de su aparato de seguridad y el uso de normas administrativas, resulta ser el mayor violador de la libertad de expresión en el país centroamericano.
Violencia que es regional
América Latina peligrosa para comunicadores
De acuerdo con el más reciente informe(3) de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Ciap-Felap), 39 periodistas, fotógrafos y otros comunicadores fueron asesinados durante 2016 en 7 países de América Latina y el Caribe.
Eso representa más del doble de los 19 periodistas asesinados en Siria, y casi duplica los 20 comunicadores asesinados en Irak.De esa manera sube a 387 el número de personas vinculadas a medios de comunicación asesinadas en la última década (2006-2016) en la región latinoamericana.
Entre los países más afectados por la ola criminal se encuentran México (43 por ciento del total), Guatemala, Brasil, Honduras y El Salvador.El documento hace énfasis en el silencio que envolvió estos asesinatos.
La reconocida comisión investigadora asegura que “el instigador y autor intelectual de los asesinatos es la corrupción política que domina en las provincias y los estados, asociada estrechamente a grupos económicos ‘legales’ y a veces locales, también a grandes compañías mineras extranjeras y a los carteles de las drogas, tráfico humano y otros ‘rubros ilegales lucrativos”.
Otro denominador común de los asesinatos de gente de prensa es la absoluta impunidad.“Los asesinatos de periodistas no hacen noticia. Las policías de todos los países jamás encuentran a los autores intelectuales de los asesinatos. 
Sólo hallan a uno que otro sicario y entonces lo exhiben a la ciudadanía con abundante cobertura de la gran prensa, para que más rápido se olvide el crimen.Los nombres y las historias de cientos de periodistas asesinados terminan pasando al olvido”, concluye Ernesto Carmona, presidente de la Ciap-Felap.
Fuente: Rel-UITA

Asesinan a líder de la etnia tolupán en Hondurasn Honduras

El ministro de Seguridad de Honduras ordenó iniciar la investigación del asesinato del líder indígena, informó una fuente de Tegucigalpa.

El líder de la etnia tolupán, José de los Santos Sevilla, fue asesinado este viernes en la comunidad de La Ceiba, departamento de Francisco Morazán (centro de Honduras), informó el alcalde Alexander Rodríguez.

Sevilla fue tiroteado por cinco desconocidos que llegaron a su casa y aún se desconoce el motivo de su asesinato.





La etnia tolupán es una de las nueve que existen en Honduras. Entre todas representan cerca del diez por ciento de la población de ese país, que consta de 8,7 millones de habitantes.

Los tolupanes viven en la Montaña de La Flor, entre los departamentos de Yoro (norte) y Francisco Morazarán.

Una fuente oficial en Tegucigalpa informó que se inició una investigación del caso por instrucciones del ministro de Seguridad.

Además, autoridades de la Secretaría de Seguridad y de Medicina Forense del Ministerio Público ya están en el lugar del crimen.





Asesinan al líder y maestro Tolupan, José de Los Santos Sevilla, en la montaña de la Flor #FcoMorazán hay dos equipos de investigación

Hace casi un año, el 3 de marzo de 2016, fue asesinada la líder indígena Berta Cáceres, de la etnia lenca. 

Su muerta se vinculó a su lucha contra la ejecución de un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país porque este afectaría a comunidades indígenas y al ambiente. 

La construcción fue paralizada.

Cáceres era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH).

http://www.telesurtv.net/news/Asesinan-a-lider-de-la-etnia-tolupan-en-Honduras--20170217-0050.html
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