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sábado, 22 de octubre de 2016

Brexit: ¿se convertirá Reino Unido en un paraíso fiscal?

Brexit: ¿se convertirá Reino Unido en un paraíso fiscal?

Van pasando los días desde que el referéndum celebrado en Reino Unido cambiara el mapa de la Unión Europea, con la victoria de los partidarios del Brexit. Desde entonces las cabezas de los analistas (y de buena parte de los ciudadanos de a pie) no ha dejado de echar humo, intentando averiguar cuáles van a ser las consecuencias…
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Y una teoría que ha ido ganando fuerza estos últimos días: que el Reino Unido podría intentar convertirse en un paraíso fiscal. Y es que, fuera de la UE, el gobierno dirigido desde el 10 de Downing Street tendría plena potestad para dirigir las políticas fiscales del país, fuera ya del marco regulatorio impuesto por Europa. 
No obstante, la Agencia Reuters se hace eco de un memorando emitido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 
En el mismo, las principales voces sobre política fiscal del organismo consideran que es poco probable.
La principal razón de ello es que, sin duda, una política fiscal especialmente permisiva, y que pudiera atraer a inversores de todo el mundo a la isla, en detrimento de otras economías del mundo, y especialmente, de la Unión Europea, obtendría una rápida y nada agradable respuesta por parte del continente. Dicho en otras palabras: el coste político sería tan alto que, de facto, se podría calificar de inasumible. 
Y más aún con todo el mundo pendiente de que Reino Unido invoque el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, lo que dará el pistoletazo de salida a las negociaciones sobre los términos prácticos tanto del propio proceso de salida, como de las relaciones con la UE, una vez concluso el Brexit.
Es cierto que las condiciones fiscales del Reino Unido ya son algo mejores que las de la Unión Europea, y el acuerdo firmado entre ambas a principios de año (la principal baza con la que contaba Gordon Brown para apostar por la permanencia) lleva la fiscalidad de Reino Unido a niveles aún más bajos. 
Por ejemplo, el país se encuentra sumergido en el proceso legal necesario para disminuir su impuesto de sociedades al 17%, mientras que el promedio de los países integrantes de la OCDE es del 25%. 
Esta modificación ya fue aceptada por la UE cuando el país todavía formaba parte de la Unión, por lo que no cabe esperar una respuesta negativa al mismo. 
Sin embargo, nuevas medidas, y en especial aquellas destinadas a reducir significativamente el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), así como mecanismos encaminados a facilitar la ingeniería fiscal (algo de lo que pueden hablar bastante Irlanda y Luxemburgo) tendría un encaje mucho peor. 
Primero, claro, porque con el Brexit y una eventual “desconexión” del libre tránsito económico (y una aún más eventual imposición de tasas de entrada y salida), el país ya no sería una puerta de entrada tan atractiva a Europa desde Estados Unidos. Y segundo, claro, porque la Unión sería mucho menos permisiva de lo que lo ha sido con Irlanda y Luxemburgo.
No obstante, es más que predecible que Reino Unido sí que acometerá reformas fiscales, y no solo las necesarias para cuadrar sus cuentas tras el Brexit. 
La salida ya supone una cierta pérdida de competitividad, que tendrá que ser compensada con mejoras en la fiscalidad del país para inversores extranjeros. Sin embargo las propias finanzas públicas británicas impiden grandes movimientos en este sentido. 
El coste económico de la salida deberá ser asumido por las arcas públicas, además de por los servicios públicos del país, que en palabras de su Primer Ministro durante la campaña a favor del Bremain (permencia del Reino Unido en la Unión Europea) tendrán que experimentar recortes para cuadrar las cuentas.
Así, lo más predecible es que, desde la activación del proceso de salida hasta la llegada a término de dicha operación (con un plazo máximo de dos años, so pena de dejar el marco regulatorio a medias, lo que tendría funestas consecuencias para Reino Unido), el país defina unas condiciones fiscales “amables” para los inversores, pero que a la vez no resulten demasiado agresivas para la Unión Europea, puesto que esto puede ir en su contra en las negociaciones. 
Y es que, aunque la tradicional flema británica es dada a pensar que es el continente el que se queda aislado ante cualquier desconexión, la realidad apunta a que, aunque las consecuencias negativas se dejarán sentir a ambos sentidos del Canal de La Mancha, serán los británicos los que tengan que asumir la peor parte de la carga generada por el Brexit.

