Coca-Cola: chispa de la vida
o dictadura de las multinacionales
Todos conocemos Coca-Cola y sus impactantes campañas de publicidad en TV. Pero, no es oro todo lo que reluce.
La multinacional norteamericana crea en España Coca-Cola Iberian Partners en febrero de 2013 como empresa embotelladora de Coca-Cola para España, Portugal y Andorra, resultado de la fusión de siete empresas embotelladoras.
Como cualquier empresa de capitales, su fin es el de maximizar el beneficio económico y garantizar la máxima rentabilidad y rendimiento para sus principales accionistas e inversiones.
Para ello, la empresa multinacional, al igual que muchas otras grandes empresas internacionales, está llevando a cabo un proceso reestructuración y racionalización de sus plantas industriales a través de ajustes de plantillas; eufemismos que se traducen en despidos de sus trabajadores.
Es curioso ver como grandes compañías que obtienen beneficios económicos suculentos y que tienen sesudos planes estratégicos, no se les ocurre otra cosa para mejorar su cifra de beneficios que despedir trabajadores.
Pero Coca-Cola no tiene problemas de liquidez ni de solvencia, si no todo lo contrario. Se trata de una empresa consolidada a la que no le afecta la crisis económica.
De hecho, en el año 2015, la multinacional ganó 7.351 millones de dólares en todo el mundo; y la filial española consiguió un beneficio record de 191 millones de euros, lo que supuso un aumento del 8% respecto al año anterior.
Además, la empresa ha recibido subvenciones y ventajas fiscales por sus operaciones de integración, además de las ayudas directas recibidas en el momento de su implantación en España.
Entonces, ¿porqué la empresa decide aprobar un Expediente de Regulación de Empleo ERE que afecta inicialmente a 1.250 trabajadores de los 4.200 que tiene en toda España (el 30% de la plantilla) y cerrar cuatro de sus 11 plantas: Fuenlabrada (Madrid), Colloto (Asturias), Alicante y Palma de Mallorca?.
¿Dónde han ido a parar los beneficios sociales que se supone que deberían haber producido las ayudas económicas que la empresa recibió de las Administraciones Públicas?.
Si una empresa que presenta resultados económicos y mejora sus expectativas año tras año no es capaz de mantener su plantilla de trabajadores, ¿cómo justificar las ventajas y ayudas fiscales que recibe del Estado?.
Sin ninguna duda, desde el punto de vista económico se trata de un abuso de poder por parte de una gran empresa, que perjudica a los ciudadanos en su conjunto.
Parte de los Presupuestos Generales del Estado van a parar a la cuenta de resultados de una empresa privada de capitales y ésta, a cambio, decide despedir a una parte de trabajadores de su plantilla.
Pero es que además de todo esto, la empresa se toma la licencia de no acatar las sentencias de diferentes jueces y tribunales, entre ellos, la Audiencia Nacional (el 13 de junio de 2014) y el Tribunal Supremo (el 15 de abril de 2015), declarando nulo el ERE de abril de 2014 e imponiendo la readmisión de los 821 trabajadores despedidos.
La Inspección de Trabajo confirmó que la empresa había trasladado productos fabricados en otras partes a Madrid durante el ERE, lo que vulnera el derecho a la huelga y convierte en nulo el ERE.
Y aquí entramos ya en una cuestión de derechos laborales y de Estado de Derecho. ¿Cómo es posible que una empresa no acate una sentencia judicial y no se le imponga una sanción económica y se le oblige a cumplir la ley?.
La indignación de los trabajadores es mayúscula, pero esa indignación debería llegar a todos los ciudadanos porque todos nos estamos viendo afectados por este comportamiento.
Se trata de prácticas abusivas cometidas por empresas en contra de la norma y el Derecho que nos afectan a todos.
Llegados a este punto, deberíamos plantearnos interrogantes como estos: ¿son las multinacionales imprescindibles o prescindibles en el desarrollo económico de los Estados?,
¿su actividad económica produce efectos positivos o negativos sobre los territorios en los que operan? y ¿es, por tanto, necesario o no incentivar la implantación de multinacionales en nuestro territorio?. Mucho se ha escrito sobre este tema, tanto desde un punto de vista a favor como en contra, sobre todo, bajo el enfoque de la globalización económica.
La constitución de cualquier empresa, a priori, es algo positivo, porque genera empleo y riqueza para un territorio determinado. Sin embargo, mucho se simplifica cuando se habla de crecimiento económico, creación de empleo y de riqueza.
