RELACIONAN A USAID CON ASESINATO DE BERTA CÁCERES
Matan al presidente de comunidad gay en el norte de Honduras
Coordinador de un movimiento social orientado a prevenir la violencia, René Martínez apareció estrangulado.
El representante especial de Derechos Humanos de la Unión Europea, de visita en el país, reclama protección para los defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
EFE
TEGUCIGALPA.- El presidente de la comunidad gay en San Pedro Sula, norte de Honduras, René Martínez, fue hallado muerto este viernes, al parecer por estrangulamiento, después de haber desaparecido desde el miércoles, informaron familiares suyos.
Según el escueto informe, el cuerpo de Martínez fue hallado en Medicina Forense del Ministerio Público de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, donde había sido ingresado como desconocido entre el miércoles y jueves.
La familia denunció el mismo miércoles la desaparición de Martínez varias horas después de que él salió de su casa en un vehículo, acompañado de otra persona, no identificada,desde Chamelecón, jurisdicción de San Pedro Sula.
El dirigente era además coordinador de un movimiento social en el sector de Chamelecón, orientado a prevenir la violencia, que es auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, según versiones de medios locales de prensa.
Martínez también activaba en el gobernante Partido Nacional de Honduras y era uno de los defensores de la comunidad Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intransexuales (LGTBI) en el país centroamericano.
La oficina de la Unión Europea (UE) en Tegucigalpa lamentó "profundamente" la muerte violenta de Martínez, a quien definió como "otro defensor prominente de derechos humanos y miembro de la comunidad LGBTI".
"La triste noticia nos ha llegado durante la visita a Honduras del representante especial de Derechos Humanos de la Unión Europea, Stavros Lambrinidis", indicó la UE en un comunicado.
Señaló además que Lambrindis, durante su estancia en Honduras, adonde llegó el jueves, "ha enfatizado la importancia de la implementación urgente y efectiva de un mecanismo de protección a las y los defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia".
"Estoy muy consternado por el asesinato del defensor de Derechos Humanos René Martínez. La única vía para poner fin a la violencia es luchar efectivamente contra la impunidad, exigimos investigaciones expeditas y profundas para aclarar lo que ha ocurrido y para que la justicia prevalezca", dijo Lambrinidis.
Además, expresó su "más sentido pésame a la familia de René Martínez y al pueblo hondureño".
PUBLICO.ES
"La responsabilidad del Gobierno de Honduras en el asesinato de Berta Cáceres es total"
Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la activista hondureña, habla con 'Público' sobre la situación del caso y de los defensores de derechos humanos en Latinoamérica.
Cansado. Y abatido.
Aquellos balazos que le rozaron la oreja provocando un gran sangrado que le salvó la vida ya han cicatrizado, pero el mexicano Gustavo Castro tiene su alma destrozada.
El director de la organización Otros Mundos Chiapas AC estaba con la activista hondureña Berta Cáceres, que luchaba contra la mina de Aguazarca, cuando la asesinaron hace dos meses.
Tras las complicaciones para salir del país centroamericano, responde desde algún rincón desconocido de México.
Ha sido testigo de la barbarie y del terror, vivió con miedo, pero “éste se va transformando en más energía para combatir a este sistema que pretende acabar con todos nosotros”.
No tiene miedo a hablar, y los ‘peros’ no aparecen en su discurso. Su voz resuena fuerte para denunciar un sistema en el que cada vez más los intereses transnacionales y financieros están por encima de las personas y el medioambiente. De la vida.
Berta Cáceres había sufrido amenazas, ¿eras consciente que tu vida estaba en juego?, ¿alguna vez habías sido amenazado por tu actividad crítica y de denuncia?
Sabía que había un contexto muy difícil desde hace mucho tiempo y que se había agudizado en los últimos meses. Al llegar a Honduras [fue a impartir un taller] sabía de las recientes amenazas al COPINH [Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras] y a Berta; y las últimas confrontaciones con la empresa hidroeléctrica DESA [Desarrollos Energéticos SA].
Pero jamás pensé que pasaría lo que pasó.
Personalmente muy pocas veces he sido amenazado por mi trabajo, a diferencia de cómo lo han vivido cantidad de defensores y defensoras de los derechos humanos en toda la América Latina y el Caribe, donde las luchas del movimiento social son fuertes y esperanzadoras.
Otros asesinatos pasan desapercibidos, pero el de Berta Cáceres ha tenido un gran eco internacional y ha habido muchas críticas y manifestaciones de repulsa, ¿marcará un antes y un después?
Ha sido sorprendente la reacción internacional, no acabo de dimensionarlo. Marca un antes y un después, ya que ha despertado la consciencia adormecida en muchos y ha renovado y actualizado los lazos, la comunicación y la solidaridad entre los pueblos, las personas, las redes y los movimientos.
Recientemente también han asesinado a Nelson García, otro miembro del COPINH, pero este caso sin tanto eco...
