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lunes, 14 de marzo de 2016

Pujol guarda Pruebas de Comisiones a una Alta Personalidad del Estado español

Pujol guarda pruebas de comisiones a una alta personalidad del Estado español

Pujol guarda pruebas de comisiones a una alta personalidad del Estado español


En círculos cercanos al clan Pujol se asegura que la familia del expresidente de la Generalitat no pisará la cárcel, ya que la Fiscalía tiene instrucciones del Gobierno de tratarlo con “guante de seda”. 

El motivo: las comisiones que Jordi Pujol entregó a una alta personalidad del Estado español por conseguir que los Juegos Olímpicos de 1992 se celebrasen en Barcelona.

La opinión pública española se extraña de que la Justicia sea tan blanda con la familia de Jordi Pujol, en comparación con las medidas cautelares impuestas a otros dirigentes políticos acusados por delitos de blanqueo de dinero o fugas de capital. 


Se imponen penas de prisión preventiva a la espera de juicio por cantidades infinitamente menores a la fortuna depositada por el clan Pujol en una decena de paraísos fiscales, como es el caso de Luis Bárcenas que permaneció 20 meses en la cárcel de Soto del Real (Madrid) y salió tras depositar su familia 200.000 euros de fianza.

Jordi Pujol entregó elevadas sumas de dinero a una alta personalidad por conseguir que los Juegos Olímpicos de 1992 se celebrasen en Barcelona
PP y PSOE están en el secreto

Fuentes de la Fiscalía aseguran a mil21. que el “guante de seda” que se aplica al clan Pujol se debe a que el expresidente de la Generalitat guarda pruebas de elevadas sumas de dinero entregadas a una alta personalidad del Estado español como regalo por conseguir que los Juegos Olímpicos de 1992 se celebrasen en Barcelona. 

Las citadas fuentes explican que tanto el PP como el PSOE están en el secreto de estas comisiones y han acordado que los fiscales echen tierra al escándalo para proteger a la alta personalidad.

La estrategia política es dejar pasar el tiempo para que la mayoría de las investigaciones sobre el clan Pujol prescriban y todo se quede en las denuncias de los medios de comunicación. Con el fin de dar una apariencia de que se actúa, las fuentes aseguran a mil21.es que todo lo más que se ha llegado ha sido a inmovilizar la colección de automóviles de lujo de Jorge Pujol Ferrusola, hijo del Molt Honorable.

El PSOE de Felipe González pactó la corrupción

En mayo del 1984, gobernando el PSOE de Felipe González, el entonces fiscal general del Estado, Luis Burón ordenó una querella contra los antiguos directivos de Banca Catalana, entre los que se encontraba Jordi Pujol, presidente de la Generalitat catalana, por apropiación indebida y falsedad documental. 

La querella fue filtrada a la prensa por el entonces Delegado del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín, quien textualmente dijo: Los socialistas vamos a meter en la cárcel a Jordi Pujol.

Aunque líderes socialistas como Alfonso Guerra manifestaban “Cuando a un señor como el que acaban de detener en Francfort –se refería a José María Ruiz Mateos- hace un agujero de 250.000 millones y pone en peligro a 55.000 trabajadores, lo procesamos y lo detenemos, y cuando lo hace uno en Cataluña lo hacen presidente de la Generalidad”.


El estado gastó 344.000 millones de pesetas para tapar el agujero de Banca Catalana, y el gobierno de Felipe González, cuyo partido había ganado las municipales de las cuatro provincias, perdió las autonómicas donde venció un Jordi Pujol procesado por el caso Banca Catalana.

Detener la independencia

Fue entonces cuando se acordó no hacer sangre en el caso a cambio de que Cataluña no reivindicase la independencia, por lo que se ordenó a los fiscales que dejaran dormir el caso. El fiscal Villarejo cuenta que pasó de héroe a villano por haber sido uno de los que presentó la querella contra Banca Catalana.


El acuerdo fue roto por el sucesor de Pujol, Artur Mas a partir de setiembre del 2012, tras su reunión con el Presidente Mariano Rajoy donde le reclamaba para Cataluña un pacto fiscal similar al vasco-navarro. 

Tras aquel desencuentro se inició la desconexión con el Estado español llegando a aprobarse en el Parlament la proclamación de la República Catalana.

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