Rosselló Nevares
Con una deuda pública que ronda los 69 mil millones de dólares, Puerto Rico está imposibilitado de asumir sus responsabilidades con los acreedores, por lo que Estados Unidos decidió, a mediados de este año que termina, imponer al gobierno del ELA una junta de control fiscal mediante la legislación Promesa, aprobada por el Congreso en coordinación con la Casa Blanca.
Casi de forma simultánea, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló que el ELA carecía de poderes soberanos para procesar judicialmente a un ciudadano previamente encausado en el tribunal federal en San Juan.
Además, Washington le negó a la administración del gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla acogerse a la ley de bancarrota, ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores, debido a la insuficiencia fiscal y el estancamiento económico de una década.
García Padilla debió enfrentar, a la vez, la resistencia de la Asamblea Legislativa dominada por su propio Partido Popular Democrático (PPD), que desde 1952 enarboló el ELA como su carta de identidad, pese a su decadente fracaso en las últimas décadas.
La situación forzó al mandatario boricua a desistir de la posibilidad de buscar la reelección para dar paso en la boleta del PPD a su ministro de Estado David Bernier, quien no consiguió superar al candidato del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, quien asumirá la gobernación el próximo lunes, 2 de enero.
Rosselló Nevares, quien está comprometido en alcanzar la integración plena de Puerto Rico a Estados Unidos, tendrá que supeditarse a determinaciones de una junta de control fiscal de siete miembros nombrados por el Congreso y la Casa Blanca, que estableció Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.
Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de Al Mayadeen.
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