Porque no siempre es positivo generar cualquier tipo de crecimiento económico o cualquier tipo de empleo. Y España es un ejemplo muy claro de ello.
Cuando el crecimiento y el empleo que se crean se basa en la especulación y el cortoplacismo y, por tanto, son muy poco sólidos, con las crisis económicas se destruyen con gran facilidad.
Las empresas multinacionales producen efectos positivos a corto plazo: crean nuevos puestos de trabajo y producen bienes y servicios que se traducen en riqueza para el territorio.
Hasta aquí todo correcto. Pero, ¿realmente generan un crecimiento sostenible y estable o es meramente coyuntural y dependiente de decisiones futuras?.
Evidentemente, si pasado un tiempo inician procesos de deslocalización productiva que implican el cierre de las plantas industriales y, por tanto, la destrucción de empleo, el efecto se vuelve en contra del territorio.
Y los efectos pueden ser devastadores, porque además de llevarse todas las ayudas económicas recibidas durante el tiempo en el que han estado invirtiendo, arrastran con su marcha el cierre de numerosas pequeñas empresas locales suministradoras de la multinacional, destruyendo así gran parte del tejido económico del territorio en el que estaban ubicadas.
En algunos casos, estas multinacionales generan efectos nocivos también en el medio ambiente, derivados de su actividad económica depredadora.
Otro elemento importante a tener en cuenta es el compromiso fiscal de las multinacionales. Entre 2006 y 2015, la recaudación por impuestos sobre el beneficio empresarial (el denominado Impuesto sobre Sociedades) ha caído en España un 50%.
Podríamos pensar que esto ha sido así por la caída de los beneficios, lo cual es cierto; pero es que esta caída ha sido del 6%, lo que solo explica en parte la significativa reducción de los ingresos obtenidos por este concepto.
¿Qué ha pasado entonces para que haya caído tanto la recaudación por este impuesto?.
Que las grandes empresas han encontrado requicios en la legislación para conseguir bonificaciones, deducciones, etc. en el pago de sus impuestos.
Mientras las PYMES pagan un tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades del 25%, las grandes empresas pagan menos del 7%; y algunas multinacionales llegan incluso a pagar tan solo el 3,5%.
También podríamos hablar de la evasión de capitales y traslado de sus cuentas bancarias a paraísos fiscales, la no tributación en el país donde operan si no en el país donde tienen la sede social de la empresa (con mayores ventajas y menos presión fiscal), los acuerdos colusivos entre grandes empresas que se reparten el mercado imponiendo condiciones abusivas a los consumidores o la connivencia que mantienen con los Gobiernos obteniendo así privilegios que nunca podrán conseguir las PYMES, los autónomos o los asalariados.
Podríamos pensar que esto ha sido así por la caída de los beneficios, lo cual es cierto; pero es que esta caída ha sido del 6%, lo que solo explica en parte la significativa reducción de los ingresos obtenidos por este concepto.
¿Qué ha pasado entonces para que haya caído tanto la recaudación por este impuesto?.
Que las grandes empresas han encontrado requicios en la legislación para conseguir bonificaciones, deducciones, etc. en el pago de sus impuestos.
Mientras las PYMES pagan un tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades del 25%, las grandes empresas pagan menos del 7%; y algunas multinacionales llegan incluso a pagar tan solo el 3,5%.
También podríamos hablar de la evasión de capitales y traslado de sus cuentas bancarias a paraísos fiscales, la no tributación en el país donde operan si no en el país donde tienen la sede social de la empresa (con mayores ventajas y menos presión fiscal), los acuerdos colusivos entre grandes empresas que se reparten el mercado imponiendo condiciones abusivas a los consumidores o la connivencia que mantienen con los Gobiernos obteniendo así privilegios que nunca podrán conseguir las PYMES, los autónomos o los asalariados.
¿Son por tanto beneficiosas las multinacionales para la economía de un territorio?. Si reciben ayudas multimillonarias de las Administraciones Públicas, pagan muy pocos impuestos, generan dependencia económica en el territorio y encima destruyen empleo o incluso se deslocalizan, la respuesta es rotundamente no.
Sí producen determinados efectos positivos a corto plazo, pero a largo plazo son claramente perjudiciales.
No se trata simplemente de oponerse a las multinaciones por el fenómeno de la globalización si no por motivos económicos muy concretos como los que acabamos de analizar.
Llegados a este punto, ¿qué medidas se podrían tomar para limitar los abusos y los efectos nocivos de las multinacionales?.
Son varios los aspectos sobre los que habría que actuar.
En primer lugar, separar las decisiones políticas de las presiones y las exigencias de estas grandes corporaciones.