Cierto, y muy lamentable. En Honduras más de 120 ambientalistas han sido asesinados y más de diez han tenido las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es un país catalogado como uno de los más violentos del mundo, con un alto grado de impunidad que ha merecido la instalación de la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras por parte de la OEA hace algunas semanas.
Efectivamente, Honduras es un país especialmente complicado para las personas que luchan por los derechos de la tierra… Aunque también es cierto que es un problema que desangra a toda América Latina
Ésta es la realidad de América Latina, donde los defensores de los derechos humanos cada vez son más perseguidos y criminalizados.
Miles de casos se pliegan por todo el continente: hombres, mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y campesinas, movimiento urbano y de todo tipo en la defensa del medio ambiente y de la vida.
Asesinatos, desaparecidos, desplazados, encarcelados, entre otros, son los saldos de la lucha por la vida.
Pero no es sólo por la propia vida, sino por la vida de todos y todas, de ti, de mí, de cualquiera en cualquier lado, porque al final es la defensa de nuestra casa común, de nuestra agua, de nuestro ambiente, de nuestra dignidad, de nuestro planeta.
¿Hasta qué punto lo sucedido es responsabilidad del Gobierno de Honduras?
Su responsabilidad es total. El Gobierno de Honduras no ha querido aprobar una ley de víctimas para no otorgarles derechos. Tampoco ha querido aprobar un reglamento para los testigos protegidos ni para los defensores de los derechos humanos.
La corrupción e impunidad es tal que la OEA ha tenido que mandar una misión. Tampoco ha querido restablecer el Consejo de la Judicatura, recién disuelto.
El conflicto de intereses entre la clase política y empresarial es evidente. Los recursos y financiamientos de la banca multilateral de desarrollo para fortalecer el Estado de derecho se han ido en la corrupción. Lo que se requiere es voluntad política para establecer el Estado de derecho en Honduras ante la debilidad institucional.
COPINH ha denunciado que DESA atacó hace unos días a varias de sus activistas
El Ministerio Público, en su comunicado donde anuncia mi liberación de Honduras, indicó del cateo e incautación de armas a la empresa.
Esperamos que el Gobierno, pese al conflicto de intereses que hay, logre hacer justicia.
Y es que detrás de DESA hay muchos intereses involucrados: desde los bancos europeos, el Banco Mundial y los Gobiernos quienes, por medio del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Centroamericano de Integración Económica, son los responsables en alguna medida de los efectos socio ambientales de los proyectos que aprueban.
Dan préstamos a empresas trasnacionales y nacionales culpables e involucradas en asesinatos, en depredación ambiental, en desplazamientos de población indígena y campesina, y otras violaciones a los derechos humanos.
¿Sigue siendo la impunidad uno de los grandes problemas de América Latina?
La impunidad es resultado de algo previo:
los delitos que cometen los Estados y las empresas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en el continente.
La ganancia del capital cada vez está más por encima de los pueblos y de los derechos humanos y el medio ambiente. Ése es el problema principal en América Latina, pero también en otros continentes, porque la acumulación del capital en manos de los grandes consorcios, de los más ricos y de los grandes bancos va arrasando con los pueblos y con el Planeta.
¿Cómo se conjuga el nuevo extractivismo que están viviendo determinados países americanos con el lenguaje de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático o, por ejemplo, los acuerdos recientes de París?
Es el centro del problema: el modelo extractivista se da en todos los países del continente.
Un modelo que, lejos de ser sustentable, verde, responsable, limpio, ecológico, entre otras acepciones que el capital y las grandes corporaciones trasnacionales intentan bañar como economía verde, deja un saldo de depredación, pobreza y pérdida del medio ambiente sumamente acelerado. Lejos están los Gobiernos y las grandes trasnacionales de querer combatir el cambio climático y proteger el Planeta.
COMPAÑÍA CON FONDOS DE USAID IMPLICADA EN EL ASESINATO DE LA ACTIVISTA BERTA CÁCERES
Dos de los cinco sospechosos detenidos en relación con el asesinato Berta Cáceres ‘están relacionados con DAES, la empresa responsable del proyecto de presa que la activista hondureña trataba de detener.
La complicidad de Washington en las violaciones de los derechos humanos y en la represión de los movimientos sociales en Honduras ha vuelto al primer plano gracias a una investigación publicada en Counterpunch, que reveló que la empresa de energía privada hondureña que asesinó la activista indígena Berta Cáceres, firmó un acuerdo de financiación con un socio de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ), pocos meses antes de su asesinato.
La compañía detrás del polémico proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, Desarrollos Energéticos S.A., mejor conocida como DAES, firmó un contrato con el socio de USAID Fintrac en diciembre de 2015, menos de tres meses antes de que Cáceres fuera asesinada en su casa el 3 de marzo.