Paraísos fiscales europeos, ¿al servicio de las corporaciones globales?…

La Unión Europea se ha construido como espacio financiero sin fronteras y sin autoridad reguladora como tal, por lo tanto descontrolado, al BCE no se le otorgan atribuciones en este sentido. Dejando el sistema financiero europeo al arbitrio de los mercados…
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Antonio Fuertes Esteban
Las políticas comunes neoliberales de los tratados de la UE han sido firmadas y ratificadas por los estados sin apenas debate. Estas han prescrito la absoluta libertad en los movimientos de capital en el interior y con el exterior de la UE. 
Al mismo tiempo dichas políticas permiten y avalan la actividad opaca de los paraísos fiscalesdel entorno europeo, conectados al servicio del poder global de las finanzas y las corporaciones globales.
Estos paraísos fiscales hacen vulnerable a la UE y a sus países miembros, reduciendo los ingresos públicos mediante la evasión fiscal; generando abusos especulativos y proveyendo la banca en la sombra fuera de cualquier tipo de supervisión, con lo que provocan inseguridad financiera y crisis e incentivan la corrupción política,  el terrorismo y la delincuencia organizada e incontrolada.
La UE permanece impasible y no controla en su territorio de soberanía política a los poderes económicos transnacionales, poniendo la opacidad de sus paraísos fiscales a su servicio. 
Permite a 3 paraísos fiscales en su seno y no regula su relación con los otros 7 territorios paraísos fiscales del espacio económico europeo, manteniendo con ellos acuerdos económicos y comerciales preferenciales mientras que estos compiten deslealmente con los demás países de la UE. 
Ello solo tiene un objeto: Poner a la UE al servicio de las corporaciones transnacionales y no de las personas. Las políticas favorables a los centros offshore suponen consecuencias nefastas para sus estados miembros y socaban sus capacidades para atender las demandas de su ciudadanía.
Los paraísos fiscales constituyen un obstáculo insalvable para una construcción política y económica europea de carácter autónomo, soberano y democrático, de aquí que la lucha social y política por su erradicación sea tan necesaria. 
Sin embargo y a pesar de ello, hoy todos los gobiernos de la UE y la propia UE reconocen la legalidad del ordenamiento jurídico de los territorios offshore, que albergan el secreto bancario, las sociedades instrumentales y filiales bancarias, los trust o fideicomisos y los vehículos especiales de in versión como figuras jurídicas propias al servicio de los capitales móviles y las corporaciones.
La ciudadanía europea organizada, que ve impotente como se están perdiendo los derechos económicos y sociales adquiridos con los efectos de la crisis como única excusa, ha de reaccionar y movilizarse en Europa para cuestionar lo que está en la base y es la causa de su pérdida de derechos, aquellos instrumentos de las finanzas que constituyen armas a su servicio para imponerse a la soberanía de los países.
Los paraísos fiscales son junto al desarrollo imparable de la especulación, la generación de la deuda pública ilegítima para el salvamento de los sistemas financieros, la privatización y concentración casi total del sistema bancario y el ataque a los sistemas fiscales, las principales armas de destrucción masiva que socaban la democracia en Europa e impiden que pueda construirse una economía al servicio de la sociedad. Lo que es descorazonador es que sean los gobiernos elegidos por el pueblo los que han legislado las políticas que hacen posible el desastre.
Las políticas que desde la cumbre del G-20 en Londres se han desarrollado internacionalmente, con el pretexto de implementar medidas para abolir los paraísos fiscales, han constituido una auténtica burla a la ciudadanía, una cortina de humo que ha hecho posible que dichos territorios offshore hayan adquirido visos de honorabilidad al desaparecer de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, cuando en realidad no ha cambiado sustancialmente su funcionamiento.
La sociedad organizada ha de pedir a las fuerzas políticas de cambio en Europa que desplieguen la bandera contra los paraísos fiscales en la UE y al mismo tiempo organizarse para exigir medidas a los gobiernos para combatirlos a nivel local:
– Los partidos de la izquierda europea tienen la responsabilidad de abanderar el combate contra los paraísos fiscales en Europa y la UE y la sociedad europea ha de requerirles y organizarse para ello.
– Combatir el secreto bancario en Europa es un imperativo democrático. Para ejercerlo las instituciones políticas de la Unión Europea han de reconsiderar la relación de trato preferencial hacia estos países en el caso que no cambien su corrosivo sistema jurídico offshore.
– Es ineludible en el corto plazo introducir en la agenda política europea la necesidad de realizar acuerdos bilaterales efectivos de intercambio automático de información desde la UE con estos territorios. Las autoridades tributarias o judiciales han de poder reunir la información necesaria en el ejercicio de sus funciones democráticas.
– Desde la UE se habría de promover activamente a nivel internacional el debate hacia el cambio en las normativas contables de las sociedades, que haga posible que las sociedades transnacionales paguen a las haciendas locales por sus beneficios en cada uno de los países en que operan.
– Las autoridades gubernamentales y parlamentos europeos y estatales han de promover medidas legislativas para que desde las administraciones no se contrate con aquellas empresas que tengan sociedades instrumentales ubicadas en paraísos fiscales.
– El recurrido tópico sesgadamente interpretado de la unión fiscal, ha de comenzar por acuerdos fiscales hacia la armonización en la UE y espacio económico europeo, eso resulta imposible con los paraísos fiscales.
La lucha para la abolición de los paraísos fiscales, agujeros negros de las finanzas,  es un imperativo democrático, ecológico y social y este foro debería de realizar una declaración en este sentido.

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