Una de cada tres personas dependientes en España no recibe ninguna prestación
La atención a la dependencia en España ha sufrido “un claro y doloroso estancamiento desde mediados 2012 hasta mediados de 2015” cuando se incorporaron las personas con dependencia moderada (Grado I) al sistema.
A lo largo del último año se ha incrementado en un 12% el número de personas atendidas, pero aún queda mucho por hacer. Así lo asegura la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales tras hacer público el Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia de este mes de julio.
Este colectivo denuncia que existe un “fragante incumplimiento respecto a cientos de miles de personas”, ya que uno de cada tres dependientes no recibe ninguna prestación o servicio. Con datos del 30 de junio, actualmente hay 1.207.870 personas dependientes en España, de las que están siendo atendidas el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en ‘lista de espera’.
“Con el actual ritmo de nuevas incorporaciones de atendidos”, afirma la asociación, “deberían transcurrir más de cuatro años para acabar con la desesperante lista de espera” en la que se encuentran este 31,6% de dependientes.
Incluso, las directoras y gerentes de Servicios Sociales advierten de que hay comunidades que no solucionarán nunca este problema.
En concreto, apuntan a Cataluña y Canarias. Esta última “tardaría más de 25 años” en acabar con la lista de espera.
Tras valorar “positivamente” el aumento en las personas atendidas en el último año, este colectivo enumera varios elementos “extremadamente preocupantes” ante los que se deben tomar medidas.
Junto a la necesidad de acabar con las listas de espera, esta asociación pone el acento en las “extremas diferencias interterritoriales”, ya que no todas las regiones “han mejorado la gestión en la misma medida”.
Mientas unas comunidades han avanzado “significativamente en el último año”, como son Castilla y León, Madrid, Asturias, La Rioja o las ciudades de Ceuta y de Melilla, otras, como las ya mencionadas Canarias y Cataluña, están en una situación “crítica”. A ellas hay que sumar Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Galicia, “cuyos avances en el último año no han sido suficientes”.
Además, este colectivo de directoras y gerentes explica que “es imposible atender con las mínimas garantías a las personas en situación de dependencia sin un modelo de financiación adecuado”.
Este modelo que existe es “insuficiente, cuando no tramposo, y está provocando la paulatina retirada de la financiación finalista a las Comunidades Autónomas por parte de la Administración General del Estado a medida que el gasto se incrementa en la factura autonómica en dependencia”.
El recorte del Gobierno de Rajoy en dependencia asciende ya a 2.865 millones de euros teniendo en cuenta “la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares”. Todo esto deja a las regiones “en una encrucijada con una difícil salida”.
Una salida que pasaría por incorporar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo sobre la financiación del sistema de dependencia que permita a las comunidades “cumplir con los ciudadanos debidamente”.
Este tema sería tarea para el próximo Gobierno, al que recuerda que la atención a la dependencia es un sector de la economía que genera empleos.
Gustavo García | El Boletín VISTO en LibreRed
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