The New York Times: ‘Títeres y tuits ponen a prueba la libertad de expresión en España’

The New York Times: 

‘Títeres y tuits ponen a prueba la libertad de expresión en España’

Una vez que las prohibiciones se convierten en ley, aunque suceda en respuesta a motivos de seguridad reales, no hay manera de limitar cómo serán aplicadas en el futuro… Los límites de la protesta están siendo puestos a prueba (Raphael Minder, The New York Times)

Era un show de títeres en la calle durante los carnavales de Madrid. Un policía trataba de detener a una bruja. El títere del policía sostenía una pancarta que decía “Gora AlKa-ETA” y jugaba con las palabras Al Qaeda y ETA. Algunos padres protestaron y llamaron a la policía, que se presentó en el lugar y arrestó a los dos titiriteros, que ahora enfrentan siete años de cárcel por enaltecimiento y apología del terrorismo.

Lo paradójico es que el arresto demostró que los titiriteros tenían razón, o al menos eso esgrimen ellos en su defensa. La ley antiterrorista en España permite la caza de brujas. Y no se trata de un hecho aislado. Lo sucedido con estos jóvenes el 6 de febrero forma parte de una serie de hechos que ha desatado un debate sobre las amenazas a las libertades de manifestación y expresión en España y, por extensión, en una Europa que le teme al terrorismo.

Algunas asociaciones de derechos civiles y juristas muestran su preocupación por el modo en que la ley se utiliza y adapta a medida que el extremismo islámico se convierte en la nueva preocupación europea. Una vez que las prohibiciones se convierten en ley, aunque suceda en respuesta a motivos de seguridad reales, no hay manera de limitar cómo serán aplicadas en el futuro.

Esa es la situación de los titiriteros españoles. Se les acusa bajo una ley aprobada hace años en España en el contexto de ETA, una organización responsable por la muerte de unas 800 personas que se desarmó de manera unilateral en 2011.

El año pasado, de todos modos, el gobierno conservador presidido por Mariano Rajoy revisó y endureció la ley para poder aplicársela al terrorismo islamista. Todo eso sucede al mismo tiempo que el gobierno presentó una ley conocida como “ley mordaza”, que penaliza con dureza las manifestaciones en público no autorizadas y que ha generado fuertes críticas tanto en España como en el extranjero.

Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, dijo que “es el último de una serie de ataques a la libertad de expresión”. Bosch, que representa a más de 600 jueces centrados en los derechos humanos, señala también que “durante la dictadura de Franco, los artistas problemáticos iban a prisión. En democracia, no”.

Incluso durante la época más intensa del separatismo vasco, según Bosch, la ley contra el enaltecimiento del terrorismo solo se usaba dos o tres veces al año. 

“Y ahora que afortunadamente ya no hay atentados terroristas, hay unos 30 casos al año”, añadió. “La politización del terrorismo se usa como pantalla de humo para desviar la atención de problemas sociales y de corrupción”.

Uno de los titiriteros arrestados, Raúl García Pérez. Credit Fernando Alvarado/European Pressphoto Agency
Las leyes antiterroristas y su aplicación expansiva son un problema que va más allá de España. Por toda Europa hay países que viven en ese balance entre libertades civiles y seguridad, sobre todo después de los dos atentados terroristas en París a finales del año pasado.

Incluso antes de los ataques, Francia ya había aprobado una ley similar a la española. Penaliza cualquier expresión que incite o alabe el terrorismo para responder a una preocupación creciente sobre la radicalización y la influencia de grupos extremistas en internet.

En uno de los casos más llamativos, el cómico Dieudonné M’bala M’bala fue detenido y se le condenó a dos meses de prisión por una publicación en su perfil de Facebook que sugería simpatía con uno de los atacantes de Charlie Hebdo.

Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una de las organizaciones que busca que avance la acusación contra los titiriteros, el espectáculo constituye “un acto de humillación y menosprecio en el que se trivializa el uso de la violencia, así como una loa y reconocimiento de organizaciones terroristas que tanto dolor y sufrimiento han generado en nuestra sociedad”.

El ministro de Interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha defendido la lectura de la ley que permitió el arresto de los dos jóvenes. Cree que el espectáculo hablaba “de un terrorismo que en España hemos padecido durante décadas, y el terrorismo internacional (…) que ha causado estragos muy importantes y amenaza a nuestro país”.

También condenó la obra de títeres porque incluye escenas violentas que atentan contra la institucionalidad, como el ahorcamiento de un juez o la violación de una monja. Ha dicho que “pretender que eso es sátira o humor negro me parece absurdo”.

Desde el arresto de los titiriteros, Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Torre, ha habido manifestaciones de apoyo en las calles de todo el país. Eric Sanz de Bremond, abogado de los titiriteros, cree que la pancarta que se mostró durante el espectáculo, pura ficción y sátira, “se usó como prueba de una acusación falsa, para demostrar un delito, no para enaltecer el terrorismo”. Señaló también que la misma obra se había representado en Granada sin ningún incidente en enero.

La frontera que separa terror y cultura, los límites de la protesta están siendo puestos a prueba en otros casos. El rapero español César Montaña Lehman, más conocido como César Strawberry, se encuentra en espera de juicio por escribir tuits que supuestamente enaltecen el terrorismo. La fiscalía pide 20 meses de cárcel.

Aitor Cuervo Taboada, que se presenta como un poeta revolucionario, tiene que presentarse ante un juez a finales de febrero y se enfrenta a una posible pena de 18 meses en prisión por publicar textos que según la acusación ensalzan a ETA y ofenden a sus víctimas.

Guillermo Zapata, que resultó elegido concejal de cultura del ayuntamiento de Madrid a principios de 2015, tuvo que dimitir por tuits en los que se le acusó de ofender a los judíos y a una víctima de un atentado de ETA. Este mes, un juez comenzó el proceso para juzgar a Zapata por su “humor cruel” sobre una víctima del terrorismo.

Este mes, Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, fue juzgada por ofensa a los sentimientos religiosos. Hace cinco años, junto con otras estudiantes, Maestre mostró los senos dentro de una capilla en la universidad. Se enfrenta a un año de prisión. 

Maestre se ha defendido diciendo que no le encuentra sentido a que una universidad pública en un país laico mantenga una capilla. Pidió disculpas si había ofendido a alguien pero insistió en que “la protesta, mientras sea pacífica, es legítima”.

Los titiriteros hicieron público un comunicado en el que explicaron que su obra no busca ofender, sino “contar una historia de ficción que por desgracia tiene muchas similitudes con la realidad que nos ha tocado vivir estos días”. La libertad de expresión no es, para ellos, “el derecho de decir solo lo que uno quiere escuchar. Quien la entienda así, en realidad no cree en ella”.

Raphael Minder (The New York Times)