Los políticos han de gobernar para el bien común y el interés general y no para beneficiar a unos pocos, por muy grandes y poderosos que sean estos pocos. Esta máxima, de aplicarse, ya resolvería gran parte de los problemas asociados a este tema.
La eliminación de las “puertas giratorias” en el doble sentido es clave para evitar esto. Ningún exdirectivo de una gran empresa podrá dedicarse a la política ni ningún expolítico podrá formar parte del consejo de administración de una gran empresa.
Se trata de un caso grave de conflicto de intereses que ya debería estar resuelto.
Sí producen determinados efectos positivos a corto plazo, pero a largo plazo son claramente perjudiciales.
No se trata simplemente de oponerse a las multinaciones por el fenómeno de la globalización si no por motivos económicos muy concretos como los que acabamos de analizar.
Llegados a este punto, ¿qué medidas se podrían tomar para limitar los abusos y los efectos nocivos de las multinacionales?.
Son varios los aspectos sobre los que habría que actuar.
En primer lugar, separar las decisiones políticas de las presiones y las exigencias de estas grandes corporaciones.
Los políticos han de gobernar para el bien común y el interés general y no para beneficiar a unos pocos, por muy grandes y poderosos que sean estos pocos. Esta máxima, de aplicarse, ya resolvería gran parte de los problemas asociados a este tema.
La eliminación de las “puertas giratorias” en el doble sentido es clave para evitar esto. Ningún exdirectivo de una gran empresa podrá dedicarse a la política ni ningún expolítico podrá formar parte del consejo de administración de una gran empresa.
Se trata de un caso grave de conflicto de intereses que ya debería estar resuelto.
En segundo lugar, se podrían tomar medidas específicas como:
1) condicionar las ayudas públicas concedidas a los efectos a largo plazo de la actividad de la multinacional, de manera que si la multinacional se deslocaliza, deberá devolver todas las ayudas recibidas;
2) exigir a las multinaciones a comprometer parte de sus beneficios económicos a la realización de acciones de responsabilidad social corporativa como la protección del medio ambiente, la promoción de actividades sociales, culturales y artísticas, la igualdad de género, la contratación estable de los trabajadores, etc.;
3) establecer un sistema fiscal progresivo que oblige a pagar impuestos a las multinacionales en proporción a su actividad y beneficios económicos, sin concederles ningún tipo de privilegios sobre las PYMES en los tipos efectivos;
4) perseguir el fraude fiscal, la evasión de capitales y los paraísos fiscales, de manera que las multinaciones cumplan las exigencias fiscales establecidas legalmente sin ningún tipo de resquicio;
5) proteger a las PYMES que mantengan una relación mercantil con una multinacional con el fin de evitar abusos y dependencias excesivas que condicionen su continuidad en el tiempo; y
6) en el caso de incumplimiento de algunas de las medidas establecidas, imponer fuertes sanciones económicas e incluso penales, que desincentiven a las multinaciones de realizar abusos de poder de mercado.
1) condicionar las ayudas públicas concedidas a los efectos a largo plazo de la actividad de la multinacional, de manera que si la multinacional se deslocaliza, deberá devolver todas las ayudas recibidas;
2) exigir a las multinaciones a comprometer parte de sus beneficios económicos a la realización de acciones de responsabilidad social corporativa como la protección del medio ambiente, la promoción de actividades sociales, culturales y artísticas, la igualdad de género, la contratación estable de los trabajadores, etc.;
3) establecer un sistema fiscal progresivo que oblige a pagar impuestos a las multinacionales en proporción a su actividad y beneficios económicos, sin concederles ningún tipo de privilegios sobre las PYMES en los tipos efectivos;
4) perseguir el fraude fiscal, la evasión de capitales y los paraísos fiscales, de manera que las multinaciones cumplan las exigencias fiscales establecidas legalmente sin ningún tipo de resquicio;
5) proteger a las PYMES que mantengan una relación mercantil con una multinacional con el fin de evitar abusos y dependencias excesivas que condicionen su continuidad en el tiempo; y
6) en el caso de incumplimiento de algunas de las medidas establecidas, imponer fuertes sanciones económicas e incluso penales, que desincentiven a las multinaciones de realizar abusos de poder de mercado.
Pero sobre todo, frente a la dependencia de las multinaciones, lo realmente determinante sería que se incentivara la economía local.
El apoyo a emprendedores y empresas locales arraigadas en el territorio es clave para crear un modelo productivo sostenible y comprometido. Pero esto ya sería motivo de otro artículo.
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