Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina
The New York Times
“Canadá está de regreso”, ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper.
El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos.
Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.
Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático.
A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.
La Trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva.
Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá.
Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.
Indígenas guatemaltecas acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban. Las mujeres sufrieron agresiones sexuales y sus hogares fueron quemados durante el operativo.
En Zacatecas, México, grupos responsabilizan a la compañía Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito.
Además de Guatemala y México, la situación es preocupante en países como Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras. El tema ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, uninforme de la ONU sobre Canadá y los derechos humanos publicado en julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de mineras canadienses en el extranjero.
La llegada de Justin Trudeau al cargo de primer ministro ha oscilado entre la esperanza y el pesimismo para poner freno a estas prácticas.
Hay que recordar sus mítines en campaña afirmando que sería la antítesis de Harper en política exterior. Un signo positivo es que, cuando era diputado, Trudeau votó a favor de una propuesta de ley presentada ante el parlamento por su colega liberal John McKay en 2010.
La propuesta C-300 buscaba imponer sanciones a compañías extractivas canadienses envueltas en actividades ilegales fuera del país. El proyecto finalmente fue derrotado por los votos conservadores. Sin embargo, los liberales no han retomado el tema desde que están en el poder. ¿Acaso preparan una dulce sorpresa o simplemente desean preservar el statu quo?
En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior.
Harper creó en 2009 la Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, aunque dicho órgano se enfoca en dar consejos técnicos y en favorecer el diálogo entre partes en conflicto.
Los liberales catalogaron la iniciativa como insuficiente cuando se encontraban en la oposición, pero ahora que son gobierno siguen contando con ella. Y, hasta el momento, no ha existido respuesta oficial a la misiva que recibió Trudeau.
No hay que tener el cerebro de Kasparov para comprender que la culpa va más allá de las compañías canadienses. Es conocida la larga lista de problemas en América Latina que contribuyen a esta situación: deficiencias en los sistemas de justicia, facilidad para torcer leyes a cambio de sobres llenos de dólares, deseos de crear fuentes de empleo pese a los altos costos sociales, económicos y medioambientales, entre otros.
No obstante, el gobierno de Canadá debe también asumir sus responsabilidades. Los informes subrayan que las autoridades canadienses han apoyado con vigor a las compañías mineras en el exterior sin contar necesariamente con la información que asegure su respeto por los derechos humanos y el medioambiente.
Además, el discurso oficial grita a los cuatro vientos que las cosas están cambiando, que ha salido el sol luego de tantos años nublados.
Transitar hacia una diplomacia que tome en cuenta las múltiples preocupaciones globales señaladas por Trudeau no es tarea sencilla, sobre todo cuando ello exige tocar puntos neurálgicos de la economía canadiense.
De acuerdo con la Asociación Minera de Canadá, esta industria contribuyó con el 3.5% del PIB del país en 2014 y el 66% de los activos mineros canadienses están ubicados en el exterior.
Justin Trudeau no es el primer político que debe hacer frente a dilemas de esta naturaleza, aunque se recuerdan pocos ejemplos de líderes empuñando tantas banderas al mismo tiempo. Ya se sabe: la coherencia entre hechos y palabras es prueba de gran estatura política. Trudeau haría bien en adherirse sin excepciones a los principios que figuran en su visión internacional.
Los distintos informes incluyen recomendaciones para combatir el problema, destacando la creación de un organismo canadiense de monitoreo con verdaderas atribuciones, la posibilidad de presentar demandas por parte de individuos o grupos afectados en el exterior ante instancias legales de Canadá, y el cese de toda ayuda gubernamental a empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos.
Acciones de este tipo contribuirían significativamente a reducir el impacto negativo de la minería canadiense fuera de sus fronteras.
Trudeau defendería la justicia, el cuidado medioambiental, la democracia y los derechos humanos al intervenir en el tema.
Tiene la oportunidad de matar varios pájaros de un tiro y de obtener el reconocimiento permanente de millones de personas que han tomado muy en serio su compromiso global. De otro modo, la decepción sería colosal.
Jaime Porras Ferreyra es doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal. Es consultor en temas internacionales y escribe en medios de España y América Latina.
Fuente: nytimes.com
Mineras canadienses responsables de 200 conflictos sociales en A. Latina
Las empresas canadienses controlan casi el 50 % de las actividades mineras en América Latina, donde han generado al menos 200 conflictos sociales, que incluyen transgresión de los derechos laborales de pueblos indígenas y daños graves al medioambiente.
El Gobierno canadiense, pese a conocer los problemas, continúa ofreciendo “apoyo político, legal y financiero a compañías que cometen o toleran violaciones de los derechos humanos”, denuncia el Ocmal.Esta información se desprende de un informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), en el que se advierte de que el Gobierno canadiense, pese a conocer los problemas, continúa ofreciendo “apoyo político, legal y financiero a compañías que cometen o toleran violaciones de los derechos humanos”.
De acuerdo con Ocmal, el Gobierno conservador del primer ministro, Stephen Harper, en caso de cualquier denuncia contra compañías de su país relacionadas con la minería, prefiere cuestionar el papel de los gobiernos latinoamericanos, a los que sindica de no hacer cumplir la ley en los territorios en torno a las minas.
Ocmal, una organización que defiende a las comunidades afectadas por la minería, se refiere a Canadá como la “sede de la abrumadora mayoría de las transnacionales de la minería en el planeta” y, de hecho, las compañías de este país han invertido más de 50.000 millones de dólares en la extracción de minerales en América Latina, donde aprovechan las brechas legales para incrementar sus ganancias, informó el viernes el canal venezolano de televisión Telesur.
Citando una investigación del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) -órgano que examina las violaciones sistemáticas de los derechos de las comunidades- el informe subraya que al menos cinco compañías canadienses están involucradas en violaciones de los derechos laborales y de los pueblos indígenas, daños graves al medioambiente y represión de protestas, entre los más de 200 casos de conflictos sociales detectados en la región.
En otra parte, menciona que el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, con sede en Toronto (Canadá), contabilizó que en los últimos años 50 personas perdieron la vida y 300 resultaron heridas en accidentes en los que están involucradas mineras canadienses. La nota añade que apenas se llevaron a cabo investigaciones sobre el caso.
Ocmal denuncia que los habitantes que rechazan la extracción minera por motivos como daños medioambientales son objeto de persecución, amenazas o llevados a los tribunales tras ser acusados de realizar “actos terroristas”.
En este punto, menciona que alrededor de las minas explotadas por las canadienses Goldcorp y Torex en Guerrero (sur de México) se produjeron 16 secuestros y seis asesinatos entre febrero y marzo pasados.
Al respecto alude a un caso en Cuba, donde la canadiense Sherritt International Inc. es responsable, según los residentes de la región de Moa, en el oriente de la isla, de contaminar unos 12 kilómetros de zona costera con desechos sulfurosos.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en un informe presentado el año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pone de relieve que las compañías mineras canadienses, con escasa o nula vigilancia de los gobiernos latinoamericanos donde ejecutan sus extracciones, “han contaminado fuentes de agua potable, talado zonas boscosas y han forzado el desplazamiento de poblaciones”.
La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Panamá, Perú, Rumania, Colombia, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papúa Nueva Guinea, Tanzania, La India, Indonesia, Zambia y Sudán.
El informe concluye que los acuerdos de extracción de minerales firmados por las mineras les permiten, en muchos casos, obtener fabulosos beneficios.
Los bajos salarios y el pago de derechos irrisorios convierten a varios países latinoamericanos en paraísos para esas compañías.
ncl/anz/mrk
hispantv.com
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