Según la periodista independiente radicada en América Central Gloria Jiménez, los fondos fueron destinados a un programa de asistencia agrícola de la USAID en Honduras.
Pero el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Berta Cáceres, luchó durante mucho tiempo contra la represa de Agua Zarca de DESA por la amenaza ambiental que representaba para el río sagrado Gualcarque y por la falta de consentimiento de las comunidades locales.
El acuerdo Fintrac-DAES fue firmado por Sergio Rodríguez, un empleado de DESA y uno de los sospechosos detenidos en relación con el asesinato de Cáceres, junto con otras cuatro personas.
En una declaración emitida después de las detenciones, DESA confirmó que Rodríguez trabajó para la empresa como el gerente de su división de asuntos sociales y ambientales.
En los meses previos a su asesinato, Cáceres denunció decenas de amenazas de muerte, incidentes de acoso y amenazas de violencia sexual, presuntamente a manos de agentes estatales y privadas.
Hace más de dos años, DESA buscó establecer cargos contra Cáceres y dos líderes del COPINH, por usurpación de tierras, coacción y daños y pintó a los activistas como violentos “anarquistas”.
Los miembros del COPINH y otros defensores de los derechos humanos circunscriben el caso en una campaña más amplia de DESA para culpabilizar al COPINH y eliminar la oposición al proyecto Agua Zarca.
Dos de los cinco sospechosos detenidos en relación con el asesinato Berta Cáceres 'están relacionados con el DAES, la empresa responsable del proyecto de la presa ella luchó para detener.
La complicidad de Washington en violaciones de los derechos humanos y la represión de los movimientos sociales en Honduras ha pasado a primer plano una vez más como una investigación publicada en Counterpunch reveló que la empresa de energía privada hondureña que mató a activista indígena Berta Cáceres largo resistió ha firmado un acuerdo de financiación con un USAIDpareja pocos meses antes de su asesinato de alto perfil.
La compañía detrás del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca polémico a Lenca tierra, Desarrollos Energéticos SA, más conocido como el DAES, firmó un contrato con el socio de USAID Fintrac en diciembre de 2015, menos de tres meses antes de Cáceres fue asesinado en su casa el 3 de marzo .
Según el periodista independiente radicado en América Central Gloria Jiménez, los fondos fueron destinados a un programa de asistencia agrícola de la USAID en Honduras occidentales.
Pero Junta Cívica de Cáceres de Popular y Movimientos Indígenas de Honduras, o COPINH, que ha luchado durante mucho tiempo contra la represa de Agua Zarca de DESA por sus amenazas al sagrado río Gualcarque y la falta de consentimiento de las comunidades locales, ha argumentado que a pesar de las promesas de la corporación, DESA tarda mucho más de lo que da la espalda.
El acuerdo Fintrac-DAES fue firmado por Sergio Rodríguez, un empleado de DESA y sospechoso detenido en relación con el asesinato de Cáceres , junto con otras cuatro personas.
En una declaración emitida después de las detenciones, DESA confirmó que Rodríguez trabajó para la empresa como el gerente de su división de asuntos sociales y ambientales. DAES no confirmó ninguna relación con la sospecha de Douglas Bustillo, que en otros lugares se ha identificado como la cabeza de la firma de seguridad.
En un reciente correo electrónico a teleSUR, DESA declinó una entrevista, diciendo que no puede hacer comentarios sobre casos bajo investigación en los tribunales hondureños.
"Además, nuestra empresa opera completamente en línea con la ley y los valores empresariales más estrictas", agregó el correo electrónico.
Miembros de la familia de Cáceres han afirmado que DESA y el gobierno de Honduras son los responsables por el asesinato del líder indígena.
En los meses previos a su asesinato, Cáceres denunció decenas de amenazas de muerte, los incidentes de acoso y amenazas de violencia sexual, presuntamente a manos de agentes estatales y privadas.
Hace más de dos años, DESA buscó cargos contra Cáceres y dos líderes COPINH compañeros de usurpación de tierras, la coacción, y los daños y pintado los activistas como violentos "anarquistas". Los miembros del COPINH y defensores de derechos humanos interpretar el caso como una parte de una campaña más amplia de DESA para penalizar COPINH y eliminar la oposición al proyecto Agua Zarca.
COPINH y miembros de la familia de Cáceres siguen pidiendo una investigación experta independiente sobre el asesinato en nombre de la identificación de los que ordenaron el asesinato, no sólo los que apretó el gatillo. También exigen la cancelación permanente de Agua Zarca.
Un día internacional de acción el 15 de junio a las embajadas de Honduras de todo el mundo se planea hacerse eco de las demandas de COPINH a nivel mundial.
Defensores de derechos humanos han pedido reiteradamente al Estados Unidos para detener la represión en Honduras financiación a través de apoyo de proyectos corporativos controvertidos y la financiación del gobierno para las fuerzas de seguridad de Honduras corruptos.
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